Hace apenas un año, nadie habría apostado por este anuncio sobre la lucha contra la evasión fiscal: los gobiernos se comprometen a poner en práctica el intercambio automático de información a partir de 2017. Hace dos años, se habría considerado simple y llanamente inconcebible. Sin embargo, el pasado miércoles 29 de octubre, en Berlín, 93 países se comprometieron a compartir de forma automática, en 2017 o 2018, información fiscal. Y, por ende, esto supone asestar un golpe muy importante al secreto bancario y al fraude fiscal. En efecto, el intercambio automático de datos es la herramienta más útil en materia de transparencia fiscal. Hace años que las asociaciones de lucha contra el fraude lo consideraban uno de los objetivos fundamentales.
Este sistema implica que con carácter anual, las entidades financieras de un determinado país tengan que reunir la información financiera (saldos de las cuentas, intereses, dividendos y otros ingresos) que posean de los ciudadanos extranjeros con una cuenta abierta en dicho Estado y comunicarla a la administración fiscal correspondiente, a su vez encargada de proporcionársela al país en el que residen sus ricos clientes. En resumen, quita las ganas de intentar defraudar al fisco. Además, a partir de los acuerdos adoptados el pasado miércoles 29, los bancos tendrán que conocer y comunicar la identidad real de aquellos que se esconden tras las cuentas de los trusts trusts(Jersey es un campeón en la materia), de las fundaciones o de las eventuales sociedades pantalla, responsables de ir borrando tras de sí cualquier rastro.
El acuerdo berlinés se ha alcanzado bajo la égida de la OCDE –el club que reúne a 34 países ricos–, al que el G20 le encomendó la misión de coordinar la lucha mundial contra la evasión fiscal, y que fue el encargado de organizar un foro fiscal muy activo que reagrupa a más de 120 países. Este foro, que adquirió el compromiso de luchar contra los paraísos fiscales, ha logrado hitos notables en poco tiempo, dicho sea de paso.
“Que un número tan importante de jurisdicciones haya decidido intercambiar automáticamente informaciones relativas a las cuentas financieras pone de manifiesto que es posible lograr un cambio importante cuando la comunidad internacional une sus esfuerzos al servicio de un objetivo preciso y ambicioso”, se congratuló el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurria. “Para los defraudadores, el mundo es un terreno cuyas dimensiones se reducen rápidamente”.
58 países, de entre los cuales 51 firmaron el acuerdo en Berlín, han aceptado intercambiar de forma automática información sobre las cuentas antes de septiembre de 2017. Entre los firmantes se encuentran territorios que merecen, sin medias tintas, el calificativo de paraíso fiscal, como las Bermudas, las islas Vírgenes Británicas, Liechtenstein o Jersey. Algunos países, con Luxemburgo a la cabeza, son territorios que han luchado con uñas y dientes durante años por preservar el secreto fiscal. Al margen de Austria, que ha obtenido una moratoria de un año, los países de la Unión Europea entran a formar parte de esta primera oleada, lógicamente, conforme a la decisión adoptada relativa al intercambio automático de información en el seno de la UE, validada definitivamente el 14 de octubre.
Otros 35 países se han dado de plazo hasta 2018 para sumarse al acuerdo, entre estos Estados se encuentra Suiza (que oficialmente se rindió en mayo), China, Bahamas, Mónaco, Singapur, Arabia Saudí o la región de Hong Kong. Hasta el último momento, se mantuvieron las negociaciones con el fin de que se sumara el máximo número de países posible. A veces, estas negociaciones fueron dirigidas directamente por el responsable de Fiscalidad de la OCDE, el francés Pascal Saint-Amans, muy activo en la materia desde 2009. Bahamas, Belice, Brunei y los Emiratos Árabes Unidos también se subieron al tren in extremis. Se trata de todo un éxito para Saint-Amans, que además coordina los esfuerzos cada vez más sofisticados puestos en marcha por la comunidad internacional para impedir a las multinacionales que comentan fraude en el pago de los impuestos.
Para los centros financieros offshore que, desde hace años, si no décadas, han amasado una fortuna merced a la evasión fiscal de sus clientes, estamos ante compromisos revolucionarios. “Se trata de un logro considerable”, se ha vanagloriado en el diario económico Les Échos el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, entre los países ricos convocantes y que dirigió todo el proceso, con Alemania y Francia, en 2013. Su homólogo francés Michel Sapin también se regocijó en Le Mondepor esta “etapa decisiva e irreversible en la lucha contra el fraude fiscal” y por este “cambio de época”.
Finalmente, solo cinco países no se han adherido al acuerdo, situándose de facto en la lista negra de territorios no cooperantes. Se trata de Vanuatu y Nauru (Oceanía) y las Islas Cook (Pacífico), pero también el Golfo de Bahrein y Panamá, único centro financiero de envergadura que se ha quedado fuera del juego de la cooperación internacional.
La apisonadora norteamericana
Este espectacular hundimiento del secreto bancario mundial ha sido rápido. En 2009, numerosos países aceptaron ceder al intercambio de información, bajo petición, en respuesta, caso a caso, a las demandas recibidas de las administraciones fiscales o de las autoridades judiciales de los países socios, muchas veces cuidadosamente seleccionados.
Sin embargo, fue en 2010 cuando las cosas comenzaron a cambiar, a raíz de la votación en EEUU de la ley Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act), tras conocerse la acción de los bancos suizos, entre ellos, UBS, en el país. Promulgada en junio de 2014 en un centenar de países, la ley Fatca impone unilateralmente el intercambio automático de datos a los bancos que tienen clientes norteamericanos. En caso de que tal intercambio de datos no se lleve a cabo, los beneficios obtenidos en territorio de EEUU tributan al 30%.
Tras haber cedido a la apisonadora norteamericana y después de años de resistencia, Luxemburgo y Austria aceptaron acto seguido, en marzo, renunciar al secreto bancario referido a sus vecinos europeos. Esta victoria se vio ratificada definitivamente el 14 de octubre en la UE.
Estos avances, ¿cuánto pueden suponer para los Estados, que arañan de donde pueden en este periodo de penurias? Es imposible determinarlo con exactitud, pero la OCDE calcula que desde 2009, la veintena de países que se han unido para acabar con el secreto bancario, han recaudado más de 29.000 millones de euros adicionales en impuestos. En Francia, a finales de mayo de 2014, más de 24.000 contribuyentes poco sensibles iniciaron el para regularizar sus cuentas, aunque solo 6.300 de ellos lo completaron. Más del 80% de estos expedientes estaba relacionado con dinero oculto en Suiza.
El oro, los cuadros o los jets privados escapan al control
Sobre el papel, los individuos ricos deseosos de esconder su fortuna al fisco tienen motivos para estar preocupados, en tanto en cuanto las salidas que hasta ahora tenían a su alcance pasan a ser arriesgadas. Sin embargo, todavía tienen largos meses por delante para organizarse bien y para explorar nuevas vías que aún tienen a su alcance. Porque, por supuesto, las soluciones de la OCDE no aportan respuestas para todo. En primer lugar, será necesario asegurarse de que en la práctica funcionan, para lo que será necesario establecer controles estrictos, que requieren de tiempo y de dinero. Porque nada garantiza que territorios como China, Singapur o Hong Kong, por citar algunos ejemplos, estén tan comprometidos como para dejar a un lado su soberanía en asuntos tan importantes.
No obstante, aunque fuese el caso, seguirá habiendo un importante agujero en la red contra el fraude elaborada por la OCDE. Comenzando por el hecho de que, en lo que respecta a las cuentas abiertas antes de 2016, el intercambio de información solo afecta a aquellas con ¡más de 250.000 dólares! También supone un problema que EEUU, al aprobar su poderosa ley Fatca, no se haya visto obligado a ratificar los acuerdos de la OCDE. Porque si bien la ley Fatca garantiza al Fisco norteamericano la obtención de las informaciones que desea, el texto legislativo es por contra más laxo en lo que concierne a las obligaciones de EEUU para con sus socios.
Dicho de otro modo, los bancos norteamericanos no tendrán que proporcionar a otros países todos los datos de que disponen... Una cuestión peliaguda, habida cuenta de que numerosas sociedades registradas en Delaware, paraíso fiscal interno, solo son tapaderas muy poco controladas, que sirven para ocultar la identidad de los defraudadores.
Otro punto negro lo constituye Suiza, que ha logrado que las informaciones intercambiadas entre los países solo estén destinadas al fisco, pero que no puedan ser explotadas por la justicia de los países socios. Además, ha impuesto la “reciprocidad”. Los Estados no transmitirán informaciones más que a aquellos países que hagan lo mismo por ello. Lo que excluye claramente a los países en vías de desarrollo, que rara vez están en condiciones de poner en marcha la maquinaria precisa para intercambiar información aun cuando los países pobres son las principales víctimas de la evasión fiscal, que sus élites practican alegremente. Además, la cuestión de la reciprocidad no siempre es pertinente. El interés de Suiza, por ejemplo, de disponer de informaciones procedentes de África es muy relativo, mientras que a la inversa es fundamental para garantizar un reparto de los recursos en un continente pasto de corruptos.
Las operaciones de Oleguer Pujol con paraísos fiscales llevan a Pedraz a ordenar una batería de registros
Le Tax Justice Network, la ONG más beligerante en la lucha contra la evasión fiscal, lleva una relación detallada precisa y técnica de las lagunas legislativas que los países firmantes se han comprometido a solucionar. Se muestra relativamente pesimista. En un informe detallado, esta ONG aplaude lo que considera “un primer paso para acabar con el secreto bancario”, pero apunta las múltiples formas que tienen a su alcance los defraudadores para continuar delinquiendo. Señala por ejemplo que no se van a tener en consideración las informaciones relativas a la posesión de empresas o de bienes inmobiliarios, ni tampoco de oro ni obras de arte depositadas en cajas fuertes o puertos francos.
Así, los trusts o fundaciones que gestionan activos financieros, pero solo por una persona, quedan excluidos de este intercambio automáticotrusts. Y puesto que solo se ven concernidos los datos financieros, la organización TJN advierte de que el dinero invertido en coches de lujo, yates o jets privados o en propiedades inmobiliarias de lujo seguirán escapando a las miradas indiscretas del Fisco, que, falto de medios de verificación eficaces, no tendrá más alternativa que creer, como si fuese la Biblia, las informaciones proporcionadas por los ricos defraudadores a las instituciones financieras que han constituido sus sociedades pantalla. La transparencia completa y total aún esta lejos.
Traducción: Mariola Moreno
Hace apenas un año, nadie habría apostado por este anuncio sobre la lucha contra la evasión fiscal: los gobiernos se comprometen a poner en práctica el intercambio automático de información a partir de 2017. Hace dos años, se habría considerado simple y llanamente inconcebible. Sin embargo, el pasado miércoles 29 de octubre, en Berlín, 93 países se comprometieron a compartir de forma automática, en 2017 o 2018, información fiscal. Y, por ende, esto supone asestar un golpe muy importante al secreto bancario y al fraude fiscal. En efecto, el intercambio automático de datos es la herramienta más útil en materia de transparencia fiscal. Hace años que las asociaciones de lucha contra el fraude lo consideraban uno de los objetivos fundamentales.