Venezuela, con más de 31 millones de habitantes y una de las mayores reservas petroleras del mundo, afronta una hora crucial. El país se encuentra en una profunda crisis social e institucional, con amplios sectores de la población sumidos en la pobreza y afectados por el desabastecimiento de comida y medicinas. El aislamiento internacional es creciente. El crimen se ha disparado en un clima de impunidad. La sucesión de manifestaciones contra el Gobierno de la República Bolivariana, presidida por Nicolás Maduro, en ocasiones con participación de elementos violentos, está encontrando una contundente represión por respuesta. El saldo es de más de 90 muertos en tres meses. No hay cauces de diálogo entre el Gobierno, poder ejecutivo salido de las elecciones presidenciales de 2013, y la oposición, que controla la Asamblea Nacional, poder legislativo elegido en 2015.
Maduro, con su popularidad en mínimos, culpa de la situación a la oligarquía y a la oposición, a la que presenta como un bloque antidemocrático, minado de golpistas, traidores y hasta terroristas y al servicio de intereses bastardos. Autoinvestido como intérprete de los designios de Hugo Chávez –fallecido en 2013–, ha lanzado un proceso "constituyente". El día 30 están previstas elecciones para una nueva Asamblea Constituyente, elecciones diseñadas por el Consejo Nacional Electoral, afín al oficialismo, que controla el proceso al detalle. La idea es refundar la institucionalidad de la República con una nueva Constitución que sustituya a la aprobada en referéndum en 1999, año de llegada al poder de Hugo Chávez, que durante sus 14 años de presidencia sobrevivió a un golpe de Estado (2002) e impulsó, sobre la base de los vastos recursos petroleros de Venezuela, un programa de medidas sociales encaminadas a reducir las desigualdades.
La oposición, coaligada en la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD), denuncia que los comicios del día 30 son un "fraude electoral" que prolonga el "autogolpe de Estado" iniciado en marzo con la suspensión de poderes de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo. La Asamblea Nacional ha aprobado la celebración el día 16 de un referéndum sobre el proceso constituyente con la pretensión de frenar el llamado Plan República. El Gobierno considera ilegal el referéndum del 16. La oposición considera ilegales las elecciones del 30. En este clima de deterioro institucional, desgarro social, hundimiento económico y continuas denuncias de corrupción, esta semana se produjo un asalto de civiles armados a la Asamblea. La alerta es máxima. La salida de la cárcel a arresto domiciliario del opositor Leopoldo López este mismo sábado constituye un evidente gesto de distensión, pero los focos de tensión continúan siendo múltiples.
infoLibre traza un diagnóstico de la situación apoyado en organizaciones de derechos humanos e intelectuales conocedores de la realidad del país.
1. Represión y muerte en las calles
"Hay una vulneración continua de derechos humanos. La situación va a peor, con 91 personas muertas y 1.400 heridas", resume Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional (AI) en España. Señala al Gobierno de Maduro, que además se ha lanzado a una espiral de "discursos incendiarios". "Las únicas acusaciones de terrorismo se dan contra opositores, las únicas manifestaciones reprimidas son las de opositores. Las de apoyo al Gobierno se realizan con toda tranquilidad. El Gobierno está haciendo un uso ilegítimo del monopolio de la fuerza", expone Beltrán. Los ataques corren a cargo –según AI– de "agentes policiales o grupos armados a los que la Policía permite actuar, en ocasiones incluso en su presencia". En el punto de mira están la Policía Nacional, la Guardia Nacional y los servicios de inteligencia, pero también el Comando Antiterrorista y la milicia bolivariana, cada vez más armada.
Beltrán denuncia que ha habido al menos una veintena de detenciones totalmente arbitrarias, así como unos 300 civiles acusados de delitos militares. Las liberaciones o no de los detenidos, añade, se realizan en ocasiones conforme a criterios políticos. La situación de los derechos humanos "se está deteriorando sin parar desde abril y no hay ningún motivo para pensar que vaya a mejorar", según el director de AI en España. "Cualquier apariencia de mínima legalidad está desapareciendo. Existe una pérdida continua de credibilidad de las instituciones", afirma. Beltrán establece como primera prioridad el "desescalamiento de la violencia", responsabilidad del Gobierno. "Claro que ha habido violencia por parte de manifestantes. Deben ser detenidos, reprimidos proporcionadamente y puestos ante el juez. Pero quien tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza es el Estado, que tiene que dejar de asfixiar a la oposición", afirma.
Beltrán se muestra preocupado por el posible agravamiento de la situación de aquí al día 30, "a no ser que las autoridades den un giro radical". Sobre el referéndum del día 16, AI no se pronuncia sobre su legalidad o ilegalidad, pero Beltrán advierte de que "una persona que quiera manifestarse pacíficamente ese día tiene el derecho a hacerlo". "Cualquier progreso, cualquier diálogo, pasa por el fin del uso de la violencia y de las detenciones arbitrarias. Es difícil avanzar con gente muriendo en la calle", concluye.
2. Una crítica a la mediación española
La abogada Tamara Taraciuk, investigadora senior de Human Rights Watch (HRW), cree que "el ataque a la Asamblea Nacional ha sido uno de los más burdos ejemplos de la degradación absoluta de los derechos humanos y la democracia venezolana". Pero ni siquiera considera que suponga un punto de inflexión, porque ha habido otros recientes igualmente graves. "La sentencia donde el Tribunal Supremo se arrogó las funciones legislativas, o la embestida contra la fiscal general y el empleo de tribunales militares para juzgar a civiles masivamente cuando el Gobierno vio que ya no podía controlar al Ministerio Público", enumera Taraciuk.
Nada de eso se ha frenado con los intentos de mediación. Taraciuk es crítica con el diálogo impulsado por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que "fue un fracaso principalmente porque partía de un diagnóstico equivocado". "En Venezuela no hay dos partes iguales que se sientan a conversar. Hay un gobierno represivo que viola derechos humanos e ignora las más mínimas garantías democráticas, por un lado, y quienes se oponen a él, por el otro. Hoy quienes están ejerciendo el liderazgo para abordar la crisis venezolana son los líderes democráticos de la región. Es importante que todos los actores apoyen estas gestiones multilaterales", afirma la investigadora de HRW.
¿Es posible una guerra civil? No, porque para ello "hacen falta dos lados armados". "En Venezuela las armas las tienen las fuerzas de seguridad y los colectivos, que son bandas armadas partidarias del Gobierno que operan con total impunidad. La oposición y el pueblo venezolano están resistiendo en las calles", responde Taraciuk, que cree que sólo "una fuerte presión multilateral puede llevar" a los objetivos que HRW establece como prioritarios: "el cese de la represión, la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de los poderes de la Asamblea Nacional y de la independencia del poder judicial, el llamamiento a elecciones libres con debida observación internacional y la entrada de asistencia internacional para paliar la crisis humanitaria".
3. La revolución al revés
"Me gustaría poder decir otra cosa. Algo positivo, optimista...", afirma justo antes de terminar su conversación con infoLibre Mike González, historiador, ex profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Glasgow, con amplia dedicación al estudio del socialismo y los procesos revolucionarios en América Latina. Autor de la biografía Hugo Chávez: Socialist for the 21st Century (Pluto Press), cree que la obra del presidente de la República entre 1999 y 2013 se ha desvirtuado. El proceso constituyente de 1999, afirma, fue "transparente, popular, profundamente democrático, en un ambiente de euforia en las plazas, con una participación masiva". En cambio, el impulsado ahora es "lo contrario". "Es un teatro montado por Maduro", señala.
"El pueblo está perdiendo peso porque faltan alimentos. En 2012 Naciones Unidas reconoció los logros de Venezuela contra la pobreza, pero desde entonces no ha hecho más que crecer. La mitad de la población no consume leche. Faltan medicinas. La corrupción es generalizada y la gente ve que hay cada vez más desigualdad. Trata de reservar mesa en un restaurante caro de Caracas. ¡No podrás porque están repletos! Claro que hay un sector incondicionalmente chavista, pero es imposible que el apoyo popular sea ahora el que era en 1999, ni de lejos. Lo único que puede hacer Maduro es aparentarlo con concentraciones, discursos súpermilitantes y emotivos, amenazas y control social. Eso no es una constituyente, es una farsa", afirma González, que subraya el proceso de creciente ocupación de ministerios y gobernaciones por parte de militares y la desaparición progresiva de la red de organizaciones comunitarias.
González ve a Venezuela "en una encrucijada". Es pesimista. No ve posibilidad alguna de recuperación de protagonismo popular, ni a nadie entre los chavistas críticos con Maduro con posibilidades de suceder al presidente si éste decidiera apartarse, ni ninguna corriente de disidencia interna suficientemente organizada. González sí ve cada vez más "autoritarismo" en el Gobierno. Y un punto de inflexión "crítico": el enfrentamiento de Maduro con Luisa Ortega Díaz, fiscal general de Venezuela. "La van a detener. Le van a congelar las cuentas del banco. Van a por ella. Y ella está desde 2005 ahí [en la etapa de Chávez]. Todo el mundo sabe que es íntegra, verdadera, de los honestos. Pero por defender la Constitución se la está diabolizando, sobre todo Diosdado Cabello [presidente de la Asamblea Nacional], que es de verdad el poder detrás del trono", afirma.
El caso de Luisa Ortega Díaz, cuyo esposo tuvo que desmentir este mismo viernes que hubiera sido detenida, no es el único síntoma de degradación del proyecto chavista que observa González. También los ve en el terreno económico, con el ejemplo emblemático de la "entrega del Arco Minero, rico en recursos, al capital multinacional". "Para mí esto representa el viraje total, la revolución al revés. La privatización de recursos del país, entregándolos a multinacionales. Venezuela está pidiendo volver a entrar en el mercado global pero bajo las peores condiciones, entregada al capital, sólo que más a las multinacionales rusas y chinas". Un gran problema, a ojos de González, es que la derecha "no tiene otro modelo". "¡Su modelo es ése! Esto no es una lucha ideológica, es una lucha de poder. La derecha vota en contra porque no controla el proceso", afirma.
El Estado se ha instalado en la arbitrariedad y la violencia selectiva, según González. "Hay paramilitares, asesinos a sueldo. La Guardia Nacional hace sus plantones: rodean barrios, o multifamiliares, y no dejan salir a la gente. Luego entran en los departamentos violentamente y roban", denuncia el autor de la biografía de Chávez. González recuerda que un amigo, biólogo anarquista que se manifestaba contra Maduro, acaba de morir asesinado. "Le han metido una bola de metal en el pecho en plena calle". ¿La policía, grupos civiles armados? "El problema es que todos llevan pasamontañas", responde.
González cree que se puede estar fraguando una alianza entre sectores del Estado y sectores de la derecha para terminar con el madurismo e instaurar un modelo "aún más represivo y autoritario". No descarta que Maduro, antes de eso, "pase a la reserva" y dé paso a un nuevo líder oficialista, que podría ser Diosdado Cabello, o la diputada Cilia Flores, esposa de Maduro, o Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. Todos ellos serían, a juicio de González, más de lo mismo o peor. A los referentes chavistas críticos los ve sin opciones, citando a los ex ministros Ana Elisa Osorio y Gustavo Márquez, de la Plataforma en Defensa de la Constitución, y a Raúl Isaías Baduel, "compañero militar de Chávez", condenado por corrupción. "¿Hubo algo? ¿No hubo algo? Ése es el problema. Que en Venezuela no se sabe". González ve a los sectores conservadores como los beneficiarios del retroceso de las ideas iniciales del chavismo. "No olvidemos que el objetivo de la derecha no es tumbar al poder, sino el fin explícito del chavismo, que no pueda haber una generación que lo retome. Que termine incluso como recuerdo y como promesa histórica". González, que no atisba ninguna solución interna, pide a la "izquierda internacional" que tome conciencia de los hechos y "defienda al pueblo chavista".
4. El riesgo de un aplastamiento
Al contrario que Mike González, el periodista venezolano Tulio Hernández, exiliado en España, no cree que el madurismo sea una degradación del chavismo, sino su lógica consecuencia. "El chavismo nunca fue un proyecto claro, sino una emoción aluvional en torno a un hombre que era él mismo el proyecto político, una mezcla de estatismo comunista, cristianismo primitivo, militarismo nacionalista, antiimperialismo... Pero todo sin un proyecto económico claro", afirma Hernández, para el que Maduro solicitó cárcel después de que el periodista escribiera mensajes en Twitter pidiendo enfrentarse a las fuerzas oficiales en caso de represión, por lo que decidió huir. Hernández había escrito: "Si cada venezolano demócrata neutraliza a un miembro del Plan Zamora están militarmente derrotados. Se vale hasta materos [maceteros]". El presidente, Nicolás Maduro, respondió por televisión: “Lo que Tulio Hernández ha promovido en Twitter es para que estuviera preso, así lo digo como jefe de Estado”.
"No es que se acabó el modelo chavista, es que el modelo chavista ha hecho su striptease. El control de cambio generó la mayor corrupción de nuestra historia, el control de precios resultó un desastre. No hay medicamentos porque una empresa se niega a producir medicamentos regulados por debajo del costo. Hay que importar la carne, la leche, todo. Hay gente que dice que Maduro es culpable. No. El modelo es el mismo", señala Hernández. También es pesimista. "Realista", dice él. Cree que en todos los análisis se está subestimando la "psiquiatría" de Maduro, que "se ha terminado creyendo que él mismo es el Estado, que Chávez se lo dejó por algo". "Por eso", reflexiona el periodista, "es tan difícil para el chavismo crítico negociar e incidir en lo más mínimo para impedir que la sangre llegue literalmente al río". "Venezuela ya salió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, de Mercosur. Si hace falta, saldrá de la ONU", señala Hernández, abundando en la idea de una huida hacia delante del presidente.
Venezuela va a un "choque de trenes" desde que el Supremo suspende las funciones del Parlamento, las autoridades electorales deciden lanzar el proceso constituyente y la oposición contraataca con la convocatoria de un referéndum, según el periodista. "Hay dos fuerzas que se dirigen la una contra la otra por el mismo carril. El Gobierno, cada vez más débil en apoyo popular pero más radical, no está dispuesto a unas elecciones porque saldría derrotado de manera aplastante; y la oposición se niega a volver a sus casas, las calles van a seguir llenas. Los sectores democráticos saben que si se permite la constituyente entramos de facto en un gobierno dictatorial", señala. No observa riesgo de guerra civil, sino de "aplastamiento de un rebelión popular" que pide "lo más elemental". Es decir, "que haya las elecciones que estaban pautadas [las presidenciales están previstas para 2018], que se restituyan las atribuciones de la Asamblea, que haya libertad de expresión", enumera Hernández, que añade: "No nos enfrentamos a demócratas, sino a un grupo marcado por la delincuencia y la corrupción".
Hernández no tiene la menor expectativa en las elecciones del día 30. "No son unas elecciones libres. Es un sistema de delegación en el que ellos deciden quién vota [territorial y sectorialmente]. Los universitarios nombran a tantos diputados, vale, pero, ¿quién nombra a esos universitarios? ¡El Gobierno! Lo que quieren es acabar con los gobiernos locales, las autonomías, los gobernadores, y dar una máscara de legalidad a lo que en el siglo XX se hacía con un golpe de Estado. Esto es totalitarismo en la era de Internet. Creíamos que poder registrar la represión en nuestros celulares serviría de algo, pero no. Su moral está más allá del bien y del mal, no hay escrúpulos".
"Mi única militancia política ha sido con el Movimiento al Socialismo. Yo comparto el diagnóstico del chavismo", continúa Hernández. "Hay que acabar con la desigualdad y la pobreza y lograr la autonomía respecto a los poderes mundiales. Pero no comparto sus métodos. Es peor el remedio que la enfermedad. La desigualdad está creciendo. Los ricos son más ricos que nunca. La inflación es la más grande de Sudamérica y la banda ancha de Internet, la más delgada", afirma el periodista, columnista de El Nacional. A juicio de Hernández, el chavismo es "un cuerpo en una sala de terapia intensiva que se mantiene vivo únicamente alimentado por un respirador mecánico, que son las armas".
5. Un proceso constituyente sin apoyo popular
El proceso constituyente abierto por Maduro "está manipulado, porque existen unas reglas ad hoc" para las elecciones del día 30, pero además es un proceso en sí mismo contrario a la Constitución. Así lo señala Roberto Viciano, que ha asesorado a gobiernos latinoamericanos, entre ellos de Hugo Chávez, y fue uno de los impulsores originales de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), a la que han estado vinculados dirigentes de Podemos, entre ellos Pablo Iglesias e Iñigo Errejón. "Hemos pasado de un clamor popular que quería una constituyente [antes de 1999] a un clamor popular que no quiere una constituyente", resume Viciano.
En cuanto a las elecciones del día 30, las observa bajo el "control del oficialismo". "Se valora igual y se da los mismos representantes tanto a un municipio de 2.000 como a otro de 200.000 habitantes, sabiendo que [Maduro] tiene mucho más voto rural cautivo y que las ciudades están en contra", explica Viciano, que alerta de que "va a haber elecciones sectoriales sin un censo sectorial". "Es un intento de legitimación democrática. No preocupa constituir, sino sólo darse un respiro con unas elecciones a su medida. Si tuvieran consenso social, irían a unas elecciones limpias y transparentes. Pero han tenido que crear un sistema adulterado para que les salgan las cuentas", señala Viciano, que cita una reciente encuesta de la Universidad Central de Caracas que señala que un 75,1% de los venezolanos consideran a Maduro "el principal responsable de los problemas del país", y que un 91,3% hace una evaluación negativa de su gestión. Una encuesta, por cierto, que revela el alto grado de aceptación de la actuación de la Fiscalía General.
Maduro se hace con el poder para cambiar la Constitución de Venezuela y pone fin a la asamblea dominada por la oposición
A juicio de Viciano, la Asamblea Constituyente que persigue Maduro es "ilegítima". "El primer proceso constituyente estuvo caracterizado por una mayoría que lo demandaba. Era algo querido por la gente. Se convocó un referéndum para que la ciudadanía dijera si quería. Cuando dijo que sí, se convocó la constituyente. Esto es inverso al presente. Nadie quiere un proceso constituyente, que va a ser manipulado porque no tiene apoyo. Además se basa en una interpretación distorsionada del texto constitucional", continúa el catedrático.
"El chavismo como posición política se tiene que nuclear alrededor de lo que hizo Chávez, no de lo que hace Maduro. Cualquier chavista coherente tiene que ser antimadurista", prosigue Vizcaíno, que sostiene que durante la presidencia de Hugo Chávez hubo una política de "redistribución de renta", aunque "falló estrepitosamente en el gran objetivo de salir del monocultivo del petróleo". La posterior incompetencia en la gestión, así como la falta de revisión del modelo, han terminado con los avances sociales, sostiene. Su opinión es que el oficialismo está "ganando tiempo para hacer una rapiña generalizada más abundante aún que la hecha hasta ahora". "Es un proyecto totalmente inviable. Ha colapsado. No hay parámetros de Estado. No hay nada salvable", concluye.
Viciano alerta de que Venezuela está en "una espiral de violencia que conduce a más violencia ciudadana, que a su vez alimenta la represión", en un ciclo ya estudiado en numerosos conflictos. "La duda es hasta qué punto la fuerza armada va a seguir en este aumento de la represión. La propia Constitución establece [artículo 25] que un funcionario público no puede obedecer órdenes que violen la Constitución", señala. El catedrático recuerda que la represión del Ejército podría acabar siendo "objeto de atención" del Tribunal Penal Internacional.
Venezuela, con más de 31 millones de habitantes y una de las mayores reservas petroleras del mundo, afronta una hora crucial. El país se encuentra en una profunda crisis social e institucional, con amplios sectores de la población sumidos en la pobreza y afectados por el desabastecimiento de comida y medicinas. El aislamiento internacional es creciente. El crimen se ha disparado en un clima de impunidad. La sucesión de manifestaciones contra el Gobierno de la República Bolivariana, presidida por Nicolás Maduro, en ocasiones con participación de elementos violentos, está encontrando una contundente represión por respuesta. El saldo es de más de 90 muertos en tres meses. No hay cauces de diálogo entre el Gobierno, poder ejecutivo salido de las elecciones presidenciales de 2013, y la oposición, que controla la Asamblea Nacional, poder legislativo elegido en 2015.