Entre las direcciones generales de Medio Ambiente y de Salud de la Comisión Europea la tensión es palpable. Según documentos internos del mes de julio, a los que ha tenido acceso Mediapart (socio editorial de infoLibre), los funcionarios europeos del área de sanidad se oponen con vehemencia a las propuestas de sus colegas del departamento de medio ambiente.
Este último desea, como medida de precaución, ampliar las posibilidades de prohibir las sustancias químicas basándose únicamente en su peligrosidad intrínseca. Por su parte, la Dirección General de Salud prefiere llevar a cabo evaluaciones de riesgo específicas, en función del uso de la sustancia.
Esta batalla –muy técnica, pero también muy política– tiene lugar entre bastidores, en el contexto de la elaboración de la Estrategia para la sostenibilidad de los productos químicos, documento que el Ejecutivo de Bruselas presentará el 14 de octubre. Esta pieza central del Nuevo Pacto Verde Europeo, defendido por la Comisión de Ursula von der Leyen, debería permitir avanzar hacia un medio ambiente “no tóxico”.
Decir que este objetivo ha generado expectativas muy altas entre los defensores del medioambiente, que llevan años exigiendo que el Ejecutivo europeo acabe con las lagunas legislativas sobre sustancias químicas, es quedarse corto. Un ejemplo famoso de estas lagunas es el Bisfenol A. La sustancia está reconocida como “tóxica para la reproducción”, pero también como “perturbador endocrino” en el reglamento europeo REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias químicas). Por lo tanto, se sabe que es peligroso. Pero sólo está prohibido para la fabricación de papel térmico y biberones. Todavía está presente en los revestimientos de latas, de cajas de pizza o en algunas botellas de agua.
La estrategia para la sostenibilidad de los productos químicos es objeto de todas las miradas. “No ha habido una mirada prospectiva desde 2001”, advierte Pelle Moos, de la Organización Europea de Consumidores. Se trata de una oportunidad a la escala de una generación”. “Esta estrategia podría cambiar las cosas”, señala Tatiana Santos, de la ONG Oficina Europea del Medio Ambiente. La industria está incluso empezando a preocuparse por una “revolución en la legislación, más que por una evolución”, como dice Sylvie Lemoine, directora ejecutiva de gestión de productos, del Consejo Europeo de la Industria Química.
Hay mucho en juego. En Europa, en el mercado hay alrededor de 140.000 sustancias químicas, en la mayoría de los artículos que consumimos; de ellas, el 74% de los cuales tienen propiedades peligrosas para la salud humana. Pero la industria química también es un sector económico poderoso, con 2.000 empresas en Europa y 1,2 millones de trabajadores. La regulación del sector es, pues, objeto de un intenso debate entre los imperativos sanitarios y el realismo económico.
“El reto consiste en elegir entre un sistema centrado principalmente en el peligro intrínseco de las sustancias, ciertamente un poco básico pero muy práctico y protector, y un sistema en el que todo tiene que probarse, mediante evaluaciones detalladas de los riesgos y estudios largos y a veces inútiles”, desentraña un especialista de un organismo de un Estado miembro de la UE. Hoy en día, el derecho europeo se basa en una combinación de ambos.
La Dirección General de Salud ha dejado claro que no desea manifestar su “apoyo a la expansión generalizada de un proceso de toma de decisiones basado en el peligro”, según los documentos a los que ha tenido acceso Mediapart. Estas tensiones cristalizan en torno a un concepto poco conocido fuera de los círculos internos, pero crucial en la regulación de las sustancias peligrosas: la evaluación genérica de los riesgos.
La idea es simple; cuando una sustancia se clasifica en Europa como cancerígena, mutágena o tóxica para la reproducción (CMR), se desencadena una serie de prohibiciones casi automáticamente. El objetivo es actuar rápidamente y tomar decisiones sobre la base de esta propiedad peligrosa, sin entrar en los detalles de evaluaciones detalladas que, muy teóricamente, permitirían el uso “seguro” de la sustancia.
Esta posibilidad ya existe en el marco del reglamento Reach. Una vez que una sustancia es reconocida como “CMR”, ya no puede venderse como tal en las tiendas, ni en forma de mezclas líquidas. Más raramente, este procedimiento de vía rápida se aplica a los productos de consumo. Recientemente, 33 sustancias “CMR” han sido prohibidas en los textiles sobre esta base.
Pero eso no es todo. Una clasificación “CMR” también desencadena prohibiciones en algunas legislaciones sectoriales, como la de juguetes, cosméticos o plaguicidas, pero no automáticamente en otros campos legislativos, como la que regula los materiales en contacto con los alimentos. Los funcionarios de la Dirección General de Medio Ambiente proponen ampliar esta “evaluación genérica de riesgos”, que supone permite prohibir rápidamente los productos peligrosos, a las sustancias neurotóxicas, los alérgenos y especialmente los perturbadores endocrinos, cuyos terribles efectos sobre la salud humana están cada vez más documentados, aunque dichas sustancias estén mal reguladas.
Las últimas estimaciones científicas sitúan el número de perturbadores endocrinos en nuestro entorno en 1.400. Hoy en día, sólo 19 de ellas se consideran “sustancias altamente preocupantes” en el reglamento Reach. Esto muestra la importancia del documento que se está elaborando actualmente en Bruselas.
La evaluación genérica de riesgos se aplicaría a toda la legislación, incluida la legislación alimentaria, que es de dominio casi exclusivo de la Dirección General de Salud. La industria no quiere esta reconfiguración. Los funcionarios de la DG de Salud, tampoco.
En realidad, los funcionarios europeos que trabajan en el área de salud están acostumbrados a un corpus legislativo –la legislación alimentaria desarrollada por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (Efsa)– más antiguo que el reglamento Reach y generalmente basado en evaluaciones de riesgos y umbrales de exposición específicos. Para la DG de Salud, el asunto está resuelto: “El sistema actual funciona bien. Permite tomar medidas adecuadas”, dice el documento. En resumen, no tocar.
Sin embargo, las deficiencias de este sistema han quedado demostradas una y otra vez. En 2018, se restringieron cuatro ftalatos en el marco del reglamento Reach, en particular debido a sus características como perturbadores endocrinos. Estas sustancias hacen posible que los plásticos sean flexibles. Sus usos son muy numerosos, en cortinas de baño, pañales o guantes de plástico. Estas restricciones se aplican a la mayoría de los bienes de consumo... excepto a los materiales en contacto con los alimentos porque se trata de otro silo legislativo, para el que la Efsa, la Autoridad de Seguridad Alimentaria, continúa sus análisis de riesgos. Y mientras tanto, estos ftalatos se encuentran en botellas de plástico o papel en contacto con la comida.
Para Barbara Demeneix, endocrinóloga, directora de investigación del CNRS y especialista indiscutible en perturbadores endocrinos, hay mucho en juego. En su opinión, es “absolutamente necesario que la Comisión Europea no se retracte de su propuesta de un enfoque basado en el peligro intrínseco de las sustancias, también en la legislación que entra en el ámbito del derecho alimentario”. Nosotros [la Sociedad de Endocrinología] creemos que una vez que se identifica un disruptor endocrino, debe ser prohibido.
En el mismo sentido, también según los documentos obtenidos por Mediapart, la Dirección General de Salud está en contra de la introducción de un “factor de evaluación de las mezclas”. Hoy en día, las sustancias y sus posibles efectos en los seres humanos se evalúan individualmente. “Mientras que todos estamos expuestos a múltiples sustancias cuyos efectos combinados son más peligrosos que los efectos de cada sustancia tomada aisladamente”, describe Barbara Demeneix. El tema de las mezclas ha sido completamente ignorado hasta ahora.
La Dirección General de Medio Ambiente quiere aplicar una receta general para hacer frente a este fenómeno. Cuando se registra una sustancia, se aplicaría un “factor” para calcular el impacto potencial de su efecto en la salud humana en combinación con otras sustancias con las que es probable que esté asociada en el medio ambiente, y para tenerlo en cuenta en las evaluaciones. Esto conllevaría, por precaución, a la obligación de reducir la concentración “aceptable” de muchas sustancias en los productos de consumo.
La Dirección General de Salud, por su parte, cree que es demasiado pronto para imponer semejante “factor”. Se destaca la labor que el Organismo de Seguridad Alimentaria ha venido realizando durante más de 15 años para tratar de abordar la cuestión de las “mezclas” de manera más específica. “El problema es que resulta imposible definir con precisión los efectos combinados de decenas de miles de sustancias. El ‘factor’ es una respuesta científica a las incertidumbres”, explica una fuente europea. El impacto de tal medida sería inmediato en la industria, por ejemplo en el campo de los aditivos alimentarios, cuya concentración tendría que reducirse casi inmediatamente.
Ahora, los puntos de vista de las distintas administraciones son conocidos; los comisarios europeos deben decidir. Es el momento de las a elecciones políticas. Una decisión que comprometerá a Europa –y la salud de los 448 millones de europeos– durante los próximos 15 años.
El Pacto Verde europeo, un proyecto ambicioso que engrosará las facturas de la calefacción y los combustibles
Traducción: Mariola Moreno
Leer el texto en francés:
Entre las direcciones generales de Medio Ambiente y de Salud de la Comisión Europea la tensión es palpable. Según documentos internos del mes de julio, a los que ha tenido acceso Mediapart (socio editorial de infoLibre), los funcionarios europeos del área de sanidad se oponen con vehemencia a las propuestas de sus colegas del departamento de medio ambiente.