El primer ministro británico, David Cameron, ha anunciado que restringirá las ayudas que reciben los inmigrantes y ha criticado el “enfoque suave” con el que a su juicio gestionó el Partido Laborista la inmigración durante sus años de gobierno. Entre las reformas, destacan los cambios en sanidad para garantizar que Reino Unido cobra al resto de países de la UE por atender a sus nacionales y la exigencia de saber inglés para poder acceder a las prestaciones sociales. También aumentarán las multas para los empresarios que contraten inmigrantes ilegales.
“Las medidas van encaminadas a que la gente acuda a Reino Unido por las razones adecuadas”, ha señalado Cameron. La nueva legislación exigirá a los inmigrantes demostrar que “están buscando empleo claramente” para optar a la ayuda de paro de seis meses. Además, se modifica otro párrafo que exigía demostrar tener una “oportunidad razonable” de encontrar trabajo. Con la nueva norma se requerirá la “seguridad real” de poder optar a un empleo.
“No podemos tener una cultura de dar algo por nada. Los nuevos inmigrantes no pueden esperar que se les dé una casa al llegar”, ha insistido David Cameron. El primer ministro ha detallado que quienes no tengan la residencia legal en el país no podrán someterse a operaciones no urgentes, y que si los inmigrantes no pueden demostrar que están buscando trabajo activamente, perderán todas las ayudas.
El Gobierno estima que frente al 17 por ciento de los británicos en edad de trabajar que solicita alguna ayuda estatal cuando está en paro, sólo el 7 por ciento de los extranjeros pide prestaciones sociales. Sin embargo, Cameron ha señalado: “Algunas personas pueden venir y aprovecharse de nuestra generosidad sin conseguir realizar una contribución próspera a nuestro país”. “Y es una tarea fundamental de cada uno de los políticos gestionar estas dudas”, ha añadido.
Estas restricciones suponen un nuevo intento de las autoridades británicas de impedir que ciudadanos búlgaros y rumanos se establezcan en Reino Unido a partir del próximo año, cuando está previsto que se reduzcan las limitaciones a las movilidad de sus nacionales después de que ambos países entrasen en la UE en el año 2007.
Críticas a Cameron
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El responsable de inmigración del Partido Laborista, Chris Bryan, ha criticado los fallos del ejecutivo de Cameron a la hora de reducir la inmigración ilegal. Según el laborista, el número de personas a las que se les impide la entrada al país ha descendido en un 50%, porcentaje similar a la reducción que han experimentado las deportaciones.
Ante estas críticas, Cameron ha respondido que con el anterior gobierno la inmigración “estaba fuera de control”, y ha recalcado que el propósito de las reformas es garantizar que los inmigrantes buscan “contribuir a la economía” británica y no utilizar los servicios públicos del país.
En este mismo sentido, el viceprimer ministro, Nick Clegg, anunció el pasado viernes la creación de un depósito de unas 1.000 libras para los inmigrantes que llegaran a Reino Unido y solicitaran un visado, aunque este dinero se les devolvería en el momento en el que decidiesen abandonar el país.
El primer ministro británico, David Cameron, ha anunciado que restringirá las ayudas que reciben los inmigrantes y ha criticado el “enfoque suave” con el que a su juicio gestionó el Partido Laborista la inmigración durante sus años de gobierno. Entre las reformas, destacan los cambios en sanidad para garantizar que Reino Unido cobra al resto de países de la UE por atender a sus nacionales y la exigencia de saber inglés para poder acceder a las prestaciones sociales. También aumentarán las multas para los empresarios que contraten inmigrantes ilegales.