Los crímenes de lesa humanidad y el increíble doble juego del fiscal de la Corte Penal Internacional

El próximo 26 de octubre, los keniatas volverán a las urnas para elegir entre los dos candidatos históricos del país, Uhuru Kenyatta y Raila Odinga. La victoria, el 8 de agosto, del presidente saliente Kenyatta quedó invalidada –a principios de septiembre– por el Tribunal Supremo, a raíz de la denuncia de su contrincante. En los últimos días, la oposición, que pide una reforma de la comisión electoral, ha convocado diversas manifestaciones en Nairobi, protestas reprimidas por la Policía.

Resulta difícil no contener el aliento al recordar el drama que siguió a las presidenciales de diciembre de 2007, que dejaron un balance terrible: más de 1.100 muertos, 350 heridos y 350.000 desplazados. Ante esta tragedia, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación por crímenes de lesa humanidad y procesó a los sospechosos, entre ellos el actual jefe del Estado, Uhuru Kenyatta.

Judicialmente, el caso ha quedado en nada. Sin embargo, todavía no conocíamos todos los pormenores. Los documentos a los que ha tenido acceso Mediapart, socio editorial de infoLibre, y analizados por el consorcio EIC, en el marco de la operación Los secretos de la Corte, permiten por vez primera desvelar los entresijos de este fiasco judicial nada habitual. Y el doble juego del exfiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo (2003-2012) en el caso.

Retrocedamos en el tiempo.

En diciembre de 2010, el fiscal Ocampo anuncia tener en el punto de mira a seis sospechosos en el caso de Kenia; tres en cada bando. De inmediato, el magistrado pasa a engrosar el ranking de las celebridades de Kenia. Llegó incluso a contar con un guiñol en el XYZ, el programa inspirado en los guiñoles. Un año después, cuatro de los seis acusados son procesados; los jueces de la Haya consideran las otras dos causas poco importantes y las desestiman.

Uhuru Kenyatta, aunque acusado de crímenes de lesa humanidad por la CPI, decide presentarse con un antiguo opositor, William Ruto (también él procesado), a las presidenciales de 2013. La Alianza Jubilea –con la que concurren– reúne a defensores de las dos principales etnias del país, los kikuyus y los kalenjis. Una receta ganadora.

Raila Odinga, el opositor de Kenyatta, aprovecha, por su parte, para burlarse del futuro presidente: si éste vence, tendrá que gestionar el país a través de Skype, desde el banquillo de los acusados de La Haya. Al otro lado, Kenyatta se presenta como el campeón de la independencia del país.

En la oficina del fiscal, en La Haya, esa navidad de 2012 toca estudiar. La acusación debe presentar a comienzos de enero la memoria previa al juicio común de Kenyatta y del otro acusado, previsto para el 15 de abril de 2013. Pero los jueces encargados, consideran a “P0014” –el principal testigo directo en el caso, que apunta al exdirector de gabinete de la Presidencia, Francis Muthaura poco creíble. Apuestan por retirar las acusaciones que pesan contra Muthaura. La nueva fiscal, Fatou Bensouda, duda.

Luis Moreno Ocampo, que había dejado la Corte en junio de 2012, tras nueve años de mandato y que trabaja ahora para un gabinete de abogados neoyorquino, mantiene sus contactos en la Corte. Una jurista, que desde entonces ya no trabaja en la CPI, sino que se ha convertido en su asistente personal, le informa de los meollos del caso.

Gracias a estas informaciones, Ocampo contacta con Sara Criscitelli, una antigua funcionaria del Departamento norteamericano de Justicia que se ha unido a la CPI. Como si todavía fuese él el fiscal, Ocampo le recomienda mantener el caso abierto, denunciar la ausencia de cooperación de Kenia y pedir un aplazamiento del caso. “Cúlpales antes de que culpen al fiscal. Si piden antes que nosotros que se rechace el caso por falta de pruebas nos veremos expuestos de mala manera”.

Malos tiempos corren en la CPI. Semanas antes, un miliciano congoleño había sido absuelto por la Corte por falta de pruebas.

La norteamericana se muestra intranquila. “Si presentamos algo que sugiera que un Estado puede vencer a la Corte simplemente negándose a cooperar, significará el fin de la Corte”, escribe. Pero Ocampo piensa, por encima de todo, en salvar la investigaciones que él mismo ha abierto. Y en su reputación. Él mismo es quien ha personalizado a ultranza el caso de Kenia, también él quien ha dirigido una investigación nada profesional, como todas las que se llevaron a cabo durante su mandato.

A finales de febrero de 2013, su sucesora Fatou Bensouda contactaba con Ocampo para abordar el asunto “antes de tomar una decisión”. Su director de gabinete, a preguntas de Mediapart, afirma que “la fiscal Bensouda no pidió parecer al exfiscal en estos asuntos”. Según nuestras informaciones, evocó la fiscal sí abordó el asunto con su predecesor al menos en dos ocasiones.

El cinismo de Ocampo

El 11 de marzo, Fatou Bensouda se rinde a la evidencia y retira las acusaciones contra Francis Muthaura. Mientras, el 4 de marzo, los acusados Kenyatta y Ruto se convertían en líderes del país. El nuevo presidente ataca a la CPI en varios frentes. En primer lugar, en el frente legal: contrata a prestigiosos abogados y se asocia con Quintel Intelligence, servicios de inteligencia privados, para efectuar una contrainvestigación. En el frente diplomático, después: a través de un costoso lobby ante la Unión Africana.

El punto álgido de esta campaña se alcanza en noviembre de 2013 ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Junto con otros países, Kenia pide a Nueva York que ordene a la CPI que suspenda los dos casos. Un cara a cara eléctrico, en el que los líderes africanos acusaron de neocolonialismo a los “grandes” de este mundo. “Grandes” muy sorprendidos por la encrucijada que supone interferir en los asuntos de la CPI o alinearse con Kenya, aliado clave en la lucha contra el terrorismo de los insurgentes Al Shabab en Somalia.

En La Haya, la Asamblea de Estados miembros de la CPI, suerte de Parlamento de la jurisdicción, se reúne una semana después. Un diplomático americano aborda, entre bambalinas, una salida “en la que todo el mundo saldría ganando”. Una estrategia que consistiría en retirar los cargos contra Kenyatta, sin dejarlo limpio, pero acusando a Nairobi de no haber cooperado. El jefe de Estado no tendría que vérselas con la Corte que, pese a todo, no se vería empañada.

Aunque en ese momento ya ha dejado la CPI, Ocampo trabaja en secreto en la elaboración de esta estrategia desde hacía al menos dos meses. En septiembre de 2013, explica a su interlocutor del gabinete de abogados neoyorquino Shearman & Sterling que ha hablado con Fatou Bensouda sobre la idea de “organizar un grupo externo de abogados eminentes para analizar las pruebas en el caso Kenyatta”. “No creo que sea posible acusar a un jefe de Estado con pruebas tan poco concluyentes”, escribe. El gabinete Shearman & Sterling, que desde hace varios años forma a los magistrados de la Corte, ya ha propuesto sus servicios, pero la fiscal tarda en responder.

Ocampo intenta influir. Escribe a Sara Criscitelli. “Diferentes personas me han dicho que ya no hay pruebas. Hay testimonios que se han retractado y otros se niegan a comparecer. Entiendo la complejidad del momento político, pero cuando no hay pruebas, un fiscal no va al tribunal”. Ocampo piensa que “es una buena idea nombrar un panel externo”.

La norteamericana, que había dejado la Corte seis meses antes, pero que se encuentra físicamente en La Haya, habla con los jueces encargados del caso. “He preguntado. Hasta ahora no hay problema”, precisa a Ocampo. Preguntada por el EIC, Sara Criscitelli dice acordarse vagamente “de una conversación sobre uno u otro caso relacionado con Kenia”. Pero añade que al haber dejado la Corte hace varios meses, no habría podido apuntar “una recomendación” susceptible de “influir en ninguna decisión”.

Los dos casos, contra Kenyatta y contra Ruto, basados en una investigación floja, se debilitan con el tiempo. Hay testigos descartados y otros son sobornados o se ven intimidados.

Tres días después, el 13 de octubre de 2013, el exfiscal de la CPI Ocampo llega a interpelar al ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, quien fuera mediador durante la crisis keniana. “Es hora de encontrar una salida honorable para Kenyatta”, escribe al mediador, en una increíble cambio de perspectivas. De un cinismo tremendo, le recomienda enviar a alguien a la CPI unos días –un africano, no un abogado”– y citarse con la fiscal y su adjunto, los jueces, la presidenta. Ocampo escribe: “Tu enviado puede limitarse a preguntar: ¿hay una solución legal para Kenyatta antes del juicio?”, mientras precisa que “no debe parecer” que el jefe de Estado keniata “escapa de la Justicia”. ¿Qué oculta semejante activismo contra natura?

Kofi Annan, que nunca ha apoyado a Kenyatta, responde de forma lacónica a Ocampo: “Efectivamente vivimos tiempos interesantes”, dice, partidario del esperar y ver.

El juicio a Kenyatta, previsto para el 12 de noviembre de 2013, volvía a posponerse por petición de la acusación ante la falta de pruebas contundentes. Un chollo para Ocampo, que sigue con sus tejemanejes. En diciembre de 2013, en una recepción celebrada en Nueva York, aborda la estrategia de salida con Macharia Kamau, un diplomático keniano de Naciones Unidas, próximo a Kenyatta. Éste le explica que ha contactado con el hermano del jefe del Estado, dispuesto a entrevistarse con l fiscal en Nueva York. Pero sólo Fatou Bensouda puede decidir, según precisa el argentino, antes de abordar las grandes líneas de su estrategia: “El presidente Kenyatta no debe buscar una solución política porque una solución así afectará a su reputación y a su legitimidad. Esto dará la impresión de que es culpable y abusa de su poder para, simplemente, escapar de la Justicia”.

Para él, la experiencia pone de manifiesto que “las víctimas de este tipo de casos buscarán Justicia durante décadas y recibirán el apoyo de las ONG internacionales”. Así que, para el jefe de Estado de Kenia, propone una estrategia a largo plazo. Hacer frente a la Justicia, para esquivarla mejor: “La Justicia puede incluir un juicio que resuelve la cuestión de la responsabilidad más rápido y con menos controversias”. Interrogado por el EIC, Macharia Kamau no ha respondido a nuestras preguntas.

No está claro que a Bensouda le gustase la idea, pero la fiscal de la CPI debe rendirse a la evidencia: el caso que ha heredado de Ocampo no se sostiene. La acusación obtiene un nuevo informe en febrero de 2014, denunciando la no cooperación de Kenia. El EIC, el director de gabinete de Fatou Bensouda asegura que la fiscal “no estaba al corriente [de los movimientos de Ocampo] y no suscribe” una estrategia así.

En diciembre de 2014, obligado por los jueces, la fiscal termina por tirar la toalla. Retira los cargos contra Kenyatta, que canta victoria y promete sacar a su colistero en el juicio que empezó en septiembre de 2013. En abril de 2016, William Ruto y otro coacusado, Joshua Sang, presentador de radio, ven cómo se sobresee el caso.

El caso Ocampo-seis, como lo llamó la prensa de Kenia, ha acabado.  

  'Los secretos de la Corte'

La investigación periodística titulada Los secretos de la Corte es fruto de seis meses de trabajo, llevada a cabo por ocho medios de comunicación internacionales miembros del consorcio European Investigative Collaborations (EIC).

Stéphanie Maupas, que ha participado en la investigación para Mediapart, es una periodista freelance especializada en Justicia internacional.

Además de Mediapart, socio editorial de infoLibre, participan en esta investigación Der Spiegel (Alemania), NRC Handelsblad (Países Bajos), The Sunday Times (Reino Unido), El Mundo (España), Le Soir, (Bélgica), ANCIR (Sudáfrica), Nacional (Serbia) y The Black Sea, periódico digital creado por el Centro Rumano para el Periodismo de Investigación, que cubre Europa del Este y Asia Central.

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  Traducción: Mariola Moreno

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