Tras el arresto de Joaquín El Chapo Guzmán Loera este viernes por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas, se abre un nuevo frente sobre el futuro del líder del cártel de Sinaloa. Por el momento, ha sido trasladado a la prisión federal de máxima seguridad de El Altiplano –lugar del que se escapó el pasado 11 de julio–, pero sobre él pesa una orden de extradición de EEUU. Según confirmó la Procuraduría General de la República (PGR) –fiscalía mexicana– este domingo, Estados Unidos ya remitió al país azteca su solicitud. Aun así, ninguno de los posibles caminos a seguir parece sencillo. ¿Será enviado al país vecino o permanecerá en México? ¿Cuáles son los trámites a seguir a partir de ahora? ¿Qué le depara el futuro al líder del cártel de Sinaloa? Una cosa sí que es segura: El Chapo no quiere abandonar México.
El abogado del líder del cártel de Sinaloa, Juan Pablo Badillo, aseguraba este sábado al periódico Milenio que ya tenía preparados seis recursos judiciales para evitar su marcha. El Chapo “debe ser juzgado por jueces y tribunales mexicanos”, apuntaba. El abogado penalista mexicano y ex subsecretario de Seguridad Pública del DF Gabriel Regino nos da la claves para entender el proceso que se seguriá en torno a Guzmán Loera en los próximos meses.
Según el letrado, "a día de hoy existen más de siete procesos abiertos" contra El Chapo en Estados Unidos por los que se pide a México la extradición. Los Gobiernos de Florida, Nueva York, Texas y California le reclaman. La cuestión es que cada uno de ellos dispone de una fecha distinta de expedición de la solicitud de extradición y, en consecuencia, “la Fiscalía de Estados Unidos tiene un problema para poder recuperar pruebas de hechos que han transcurrido hace muchísimos años”, apunta Regino.
“El tratado de extradición entre Estados Unidos y México establece que para que una persona sea llevada a EEUU sólo puede ser por el delito por el cual haya sido requerido”, afirma el abogado penalista. Esto significa que se debe “escoger los casos más recientes y sólidos” para poder realizar la petición con garantías. A partir de entonces comienza un baile de fechas que podría finalizar en 2018.
Durante el tiempo en que Joaquín Guzmán se fugó de la prisión de El Altiplano en el Distrito Federal hasta su detención este viernes, la Fiscalía mexicana recibió dos órdenes de extradición por parte de Estados Unidos: una el 16 de junio y otra el 31 de agosto.
La primera fue remitida por la Corte Federal del Distrito Sur de California. En aquel momento se le acusó de “asociación delictuosa” y de "intención de distribuir cocaína” en el Estado. La segunda, procedente del Distrito Oeste de Texas, acusaba a El Chapo de “asociación delictuosa, delincuencia organizada, contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego”. Pese a todo, tal como apunta Regino, de momento el famoso narcotraficante “tiene que quedar a disposición de los jueces mexicanos”.
El abogado explica que desde el momento en que EEUU solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores de México que inicie el procedimiento hasta que éste se tramita –en condiciones normales– pueden pasar tres meses. Una vez recibido, “el Ministerio debe gestionarlo a través de la PGR –la Fiscalía de la República– y ésta a su vez enviárselo a un juez federal”, argumenta Regino.
En el caso de estas dos peticiones, los respectivos jueces federales ordenaron la “detención formal con fines de extradición” el 29 de julio y el 21 de septiembre respectivamente. No obstante, esto no siempre ha sucedido así.
Durante la etapa de Jesús Murillo Karam al frente de la Procuraduría General de la República –entre el 4 de diciembre de 2012 y el 27 de febrero del 2015–, no se tramitó ninguna petición contra El Chapo Guzmán por considerar que primero tenía que cumplir la condena en México.
"Yo puedo aceptar la extradición, pero en el momento que yo diga. El Chapo se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300-400 años después, falta mucho", aseguró en una entrevista a Associated Press recogida por La Jornada.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República ha subrayado que en esta ocasión “mantendrá una estricta vigilancia en los procedimientos” . Esto es consecuencia de que El Chapo, según cuenta Gabriel Regino, tiene derecho en este punto "a 60 días para oponer excepciones y aportar pruebas” –la PGR recalca que contará con “3 días para oponer excepciones y 20 días extensibles para probarlas”–, una vez le fuera notificada la luz verde a su extradición. La concesión del amparo es el único modo de que se le niegue el traslado a Estados Unidos.
Mientras, la justicia de los Estados Unidos deberá “enviar las copias certificadas de todas las pruebas que hay en su contra”, argumenta Regino. Es el paso previo para que “el juez federal mexicano emita una opinión favorable o no a la petición”, añade. Presentados los amparos y las pruebas, se debe dar paso al juicio final.
El pasado 17 de octubre, el juez Jesús Chávez, titular del juzgado 13º de México Distrito Federal, admitió uno de los amparos que los abogados de Guzmán Loera habían interpuesto y que alegaban que la PGR había cometido supuestos actos ilegales contra Guzmán Loera, de modo que suspendió provisionalmente su detención con fines de extradición a EEUU.
“Con toda probabilidad El Chapo será extraditado”, señala el experto, pero como no dará su consentimiento y no podrá realizarse en un breve periodo de tiempo. Pese a ello, la conformidad del Gobierno de México para su traslado augura "una reducción de los tiempos para que los trámites se desarrollen en el menor tiempo posible".
Una vez el juez federal determine si hay o no extradición, contará con 5 días para remitir el expediente a la Secretaría de Relaciones Exteriores si esta es positiva. En este punto la decisión es meramente política –el Gobierno de momento se ha pronunciado favorablemente– y en un plazo de 20 días deberá dictar el acuerdo con las fechas del traslado.
Aún dictada la sentencia todavía cabe recurso, señala Regino. Esto derivaría en un juicio de amparo y, agotadas todas las vías, nada impediría el desenlace final.
¿Qué le depararía EEUU a El Chapo?
En el caso de confirmarse el envío de El Chapo a los Estados Unidos, éste podría llegar a ver rebajada su pena atendiendo a dos atenuantes. Según el abogado penalista, El Chapo podría convertirse en “testigo protegido” si proporcionase información que sea “eficaz” a la Fiscalía para “ampliar sus investigaciones” sobre las redes del narcotráfico entre ambos países.
Por otro lado, si permitiese de alguna forma que los ingresos que ha acumulado en sus actividades delictivas vayan a parar al Departamento del Tesoro de EEUU, la Fiscalía pediría una “pena menor e incluso eliminar la acusación de cargos que conllevan la cadena perpetua”. De este modo, Guzmán tendría derecho a lo que se denomina probation, es decir, a “cumplir un porcentaje determinado de la pena y después quedar en libertad con unos mecanismos de seguridad”.
¿Y si se queda en México?
Todo parece indicar que El Chapo viajará al norte para ser juzgado, pese a que “para la opinión pública mexicana y la latina sería la claudicación del presidente Enrique Peña Nieto”, señala a infoLibre el corresponsal en Washington de la revista Proceso y autor de La DEA en México Jesús Esquivel.
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La popularidad del mandatario mexicano se ha visto mermada de forma considerable tras la gestión de casos como el de la fuga El Chapo. No sólo eso, sino que también ha dejado entrever las deficiencias existentes en el sistema penitenciario del país. Informes como el publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2014 [ver PDF], argumentan que en Altiplano –penal federal que custodia a El Chapo– existen “deficiencias en las condiciones de higiene de las instalaciones”, así como atención a los presos; “sobrepoblación y hacinamiento”; “deficiencias en el trato digno” de los reclusos; e insuficiente atención en “la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular”, entre otros muchas.
Otros, como el aportado en 2014 por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos [ver PDF], reportan una sobreocupación en las prisiones del 27% y preocupantes irregularidades en la actuación de los funcionarios públicos. La fuga de Guzmán Loera a través de un túnel de kilómetro y medio que conectaba la regadera de su ducha con una casa en construcción ha sido un claro ejemplo.
Desde que el líder de Sinaloa dejó de ser visible por las cámaras de seguridad hasta que los funcionarios encargados dieron la voz de alarma, pasaron 25 minutos. Además, la videovigilancia no sólo era observada desde la propia cárcel, sino que también llegaba al Comisionado de Seguridad Nacional, organismo dependiente de la propia Secretaría de Gobernación –cuyo máximo responsable es Miguel Ángel Osorio Chong, número dos del Gobierno de Peña Nieto–. Pese a los distintos niveles de responsabilidad en la Administración y el Gobierno, el único detenido de peso por el escándalo de la fuga fue la gestora del sistema penitenciario general, Celina Oseguera.
Tras el arresto de Joaquín El Chapo Guzmán Loera este viernes por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas, se abre un nuevo frente sobre el futuro del líder del cártel de Sinaloa. Por el momento, ha sido trasladado a la prisión federal de máxima seguridad de El Altiplano –lugar del que se escapó el pasado 11 de julio–, pero sobre él pesa una orden de extradición de EEUU. Según confirmó la Procuraduría General de la República (PGR) –fiscalía mexicana– este domingo, Estados Unidos ya remitió al país azteca su solicitud. Aun así, ninguno de los posibles caminos a seguir parece sencillo. ¿Será enviado al país vecino o permanecerá en México? ¿Cuáles son los trámites a seguir a partir de ahora? ¿Qué le depara el futuro al líder del cártel de Sinaloa? Una cosa sí que es segura: El Chapo no quiere abandonar México.