La imagen del presidente uruguayo José Mujica sentado a la puerta de la chacra donde vive, con sandalias y el chándal remangado, dio la vuelta al mundo a lomos de los medios internacionales. Su austero estilo de vida, en contraste con el escándalo y el despilfarro característicos de líderes de otros países, elevó su popularidad y contribuyó a situar a Uruguay en el mapamundi. Pero, lejos del cliché, el mandato de Mujica deja luces y algunas sombras visibles en el país.
Precisamente uno de los puntos positivos de la gestión del presidente pobre ha sido la mejora en las condiciones económicas de muchos de sus compatriotas. Desde que asumió la Presidencia en 2010 hasta mediados de 2014, el ingreso medio mensual de los hogares uruguayos creció desde los 32.184 pesos (poco más de 1.000 euros) hasta los cerca de 51.000 pesos al mes (unos 1.600 euros), según las últimas cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística del país. Este crecimiento en los ingresos no se traduce siempre en un mayor poder de compra para los ciudadanos, ya que la inflación también ha aumentado a ritmo constante, rozando el 10% al término de 2013.
El coste de vida sigue siendo elevado en relación con los salarios, lo que obliga a muchos uruguayos a mantener dos o tres trabajos para llegar a fin de mes. De hecho, la tasa de desempleo en el país ronda hoy el 6,7%, la mitad que en 2005, cuando el partido de Mujica, el Frente Amplio (FA), asumió por primera vez en la historia la presidencia del país, de la mano del oncólogo y político Tabaré Vázquez.
Vázquez se postula ahora a la reelección como presidente de la nación, y en él están puestas las esperanzas de varios movimientos sociales, promotores de muchos de los reclamos que el Gobierno de Mujica convirtió en leyes: la despenalización del aborto, la regulación integral del mercado de marihuana o la aprobación del matrimonio igualitario.
Reticencias con el aborto, la marihuana y el matrimonio homosexual
Sin embargo, Vázquez ha mostrado ciertas reticencias con respecto a estos cambios. En 2008, y siendo presidente de la República, el político frenteamplista vetó el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva, impidiendo así la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo por voluntad de la mujer. El mandatario, que alegó motivaciones “científicas y éticas” para fundamentar su postura, ha expresado en alguna ocasión que no tiene intención de derogar la ley vigente, aprobada en la legislatura de Mujica.
En cuanto a la ley que regula la producción, distribución y comercialización del cannabis en Uruguay, una iniciativa pionera a escala internacional, Vázquez ha mostrado recientemente en varios medios de comunicación sus recelos ante la posibilidad de la venta de marihuana en farmacias autorizadas. También ha manifestado su voluntad de utilizar el registro de consumidores de marihuana –obligatorio para quienes quieran tener acceso legal a la sustancia, pero cuyos datos son de carácter confidencial– para “rehabilitar” a los usuarios de la droga, lo que volvió a generar polémica.
Pese a todo, el candidato se comprometió a aplicar la legislación sobre el cannabis en su totalidad, en el marco de una estrategia global de “control y fiscalización” de las drogas legales que se extiende al alcohol y al tabaco. Mientras, las dos agrupaciones políticas tradicionales del país, el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC), ambas de corte conservador, proponen derogar la ley en caso de que resulten electos sus presidenciables.
En cuanto al matrimonio igualitario, que en 2013 convirtió a Uruguay en el segundo país de América Latina en permitir las uniones entre personas del mismo sexo, no está prevista su derogación en ninguno de los programas electorales de los tres partidos mayoritarios. El Frente Amplio prevé además “garantizar el derecho a la libre orientación sexual e identidad de género”, con un especial énfasis en evitar la exclusión de los transexuales.
La protección de las minorías, como las comunidades afrouruguayas o las personas de ascendencia indígena, sólo aparece reflejada de forma explícita en el programa del oficialismo. En 2013, el Gobierno aprobó una ley de acciones afirmativas hacia la población afrodescendiente, y se comprometió recientemente a suscribir el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas (es de los únicos países latinoamericanos que aún no lo ha ratificado).
Seguridad, educación y otras piedras en el zapato
Los analistas consideran que la seguridad y la educación han sido los puntos débiles del mandato de Mujica. Tanto es así que los partidos de la oposición han hecho gravitar sus propuestas políticas sobre estos dos asuntos, y muy especialmente sobre la inseguridad ciudadana, rescatando una preocupación de los ciudadanos alentada por cierto discurso mediático sensacionalista.
Así, el Partido Colorado respaldó las demandas de la plataforma Para vivir en paz, que busca rebajar la edad de imputabilidad penal en los menores de edad desde los 18 a los 16 años. La medida, incluida en una propuesta de reforma constitucional, se votará este domingo junto con las elecciones presidenciales. El rechazo a esta iniciativa por parte de diversas asociaciones profesionales y sectores de izquierda afines al Frente Amplio ha desembocado en una importante movilización social, bajo el lema No a la Baja.
Por su parte, el Partido Nacional propone la creación de una Guardia Nacional que profundice en la protección de los ciudadanos. El candidato a vicepresidente por este partido, el senador Jorge Larrañaga, concurrió en mayo a las elecciones internas con un mensaje de “mano dura” contra la delincuencia, en el que incluía promesas como la presencia de policía militarizada en las calles.
La propuesta del FA en materia de seguridad ciudadana se basa en un enfoque asistencialista, insistiendo en la prevención del delito, las medidas alternativas a la privación de libertad, y la atención pospenitenciaria para la población reclusa. Uno de los objetivos que el mandato de Mujica no logró alcanzar es el de poner fin a la superpoblación carcelaria en Uruguay, cuya cifra total de reclusos aumentó un 44% en los últimos seis años, recibiendo varias denuncias de la ONU por las condiciones de hacinamiento de los presos.
Con respecto a la educación, el periodo de Mujica ha estado salpicado por las huelgas docentes, motivadas por demandas salariales en muchos casos. Las tasas de repetición de los alumnos y de abandono escolar temprano se consideran elevadas en relación con el nivel de desarrollo general del país, y existe una preocupación por el nivel de capacitación del profesorado.
La gran apuesta del Gobierno de Vázquez entre 2005 y 2010, ampliada después por el mandato de Mujica, fue la vinculación de la educación pública con las nuevas tecnologías en el marco del llamado Plan Ceibal. Su medida más característica ha sido el reparto de un ordenador portátil por cada alumno de la educación primaria, en el que colaboró la fundación estadounidense One Laptop Per Child. Está previsto que esta política de inclusión tecnológica continúe si Vázquez resulta elegido, e incluso se amplíe a otros grupos de edad, como los jubilados.
Pero el plato fuerte del menú de propuestas para un tercer gobierno del Frente Amplio es la instauración de un Sistema Nacional de Cuidados, que busca priorizar la salud infantil, la de los adultos mayores y la de las personas dependientes y sus cuidadores. Los partidos opositores también incluyen propuestas en este sentido, con compromisos de instalación de nuevas estructuras sanitarias para contribuir a la descentralización del país.
Paradojas y sombras de una era
Al margen de sus avances concretos y de las propuestas de sus partidarios y detractores, la personalidad pública de Mujica ha estado marcada también por su pasado de guerrillero tupamaro y su feroz crítica del consumismo. El veterano político, floricultor de profesión, sorprendió al mundo en 2012 con su mensaje sobre la felicidad humana en la Cumbre de Río+20. Su discurso se centró en la defensa de un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Pero algunos de los mayores emprendimientos industriales planteados durante su gestión distan mucho del equilibrio con la naturaleza. El proyecto de explotación minera a cielo abierto financiado por la empresa Aratirí, la construcción de una planta regasificadora en un área poblada de Montevideo o el plan de construcción de un puerto de aguas profundas en el litoral atlántico del país –auspiciado por Mujica como la oportunidad de brindar salida al océano a países como Bolivia o Paraguay–, son duramente criticados por las organizaciones ecologistas por su elevado impacto ambiental.
La contaminación que las empresas papeleras extranjeras ejercen sobre las aguas del río Uruguay, fronterizo con Argentina, es una constante en las relaciones bilaterales entre ambos países. Y el cultivo de eucaliptos para abastecer a estas empresas, así como el de soja para las exportaciones a China, amenazan con desplazar los cultivos de especies autóctonas. El perfil de hombre de campo de Mujica contrasta fuertemente con algunas de estas políticas.
Juntos, ¿por tercera vez?
A falta de conocer el resultado de las elecciones de este domingo, las encuestas dan como vencedor al Frente Amplio, aunque con un porcentaje de adhesiones menor que el que ostentaba hace algunos meses, cuando Vázquez se mostraba como claro ganador. Según los sondeos, el Partido Nacional ha avanzado terreno en las últimas semanas, y todo apunta a que el sucesor de Mujica se definirá en una hipotética segunda vuelta de las elecciones.
Uruguay muestra su disposición a exportar marihuana a otros países
Sea como fuere, la cita electoral estará marcada por dos rasgos habituales en la política uruguaya: la ausencia de mujeres –no hay candidatas ni a la presidencia ni a la vicepresidencia en ninguno de los partidos mayoritarios– y el peso de las dinastías políticas.
De hecho, en dos de las tres fórmulas con mayores posibilidades de formar gobierno, los candidatos son hijos de exmandatarios: Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, es hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, que gobernó el país entre 1990 y 1995, mientras que Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, es hijo del exdictador Juan María Bordaberry, que ejerció el poder de facto en Uruguay entre 1973 y 1976. En el Frente Amplio, el candidato a la vicepresidencia es Raúl Sendic, hijo del histórico revolucionario tupamaro del mismo nombre.
Así, aunque el cambio de Gobierno no suponga necesariamente un cambio de apellidos, la consolidación de los avances de la era Mujica o el nuevo paradigma propuesto por la oposición supondrán una transformación profunda para el país, que se juega este domingo el color de su futuro.
La imagen del presidente uruguayo José Mujica sentado a la puerta de la chacra donde vive, con sandalias y el chándal remangado, dio la vuelta al mundo a lomos de los medios internacionales. Su austero estilo de vida, en contraste con el escándalo y el despilfarro característicos de líderes de otros países, elevó su popularidad y contribuyó a situar a Uruguay en el mapamundi. Pero, lejos del cliché, el mandato de Mujica deja luces y algunas sombras visibles en el país.