El portavoz de Equo en el Parlamento Europeo, Florent Marcellesi, y otras figuras políticas del ecologismo francés, han exigido a la Comisión Europea que investigue el fraude de Volkswagen y, en particular, cuántos coches se han visto afectados. "No puede ser que las instituciones europeas estén al servicio de los intereses privados en detrimento de la salud de la ciudadanía. El sector del automóvil debe respetar la ley", considera Marcellesi.
Para dar impulso a su petición, Marcellesi y otros 11 políticos verdes han lanzado una recogida de firmas en Change.org, en la que se preguntan quién querría vivir "en los próximos años en un mundo donde respirar mata". "Nos negamos a que nuestros niños y niñas sigan siendo envenenados en favor de los fabricantes de automóviles ante el silencio de las instituciones europeas", añaden los firmantes, que recuerdan que la próxima semana la Comisión Europea deberá explicar qué medidas adopta por el Dieselgate, que además de al grupo Volkswagen podría afectar a otras compañías automovilísticas: 1 de cada 10 vehículos diésel superan los niveles permitidos, hasta un 50% más en el caso los BMW, Mercedes y Peugeot según un estudio de la ONG Transport & Environment.
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Las explicaciones de la Comisión se producirán solo dos meses antes de que se celebre en París una nueva Cumbre del Clima, en la que, entre otras cuestiones, se intentará reducir las emisiones de gases contaminantes para frenar el calentamiento global. Los efectos de dichas emisiones también han sido comentados por Florent Marcellesi y sus compañeros del grupo verde europeo: "Unos 40 millones de ciudadanas y ciudadanos europeos están hoy expuestos a un aire contaminado y peligroso, que contiene altos niveles de partículas finas y dióxido de nitrógeno, reconocidos como gravemente perjudiciales para la salud y el clima".
Según los firmantes, cada año se producen en Europa 400.000 muertes prematuras como consecuencia de la alta contaminación, que además provoca unos gastos de 766.000 millones a la Unión Europea en paliar sus efectos.
Las informaciones publicadas sobre el escándalo del Dieselgate subrayan posibles responsabilidades políticas por este engaño masivo. Según el diario alemán Die Welt, tanto el ejecutivo europeo como el Gobierno de Alemania conocían desde hace mucho tiempo que los fabricantes utilizan dispositivos que falsean las emisiones de sus coches. El rotativo se ciñe a la respuesta que el Gobierno de Merkel dio a Los Verdes alemanes el pasado 28 de julio. Estos preguntaban por los "interruptores" que ayudan a los vehículos a ocultar sus gases, y el Ministerio de Transportes dijo que no había conseguido probar su existencia pero no la negó.
El portavoz de Equo en el Parlamento Europeo, Florent Marcellesi, y otras figuras políticas del ecologismo francés, han exigido a la Comisión Europea que investigue el fraude de Volkswagen y, en particular, cuántos coches se han visto afectados. "No puede ser que las instituciones europeas estén al servicio de los intereses privados en detrimento de la salud de la ciudadanía. El sector del automóvil debe respetar la ley", considera Marcellesi.