Hasta ahora ha venido librándose de los casos de la Agrupación Nacional (RN). Marine Le Pen no fue procesada en el caso de la financiación de las campañas del partido en 2012, que se juzgó en 2019. Tampoco le ha preocupado por el momento el caso del patrimonio de su padre, que incluye un apartado sobre sus declaraciones de bienes y su patrimonio común.
Pero ahora, la jefa de filas de los diputados de RN se sienta en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal de París, donde se celebra hasta el 27 de noviembre el juicio de los asistentes parlamentarios del partido, en el que se juega mucho al estar acusada de malversación de fondos públicos y complicidad.
Pero, como ha repetido una y otra vez, no tiene intención de echarse atrás. Nada más abrirse el juicio, dijo al tribunal que “respondería a todas las preguntas”. El tercer día del proceso, la ex abogada se mostraba ansiosa de intervenir y pronunció un largo monólogo para “ayudar a los jueces a entender la política”.
Pero esa no era la estrategia que había adoptado hasta ahora. En este procesamiento, Marine Le Pen se ha mostrado obstruccionista desde el principio: durante los registros efectuados en 2016 en la sede del Frente Nacional (FN), filmó la operación con su teléfono móvil, llegando a colocárselo en el sujetador cuando uno de los policías de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales (OCLCIFF) le pidió que dejara de grabar.
Varias negativas a comparecer ante los jueces
Posteriormente, Marine Le Pen hizo varios recursos con su partido y se negó en tres ocasiones a responder a las preguntas de los jueces de instrucción.
La primera vez, en 2017, no acudió a la citación judicial, denunciando en una carta una “instrumentalización” política de la justicia en plena campaña presidencial. La segunda vez, en 2018, leyó ante los magistrados un comunicado en el que negaba “firmemente” cualquier empleo ficticio y cuestionaba su derecho a investigar el asunto, que afectaba a la “labor política de un diputado” : “En consecuencia, a mi juicio, ustedes son radicalmente incompetentes para discutir los hechos que se me imputan”, le dijo. La tercera vez, en 2018, argumentó que estaba esperando a que el Tribunal de Casación se pronunciara sobre su recurso antes de hablar.
Y cuando finalmente declaró en 2019, a veces cuestionó las preguntas de los jueces (“Permítame decirle que su pregunta es bastante vaga”) y otras veces su interpretación de los hechos (“No dice lo que usted quiere que diga”, se atrevió a decir sobre el email del eurodiputado Jean-Luc Schaffhauser preocupándose por los “empleos ficticios”).
Incluso era ella la que a veces hacía las preguntas: “En su opinión, ¿cuál es el trabajo de un eurodiputado de la oposición que viene al Parlamento Europeo?”; “Todavía no me ha dado la lista de tareas que considera debe realizar un asistente parlamentario europeo”.
Cuando finalmente declaró en 2016, sistemáticamente echaba balones fuera
La expresidenta de la RN tampoco ocultó su enfado cuando le hicieron preguntas inquietantes: “¿Y qué?” ; “Ya le he respondido”; “Acabo de responderle. Por tercera vez, nunca se me informó de esa hipótesis”. Y cuando los jueces le preguntaron por las declaraciones de su ex consejero Aymeric Chauprade, que denunciaba un “sistema de empleos ficticios”, ella respondió con estas dos palabras: “Firmado: estoy harta”.
En otro caso, el de la financiación de las campañas del partido en 2012, Marine Le Pen ya había optado por la misma estrategia de evasión. En dos ocasiones se había negado a comparecer ante los jueces, y su partido había presentado una solicitud de sospecha legítima contra los magistrados e incluso había atacado la acusación suplementaria emitida por el fiscal.
Cuando finalmente declaró en 2016, eludió sistemáticamente las preguntas, insistiendo en que no sabía nada al respecto. Una estrategia de defensa que dio resultados: no fue procesada, a diferencia de su partido, su tesorero y su micropartido, que fueron condenados.
Ataques a los “jueces politizados”
Al mismo tiempo, la ex presidenta de la RN intensificó sus ataques a los jueces en los medios de comunicación, utilizando la retórica de los “jueces rojos”. Un cierto número de magistrados estarían "politizados” por su proximidad al Sindicato de la Magistratura, un “sindicato de extrema izquierda que había llamado a votar contra ella”, repitió en innumerables entrevistas.
Según ella, esos jueces no sólo eran incapaces de llevar a cabo una investigación contra su partido “de manera neutral”, sino que estaban siguiendo una agenda política. Según afirmó en la cadena CNews, su partido ha sufrido “cuarenta años de instrumentalización y politización de la justicia”.
Ese argumento, que ignora el deber de imparcialidad de los magistrados, garantizado por sus estatutos, llegó a un punto crítico en julio de 2018, cuando los jueces encargados del caso de los asistentes embargaron, como medida cautelar, 2 millones de euros en subvenciones públicas asignadas a la Agrupación Nacional a la luz de las pruebas irrefutables ya conseguidas.
La presidenta de la RN lanzó entonces una contraofensiva: recursos judiciales, rueda de prensa, comunicado y entrevistas denunciando “un verdadero golpe de Estado”, un “gobierno de los jueces que está matando a un partido político”. Atacó a la fiscalía, “extremadamente de izquierdas”, y a los jueces Renaud Van Ruymbeke y Claire Thépaut de “militantes políticos, pertenecientes a sindicatos o cercanos a sindicatos de extrema izquierda”, dijo, señalando en particular la pertenencia de esta última al Sindicato de la Magistratura.
Esa posición, similar a la de Nicolas Sarkozy, la ha llevado a acudir en ayuda de sus adversarios implicados en escándalos políticos y financieros. Empezando por el propio ex jefe del Estado. En 2018, Marine Le Pen puso en duda la “neutralidad” del juez Serge Tournaire –que imputó a Nicolas Sarkozy por la presunta financiación libia de su campaña de 2007– afirmando (sin ninguna prueba) que estaba “apoyando al Sindicato de la Magistratura”.
El enfrentamiento entre políticos y jueces viene de lejos, y es brutal
También carga contra la la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) –que ha pedido que se juzgue el caso de las escuchas–, acusando a sus fiscales de ser “elegidos en parte con criterios políticos” y pidiendo su supresión.
Es la misma PNF a la que acusa de haber intentado, en plena campaña presidencial, “influir en el curso del funcionamiento democrático” en el asunto François Fillon. Respecto a Jean-Luc Mélenchon, él es “claramente víctima de un acoso judicial”, con una investigación por abuso de confianza “realizada sobre una base jurídicamente nula y no válida”, declaró Le Pen en 2020.
En la misma época, apoyó al ex ministro de Justicia Éric Dupond-Moretti, argumentando en el “caso de las facturas telefónicas” que “la geolocalización de los abogados [...] es un verdadero escándalo en un Estado de derecho”. Y cuando el partido MoDem fue condenado en febrero de 2024 en el caso de los asistentes parlamentarios, consideró que los tribunales habían dictado una decisión que “atentaba contra la libertad de los diputados de ejercer sus actividades como quisieran”.
Sin negar la “hostilidad” de Marine Le Pen hacia los jueces, Alexandre Varaut, portavoz de la RN en el asunto de los asistentes, lo ve como un signo de “exasperación mutua” entre la clase política y la justicia: “El enfrentamiento entre políticos y jueces es antiguo, y es brutal”, declaró a Mediapart.
Denuncia del “sistema UMPS”
Sin embargo, antes de verse envuelta en estos casos, la líder del entonces Frente Nacional no apuntaba contra los “jueces politizados”, sino contra “el problema de la corrupción en el mundo de la política”. Durante su primera campaña presidencial, en 2011, se erigió en defensora de la “moralidad pública”, criticó la “república bananera” y las “oligarquías de todo tipo” y prometió “limpiar el Estado de vividores, especuladores y corruptos”.
Como pretexto para criticar a la “casta” y al “sistema”, la denuncia de la corrupción fue durante mucho tiempo un elemento básico del Frente Nacional, que ha reciclado eslóganes poujadistas (“Todos podridos”, “Impedir que repitan los salientes”), y ha creado los suyos propios, como “Manos limpias y cabeza alta”, lanzado durante las elecciones legislativas de 1993; o el famoso “sistema UMPS” (neologismo que englobaba a los partidos UMP y socialista, considerados lo mismo, ndt) , que apareció en los carteles de las elecciones departamentales de 2011.
En cuanto estallaba un caso, Marine Le Pen era la primera en hacer circular la acusación. En 2004, cuando era vicepresidenta del Frente Nacional, reaccionó con dureza a la condena de Alain Juppé (ex primer ministro con Chirac) en el asunto de los empleos ficticios del ayuntamiento de París. “Todo el mundo ha metido la mano en la caja, menos el Frente Nacional”, dijo en el programa Mots croisés de France 2. “Los franceses están hartos de tantos casos” y “hartos de que los políticos malversen los caudales públicos”, “el dinero de los franceses”.
A principios de los años 2010, Le Pen adoptó el mismo enfoque: se entregaba personalmente cada vez que había un escándalo relacionado con Sarkozy.
Sobre el caso Bettencourt, un “escándalo de Estado”, un “Sarkogate” que debería “conducir a la dimisión del Presidente de la República”. Del caso Karachi, “probablemente el más grave de la V República”, susceptible de “derribar al Gobierno actual”. En el caso Squarcini, la revelación de los “excesos” del quinquenio Sarkozy y su “promesa incumplida” de una “República irreprochable”. En fin, el caso Bygmalion es un “engaño a escala industrial”, que “descalifica totalmente” a Nicolas Sarkozy, que no podrá “eludir su responsabilidad moral”.
El partido ultraderechista, lejos de la presunción de inocencia que esgrime hoy, denunció en un comunicado un “sistema Sarkozy” que combinaba “conflictos de intereses, corrupción y malversación” y pedía al Jefe del Estado que “diera explicaciones al pueblo francés”. En 2013, Marine Le Pen llegó a decir que Nicolas Sarkozy no podría volver a la política “porque se vería envuelto en un creciente número de casos de extrema gravedad”.
Bajo la presidencia de François Hollande, el Frente Nacional también aprovechó los escándalos que afectaban a la izquierda. Con ocasión del caso Jérôme Cahuzac, denunció una “mentira de Estado” y pidió “la dimisión del Gobierno y la disolución de la Asamblea Nacional”.
En el momento de las revelaciones sobre el conflicto de intereses de Aquilino Morelle, se burló de la imposible “República ejemplar” y consideró que ”las malas costumbres del clan Sarkozy han contagiado al clan Hollande”. Y cuando el nombre del tesorero de campaña del presidente socialista apareció en los Papeles de Panamá, se burló de la “izquierda caiman”.
El Frente Nacional sabe que los escándalos de los demás partidos le abren vías, así que no duda en explotarlos, sobre todo cuando se trata de barones locales investigados: “Contra la mafia socialista”, “Limpiar la casa”, “Estafadores, mentirosos, ladrones: hagan limpieza en casa”, se podía leer en sus carteles locales en la década de 2010.
En su página web de entonces, el partido de extrema derecha arremetía contra la “Ripoux-blique” (juego de palabras entre ripoux -corruptos- y república, ndt) : “Desde Sylvie Andrieux [ex diputada socialista condenada por malversación de fondos públicos -ndr] a Nicolas Sarkozy: ¿quién del PS o de la UMP se alzará con el título de campeón de la corrupción?”, se podía leer.
Marine Le Pen se enfrenta al juicio que puede comprometer su conquista del Elíseo
Pero desde la proliferación de casos que implican a su partido en los años 2014-2016, y su propia imputación en 2017 en el caso de los asistentes parlamentarios, el discurso ha cambiado. Con la excepción del “BenallaGate” en el primer quinquenio de Emmanuel Macron, Marine Le Pen ha silenciado su denuncia de los “chanchullos” de otros partidos.
En 2016, recicló el eslogan de su padre, insistiendo en que su partido era “cabezas altas, manos blancas”. Pero no ha convencido a los jueces, que la han enviado a ella, a la RN y a veintiséis personas ante el tribunal penal por malversación de fondos públicos.
Traducción de Miguel López
Hasta ahora ha venido librándose de los casos de la Agrupación Nacional (RN). Marine Le Pen no fue procesada en el caso de la financiación de las campañas del partido en 2012, que se juzgó en 2019. Tampoco le ha preocupado por el momento el caso del patrimonio de su padre, que incluye un apartado sobre sus declaraciones de bienes y su patrimonio común.