El asunto, políticamente sensible, se ocultó debajo la alfombra mientras duró la campaña del Brexit. Hasta que reapareció este miércoles 20 de julio en forma de anuncio con aspecto de pequeña victoria para la diplomacia francesa en Bruselas. La comisaria europea de Empleo explicó que mantenía, casi en su integridad, el texto inicial relativo a la revisión del estatuto de los trabajadores desplazados en Europa, pese a que la pasada primavera 11 Estados miembros (casi todos del Este) se sublevaron, instándola a tirar la toalla.
“Hemos analizado con detalle los argumentos presentados por los Parlamentos nacionales y hemos debatido con ellos sus preocupaciones. En esencia, hemos llegado a la conclusión de que nuestra propuesta respeta plenamente el principio de subsidiaridad y, por ende, la mantendremos”, explicó la belga Marianne Thyssen, demócratacristiana, lo mismo que su jefe Jean-Claude Juncker. Al responder así, el Ejecutivo europeo lanza un nuevo pulso muy arriesgado al bloque de los países del Este, en un momento en que la crisis migratoria ha tensado mucho las relaciones en este último año.
Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia y sus aliados (todos Estados excomunistas, salvo Dinamarca) recurrieron el pasado 10 de mayo a un procedimiento previsto por el Tratado de Lisboa, conocido como “tarjeta amarilla”. A éste sólo se había recurrido en dos ocasiones hasta la fecha. Los países consideraban que el texto de la Comisión, presentado en marzo de 2016, suponía una injerencia en las competencias exclusivas de los Estados (en materia de las prestaciones sociales, fundamentalmente), por lo que enviaron un aviso a Bruselas, y pidieron a la comisaria que revisara el texto.
Tras dos meses de reflexiones y de consultas jurídicas, el Ejecutivo de Jean-Claude Juncker ha optado por dar muestras de firmeza, algo que no es demasiado frecuente en los tiempos que corren, en la capital belga; estima que el principio de “subsidiaridad” (que reparte las competencias entre Bruselas y los Estados miembros) se respeta y, por tanto, no ha cambiado ni un ápice su propuesta. “El desplazamiento de trabajadores es una cuestión, por definición, transnacional”, subrayó Thyssen el miércoles, para recordar que hacía más de 20 años que Europa tenía control sobre esos asuntos.
“Era la única respuesta posible: entre el Brexit y la eurofobia creciente, la Unión Europea debe reafirmar su dimensión humana”, se felicitaba la eurodiputada francesa Élisabeth Morin-Chartier, de Los Republicanos, que será coponente del texto en los debates que darán comienzo en otoño, en el Parlamento Europeo. Comparte esta opinión el eurodiputado socialista Guillaume Balas, especialista en asuntos sociales, a preguntas de Mediapart: “Thyssen da muestras de valor, sigue pensando que su propuesta es buena y tiene razón”. Y advierte: “Ahora hace falta demostrar a nuestros amigos del Este que se trata de una cuestión absolutamente crucial si se quiere salvaguardar Europa”.
La eurodiputada de Los Verdes Karima Delli, “saluda la voluntad de la Comisión de mantener el rumbo”, al reconocer que “las negociaciones se anuncian difíciles”. Por su parte, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) juzga que la Comisión Juncker “ha tomado la decisión correcta”: “Por fin podemos continuar el debate democrático sobre este texto, mediante un procedimiento legislativo normal”. Por contra, el jefe de Business Europe, representante de la patronal en Bruselas, se muestra indignado: “La Comisión ha optado por mantener en la agenda otro asunto que divide a los Estados miembros”, ha dicho Markus J. Beyrer, para quien “las normas ya en vigor” bastan para luchar contra los abusos por lo que, en su opinión, no es necesario añadir “burocracia”.
El desplazamiento no afecta más que a una pequeña minoría de los trabajadores del continente. Algo menos de dos millones de ellos, es decir el 0,7% de la mano de obra total, según Eurostat. Sin embargo, esta población va en aumento cada año (+44% en una década). Sobre todo, el asunto se ha convertido en uno de los indicadores de la dificultad, para la UE, de afirmarse como “Europa social”, mientras que el Brexit ha recordado hasta qué punto los efectos de la globalización siguen inquietando a muchos ciudadanos.
La directiva que rige ahora el desplazamiento de los trabajadores data de 1996. Entonces, estaba dirigida a luchar contra el dumping social por la llegada de trabajadores españoles o portugueses a países más ricos de Europa del Norte. Pero la ampliación de la Unión al Este, en 2004, lo cambió todo, y las disparidades sociales en el continente han aumentado. En ese contexto se acuñó la despreciada fórmula del “fontanero polaco”, que resume por sí misma las derivas del dumping social en el continente.
No fue hasta 2014 cuando se introdujeron enmiendas al texto de 1996. La mayoría de los países del bloque del Este juzgan que ahora es necesario esperar a cuantificar los resultados, sobre el terreno, de esta “directiva de aplicación”, un texto modesto en el fondo y que ha resultado muy difícil de llevar a buen puerto. No opina igual la Comisión Juncker, que ha hecho de la revisión de la directiva de 1996 uno de los textos fundamentales de su mandato. Éste esta destino, en concreto, a mejorar la remuneración de los desplazamientos, para que sea similar a la de los trabajadores locales. Hasta la fecha, la única ley sobre la remuneración de los “desplazados” recoge que éstos deben cobrar al menos el salario mínimo en el país de acogida. “A mismo puesto, en un mismo sitio, mismo sueldo”, llegó a prometer Juncker.
El pasado 3 de julio, invitado por TF1, Manuel Valls amenazó con, si las cosas no se desbloqueaban en Bruselas, no volver a aplicar –de manera unilateral– la directiva de 1996. “El Gobierno francés quiere convencer –y muchos países coinciden– de que es necesario un cambio, debe igualarse, por arriba, para luchar contra el dumping social, que se deben pagar las cotizaciones sociales más elevadas […]. Si no se nos escucha, habrá que decir que Francia no aplica más esta directiva”, soltó Valls, días después del seísmo que supuso el Brexit. Así las cosas, el primer ministro francés, que sabe de sobra que Marine Le Pen, la presidenta del Frente Nacional, ha hecho de las derivas del desplazamiento uno de sus asuntos preferidos, parece haber sido entendido en la capital belga.
Sin embargo, no ha convencido a todo el mundo. “Las cuatro libertades, incluidas la de la libre circulación de los trabajadores, son muy importantes. Pero las prestaciones sociales son diferentes de un Estado miembro al otro”, ha argumentado el presidente de Letonia, Raimonds Vejonis, en una entrevista reciente concedida a The Financial Times. “La igualdad de las prestaciones sociales en todos los Estados de la UE no permitiría reforzar Europa, lo que no haría sino aumentar las divisiones entre las diferentes regiones”, añadió.
No obstante, la firmeza de la Comisión Juncker no debe llamar a engaños: las negociaciones no serán sencillas. El resultado es incierto y todo va a depender sin duda de la capacidad de los negociadores para no rechazar en bloque las exigencias del Estado. “Tendremos que hablar mucho, no despreciar a los que piensan de un modo distinto, manteniendo sus convicciones…”, pronostica Guillaume Balas. El socialista es el autor de un informe sobre el dumping social, adoptado por amplia mayoría en la comisión de “empleo” del Parlamento Europeo a principios de julio y que podría votarse de inmediato, en pleno, en septiembre. La consulta del texto, que no vinculante, va a ser sin duda una primera prueba en Estrasburgo, que permitirá medir hasta dónde llegan los desacuerdos sobre estos desafíos decisivos de armonización social.
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El Gobierno incumple sus obligaciones legales con la UE: tiene pendiente de transponer 78 directivas europeas
Traducción: Mariola Moreno
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El asunto, políticamente sensible, se ocultó debajo la alfombra mientras duró la campaña del Brexit. Hasta que reapareció este miércoles 20 de julio en forma de anuncio con aspecto de pequeña victoria para la diplomacia francesa en Bruselas. La comisaria europea de Empleo explicó que mantenía, casi en su integridad, el texto inicial relativo a la revisión del estatuto de los trabajadores desplazados en Europa, pese a que la pasada primavera 11 Estados miembros (casi todos del Este) se sublevaron, instándola a tirar la toalla.