Crisis de los 'chalecos amarillos': Macron contra las cuerdas

Tras una nueva jornada de violencia y de vandalismo por parte de los llamados “chalecos amarillos”, Emmanuel Macron descartaba este domingo aplicar la controvertida medida del estado de emergencia, a pesar de que desde su entorno así se había anunciado.

Para el presidente francés, que debe hacer frente estos días a su peor crisis política desde que asumió el cargo en la primavera de 2017, esta semana se anuncia decisiva. Frente a los llamamientos de varios líderes de la oposición para que convoque elecciones legislativas anticipadas, Macron intenta recurrir a la baza del “diálogo”.  El primer ministro Édouard Philippe iniciaba este lunes una ronda de contactos con un grupo de chalecos amarillos, así como con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y los dirigentes de los partidos representados en la Asamblea Nacional.

El portavoz del Gobierno, Benjamin Griveaux, fue uno de los que más claramente aludió, en los micrófonos de Europa 1, el domingo, a la posibilidad de decretar el estado de emergencia. Ese día, el presidente de la República, el primer ministro y el ministro del Interior “hacían balance de la jornada [del sábado]” para determinar la aplicación de medidas destinadas a “evitar” que “cada fin de semana termine con actos violentos”.

El ministro del Interior Christophe Castaner, que ya había mencionado también la víspera la posibilidad de decretar el estado de emergencia, dijo en BFMTV “no tener tabúes”, al igual que el sindicato de Policía Allianza (que reclama el apoyo del Ejército) o el de los comisarios de la Policía Nacional.

Por su parte, la Liga por los Derechos Humanos (LDH) no ha tardado en reaccionar y, en un comunicado, ha mostrado su preocupación: “Nada justificaría el recurso a tal medida. [...] El Gobierno ya dispone de medios jurídicos considerables gracias a la reciente inclusión en el derecho común de poderes excepcionales. El diálogo democrático no puede restablecerse utilizando métodos que necesariamente socaven el derecho a manifestarse y sólo puede percibirse como un deseo de criminalizar el movimiento social”.

Hace exactamente un año y un mes, el 1 de noviembre de 2017, que se ponía fin al estado de emergencia, decretado tras los disturbios de noviembre de 2005 en los suburbios y después de los atentados de París y Saint-Denis en 2015. Sin embargo, gran parte de sus disposiciones han sido incorporadas al derecho común a través de la nueva ley antiterrorista, lo que convierte la legislación francesa en una de las que más medidas de seguridad incluso en toda Europa.

Sin embargo, finalmente dicho estado de emergencia no se decretaría en la reunión de urgencia convocada a última hora de la mañana del domingo en el Elíseo por Emmanuel Macron –que acababa de regresar de la cumbre del G20, de Argentina–, en presencia del primer ministro Édouard Philippe –que ha anulado su viaje a Polonia a la conferencia del clima, la COP24 que empezaba este lunes–, del ministro del Interior Christophe Castaner, del secretario de Estado Laurent Nuñez y del ministro para la Transición Ecológica François de Rugy.

Finalmente, sería la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, la que descartó la posibilidad, por considerar que existían otras “soluciones” distintas al restablecimiento del estado de emergencia. “No estoy segura de que hayamos llegado a este punto y creo que existen alternativas al restablecimiento del estado de emergencia”, señaló en rueda de prensa en el Tribunal Regional de París.

“El presidente de la República no hablará hoy [por el domingo], ni el lunes”, informó el Elíseo al final de la reunión de crisis, en tono lacónico, anunciando únicamente que Emmanuel Macron había hecho balance, pidió al ministro del Interior que “reflexionara sobre la posible necesidad de una adaptación del dispositivo policial en los próximos días”, frente a “los más violentos, más móviles y organizados”, y pidió al primer ministro “que reciba a los líderes de los partidos con representación en el Parlamento, así como a los representantes de los manifestantes”.

Tan pronto como se bajó del avión, el jefe de Estado se dirigió a la Place de l'Étoile y a la Avenue Kléber, en barrios acomodados de París, para constatar los daños ocasionados el sábado y saludar a las fuerzas del orden. Recibido entre aplausos por una parte de la multitud, pero también entre abucheos de los chalecos amarillos aún presentes, se detuvo junto al presidente del Centro de los Monumentos Nacionales Philippe Bélaval, al pie del Arco del Triunfo, objetivo de los vándalos, uno de los monumentos parisinos más visitados y que alberga la tumba del soldado desconocido.

En el interior del monumento se han dañado reproducciones de obras, como la estatua de Marianne. En France Info, Philippe Bélaval cifró el coste de las reparaciones en “varios cientos de miles de euros, probablemente incluso más de un millón de euros”. Desde Buenos Aires, el presidente ya había condenado el sábado unas acciones que “no tienen nada que ver con la expresión pacífica de la ira legítima” y denunció a los “autores de esta violencia”, que “quieren el caos”, garantizando que sería “identificados” y tendrían que “asumir la responsabilidad de sus actos”.

Por su parte, el ministro Christophe Castaner y el secretario de Estado Laurent Núñez, comparecerán este martes ante la Comisión legislativa del Senado con relación a “los disturbios, los ataques a las fuerzas de seguridad y los actos de vandalismo y destrucción” cometidos durante estas manifestaciones y “los medios empleados [...] para hacerles frente”.

Le Pen y Mélenchon, por la disolusión de la Asamblea

Durante todo el fin de semana, representantes de todos los partidos políticos salieron a la palestra  y apremiaron al Gobierno a escuchar el enfado de los chalecos amarillos, cuya movilización no ha disminuido en las últimas dos semanas. Desde la izquierda, Jean-Luc Mélenchon, invitado en el programa BFM Politique el domingo por la mañana, condenó el eventual recurso al estado de emergencia, en su opinión, “no es una buena idea”.

“En primer lugar, la gente tiene que saber que el grueso de esas medidas ya están previstas en la ley ordinaria. Ya existen medios increíbles de búsqueda, de arresto domiciliario sin control alguno”, recordó el dirigente de Francia Insumisa, que reclama que se restablezca el impuesto a las grandes fortunas y aplaude la “insurrección ciudadana” que “hace temblar la macronía y al mundo del dinero”.

Olivier Faure, secretario del Partido Socialista, reclamó un debate sobre el poder adquisitivo con representantes de la sociedad civil. Desde Génération.s, Benoît Hamon pidió un diálogo nacional con los chalecos amarillos, los sindicatos y las ONG sobre el poder adquisitivo, la distribución de la riqueza y la transición ecológica. Martine Aubry, alcaldesa socialista de Lille, instaba al Gobierno en una declaración “a no elegir la política de lo peor y de la decadencia, que sin duda llevaría a nuestro país a sombríos horizontes”. Para el exministro, el país “se enfrenta a una crisis duradera de poder adquisitivo”, que “la política injusta” del Ejecutivo “no ha hecho sino amplificar”.

Desde la derecha, Laurent Wauquiez, líder de Los Republicanos, reiteró el sábado su llamamiento a un referéndum sobre la política ecológica y fiscal de Emmanuel Macron. En la extrema derecha, donde pequeños grupos nacionalistas e identitarios están ahogando violentamente al movimiento, Florian Philippot y su movimiento, Los Patriotas, piden la disolución de la Asamblea Nacional y, si no, la dimisión de Emmanuel Macron.

Desde las filas del Rassemblement National, Marine Le Pen, que pide una “moratoria total de todos los impuestos sobre la gasolina y el gasóleo”, no dice nada más, reclama la disolución de la Asamblea Nacional y nuevas elecciones. La opción de disolver la Asamblea Nacional también fue propuesta por Jean-Luc Mélenchon: “Sólo hay una manera de decidir, en las urnas, así que a eso se le llama disolución”.

El Ejecutivo, que repite desde el principio que mantendrá el rumbo a toda costa, ¿cambiará su política para satisfacer algunas de las demandas de los chalecos amarillos o hará oídos sordos a lo que es la crisis más grave en los 18 meses de Emmanuel Macron como mandatario? “Hemos dicho que no cambiaríamos de rumbo. Porque el rumbo es el correcto”, reiteró el portavoz del gobierno Benjamin Griveaux en BFMTV el domingo. “Se ha estado cambiando de rumbo cada 18 meses durante los últimos 30 años. Y si no hubiéramos cambiado de rumbo cada 18 meses durante 30 años, el país estaría mejor”, dijo con una confianza desconcertante.

Esta próxima semana promete ser crucial para el Gobierno. Detrás de la impresión de tener bajo control la situación, el Ejecutivo está febril. En las calles, los chalecos amarillos ya están preparando el “cuarto acto”. Desde las redes sociales se han lanzado varios llamamientos para volver a manifestarse el sábado 8 de diciembre. Es el caso de este grupo en Facebook, que invita a los internautas a ir a la plaza de la Bastilla de París en dirección al Arco del Triunfo.

Casi 7.000 personas ya han respondido que acudirán y otras 47.000 dicen estar interesadas. Este domingo, un colectivo que se presentaba como portavoz del movimiento publicó un artículo en el Journal du Dimanche, en el que pedía “al Gobierno que no respondiera al enfado con el orgullo de una política de callejón sin salida”. Después de una reunión fallida entre Édouard Philippe y los representantes de los chalecos amarillos el viernes, los diez firmantes dicen que quieren “ofrecer al Gobierno una salida a la crisis”. Según Benjamin Griveaux, iban a ser recibidos por el primer ministro.

Según cifras del Ministerio del Interior, el tercer día de protestas de los chalecos amarillos movilizó a 136.000 manifestantes en todo el país, frente a los 106.000 del 24 de noviembre y a los 282.000 del 17 de noviembre. En París, el Ministerio del Interior contabilizó a 10.000 personas, de las cuales 2.000 durante la marcha organizada por la CGT en Place de la République. 263 personas resultaron heridas en toda Francia, cinco de ellas de gravedad, entre ellas 81 miembros de la Policía. Las manifestaciones del 24 de noviembre arrojaron un balance de 16 personas heridas, entre ellas cuatro miembros de las fuerzas de seguridad. Sólo en París, 133 personas resultaron heridas, entre ellas 23 miembros de la policía.

Por otro lado, un automovilista murió en la noche del sábado al domingo, en Arles [sur del país], tras chocar con un vehículo pesado parado debido a un atasco de tráfico causado por un bloqueo de los chalecos amarillos. Se trata de la tercera muerte desde que surgió el movimiento. En cuanto a las detenciones, se han producido un total de 682, de ellas 412 en París. Más de 200 personas tendrán que rendir cuentas ante la Justicia en los próximos dos días, según el Ministerio de Justicia.

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Traducción: Mariola Moreno

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