La lucha por la restitución de las tierras en Colombia terminó arrancando del país a uno de los máximos impulsores de este proceso, Gerardo Vega Medina. El director de la Fundación Forjando Futuros, Premio Nacional de Paz 2012, abandonó la región tras recibir amenazas contra su vida. Refugiado en España tras su precipitada salida describe la magnitud de un problema que amenaza el proceso de paz en la región.
“Mi salida se debe a un plan criminal que se descubre después del asesinato de Gildardo Padilla el pasado 17 de noviembre”, explica Vega. Padilla se sumó entonces a los once miembros de su familia liquidados por reclamar la restitución de tierras en la región de Urabá. “Desde 2008 hasta ahora 64 reclamantes de tierras han sido asesinados –relata Gerardo Vega en declaraciones a infoLibre–, después de estos 64 asesinatos sólo hay un detenido, el 90% es impunidad en el país”.
Gerardo Vega y Carmen Palencia denunciaron ante la Fiscalía, el 22 de noviembre, la existencia de un plan para atentar en contra de sus vidas y las de Alfranio Solano y Carlos Páez, integrantes de la Organización Tierra y Vida. Un mes después de la presentación de la denuncia no se les asignó un fiscal ni se puso en marcha ninguna investigación.
El actual proceso de restitución de tierras en Colombia forma parte de las medidas de reparación a las víctimas del conflicto establecidas en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011). “El Gobierno creó esta ley y creó los juzgados de tierras que documentan los casos, pero en dos años no han restituido ni 20.000 hectáreas”, recalca Vega. Una cifra fútil teniendo en cuenta que los datos oficiales estiman que más de 8,3 millones de hectáreas han sido despojadas como consecuencia del conflicto y el Registro Único de Población Desplazada estima un total de 5.163.815 desplazamientos forzados.
“Hay una tragedia humana –explica el líder campesino–; estos últimos 10 años consistieron en legalizar el robo: 'unos iban matando y asesinado, otros comprando y otros iban legalizando', un dicho popular que refleja cómo se produce el despojo”. Así los grupos paramilitares llevaban a cabo la ejecución material del delito, a través del terror y el miedo lograban que la gente abandonase sus tierras: "O vende usted o vende su viuda", profetizaban. Mientras, los comisionistas recibían un incentivo por confirmar que los campesinos vendían a 200.000 pesos la hectárea, unos 100 euros; y finalmente los funcionarios de Gobierno y notarías legalizaban el saqueo.
La técnica del despojo y abandono forzoso de tierras compromete a “empresarios muy fuertes económicamente que han colaborado en campañas presidenciales”, señala Vega. Desde la Fundación Forjando Futuros como desde la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), entidad involucrada en el proceso de restitución de tierras, piden al Gobierno colombiano que “desmantele la organización criminal que comete los atentados y así llegue al fondo del asunto: hasta quienes financian, patrocinan y fomentan a los verdaderos autores, al aparato organizado del poder criminal”.
Y es que, “el autor material es lo de menos –explica Vega–. Detrás hay un grupo que, aunque pequeño, es muy poderoso económicamente. Se trata de empresarios bananeros, ganaderos y palmicultores”. A pesar de conocer los nombres de algunos de los responsables de promover la extorsión y las amenazas entre los campesinos, además de contar con pruebas de su vinculación y financiación a grupos paramilitares, la Fiscalía no ha iniciado ninguna investigación, según denuncian desde la Asamblea de Cooperación por la Paz.
“Lo que queremos es que a través de sus disposiciones judiciales, la Fiscalía actúe. Queremos que llegue a los empresarios que de verdad están promoviendo y financiando el despojo de tierras”, remarca el director de la Fundación Forjando Futuros. La ley de Víctimas y Restitución de Tierras “es la mejor ley del país, pero puede ser la peor si no se aplica”, relata Vega recordando las palabras de Baltasar Garzón. Si la normativa no se pone en práctica se convertirá en “una frustración más, y Colombia lleva 50 años de conflicto armado donde el principal problema es la tierra”.
Tierras, leyes y otros inventos: el proceso de paz en Colombia
Entre los cinco puntos a tratar en la negociación entre el Gobierno colombiano y las FARC en Cuba aparece “el tema de la tierra, el mismo ejecutivo reconoce así que existe un problema social que tiene que resolver con la guerrilla”, puntualiza Vega. El 52% de la tierra está en manos del 1,15% de la población, según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Cifras que arrojan luz sobre la magnitud del problema del despojo y tenencia de la tierra en el país.
Cerca de seis millones de campesinos se han visto afectados por la expropiación violenta de sus fincas. Si bien la ley de 2011, avalada por el Gobierno de Juan Manuel Santos, pretende resarcir a las víctimas su aplicación deja mucho que desear. “No existen garantías ni protección para que los afectados puedan reclamar sin riesgo y, al final, las víctimas renuncian, eligen entre sus vidas o sus tierras”, remarcan desde la ACPP.
La Fundación Forjando Futuros, dirigida por Vega, ha documentado 550 casos de expropiación violenta de tierras. Organizaciones como la de este activista agilizan un proceso que no gusta a comerciantes de armas, narcotraficantes y terratenientes reticentes a perder su poder y dominio en Colombia. Mientras el Gobierno no sea el “único portador de la fuerza” y ponga fin a los movimientos guerrilleros, la restitución real de las tierras no será posible. “Estar fuera supone que ganan la pelea, que dejemos de hacer lo que hacemos, en el fondo es eso…”, se lamenta Vega, muy a su pesar, lejos de Colombia.
La lucha por la restitución de las tierras en Colombia terminó arrancando del país a uno de los máximos impulsores de este proceso, Gerardo Vega Medina. El director de la Fundación Forjando Futuros, Premio Nacional de Paz 2012, abandonó la región tras recibir amenazas contra su vida. Refugiado en España tras su precipitada salida describe la magnitud de un problema que amenaza el proceso de paz en la región.