Austria quiere suspender la reagrupación familiar de los refugiados

Mohammad Alrshedat, originario de Deraa, Siria, vive en Austria desde hace más de tres años. Ha aprendido alemán y trabaja como techador en Viena. Pero todavía siente un vacío inmenso: su mujer y sus dos hijos de 9 y 10 años viven en Turquía y llevan más de un año esperando reunirse con él. Sin embargo, el gobierno de coalición entre conservadores (ÖVP), socialdemócratas (SPÖ) y liberales (Neos) ha anunciado su voluntad de suspender la reagrupación familiar.

Esta decisión le ha conmocionado profundamente. “Mi sueño se ha hecho añicos. Lo tenía todo planeado, quería que mi familia se viniera conmigo, que mis hijos fueran a la escuela, que pudiéramos construir algo en este país. Ahora todo eso se ha acabado”, cuenta Mohammad Alrshedat con amargura. “Ahora no sé qué hacer”.

Esta suspensión de la reagrupación familiar, una primicia en la Unión Europea (UE), es uno de los proyectos estrella del nuevo gobierno y, en particular, de los conservadores, que anteriormente habían negociado, sin éxito, con la extrema derecha del FPÖ para formar una coalición. “Hemos alcanzado el límite de nuestra capacidad de acogida y por eso estamos presionando el botón de stop”, justificó la ministra de Integración, Claudia Plakolm (ÖVP). Para ella, “la probabilidad de una integración exitosa disminuye con cada nueva llegada. [...] Austria necesita mano de obra cualificada, no un flujo de parados”.

Esta decisión se inscribe en un contexto de tensión en el país en torno a cuestiones migratorias. En las elecciones legislativas de septiembre de 2024, la extrema derecha del FPÖ registró una victoria histórica al obtener casi el 29 % de los votos. Aunque no logró entrar en el Gobierno, sigue siendo la primera fuerza política del país.

Un derecho teóricamente protegido

Para aplicar esta medida, el Gobierno debe modificar primero la ley de asilo para poder suspender, por decreto, el proceso de decisión relacionado con la reagrupación familiar. En concreto, los familiares de los refugiados y de los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria podrán seguir presentando una solicitud, pero esta quedará sin efecto mientras el decreto esté en vigor, inicialmente durante seis meses, según el deseo de la coalición.

Pero la reagrupación familiar está regulada y protegida por el derecho europeo. Para justificar esta suspensión, la coalición invoca la “cláusula de emergencia” de la Unión: el artículo 72 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), según el cual el derecho nacional puede prevalecer excepcionalmente sobre el derecho europeo en caso de amenaza para el orden público y la seguridad interior. El gobierno destaca la supuesta saturación del sistema educativo y las dificultades de integración de los recién llegados y ha informado a la UE de su decisión.

Podría haber algunas excepciones, como en el caso de los menores que se han quedado en el país de origen y que podrían reunirse con sus padres en Austria o, por el contrario, de aquellos que han venido solos al país y que podrían hacer venir a sus padres.

Eso ha provocado la ira de la extrema derecha, que denuncia una medida insuficiente, limitada en el tiempo y que se verá obligada a ser eludida debido a esas excepciones. El FPÖ había defendido, durante la campaña de las elecciones legislativas, la suspensión total del derecho de asilo. Para los Verdes, por el contrario, el texto no aporta ninguna solución a los problemas que enfrenta el sistema educativo y constituye una “erosión del Estado de derecho”.

Un estudio con resultados distorsionados

Para justificar esta infracción de las normas europeas, el Gobierno se basa en un estudio que pretende demostrar que las personas que llegan en el marco de la reagrupación familiar son más difíciles de integrar que las que han solicitado asilo en Austria. En los primeros años tras su llegada, tienen menos probabilidades de encontrar empleo y aprenden alemán más lentamente. Según una de las autoras del estudio, el problema es que los resultados se han distorsionado y presentado de manera incorrecta en el debate público. El impacto en el empleo y el conocimiento del idioma se reduce con el tiempo de permanencia.

Además, varios expertos dudan de que el proyecto cumpla con la legislación europea. ¿Cómo se puede invocar un riesgo para el orden público y la seguridad interior cuando las cifras de reagrupación familiar están disminuyendo drásticamente? En 2024 llegaron en este contexto un total de 7.762 personas, la mayoría de ellas menores. En febrero solo llegaron 60.

Además, las dificultades encontradas, especialmente en las escuelas, varían mucho según los estados federados: “Será interesante ver cómo Austria justifica una situación de emergencia a escala nacional. Porque, si bien es innegable que tenemos un problema en algunas partes del país, el derecho europeo no tiene en cuenta el federalismo. En cuanto a la integración, Viena hace la mayor parte del trabajo y los demás estados federados hacen muy poco y eluden su responsabilidad”, afirma Lukas Gahleitner, jurista de la organización de ayuda a los refugiados Asylkoordination.

El especialista habla de una “violación calculada del derecho”: “Hasta cierto punto, se trata de un proyecto ideológico. El gobierno quiere demostrar que es uno de los primeros de Europa en hacerlo. [...] Es una política populista que no aporta ninguna solución, sino que, por el contrario, crea problemas”.

Su asociación tiene intención de llevar algunos casos ante los tribunales austriacos, con la esperanza de que ellos recurran al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para anular esta reforma. Otra posibilidad es que la Comisión Europea presente por sí misma un recurso por incumplimiento ante el tribunal, una vez que se presente la orden.

Los sirios, los más afectados

Esta medida refuerza el sentimiento de estigmatización que viven los refugiados sirios, los más afectados por esta decisión. En diciembre, el ministro del Interior, Gerhard Karner, ya había anunciado “un programa ordenado de repatriación y expulsión a Siria” tras la caída del régimen de Bachar al-Assad. Desde entonces, varios miles de sirios han recibido una carta informándoles de la apertura de un procedimiento para retirarles su condición de refugiados.

Mohammad Alrshedat es uno de ellos. Aún así, hay pocas posibilidades de que estos esfuerzos tengan éxito dada la inestabilidad que reina en el país desde la salida del dictador, pero el impacto en la moral de los refugiados es muy real: “Ya no tengo ninguna motivación. Antes iba a hacer deporte todos los días, sin importar lo duro que fuera mi trabajo, pero ahora ya no tengo ganas de nada”, describe.

A su lado, Ahmad al-Hariri, miembro de una asociación de la comunidad siria, asiente con la cabeza: “Estamos organizando un café lingüístico y vemos que cada vez viene menos gente. Nos dicen: ¿para qué aprender alemán si no nos quieren? Sin embargo, estas personas quieren aprender y llevar una vida normal. Creo que el objetivo del gobierno no es solo suspender la reagrupación familiar, sino no tener más refugiados en el país”.

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A finales de enero, más de 4.600 personas seguían esperando una respuesta a su solicitud de reagrupación familiar, entre ellas 3.600 sirios.

 

Traducción de Miguel López