Este martes, el expresidente de Guatemala, Efraín Ríos Montt, de 86 años, ha acudido a los tribunales junto a su antiguo jefe de inteligencia militar, José Rodríguez, como autor intelectual de los asesinatos de 1.771 indígenas de la etnia ixil –que habitaban en la parte occidental de la provincia de Quiché– durante su Gobierno (marzo 1982-agosto 1983). Es la primera vez que se juzga a un Jefe de Estado en Centroamérica por crímenes de derecho internacional.
El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha indicado, en declaraciones a InfoLibre, que hay otros dos factores de gran relevancia en el caso: el bloqueo del caso por la defensa durante once años y la nula disposición de los mandos militares guatemaltecos para cooperar con la aportación de documentos.
Ríos Montt llegó al poder de Guatemala el 23 de marzo de 1982 a través de un golpe de Estado contra el también general Romeo Lucas García. El hastío de un grupo de oficiales cansados de la corrupción de los mandos militares le elevó a la presidencia. A su entrada suspendió la Constitución, cerró el Congreso, declaró el estado de sitio e implantó un régimen militar en toda regla.
Su propósito era combatir a los “los cuatro jinetes modernos del apocalipsis, el hambre la miseria, la ignorancia y la subversión”. Sin embargo, no se limitó a perseguir a las guerrillas, sino que se usó la estrategia “de tierra arrasada”, perpetuando matanzas generalizadas de campesinos y población indígena con el fin de restar apoyos de los rebeldes.
El 8 de agosto de 1983 fue derrocado por su ministro de Defensa, Oscar Mejía. En los 17 meses que Ríos Montt estuvo al frente del Gobierno se intensificó la violencia por el conflicto armado que comenzó en el país centroamericano en 1960. No obstante, el fin de la dictadura no significó el fin de la carrera política para Ríos Montt. El dictador llegó a ser presidente del Congreso de Guatemala en diferentes periodos y se presentó a las elecciones por la presidencia en tres ocasiones en 1995, 1999 y 2007, pero nunca salió electo.
La fiscalía sostiene que mientras que Ríos Montt estuvo en el poder sabía las atrocidades que se estaban cometiendo, por lo que también es responsable de los actos de sus subordinados. En 1999, una Comisión de la Verdad respaldada por la ONU afirmó que durante los 36 años de conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996) unas 200.000 personas –más del 80% de las cuales eran de origen maya– habían sido asesinadas o desaparecieron.
Las ofensivas militares fueron parte de una brutal y larga guerra contrainsurgente del ejército de Guatemala contra la guerrilla izquierdista. La fiscalía y los abogados de las víctimas han construido un caso que se guarda en miles de folios ordenados en expedientes. Todo está documentado mediante archivos militares, testimonios de víctimas, desclasificados de la CIA, peritajes civiles y militares, así como pruebas balísticas y forenses con la identificación de más de 800 cadáveres.
"En contra del general Ríos Montt hay una enorme cantidad de evidencias. Obviamente, en el mundo no hay ni un solo caso donde un genocida haya autorizado ni la muerte, ni la tortura de nadie. Ni el mismo Adolfo Hitler lo hizo", ha afirmado Edgar Pérez, abogado de las víctimas, en declaraciones para el medio guatemalteco Prensa Libre.
Lo cierto es que el tema toca de lleno a España puesto que se trató durante varios años en la Audiencia Nacional gracias a la acusación particular de Almudena Bernabeu. Esta abogada, que actualmente dirige el Programa Jurídico de Latinoamérica en el Center for Justice and Accountability de San Francisco (Estados Unidos), cree que el fallo del caso será finalmente condenatorio. A su juicio, el sistema judicial de Guatemala ha avanzado notablemente en los últimos años. “Se han corregido errores importantes y hay esperanza en una justicia independiente con un nueva generación de magistrados muy capaces”, ha asegurado en declaraciones a este medio.
La jurista considera que para llegar a este punto ha habido una gran voluntad de cooperación entre Guatemala y España, pero no así por parte de entes del derecho internacional como la Corte de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Bernabeu cree que este caso es aislado pero que normalmente “el sentimiento supranacionalista de los países al querer juzgar sus propios casos, implica una falta de voluntad. La cooperación internacional es ardua, pesada y no hay implicación”.
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Beltrán, de Amnistía Internacional, asevera que lo ideal en este tipo de acusaciones sería que actuasen entes supranacionales del derecho en el caso de que el país en cuestión se niegue a investigar. España hasta el año 2009 podía aplicar el principio de justicia internacional para juzgar los delitos de genocidio, lesa humanidad y terrorismo cometidos en el extranjero. Esto permitió indagar en los crímenes durante la dictadura militar en Argentina y en el caso de Pinochet, entre otros.
Sin embargo, un cambio legislativo limitó el alcance de este principio exigiéndose determinados puntos de conexión con España que antes no se exigían. Esta reforma limitó este derecho para investigar judicialmente vulneraciones de los derechos humanos. “Esto ha supuesto que varios casos de la Audiencia Nacional hayan sido cerrados, pero aún siguen abiertos hoy en día once”, recuerda el director de Amnistía Internacional. Beltrán también precisa que las presiones de China e Israel influyeron notablemente para que esta reforma se aprobase. El PSOE, con el apoyo de casi todos los grupos parlamentarios, cedió.
Todo esto hace que el proceso contra Ríos Montt rebase las fronteras de Guatemala, dado que existe la posibilidad de sentar un precedente contra otros exmandatarios acusados de violar derechos humanos. "Los hechos ocurridos en este país no son una mera afrenta en contra de la población guatemalteca, sino que representa una afrenta en contra de la humanidad", señalaba recientemente a la BBC Jorge Santos Contreras, del Colectivo Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos.
Este martes, el expresidente de Guatemala, Efraín Ríos Montt, de 86 años, ha acudido a los tribunales junto a su antiguo jefe de inteligencia militar, José Rodríguez, como autor intelectual de los asesinatos de 1.771 indígenas de la etnia ixil –que habitaban en la parte occidental de la provincia de Quiché– durante su Gobierno (marzo 1982-agosto 1983). Es la primera vez que se juzga a un Jefe de Estado en Centroamérica por crímenes de derecho internacional.