Desde la apertura de la sesión plenaria en Estrasburgo el lunes por la noche, los eurodiputados de todos los grupos han expresado su "consternación", "tristeza" y "enfado" en todos los tonos posibles. "La democracia europea está siendo atacada", afirmó la presidenta, Roberta Metsola. La conservadora maltesa resumió la gravedad del momento para una institución cuya credibilidad acaba de recibir un duro golpe, a un año y medio de las elecciones europeas. Pero más allá de las fórmulas solemnes y las promesas de reforma, el nerviosismo reina en los pasillos del Europarlamento. Muchos temen que surjan otros nombres en el curso de la investigación, lo que confirmaría la influencia de potencias extranjeras, entre ellas Catar, en el corazón de la maquinaria europea.
El lunes por la tarde, el juez de instrucción belga Michel Claise llevó a cabo un nuevo registro, esta vez directamente en la sede del Parlamento en Bruselas, con lo que son ya 20 los registros realizados desde el viernes. "Puede haber patitos feos en todos los grupos, la investigación nos lo dirá", ha dicho el macronista Stéphane Séjourné, jefe de Renovación, tercer grupo del Parlamento (liberales).
Por el momento, han sido detenidas cuatro personas, entre ellas la ex vicepresidenta del Parlamento Eva Kaili, por presunta organización criminal, corrupción y blanqueo de capitales. Según Le Soir, sólo en los dos domicilios del eurodiputado griego y del ex eurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri se incautaron más de un millón y medio de euros en efectivo. Se les acusa de haber recibido estos sobornos de países extranjeros a cambio de servicios en la institución.
Eva Kaili, expulsada el domingo del Partido Socialista griego, fue destituida de su cargo de vicepresidenta en una votación celebrada el martes en Estrasburgo por abrumadora mayoría (625 eurodiputados de los 628 presentes). Pero sigue siendo eurodiputada porque aún no ha presentado su dimisión.
Desde el lunes por la noche, los grupos políticos de la Eurocámara negocian la redacción de una resolución, que debería aprobarse por amplia mayoría el jueves, para extraer las primeras lecciones del "terremoto", en palabras del eurodiputado francés Raphaël Glucksmann.
Aunque la figura de Kaili y su pareja, el asistente parlamentario italiano Francesco Giorgi, han atraído casi todos los focos desde finales de la semana pasada, es Panzeri, un viejo conocido del Parlamento (elegido durante tres legislaturas por el Partido Demócrata, de 2004 a 2019, pilar durante mucho tiempo de la Comisión de Asuntos Exteriores, habitual en temas relacionados con Marruecos y presidente durante un tiempo de la Subcomisión de Derechos Humanos), quien parece ser la figura central del escándalo en curso.
El proyecto de liberalización de visados para Catar en la UE ha quedado aplazado indefinidamente
Según el diario Politico, que ha tenido acceso a la solicitud de extradición redactada por el juez belga, dirigida contra la esposa y la hija de Panzeri que permanecen en Italia, el ex eurodiputado está acusado de haber presionado a sus antiguos colegas del Parlamento en beneficio de Catar, pero también de Marruecos. El documento nombra al embajador de Marruecos en Polonia, Abderrahim Atmoun, como parte de una red que supuestamente permitió a la familia Panzeri obtener regalos como dinero en efectivo.
Otro eurodiputado en activo implicado en el asunto, Marc Tarabella, socialista belga muy relacionado con los medios de comunicación, elegido ininterrumpidamente desde 2004, ha evitado por el momento la cárcel. Su domicilio fue registrado el sábado y el martes suspendido de militancia tanto en el Partido Socialista belga como en el Grupo Socialdemócrata (S&D) del Parlamento Europeo. Tarabella, ferviente partidario del Mundial de Catar, niega haber recibido regalos del emirato y goza hasta ahora de inmunidad parlamentaria.
El escándalo podría extenderse a otras instituciones. Como muestra de la extrema febrilidad del momento, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante una rápida rueda de prensa celebrada el lunes a mediodía en Bruselas, se negó a comentar el caso de uno de sus comisarios, el griego Margaritis Schinas, provocando la reprimenda de los periodistas presentes en la sala. Schinas, comisario responsable de "proteger el modo de vida europeo", representó a la UE en la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo de fútbol en Catar.
También afirmó haber mantenido "conversaciones constructivas" en Doha el 20 de noviembre sobre la liberalización de los visados para los cataríes que viajan a Europa (un proyecto paralizado desde que estalló el escándalo en la Eurocámara). Pero el conservador griego también había elogiado unas semanas antes los avances de Catar en materia de derechos laborales, al igual que hizo Eva Kaili en noviembre en el pleno del Parlamento.
El martes, Schinas negó cualquier incongruencia y dijo que sólo había trasladado las posiciones del Ejecutivo comunitario. La víspera, Manon Aubry (LFI, líder del grupo La Izquierda), había ironizado desde la tribuna de Estrasburgo, sin nombrarle, sobre "los elogios ostentosos y repetidos de Catar" por parte del comisario, afirmando que "cada institución debe poner orden en su casa".
Gran malestar entre los socialdemócratas
En esta fase de la investigación, todos los sospechosos están vinculados, o lo estuvieron hace años, al grupo socialdemócrata (S&D), el segundo mayor grupo del Parlamento. "El daño a la democracia europea es demasiado grande para enzarzarse en batallas políticas", advirtió Manfred Weber, eurodiputado conservador alemán que encabeza el derechista PPE.
Pero esta no es la postura de los grupos más pequeños de la Cámara, que consideran que en el pasado han dado la voz de alarma sobre las posturas pro cataríes de algunos eurodiputados o, más en general, sobre la injerencia de Estados autoritarios extranjeros, sin haber sido escuchados. "Estamos de acuerdo en no explotar políticamente lo que está pasando, pero las responsabilidades de los grupos no son todas iguales", argumenta el ecologista Mounir Satouri.
"Es frustrante porque son cosas que llevamos mucho tiempo defendiendo aquí sin que nunca se nos haya escuchado", añade Yannick Jadot, que asegura que los ecologistas son el único grupo del Parlamento que rechaza los viajes al extranjero pagados, total o parcialmente, por terceros -empezando por los Estados del Golfo (el código de conducta del Parlamento autoriza estas invitaciones, bajo condición de que los eurodiputados las notifiquen).
Aunque el asunto es particularmente embarazoso para los socialdemócratas, no se trata sólo de un puñado de europarlamentarios que están bajo sospecha y que habrían pasado desapercibidos, como tiende a resumir un poco rápidamente ahora Iratxe García Pérez, la socialista española que dirige el grupo. Si repasamos las sesiones parlamentarias, veremos que esos individuos han conseguido provocar dinámicas colectivas internas, a veces con graves consecuencias.
La verdadera cuestión es saber si esos elementos corruptibles han podido tener efectos políticos
El 21 de noviembre, la mayoría de la delegación del S&D presente ese día (59 en contra, 12 a favor) se opuso a la petición presentada por Manon Aubry de una resolución sobre los derechos humanos en Catar. Al parecer, los eurodiputados implicados en el actual escándalo, Kaili, Tarabella o la socialista belga Maria Arena, habían logrado convencer a la mayoría de su grupo de las virtudes de Catar. Incluida la presidenta española Iratxe García, que dice haber seguido a la mayoría de su grupo en aquel momento...
En el ámbito del Parlamento, Aubry reunió sin embargo ese día una mayoría de los votos para que se negociase a puerta cerrada una resolución durante la cual los socialdemócratas adoptaron una posición tan favorable a Catar que la eurodiputada se preguntaba el 24 de noviembre, en un vídeo premonitorio: "¿Se ha infiltrado Catar en las negociaciones? Manon Aubry habla de una "clara alianza" entre los dos grandes grupos, el S&D y el PPE, para proteger a Catar.
Dentro del S&D, la delegación francesa (Aurore Lalucq, Sylvie Guillaume, etc.) votó a favor de incluir la resolución en la agenda y se opuso internamente a las posiciones pro-Catar. De este revelador episodio, que ha dejado profundas huellas en el grupo, Raphaël Glucksmann dice ahora: "Siempre hay elementos corruptibles en cualquier grupo. La verdadera cuestión es saber cómo estos elementos corruptibles pudieron y pueden tener efectos políticos... ¿Cómo pudo nuestro grupo mantener tal postura sobre Catar? ¿Cómo creamos procesos, normas, para crear una inmunidad sistémica a la influencia de estas personas?".
Hay una cultura de impunidad en el Parlamento
Este es uno de los vertiginosos efectos del escándalo actual: nos invita a reexaminar con lupa toda una serie de votaciones de los últimos años relativas a los países del Golfo, pero también las batallas entre Marruecos y el Sáhara Occidental, por ejemplo, sobre los tratados comerciales UE-Marruecos, y a preguntarnos si algunas de las personas que participaron en la votación no estaban directamente corrompidas por los regímenes en cuestión.
La presidenta de la comisión de Transportes del Parlamento Europeo, la francesa de Los Verdes Karima Delli, está ahora preocupada por la interferencia de Catar en un acuerdo de transporte aéreo con Qatar Airways en octubre de 2021. ¿Pueden anularse estos votos a posteriori?
Prueba del malestar palpable estos días en el hemiciclo, el examen de una resolución de urgencia que parecía bastante consensuada, denunciando los derechos humanos en Bahrein, también ha sido aplazado, en particular porque los socialdemócratas temen, al defender este texto, ser vistos una vez más como defensores de Catar, debido a la rivalidad entre esos dos regímenes.
¿Hacia una Alta Autoridad para la Transparencia en la Vida Pública de la UE?
Para Michiel van Hulten, ex eurodiputado y ahora director de la ONG Transparency International en Bruselas, este episodio no es un incidente aislado, sino que revela una "cultura de la impunidad" que funciona intramuros del Parlamento y que es posible gracias a unos mecanismos de control demasiado laxos.
Como con cada escándalo que lo sacude, el Parlamento intenta encontrar a toda prisa salidas a la crisis, para demostrar su buena voluntad. Desde el lunes han surgido un montón de propuestas, muchas de las cuales deberían incluirse en la resolución que se votará el jueves. Pero, ¿qué quedará de ellas dentro de unas semanas, cuando se haya calmado un poco la presión mediática?
Varios grupos (S&D, Liberales, Verdes, La Izquierda, etc.) han acordado crear una comisión de investigación sobre el escándalo, que podría basarse en el trabajo de la comisión especial sobre injerencias extranjeras (presidida por Glucksmann). Muchos abogan no sólo por hacer obligatoria la inscripción de los grupos de presión en el registro de transparencia de las instituciones de la UE, sino también por añadir a representantes de terceros países, como Catar o Marruecos.
También podrían discutirse las ventajas concedidas a los ex eurodiputados, que tienen libre acceso a los edificios del hemiciclo de Bruselas y Estrasburgo, por ejemplo, un privilegio que Pier Antonio Panzeri sin duda ha podido esgrimir ante sus hipotéticos clientes extranjeros. Transparency International también recomienda reforzar la protección de los posibles denunciantes dentro de la institución, especialmente los asistentes, que están en primera fila en caso de conflicto de intereses con su diputado.
La ONG también pide que se publiquen todas las reuniones de todos los eurodiputados, mientras que en la actualidad sólo están obligados a hacerlo los presidentes de las comisiones y los ponentes, y sólo si esas reuniones están relacionadas con su trabajo. Sin embargo, es poco probable que la cuestión de los viajes y regalos a los eurodiputados, o la posibilidad de realizar actividades remuneradas fuera de su trabajo oficial -siempre que se declaren- sean debatidas a corto plazo.
Como siempre en estos asuntos, una cosa es hacer más virtuoso el "código de conducta" de la institución –un texto que ya ha sido reformado y mejorado en los últimos años– y otra hacerlo cumplir. En su forma actual, corresponde a un "comité consultivo" de cinco eurodiputados –entre los que se encontraba hasta hace poco el francés Pascal Durand– hacer recomendaciones a la presidencia del Parlamento sobre el caso problemático de un eurodiputado en particular.
Por regla general, la Presidencia es reacia a imponer sanciones, pues considera que es mejor no salpicar a la institución en su conjunto. Durante la anterior legislatura (2014-2019), este comité asesor detectó veinticuatro incumplimientos del código de conducta, pero solo un caso acabó en sanción económica, según los datos de Transparency.
Además, el Parlamento no dispone de medios para realizar controles a priori, por ejemplo para confirmar la veracidad de las declaraciones financieras de los diputados cuando entran y salen de la institución. De ahí la propuesta, apoyada por varios grupos, de crear una "Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública", siguiendo el modelo francés, en el ámbito de las instituciones de la UE.
Eso ya fue una promesa electoral de Ursula von der Leyen antes de convertirse en presidenta de la Comisión Europea en 2019. Los eurodiputados ya han estado trabajando en la configuración de esta autoridad supervisora. Pero desde hace tres años, el ejecutivo de Bruselas ni siquiera ha presentado una propuesta. Ursula von der Leyen volvió a hablar de ello el lunes, pero sin dar un calendario.
"Si no lo hace más o menos un año antes de las elecciones europeas, sería un error político", dijo Yannick Jadot. "Es ahora o nunca", añadió Manon Aubry.
'Der Spiegel' desvela que el escándalo de los sobornos a europarlamentarios implica también a Marruecos
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Traducción de Miguel López