Jean-Yves Le Drian, ministro francés de Asuntos Exteriores, decía el 28 de mayo en France Inter: "Estamos haciendo todo lo posible para evitar la pena de muerte a esos cuatro franceses", en respuesta a un oyente que le preguntaba sobre el futuro de los ciudadanos condenados a la pena capital en Irak por pertenencia a la organización del Estado Islámico (EI). Una semana más tarde, el número de condenas ha pasado de cuatro a doce y ahora París se encuentra enfrentada a sus propias contradicciones.
Las recientes condenas dictadas por la justicia iraquí han reavivado un dilema que envenena al ejecutivo desde hace varios meses: ¿Qué suerte les espera a los yihadistas franceses prisioneros en países que aplican la pena de muerte cuando se les niega que sean juzgados en Francia donde la abolición de esa pena está grabada en el mármol constitucional? Este dilema es la consecuencia lógica de la forma en que París ha decidido gestionar la espinosa cuestión de los "reaparecidos" después de las derrotas militares sufridas por el EI en Siria y en Irak. O más bien, justamente, por no gestionarla.
A finales de enero, la revelación que hizo BFM TV sobre una posible repatriación de yihadistas franceses había suscitado un vivo debate que Macron pensó que cerraba un mes más tarde cuando declaró que las personas encarceladas "en Siria y/o por las autoridades iraquíes" tenían vocación de ser "judicializadas en esos países cuando se reconoce la justicia, cuando existen hechos de los que son culpables e incriminados en dichos países". Con ocasión de la visita a París, el 25 de febrero, de su homólogo iraquí Barham Saleh, el presidente de la República había insistido en el derecho de Bagdad a "decidir soberanamente" en esos procesamientos.
"Contrariamente a lo que he podido leer o entender, no hay concebido a día de hoy un programa de retorno de los yihadistas, seguimos con la misma doctrina", añadió Macron unos días más tarde, con ocasión de un debate organizado en el Elíseo con diputados de la región Gran Este. Sin embargo, como ha contado Mediapart –socio editorial de infoLibre–, los servicios de los Ministerios de Asuntos Exteriores, de Defensa, de Interior y de Justicia, poco convencidos de la "opción iraquí", trabajaban ya desde el otoño de 2018 en el retorno de los yihadistas detenidos por los kurdos de Siria, que era entonces el caso de los doce ciudadanos franceses condenados a muerte.
"Son franceses antes que yihadistas"
Una información sostenida por las palabras de Christophe Castaner (ministro de Interior) a principios de año: "Son franceses antes que yihadistas", dijo en BFM TV. "Todos los que regresen a Francia serán procesados y entregados a los jueces". Según el testimonio de varios miembros de los servicios de inteligencia, un sondeo que desvela el fuerte rechazo entre la opinión pública por la repatriación habría hecho cambiar de opinión al jefe del Estado. "Nosotros no hacemos regresar a nadie", había dicho al primer ministro el 6 de marzo. "La doctrina francesa ha sido siempre que los franceses que se marchan a zonas de combate, combaten contra nosotros".
Pensando que evitaba el problema al confiarlo a la jurisdicción iraquí, Emmanuel Macron tiene que responder ahora a las críticas de los defensores de derechos humanos, preocupados por el "carácter injusto" de los procesos y por el "riesgo de ejecución" que corren varios ciudadanos franceses. "Si países como Francia no quieren que sus ciudadanos sean condenados a la pena de muerte, como dicen sus representantes, deberían traerlos a casa para someterlos a una investigación y a un procedimiento judicial", ha declarado recientemente Lama Fakih, directora adjunta de Human Rights Watch (HRW) para Oriente Medio.
"Esta resignación culpable de nuestro país no es más que el paroxismo en el debilitamiento de un cierto número de principios que estructuran nuestro derecho", escribieron hace unos días 45 abogados en una tribuna publicada en la web franceinfo.fr. La portavoz del gobierno Sibeth Ndiaye, preguntada sobre el tema al final del consejo de ministros del 3 de junio, ha asegurado que el Estado francés intervenía "al más alto nivel" para que las condenas a muerte "sean conmutadas por cadena perpetua". "Nuestros compatriotas gozan, evidentemente, de protección consular", añadió.
Asistencia consular
Unos días antes, en la sesión de preguntas al gobierno en la Asamblea Nacional, Jean-Yves Le Drian declaraba que los yihadistas franceses habían sido objeto de un "proceso justo" en Bagdad. "Les ha sido también ofrecida asistencia consular a lo largo del procesamiento, tanto en el período de detención como durante el proceso y después de él. Nuestros servicios consulares están ahí, presentes, asistiendo y constatando el buen desarrollo de las operaciones", precisó Le Drian. "Se les ayuda a recurrir ante las autoridades iraquíes".
Los miembros del Gobierno, al mismo tiempo que afirman su oposición a la pena de muerte y su adhesión a los derechos fundamentales, subrayan que los yihadistas no son ciudadanos como los demás. Son "terroristas que nos han atacado y que han sembrado la muerte en Irak", insistió el ministro de Asuntos Exteriores en France Inter. "Son el enemigo", había explicado ya en Ouest-France. Son "franceses que han dejado su país para tomar las armas contra su país por medio de actos terroristas, hay que recordar siempre de qué estamos hablando", indicó Sibeth Ndiaye.
Es un discurso político que se inscribe en la misma línea de lo que el poder ejecutivo da a entender desde hace ya casi cuatro años. François Hollande, al proponer tras los atentados de noviembre de 2015, la extensión de la privación de la nacionalidad a los binacionales nacidos franceses y "condenados por un delito que constituya un atentado grave a la vida de la nación", abrió la posibilidad a un razonamiento que ha dado frutos en el debate público. Razonamiento según el cual franceses que hayan matado a otros franceses no merecerían ni la nacionalidad ni los derechos a ella inherentes.
"Se les mata allí mismo, como siempre se ha hecho"
En ese mismo espíritu, con una ligereza desorientadora respecto a nuestros principios fundamentales, el ex presidente de la República había admitido a los autores del libro Un presidente no debería decir eso (editorial Stock, 2016) que había ordenado a sus servicios varias "operaciones Homo" (homicidio) durante su mandato. Estos asesinatos predeterminados, realizados sin un marco legal definido, fuera de todo procedimiento judicial y sin el menor control parlamentario, han sido todavía esgrimidos por algunos diputados de derecha el pasado enero, cuando se planteó la cuestión de los "reaparecidos".
"Hay una opción jurídica en inteligencia con el objetivo de retirarles la nacionalidad francesa. Hay otra opción, la eliminación de esas personas", declaró el diputado de Los Republicanos (LR) Pierre-Henri Dumont en LCP, añadiendo que "Francia no debe acogerlos jamás. Se les mata allí mismo, asesinatos predeterminados, como siempre se ha hecho".
Frente a la polémica que suscitó esa declaración, la derecha se defendió recordando al gobierno las palabras pronunciadas en octubre de 2017 por la ministra de Defensa Florence Parly. Cuando Raqqa estaba a punto de caer, dijo que lo más eficaz, para impedir el retorno de los yihadistas a Francia, era "ir hasta el final" de la operación. "Si hay yihadistas que perecen en esos combates, tanto mejor. No podemos hacer nada para impedir su retorno pero podemos continuar el combate para neutralizar al máximo de ellos", afirmó durante la emisión Le Grand rendez-vous de Europa1, en Les Échos-CNews, negándose no obstante a utilizar el verbo "eliminar" que usaban los periodistas que la preguntaban.
"Nunca han tenido escrúpulos, no veo por que deberíamos tenerlos nosotros"
Declaraciones que Florence Parly había asumido plenamente unos meses más tarde durante su felicitación a los ejércitos. "Una frase mía que ha hecho correr mucha tinta y que asumo. Los yihadistas nunca han tenido escrúpulos, no veo por que deberíamos tenerlos nosotros por ellos", había dicho, reconociendo entre líneas que la posición de Francia sobre la pena de muerte podía cambiar en función de las situaciones y los individuos. Sin embargo, como recuerdan los firmantes de la tribuna de franceinfo.fr, "el artículo 66.1 de la Constitución según el cual 'nadie puede ser condenado a la pena de muerte' no contiene ninguna excepción, ni siquiera en materia de terrorismo".
En Francia como en toda Europa, el retorno de los yihadistas suscita un profundo rechazo en la opinión pública, razón por la cual es sin duda políticamente más ventajoso dejar que les juzguen a miles de kilómetros. Pero, como escribía Emmanuel Macron en su libro Révolution (editorial XO, 2016), "un país –y sobre todo Francia– no ha superado jamás una prueba decisiva renegando de sus leyes fundamentales y de su espíritu". Ahora bien, como subrayan los 45 abogados en la tribuna, "la fuerza del derecho reside precisamente en la universalidad de su aplicación". En París y en Bagdad. ___________________
Traducción de Miguel López.
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Aquí tienes el texto original en francés:
Jean-Yves Le Drian, ministro francés de Asuntos Exteriores, decía el 28 de mayo en France Inter: "Estamos haciendo todo lo posible para evitar la pena de muerte a esos cuatro franceses", en respuesta a un oyente que le preguntaba sobre el futuro de los ciudadanos condenados a la pena capital en Irak por pertenencia a la organización del Estado Islámico (EI). Una semana más tarde, el número de condenas ha pasado de cuatro a doce y ahora París se encuentra enfrentada a sus propias contradicciones.