Si hacía falta una nueva ilustración del coste que la evasión fiscal tiene para los servicios públicos, la del tribunal de Primera Instancia, en el Palacio de Justicia de París, es sin lugar a dudas un ejemplo. El pasado día 12, como tantos otros días, se veía a una Justicia atestada de expedientes y condenada a despacharlo todo ante la falta de medios.
Ese día, la evasión fiscal era el motivo por el Attac se sentaba en el banquillo. A Apple no le ha gustado la campaña que la ONG ha puesto en marcha a las puertas de sus tiendas para denunciar las prácticas de gigante informático, intasable. A finales de diciembre, Apple recurría a la Justicia para solicitar que se prohibiesen las manifestaciones de Attac a las puertas de sus tiendas en Francia, durante un periodo de tres años, y multas de 150.000 euros en caso de incumplimiento. Y en todo ello en nombre de la libertad comercial y de la seguridad de sus asalariados.
“Estamos ante una medida mordaza, pero no nos callaremos”, decían los manifestantes que se daban cita a las puertas del juzgado para apoyar Attac antes del comienzo juicio. En torno a un centenar de personas se habían reunido, de forma pacífica, ante el Palacio de Justicia. La mayoría eran representantes de la izquierda y abundaban también los representantes sindicales y de asociaciones. De este modo, mostraban su apoyo a Attac y denunciaban los efectos perjudiciales de la evasión fiscal.
“Este juicio es importante porque atañe a uno de estos grandes grupos informáticos, los Gafa [de Google, Apple, Facebook, Amazon], que evitan el pago de impuestos a nivel mundial. Han desvirtuado la revolución digital en la sociedad en beneficio propio y han hecho una renta mundial”, decía Aurélie Trouvé, portavoz de Attac. “Las multinacionales se enfrentan a la sociedad civil”, añadían los manifestantes.
“Pueden ver los medios que hay que movilizar para esta manifestación fuera [había seis antidisturbios observando, muy de lejos, a los congregados en la calle]. ¿Cómo quiere que nuestros trabajadores puedan hacerles frente cuando los manifestantes entran en las tiendas de Apple”, insistía el abogado de la compañía, Antonin Lévy, ante la presidenta Bérengère Dolbeau. El abogado, anteriormente letrado de François Fillon, asistía a su colega Ivan Itzkovitch, que redactó la demanda presentada, lo que permite imaginar la importancia del caso para Apple.
Pese a que los tiempos estaban muy medidos, como en todos los juicios de 1ª instancia, el abogado describió las acciones de Attac contra Apple llevadas a cabo desde la primavera de 2001. Acciones en París, después en Aix-en-Provence y posteriormente en múltiples localidades de Francia. Hasta cruzar una línea roja, según el abogado. El 2 de diciembre, activistas de Attac se colaron en la tienda de Plaza de l’Opéra, en París, coreando sus eslóganes contra las prácticas fiscales del grupo, reclamándole el pago de impuestos. La dirección, desbordada, decidió entonces cerrar la tienda de forma precipitada.
"Vandalismo en las tiendas"
“Apple no quiere amordazar a nadie. Defiende la libertad de expresión, el derecho de manifestación, pero la libertad de expresión no puede servir de excusa para todo. El límite está en entrar en una tienda. No se puede trabajar así. Intentamos negociar con Attac, sin éxito; el debate estaba viciado. Apple se vio obligado, en vísperas de Navidad, a presentar esta denuncia para garantizar la seguridad de sus trabajadores y de la clientela”, decía Antonin Lévy. En la demanda presentada contra Attac, el grupo añadía: “Attac amenaza con reiterar acciones que ya han causado perjuicio a Apple y que llevará al vandalismo en las tiendas de Apple, a poner en peligro la seguridad de sus empleados y clientes y a causar un perjuicio comercial a Apple”.
“Pero, ¿dónde está el vandalismo?, ¿dónde están los daños?, ¿dónde la amenaza de un peligro inminente”, respondía el abogado de Attac, Julien Pignon. La asociación es conocida por llevar a cabo acciones no violentas, insistía. Desde hace varios años, pone en marcha diferentes acciones para denunciar el fraude fiscal en el mundo de la banca y va, simbólicamente, a coger sillas a las oficinas bancarias, en particular a las del BNP Paribas. Estas acciones han desembocado en juicios caricaturescos contra los segadores de sillas”.
Del mismo modo, las manifestaciones a las puertas de las tiendas Apple se han traducido en el despliegue de pancartas en las que se denuncia la evasión fiscal del grupo. A veces, para demostrar la opacidad de sus prácticas fiscales, los escaparates de las tiendas se han embadurnado con pintura blanca. “Se empleó un producto que desaparece con agua”, arguyó el abogado de Attac, quien insistió en que en ningún momento hubo violencia. A excepción de ese recordatorio molesto, ruidoso, relativo a la práctica de la evasión fiscal, a escala mundial, por parte del grupo informático y que va en detrimento de todos.
El caso Apple se ha convertido en un asunto de Estado, también para el Gobierno de Estados Unidos. Adepto a los paraísos fiscales, el grupo tiene en aquél país más de 200.000 millones de dólares al abrigo de impuestos, según estimaciones del fisco norteamericano. En agosto de 2016, la Comisión Europea, que inició una batalla contra las prácticas de los gigantes de la Red, presionada por la opinión pública, acusó a Apple de disfrutar de beneficios fiscales indebidos en Irlanda y exigió a Dublín, donde está radicada la sede europea del grupo, que cobrase 13.000 millones de euros en concepto de impuestos. No fue hasta octubre de 2017 cuando la Comisión inicio un proceso contra Irlanda, en el Tribunal Europeo de Justicia, momento en que Dublín aceptó –a comienzos de diciembre– reclamar el pago impositivo a la multinacional.
“Apple debe pagar los 13.000 millones de euros, pero es mentira. No es Apple a quien se cuestiona; no es un caso de fraude fiscal, es un caso de ayudas estatales. Irlanda es quien debe recuperar los impuestos”, dice con aplomo Antonin Lévy. “Apple está convencida de que cada empresa tiene el deber de pagar sus impuestos y, como primer contribuyente del mundo, Apple paga debidamente lo que debe al conjunto de los países donde está presente”, se puede leer en la página web del grupo informático para tratar de desmentir las acusaciones de fraude fiscal que empañan su reputación.
“En Francia, el grupo emplea a 2.000 personas. Es una empresa honorable que paga sus cotizaciones sociales”, asegura su abogado. Según una investigación de Capital, Apple declaró en 2015 una cifra de negocios de 618 millones de euros en sus dos compañías en Francia, cerca de 10 veces menos de la cifra real, según las prudentes estimaciones de Greenwich Consulting. A tenor de las cifras oficiales, Francia sólo representa el 1,5% de la actividad de Europa (que incluye India y África) del grupo.
Gracias a montajes, que pasan por Luxemburgo e Irlanda, el grupo disminuye año tras año su cifra de negocios y resultados en Francia. En 2015, Apple sólo declaró 38 millones de beneficios y sólo pagó 13 millones de impuestos sobre los beneficios. Similar al montante que debe abonar una pyme grande. Las autoridades francesas investigaron a la compañía en 2016.
“Demandar 150.000 euros por infracción es querer callar a Attac. Se trata de una medida desproporcionada frente a una campaña que disgusta. El debate es sobre la evasión fiscal. Se trata de un debate de interés general”, recordaba el abogado de Attac en su alegato final. Sea como fuere, el debate está sobre la mesa. Aunque la Justicia dé la razón a Apple en sus reclamaciones, no conseguirá deshacerse de él: ahora sus prácticas de evasión fiscal están pegadas a su imagen, como un esparadrapo.
El fallo se conocerá el 23 de febrero. ______________
Bruselas ya ha obligado a 40 multinacionales a devolver más de 14.500 millones por ayudas fiscales ilegales
Traducción: Mariola Moreno
Leer el texto en francés:
Si hacía falta una nueva ilustración del coste que la evasión fiscal tiene para los servicios públicos, la del tribunal de Primera Instancia, en el Palacio de Justicia de París, es sin lugar a dudas un ejemplo. El pasado día 12, como tantos otros días, se veía a una Justicia atestada de expedientes y condenada a despacharlo todo ante la falta de medios.