Ya en 1992, Yves Mény, profesor e investigador en ciencias políticas, en su libro La Corruption de la République (Fayard), una de las pocas obras de referencia sobre la lacra de la corrupción en Francia escribía: "La corrupción se apoya en mecanismos, valores y reglas perfectamente integrados y legitimados por el sistema político. La corrupción no existe al lado o al margen del sistema, vive en simbiosis con él, se alimenta de sus debilidades, se infiltra en sus intersticios.”
Con la condena en apelación de Nicolas Sarkozy a tres años de cárcel, uno de ellos en firme, y la privación de sus derechos civiles durante otros tres, puede decirse que la corrupción ha llegado a la cumbre de la República Francesa.
Para llegar a su condena ha sido necesario un largo periplo policial y judicial: la investigación de los agentes de la Oficina Anticorrupción, la acusación de la Fiscalía Nacional Financiara (PNF), la causa que abrieron dos jueces de instrucción, los magistrados que validaron el procedimiento, la celebración de un juicio justo y los tres jueces de primera instancia que le consideraron culpable. Tras todo esto, un ex jefe de Estado era, por segunda vez en el mismo caso, reconocido culpable de cohecho y tráfico de influencias.
Con una particularidad: Sarkozy es considerado aquí como el corruptor, siendo el corrupto un ex magistrado del Tribunal de Casación, la más alta instancia del poder judicial (véase el artículo de Michel Deléan sobre la sentencia). Los condenados ya han anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo. En derecho, toda persona no condenada definitivamente sigue beneficiándose de la presunción de inocencia.
Es importante entender bien lo que ocurre en Francia. Esta condena, que también afecta al abogado y amigo de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog —actuó como intermediario secreto entre su cliente y el magistrado sobornado, según la justicia—, se inscribe en una agenda muy cargada para el ex presidente: una semana después de una petición de remisión a la justicia penal en el caso de la financiación libia y seis meses antes de la vista del recurso del escándalo Bygmalion, por el que fue condenado a un año de cárcel, el máximo en el que puede incurrir.
Ahora, en redes sociales, resurge como un boomerang esta declaración de Sarkozy en 2015: "Espero que no haya medidas de ajuste de penas para las condenas superiores a seis meses." Claro está, uno podría tomarse a broma esta disonancia con lo que le ocurre hoy, pero también dice algo fundamental. Cuando pronuncia esas palabras, Sarkozy habla evidentemente de todo menos de asuntos políticos y financieros, de la delincuencia de cuello blanco que forma parte de su entorno.
Pero el caso Bismuth es un ejemplo de libro de la negación francesa de este tipo de delincuencia y de las manipulaciones políticas y mediáticas que a veces la acompañan.
Breve repaso de los episodios anteriores
Hay que recordar que al principio, el caso Bismuth era el caso Taubira, el ex ministro de Justicia de François Hollande que había sido acusado de mandar pinchar los teléfonos de un adversario político. Sarkozy había comparado entonces los métodos de la policía francesa, de la que fue jefe durante mucho tiempo como Ministro de Interior, con los de la Stasi de Alemania del Este; es decir, de una dictadura. Una vez investigado, Sarkozy atacó con condescendencia y misoginia a "esas dos señoras" durante una entrevista televisiva, en referencia a las juezas de instrucción Claire Thépaut y Patricia Simon, que dirigieron la investigación.
El caso fue denominado por la prensa (no por Mediapart) como el "caso de las escuchas", como si el problema fueran los medios de investigación y no la corrupción que destaparon.
Recordemos también que un abogado estrella convertido en ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, es sospechoso de haber utilizado los resortes disciplinarios de su cartera ministerial para presionar a los magistrados de la Fiscalía Nacional Financiera, que habían investigado el caso. Todo ello en vísperas del primer juicio Bismuth, en el que su viejo amigo el abogado Herzog compareció junto a Sarkozy. Hechos que han llevado a Dupond-Moretti ante el Tribunal de Justicia de la República por "toma ilegal de intereses".
Recordemos asimismo los comentarios de editorialistas en la prensa (Le Point, Paris Match, Le Journal du Dimanche y otros) o en numerosos platós que, más papistas que el Papa y más jueces que el juez, gastaron mucha energía en desacreditar un caso sobre el que sin embargo admitían no saber nada. A este respecto, la palma se la lleva sin duda el ex director de Le Point, Franz-Olivier Giesbert, que escribió en su día esta maravillosa y pretenciosa frase: "Nosotros no hemos comentado el caso de las escuchas telefónicas. Es una oscura historia sin pies ni cabeza"
Pero también está el especialista judicial Christophe Barbier que habló de una "acusación excesiva que juega más en su favor"; el gran jurista Alain Duhamel que consideró que estamos "a un paso de un abuso procesal"; el psicólogo de la magistratura Hubert Coudurier que consideró que "los magistrados están ajustando cuentas"; el doctorando en ciencias políticas Ivan Rioufol que había entendido que había "ensañamiento político contra un político"; o el catedrático de derecho penal Pascal Praud que había concluido que la falta de "elementos materiales" en el caso era clamorosa. Más allá de sus profesiones, todos ellos son, en realidad, editorialistas de diferentes medios.
Por último, recordemos al actual Ministro de Interior, Gérald Darmanin, que, olvidando el deber de reserva de quien está al frente de la policía anticorrupción, es decir, el que ayudó a delatar al ex presidente, quiso testimoniar públicamente su "apoyo amistoso" a Nicolas Sarkozy el día de su condena en primera instancia.
Paramos aquí.
Una larga retahíla de caceroladas
Surge una pregunta: ¿vamos a volver a ver el mismo circo, con la confirmación de la condena de Nicolas Sarkozy por corrupción? ¿Vamos a preguntarnos una y otra vez si la justicia es política, si hay que suprimir la Fiscalía Financiera, como si nos preguntáramos si hay que suprimir la brigada antidroga tras una incautación de droga? ¿Tomarán por fin conciencia los medios de comunicación y las élites políticas francesas del nivel de corrupción en nuestro país?
Es de temer, por desgracia, que el hecho histórico de la condena en apelación de un ex presidente por corrupción no se vea como lo que es. Así, el miércoles 17 de mayo, un ex ministro de Defensa, Gérard Longuet, condenó una resolución judicial que, según él, se basaba en conversaciones telefónicas "a menudo en tono de humor". El diputado de Les Républicains Pierre-Henri Dumont denunció un juicio que no le parecía "justo". Por no hablar de las acusaciones de la magistrada del Tribunal de Apelación, Sophie Clément, que ya empiezan a salir a la luz.
El de Nicolas Sarkozy es un caso particular, pero no aislado.
Ojalá lo de Sarkozy fuera un caso aislado, secundario, pero no lo es. Antes que él, otro presidente de la República, Jacques Chirac, fue también condenado. Su primer ministro, Alain Juppé, fue condenado. El primer ministro de Sarkozy, François Fillon, fue condenado. El hombre que dirigió el partido mayoritario, el Partido Socialista, durante el mandato de François Hollande, Jean-Christophe Cambadélis, fue condenado. El ministro de Presupuesto del mismo Hollande, Jérôme Cahuzac, fue condenado. La lista sigue siendo muy larga.
Y qué decir de algunos pilares de la actual mayoría parlamentaria: Éric Dupond-Moretti fue confirmado en su cargo tras su imputación –Macron había prometido lo contrario durante su campaña en 2017–; el secretario general del Palacio del Elíseo, Alexis Kohler, está respaldado cueste lo que cueste a pesar de su imputación; el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, será pronto juzgado por favoritismo ante un tribunal correccional; el alto comisario de planificación François Bayrou es, por su parte, denunciado ante los tribunales por malversación de fondos públicos.
Recientemente, el diario Le Monde ha publicado un artículo sobre las ambiciones presidenciales de François Bayrou para 2027 –su plan de financiación, al parecer, ya está listo– sin mencionar en ningún momento el juicio que le espera. Del mismo modo, Le Nouvel Observateur publicaba unos días antes un reportaje según el cual –y cito: "increíble pero cierto"– Nicolas Sarkozy podría verse en Matignon, pero sin mencionar en ningún momento su currículum judicial. Como si las entidades "Bayrou el político" y "Bayrou el acusado" o "Sarkozy el político" y "Sarkozy el acusado" no fueran la misma persona. Como si los hechos que se les reprochaba no estuvieran en el centro mismo del ejercicio de su poder. Sigue siendo difícil, en este sentido, separar la obra del artista. Un grave error.
Es lo que hizo brillantemente Macron a finales de abril cuando anunció la muerte del ex ministro de Defensa y Cultura, François Léotard, en términos particularmente bien elegidos: "François Léotard sirvió al Estado (...) La Francia que defendió y la República que amó sufren hoy una gran pérdida". François Léotard también fue condenado dos veces, una por financiación ilegal de un partido político y otra por el caso Karachi.
El atasco de la justicia y el tamaño de las causas eternizan la resolución de los casos de corrupción
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La cuestión no es de derechas o de izquierdas. Es radicalmente democrática. Ante el panorama dibujado por esos casos, ¿quienes han decidido dedicar parte de su vida al bien común se tomarán por fin la cuestión de la lucha contra la corrupción como un asunto político de primer orden? ¿O seguiremos mirando hacia otro lado mientras la casa arde?
La demanda está ahí. Una pista: no es casualidad que mucha gente, para demostrar su cansancio democrático, haya decidido unirse a... las caceroladas.
Traducción de Miguel López