La UE fracasa en la aplicación de sus sanciones, aumentadas desde 2022 para castigar a Rusia

El 3 de octubre de 2024, un hombre de unos cincuenta años, nacido en la Unión Soviética, se unió a un club pequeño y de dudosa reputación. Gracias a una sentencia dictada por un tribunal de Róterdam (Países Bajos), el hombre, cuya identidad no se ha hecho pública, se convirtió en una de las únicamente 30 personas que se sabe que han sido condenadas a penas de prisión por incumplir el régimen de sanciones de la Unión Europea desde 2017.

Los investigadores que registraron su oficina descubrieron casi 260.000 euros en efectivo, envueltos en papel carbón y escondidos en el fondo de una caja fuerte. Cuando fue arrestado, el acusado ofreció una explicación poco convencional, según revelan los registros judiciales: parte del dinero procedía de la venta de un coche y otra parte, según él, de sus actividades como gigoló.

Pero un archivo de Excel incautado por las autoridades holandesas contaba una historia muy diferente. Revelaba un sistema de comisiones por la venta de repuestos aeronáuticos a empresas tayikas, serbias y turcas, con empresas rusas como clientes finales: Ural Airlines, S7 Engineering y Siberia Airlines.

Estadísticamente hablando, tuvo mala suerte al ser encarcelado. Solo se han dictado 11 penas de prisión, derivadas de nueve casos, por delitos relacionados con sanciones a Rusia desde 2017, ocho de ellas desde 2022. La mayoría se referían a la venta de productos prohibidos: drones, productos electrónicos o maquinaria.

Las penas oscilaron entre 40 días y siete años de cárcel, esta última en el caso de un individuo alemán acusado en noviembre de 2023 de exportar maquinaria que puede utilizarse para fabricar rifles de francotirador. La pena media fue de tres años.

Los datos forman parte de un análisis de Investigate Europe sobre condenas relacionadas con la legislación punitiva de la UE, basado en información de casos recopilada por un abogado del bufete Duane Morris. infoLibre publica este trabajo en exclusiva en España. Una reciente investigación periodística, publicada por infoLibre, desveló que piezas de avión de Boeing y Airbus terminan en Rusia a través de la India a pesar de las sanciones.

Entre las 30 condenas dictadas desde 2017 destacan procesos por la importación de madera ilegal de Myanmar, la exportación de turbinas de gas a Irán y varios relacionados con el terrorismo. Además, se han impuesto multas por valor de aproximadamente 430 millones de euros por violaciones de la normativa comunitaria desde 2017, estima Mark Handley, de Duane Morris.

36 regímenes de sanciones

Actualmente existen 36 regímenes de sanciones a nivel de la UE, que afectan a unas 5.000 personas y entidades. La mitad de ellos están relacionados con la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Las sanciones se deciden por unanimidad entre los 27 Estados miembros, pero su aplicación corresponde a las autoridades nacionales. La supervisión tanto a nivel de la UE como nacional suele ser incompleta, obstaculizada por la insuficiencia de recursos humanos y financieros, así como por una mala coordinación.

Por ejemplo, la unidad de la Comisión Europea responsable de las sanciones emplea a solo 25 personas, de acuerdo con los datos facilitados a Investigate Europe a través de una solicitud del Portal de Transparencia comunitario. Su tarea no consiste solo en seguir el trabajo de cientos de autoridades nacionales competentes sino también en preparar los próximos paquetes de sanciones.

David O'Sullivan, el enviado especial para la aplicación de sanciones de la UE, estima que en los diferentes departamentos hay entre 80 y 100 funcionarios de la UE trabajando en el tema. “¿Es suficiente? Probablemente no. Pero el servicio público siempre siente que nunca tiene suficiente personal y todos los demás piensan que probablemente hay demasiados funcionarios”, comenta.

Entre todo el personal y los expertos de la UE en los diferentes Estados miembros, hay entre 300 y 350 personas coordinando la aplicación del régimen sancionador. En comparación, Washington probablemente emplea entre 700 y 800 personas que trabajan en el análisis y seguimiento de todas las sanciones, indica O'Sullivan.

Los Gobiernos no responden

En cuanto a la aplicación de las sanciones, es muy difícil obtener una visión general clara de la actividad de los 27 Estados de la UE. Los periodistas se pusieron en contacto con las autoridades de Alemania, Bélgica, España, Estonia, Francia, Hungría, Italia, Irlanda, Lituania, Letonia, Países Bajos, Polonia y Portugal para conocer la situación en los respectivos países. En la mayoría de los casos, no hubo respuesta. El Gobierno español fue uno de los que no respondió a las preguntas planteadas.

Irlanda aseguró que se estaban llevando a cabo investigaciones, pero que no se había producido ni un solo procesamiento desde 2014, cuando se adoptaron las primeras medidas restrictivas contra Rusia por la invasión de Crimea.

Polonia, por su parte, informó de 275 investigaciones en curso, pero no proporcionó información sobre condenas anteriores.

Tras innumerables intercambios con las autoridades belgas, estas no pudieron proporcionar cifras: “Actualmente no es posible distinguir los casos relacionados con sanciones europeas de otros casos en la base de datos de la Fiscalía”, explicó un portavoz del organismo.

En Alemania, una investigación reciente concluyó que había cerca de 2.000 investigaciones en curso.

Unas 4.000 investigaciones

En toda la Unión Europea ha habido 4.000 investigaciones desde 2022, según Duane Morris.

Sin embargo, podría haber más investigaciones o condenas de las que los Estados miembros están dejando entrever. “Francia no ha publicado estadísticas sobre el número total de investigaciones que se han iniciado desde principios de 2022. Pero hay una actividad de aplicación de la normativa”, explica Handley.

La Comisión Europea a menudo solo es informada de las investigaciones y procedimientos judiciales una vez que han concluido, indica un funcionario conocedor del tema, bajo condición de anonimato. La Comisión no proporcionó a los periodistas ninguna información sobre los casos actuales.

Para complicar las cosas, a menudo hay una falta de claridad entre los Estados miembros sobre lo que significan exactamente los textos de las normativas sancionadoras. Las autoridades hacen regularmente diferentes interpretaciones sobre cómo implementar las sanciones en la práctica, así como sobre la fuerza con la que deben aplicarse.

Por ejemplo, muchos Estados miembros solo procesan a un individuo o entidad cuando se prueba la intención de eludir las sanciones.

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“¿Conoces esas horribles películas de espías en las que alguien deja casualmente un maletín junto a un banco y, unos minutos después, otra persona se acerca a recogerlo? Ese escenario, en el que se facilita algo de forma intencionada a una persona sancionada, es claramente ilegal", indica Handley.

Pero los Países Bajos tienen una interpretación más estricta, que no requiere necesariamente la intención para que alguien sea procesado por infringir las normas del régimen sancionador. Los holandeses están considerados como unos de los países más eficaces en la ejecución de sanciones de la UE, a pesar de que solo tienen alrededor de 16 personas responsables de implementarlas.

Las autoridades de la UE son conscientes de este problema con la aplicación de las sanciones. Una nueva normativa, que se introducirá a partir de mayo de 2025, debería empezar a armonizar las penas. Eso podría significar que más personas se unan al exclusivo club de los 30 condenados por violar las sanciones.