Scholz cede al discurso antiinmigración de la ultraderecha y endurecerá los controles fronterizos
En teoría, no deberían realizarse controles en las fronteras interiores de la Unión Europea (UE). Sin embargo, después de una reciente reforma del Código de Fronteras Schengen, son posibles en casos excepcionales cuando un país considera que el orden público o su seguridad interior pueden verse amenazados.
Eso ha bastado para que Alemania haya decidido reintroducir los controles fronterizos, y para que Nancy Faeser, ministra alemana del Interior, lo anunciara públicamente el lunes 9 de septiembre. Estos comenzarán el 16 de septiembre. “Estamos reforzando la seguridad interior y manteniendo nuestra línea dura contra la inmigración ilegal”, declaró la ministra, señalando las “amenazas actuales del terrorismo islamista y la delincuencia transfronteriza”.
Según ella, el Gobierno ha informado a la Comisión Europea y a sus vecinos inmediatos de esta decisión, que parece destinada sobre todo a satisfacer al partido de extrema derecha AfD (Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania) –que se impuso en las últimas elecciones regionales en Turingia y Sajonia, en el este del país–, pero también a los conservadores de la CDU-CSU.
El martes 10 de septiembre por la tarde se celebró una cumbre sobre migración para adoptar esta medida y encontrar compromisos con la descontenta oposición, que sigue pidiendo más restricciones a los movimientos migratorios. Aunque los conservadores de la CDU-CSU no estuvieron seguros de participar hasta el último momento, finalmente anunciaron su asistencia a la cumbre el martes por la mañana: “Veremos si tenemos el mismo punto de vista y si podemos actuar juntos”, declaró a Der Spiegel Friedrich Merz, líder del grupo.
Encerrar a los exiliados en la frontera
Los Verdes se apresuraron a denunciar “intentos de chantaje simplemente ridículos”. “Friedrich Merz se comporta como un niño rebelde”, dijo la líder del grupo parlamentario de Los Verdes, Irene Mihalic. Los representantes de la CDU-CSU también decidieron dar un portazo en mitad de la reunión, según informó Der Spiegel, al considerar que las negociaciones habían fracasado.
La principal medida debatida en la cumbre fue la creación de centros para encerrar a los inmigrantes en la frontera mientras se examina su situación, deportarlos si no desean solicitar asilo, o devolverlos al primer país de la UE por el que pasaron, que es el responsable de su solicitud de asilo según el Reglamento de Dublín. Si no hubiera suficiente capacidad de detención, los afectados podrían ser puestos en prisión preventiva, “debido al riesgo de fuga, para asegurar el procedimiento y evitar que se escondan”, dice Der Spiegel.
Para reforzar la idea de “firmeza” en la cuestión migratoria, el gobierno anunció el lunes que se harían deportaciones en frontera para evitar que los exiliados entren en Alemania de forma supuestamente ilegal. Una medida solicitada por el líder del grupo de la oposición que puede ser contraria al derecho internacional y a la Convención de Ginebra sobre los Refugiados si los afectados no pueden solicitar asilo a pesar de que lo deseen.
La Comisión Europea ha pedido medidas “proporcionadas” y “estrictamente excepcionales”, aun considerando posible el retorno de los controles en las fronteras interiores de la UE. Ya ha anunciado que “evaluará la situación” una vez anunciadas oficialmente todas las medidas.
Los países vecinos, por su parte, ya ven con malos ojos que se “devuelva” a los exiliados que han atravesado su territorio camino de Alemania. Nada más anunciarse esta medida el lunes, el ministro austriaco del Interior, Gerhard Karner, advirtió de que su país no acogería a ningún migrante devuelto por Alemania en la frontera. “No hay margen de maniobra”, declaró, citado por el diario Bild.
30.000 personas devueltas desde octubre
El martes, el primer ministro polaco Donald Tusk calificó de “inaceptable” la decisión del gobierno de Olaf Scholz y dijo que en las próximas horas hablaría con “los demás países afectados para ponerse de acuerdo urgentemente sobre una reacción en el seno de la UE, con todos los vecinos del Estado alemán”. Tusk también pidió que se “vigilen y aseguren” las fronteras exteriores de la UE, explicando que eso era lo que “necesitaba Polonia”.
El giro de Alemania en materia de inmigración ha sorprendido a muchos. Con más de dos millones de personas admitidas desde 2015 (por no hablar de los ucranianos, que suman más de un millón de refugiados), el país sigue ahora una pauta de repliegue, impulsada por la extrema derecha europea, estableciendo un vínculo directo entre seguridad e inmigración y criminalizando a los exiliados que, en la inmensa mayoría de los casos, quieren encontrar refugio en Alemania y rehacer sus vidas tras sufrir la guerra o la pobreza.
Nancy Faeser ya se ha jactado de haber podido rechazar a cerca de 30.000 migrantes desde octubre de 2023, gracias sobre todo al refuerzo de los controles en sus fronteras con Polonia, República Checa, Suiza y Austria. Peor aún, el pasado agosto Alemania también reanudó las expulsiones de ciudadanos afganos, tres años después de que los talibanes tomaran el poder.
En tal contexto, es una primicia destinada a responder a ciertos ataques y crímenes que implican a exiliados, como el ataque con cuchillo perpetrado la noche del 23 al 24 de agosto en Solingen por un sirio sobre el que pesaba una orden de expulsión, o el de Mannheim, perpetrado por un joven afgano, el pasado mes de mayo.
“Se trata de ciudadanos afganos, todos ellos condenados por la justicia y sin derecho a permanecer en Alemania, sobre los que pesan órdenes de expulsión”, explicó el portavoz del Gobierno, Steffen Hebestreit, en un comunicado.
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Explicó que había pedido apoyo a “socios regionales clave”, sin especificar cuáles, para facilitar esas deportaciones a Afganistán, donde muchos hombres y mujeres están arriesgando sus vidas. Han sido deportados veintiocho refugiados afganos.
Traducción de Miguel López
