De Putin a Netanyahu: ¿cuál es el futuro del Tribunal Penal Internacional?
El año 2023 ha estado marcado por dos grandes guerras en Occidente: Ucrania, por supuesto, pero también la guerra entre Israel y Hamás, desatada inmediatamente después de los ataques de Hamás del 7 de octubre.
Pendiente de hacer una comparación sistemática de estas dos guerras desde el punto de vista táctico, están empezando a emerger sus consecuencias estratégicas para el cuestionamiento discursivo del “Occidente colectivo” y la emergencia del “Sur global”. Pero el punto más evidente que tienen en común es la preeminencia del Tribunal Penal Internacional (TPI), que se ha hecho cargo de ambos casos.
Antes de 2022, el futuro del TPI, creado por el Estatuto de Roma en 1998 para enjuiciar a individuos y no a Estados, como hace el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de las Naciones Unidas, era incierto. Fue muy criticado por procesar únicamente a dirigentes africanos, sin enfrentarse a Estados occidentales.
Para contrarrestar esas críticas, la fiscal Fatou Bensouda se declaró competente para juzgar la situación palestino israelí en 2021, al tiempo que mencionaba su deseo de analizar la conducta del ejército americano en Afganistán. La reacción de la administración Trump fue inmediata: Fatou Bensouda fue sometida a sanciones americanas, se le prohibió utilizar servicios bancarios y viajar a Estados Unidos y, por tanto, a la sede de Naciones Unidas.
Las sanciones fueron levantadas por la administración Biden, que, a través del secretario de Estado Antony Blinken, reiteró el compromiso de Estados Unidos con “el Estado de derecho, el acceso a la justicia y la rendición de cuentas de los responsables de atrocidades masivas”. El objetivo de Joe Biden era restaurar el liderazgo moral de Estados Unidos y cerrar la era Trump.
Audacia contra Vladimir Putin
El Tribunal se encontró por tanto caminando por la cuerda floja, atrapado entre la necesidad de enfrentarse a Estados poderosos para garantizar su imparcialidad, y por tanto su credibilidad, y al mismo tiempo adaptándose a las sensibilidades de esos mismos Estados, para poder asegurar su presupuesto y su posibilidad de seguir trabajando. La invasión rusa de Ucrania llegó en el momento justo para el nuevo fiscal del Tribunal, Karim Khan, quien, en una medida sin precedentes, dictó una orden de detención contra Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova por crímenes de guerra en relación con la deportación de niños ucranianos a Rusia, mientras el conflicto aún estaba en curso.
En aquel momento, el Tribunal dio una rotunda muestra de su dinamismo, lo que le valió los elogios incluso de Estados Unidos, que históricamente se ha opuesto a cualquier intento de imponer normas que restrinjan la libertad de acción militar de Estados soberanos.
Ante esa audaz y contundente demostración, enfrentándose a una potencia nuclear con asiento en el Consejo de Seguridad, el Tribunal acalló a sus críticos. El caso Israel-Palestina, que el Tribunal esperaba con impaciencia, podría quedar relegado al olvido, como escribió el pasado mes de septiembre en Le Monde Johann Soufi, abogado y ex director del Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Gaza y fiscal internacional en Ucrania desde septiembre del año pasado.
La nueva situación de la guerra en imágenes
Cuando Israel lanzó la operación Espada de Hierro tras los ataques del 7 de octubre de 2023, la avalancha de imágenes sobre el sufrimiento de los civiles israelíes y palestinos volvió a poner a la región en el punto de mira internacional. Karim Khan se encontró una vez más atrapado entre la necesidad de apaciguar a las principales potencias occidentales para asegurar la existencia del Tribunal y el deseo de acallar las críticas a su doble rasero.
Esas apremiantes demandas de judicialización de los conflictos se ven alimentadas por cambios fundamentales en el entorno operativo, ya sea en Ucrania, Gaza o incluso Siria. La proliferación de sensores, es decir, la presencia de teléfonos móviles, cámaras de videovigilancia y drones, permite documentar el campo de batalla de forma incomparable, registrando las acciones de los soldados y, por tanto, los posibles abusos.
La investigadora Clotilde Bômont señala que, entre 2001 y 2011, el volumen de datos registrados por los drones de vigilancia americanos aumentó un 1.600%, una tendencia que se mantiene a medida que avanza la tecnología. Esas imágenes pueden utilizarse como pruebas en los tribunales de justicia de una forma sin precedentes. Existen varias asociaciones, en el caso de Siria, Ucrania y también en Israel-Palestina, por ejemplo, que se dedican exclusivamente a la tarea de recopilar y clasificar estos vídeos.
Para Palestina, la estrategia del Derecho
El hecho de que este conflicto en particular haya sido llevado ante los tribunales se explica también por su historia. Como señala la jurista Noura Erekat en una notable obra publicada en 2019 (Justice for Some: Law and the Question of Palestine, edit. Stanford University Press), el conflicto palestino-israelí implica cuestiones políticas traducidas todas ellas a términos jurídicos.
Juristas de todo el mundo se han ocupado de este paradigmático conflicto, que también ha puesto a prueba las interpretaciones de varios principios clave del derecho de los conflictos armados, como la distinción entre civiles y combatientes, o el principio de proporcionalidad, que exige que los daños causados por una operación militar se evalúen a la luz de su objetivo militar previsto.
En 1993, en virtud de los Acuerdos de Oslo, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) renunció a la lucha armada, pero no a su objetivo político: la creación de un Estado palestino soberano. Asesorado por Saeb Erekat, Mahmud Abás publicó en 2011 un artículo en el New York Times titulado The Long Overdue Palestinian State ('El tan esperado Estado Palestino'), en el que exponía una estrategia jurídica: el conflicto debe ser internacional, y concebido no solo en términos políticos, sino también jurídicos.
Los palestinos se dirigieron al fiscal del TPI en aquel momento, Luis Moreno Ocampo, quien echó balones fuera argumentando que, dado que Palestina no era un Estado, no podía adherirse al Estatuto de Roma. Seguiría una auténtica ofensiva jurídica en la que los líderes palestinos solicitaron su adhesión a varias organizaciones internacionales, un proceso que culminó con su ingreso en la ONU en 2015. Israel criticò duramente esta estrategia, que calificó de lawfare. Incluso concedió a los palestinos un intercambio de prisioneros a cambio de un aplazamiento de la presentación del caso ante el TPI.
Con esta incendiaria decisión, el Sr. Khan se ha colocado entre los grandes antisemitas de los tiempos modernos
En 2021, cuando Fatou Bensouda declaró finalmente que el TPI tenía jurisdicción, la derecha israelí se sublevó, reacción difundida por la administración Trump a través de John Bolton, un feroz opositor al TPI. El martes 28 de mayo, los periodistas de investigación Harry Davies, de The Guardian, y Yuval Abraham, de +972, revelaron las amenazas ejercidas sobre la fiscal por Yossi Cohen, ex jefe del Mossad y estrecho aliado de Benjamin Netanyahu: “Debería ayudarnos y dejar que nosotros la cuidemos. No querrá usted involucrarse en actividades que puedan comprometer su seguridad o la de su familia", le habría dicho.
Ese es el trasfondo de la rotunda decisión de Karim Khan de dictar una orden de detención contra Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, Yoav Gallant, ministro de Defensa, así como contra Yahya Sinouar, jefe de Hamás en Gaza, Mohammed Deif, al mando de las brigadas Al Qassam, e Ismaël Haniyeh, jefe del buró político del movimiento.
La decisión de no incluir al Jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, puede explicarse por el hecho de que en Israel, como en otras democracias, el poder militar es un instrumento en manos del escalón político al que está sometido y que, por tanto, asume su responsabilidad.
En Israel, las reacciones no sorprendieron a nadie: Netanyahu denunció la decisión como “un escándalo moral de proporciones históricas”, considerando que “esta decisión incendiaria sitúa al Sr. Khan entre los grandes antisemitas de los tiempos modernos”. Sin embargo, esta decisión también refuerza las voces disidentes que llevan años intentando utilizar el lenguaje del Derecho para oponerse al aparato de seguridad israelí, como en el caso del abogado israelí Michael Sfard.
Hay que recordar que las organizaciones de derechos humanos que trabajan en Cisjordania y Gaza, que documentan las violaciones del derecho internacional, han sido reprimidas por Israel, a pesar de que desempeñan un papel clave en la justicia internacional. En 2021, el ministerio de Defensa israelí disolvió por decreto militar seis de las principales organizaciones palestinas de la sociedad civil dedicadas a defender los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.
Entre ellas se encontraban Addameer, Al-Haq, el Centro Bisan para la Investigación y el Desarrollo, Defensa de los Niños Palestina Internacional, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, todas las cuales habían participado en gestiones ante el TPI. Han sido clasificadas como “terroristas” en base a una ley israelí de 2016, lo que permite prohibirlas, confiscar sus bienes y detener a sus miembros. También está prohibido financiarlas o apoyar públicamente sus actividades.
Por parte de Hamás, cabe señalar que, en un documento publicado a finales de enero en árabe e inglés, y por tanto destinado al público occidental, titulado Nuestro relato, Hamás pedía una “investigación internacional transparente” y solicitaba al Tribunal Penal Internacional que se hiciera cargo del caso. No obstante, Abu Obaidah, portavoz del movimiento, condenó en Telegram la decisión del TPI, denunciando “los intentos del fiscal de equiparar a la víctima con el verdugo”.
¿Qué futuro le espera al TPI?
Ahora se plantea la cuestión de las consecuencias de esta decisión. Karim Khan ha asestado un duro golpe: todos los Estados partes en el Estatuto de Roma, es decir, 124 estados de todo el mundo, deben cooperar con el Tribunal, aunque algunos, como Estados Unidos, Israel y Sudán, nunca hayan ratificado el tratado. En consecuencia, Vladimir Putin está ahora obligado a permanecer en Rusia, so pena de ser detenido, a diferencia de Volodímir Zelensky, que, por ejemplo, ha sido invitado a la cumbre de la Liga Árabe, al G7 y a las capitales europeas. Por tanto, una orden de detención del TPI refuerza el aislamiento diplomático de las personas contra las que se dirige.
Al margen de estos destinos individuales, el Tribunal se juega el resto: al emitir esta decisión, ya ha recibido numerosas críticas de países no signatarios, como Estados Unidos, pero también –y eso es más preocupante– de países signatarios, como Italia. Está en juego el futuro del sistema internacional tal y como se concibió después de 1945, en el que la soberanía de los Estados está sujeta a normas internacionales basadas en el respeto a las personas, y que se aplica a todos.
«¡Qué inocentes hemos sido al pensar que la ley es un medio para obtener derechos y justicia! La ley es aquí un recipiente para lo que el gobernante quiere, o un traje que encarga a su medida", concluía Mahmoud Darwich en su poemario Crónicas de la tristeza ordinaria. Con esta decisión, Karim Khan nos insta a todos a redescubrir nuestra inocencia, con la esperanza de “triunfar sobre el poder y la fuerza bruta”, como declaró el fiscal a la CNN.
Caja negra
Amélie Férey es investigadora en el Centro de Estudios de Seguridad y responsable del Laboratorio de Investigación sobre Defensa (LRD) del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri). Trabaja principalmente sobre la ética y el derecho de la guerra y sobre el conflicto israelo-palestino.
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Traducción de Miguel López
