La posible prohibición del glifosato divide a Estados de la UE y a agencias internacionales de salud

El glifosato es el herbicida más usado del mundo, un agroquímico ideado por la famosa multinacional Monsanto que, una vez expirada la patente, se puede encontrar en casi cualquier producto para eliminar malas hierbas del jardín o del huerto. La polémica sobre su uso está servida debido a su clasificación como "probablemente cancerígeno" por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a que está presente en las plantaciones que se convierten en la comida sobre nuestra mesa y en los espacios verdes de nuestras ciudades. Su prohibición divide a algunos científicos y a los ecologistas españoles, habitualmente de la mano en otras trincheras como la climática. Pero no es la única polarización: agencias internacionales de salud no se ponen de acuerdo y se atacan mutuamente y los Estados miembros de la UE no llegan a un consenso mínimo que, por ahora, permita seguir utilizándolo.

El glifosato fue inventado en 1974 por Monsanto, siempre en el ojo del huracán por su liderazgo en transgénicos. Lo comercializaba la marca Roundup hasta que se agotó la patente en el 2000, y el herbicida se extendió a otros productos de otras marcas. Guarda relación con los transgénicos, marca de la compañía, porque se utiliza en esta clase de cultivos: las plantas están modificadas genéticamente para resistir al agroquímico, por lo que éste, que no es selectivo, mata a todo lo demás. Se utiliza, también, en parques y jardines del entramado urbano, para limitar el crecimiento de las malas hierbas. Se utiliza, según un informe de PwC, en el 28% de la superficie de cultivo total en España: una producción de 19 millones de toneladas.

¿Y por qué se habla en el seno de la Unión Europea? Porque expira el plazo que autoriza su uso, y la legislación europea no funciona a golpe de decreto, es compleja, y debe pasar por varias instituciones. La Comisión Europea –el Ejecutivo– ha propuesto renovar el permiso por cinco años y le ha pasado el testigo al Consejo de la Unión Europea, formado por los ministros del ramo. Francia, Bélgica, Grecia, Italia, Croacia, Chipre, Luxemburgo, Malta y Austria han votado no, y se abstuvieron Rumanía, Polonia, Portugal, Alemania y Bulgaria. España votó sí. No se ha alcanzado el apoyo del 55% de los países, que representen al menos al 65% de la población, la cuota necesaria. Y es la sexta vez que no se llega a un acuerdo. Las diferencias radican en la consideración del glifosato como un químico que puede causar cáncer en personas.

Por un lado tenemos a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) y a la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA), que en sendos informes niegan la relación entre el glifosato y el cáncer en humanos. Por otro lado, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyó a la sustancia en la categoría 2A, que engloba a las "probablemente cancerígenas". Y las críticas vuelan de una barricada a otra. La EFSA aseguró que su estudio era más completo que el de la IARC y que esa es la razón de la divergencia. Además, divulgadores científicos aseguran que el nombre de la categoría de "probablemente cancerígeno" es alarmista, ya que se incluye en el mismo estatus a la carne roja, el mate o trabajar en una peluquería. La IARC basó su decisión en que concluyeron que el glifosato era definitivamente dañino para los animales, pero reconocieron que no lograron conseguir evidencias suficientes de su impacto en humanos.

"La diferencia es que yo puedo elegir consumir mate o carne roja, pero no puedo elegir consumir glifosato", asegura Luís Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace, una de las organizaciones que más se ha movilizado a favor de la prohibición del agroquímico y que esta semana ha protagonizado una iniciativa, como se puede ver en la foto, de presión al Ministerio de Medio Ambiente para que se oponga al herbicida en el Consejo de la Unión Europea. Los ecologistas apuntan a la OMS como la "máxima autoridad" en estos casos y vierten una grave acusación sobre la EFSA: el pasado octubre fueron conocidos los llamados Monsanto Papers, que revelaron que influyó en organismos como la agencia para ocultar los supuestos efectos cancerígenos del glifosato. "Se ha perdido la confianza en esa evaluación. EFSA ha copiado y pegado partes muy importantes de los informes de riesgo de Monsanto", afirma Ferreirim. Los verdes han pedido la dimisión del director de la EFSA en el Parlamento Europeo.

El principio de precaución

El Parlamento Europeo se ha pronunciado también. Con el Consejo dividido y la Comisión Europea a favor de extender el permiso cinco años más, la Eurocámara aprobó el pasado martes 24 de octubre una resolución en la que instaban al Ejecutivo y a los Estados miembros a "eliminar gradualmente la sustancia activa glifosato de la Unión Europea a más tardar para el 15 de diciembre de 2022" y pide estudios más exhaustivos e independientes. En la propia resolución, el Parlamento Europeo recoge las dudas sobre la influencia de Monsanto e introduce un elemento también citado por Greenpeace: el principio de precaución o de cautela.

La cámara critica a la Comisión porque su proyecto de Reglamento de Ejecución (la propuesta de los cinco años) "no logra garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y animal, así como del medio ambiente, ni aplica el principio de cautela". Este principio, recogido en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la UE, defiende que, ante las dudas científicas sobre la salud o el medio ambiente de una acción, se deben aplicar medidas protectoras. Un día después, y ante la reprimenda no vinculante de la Eurocámara, la Comisión bajó su propuesta de 10 a 5 años.

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El siguiente paso es que la Comisión llevará el asunto al comité de apelación de la UE, que tomará una decisión a finales de mes. Y si el comité falla en contra del Ejecutivo, éste deberá acatarlo. "Las posibilidades de que no salga adelante el permiso son muy elevadas. El comité no suele cambiar casi nada, y cada vez son más los Estados miembros en contra del glifosato", resume, optimista, el portavoz de Greenpeace.

La posición de España en el debate es de un visto bueno sin matices a la propuesta de la Comisión de seguir considerando legal el glifosato. Según La Vanguardia, la comisión de Agricultura y Medioambiente del Congreso de los Diputados no aceptó discutir una proposición no de ley que instaba al Gobierno español a posicionarse en contra del herbicida. "Nos reciben siempre", afirma Ferreirim sobre su interlocución con el Ejecutivo, "pero defienden que para ellos la máxima referencia es la EFSA, y no la pueden poner en cuestión". Está por ver si el apoyo de España y otros países es suficiente para que el glifosato siga presente en huertos, cultivos, jardines y bosques de toda Europa.