En el imaginario político, los cien primeros días de un mandato presidencial constituyen el periodo de gracia que ciudadanos y adversarios políticos otorgan al mandatario en cuestión para que este ponga en marcha su agenda. En el caso de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, los cien primeros días de su segundo mandato están siendo convulsos. Los problemas se suceden: recesión económica, manifestaciones en las que se reclama su destitución, falta de diálogo con el Parlamento.
La fragilidad del Gobierno ha puesto de manifiesto un fenómeno que cada vez tiene mayor auge en Brasil: el aumento del conservadurismo. Una parte de los manifestantes que se echaron a la calle para protestar en contra del Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), en marzo y en abril pasados, se declaraba partidaria ¡de una intervención militar! No obstante, donde más se nota el aumento del conservadurismo es en el Parlamento. Si bien es cierto que los brasileños llevaron a la izquierda al poder en las últimas cuatro elecciones presidenciales, no es menos real que en octubre de 2014 eligieron al Parlamento más conservador desde 1964, fecha en la que los militares orquestaron un golpe de Estado.
La pasada semana, los diputados flexibilizaron la legislación laboral, pese a los esfuerzos del Gobierno por evitarlo. El rechazo del Gobierno fue claro, pero el texto salió adelante con 324 votos a favor y 137 en contra. Una vez aprobado el texto en la Cámara, las empresas pueden subcontratar cualquier servicio, incluidos aquellos que suponen el núcleo central del negocio. Es decir, mientras hasta la fecha una empresa de informática podía subcontratar los servicios generales –pero nunca los servicios informáticos–, con la nueva ley es posible dejar toda la actividad del negocio en manos de empresas externas.
La nueva legislación enfrenta a las centrales sindicales –que históricamente han sido la base política del PT– a los máximos representantes de las empresas, vinculados en su mayoría al Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB, de centroderecha) y al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de centro, y principal miembro de la coalición de Gobierno. Según la central sindical CUT, la mayor de Brasil, este cambio terminará por generalizar la precarización laboral. “Los trabajadores de subcontratas ganan alrededor del 25% menos y trabajan un 7% más que los asalariados del régimen tradicional”, acusa Graça Costa, secretaria de Relaciones Laborales de la CUT. Según la patronal, la medida, al rebajar el coste por asalariado, permitirá crear más empleo.
La “flexibilización” de la legislación laboral no es el único ejemplo de derechización de Brasil. La Cámara de Diputados ha sacado adelante un proyecto de ley dirigido a rebajar la edad penal de los 18 a los 16 años (el proyecto de ley todavía debe ser sometido a votación). Una vez más, el Ejecutivo fue derrotado por los conservadores que justifican su postura en la tasa de homicidios de Brasil y que es de 32,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la 11ª posición en el mundo. Según los diputados, considerar a los adolescentes criminales como si fuesen adultos es la respuesta dirigida a combatir el aumento de la violencia y el 87% de la población aprobaría esta medida, según un sondeo reciente. Sin embargo, Unicef mantiene que sólo el 1% de los asesinatos son cometidos por adolescentes. Por su fuese poco, el sistema brasileño ya es uno de los más estrictos del mundo, ya que concede prerrogativas al Estado para actuar contra adolescentes a partir de 12 años.
Los dos proyectos de ley son recurrentes desde los años 90, pero todos los Gobierno anteriores al de Dilma Rousseff lograron impedir que se votaran. Su aprobación ofrece es una demostración de fuerza de los grupos políticos de derecha. El actual presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, enemigo declarado de Dilma Rousseff, es uno de los principales representantes del conservadurismo en el Parlamento. Miembro de dos iglesias evangélicas neopentecostalistas, se opone al matrimonio homosexual y al derecho al aborto. Con respecto a este último, todavía ilegal en Brasil, durante su elección al frente de la Cámara baja llegó a decir: “¿Votar el derecho al aborto? ¡Antes la muerte!”.
La actitud de Cunha no es ni nueva ni extraña en la sociedad brasileña. Pese a la idea extendida internacionalmente de país liberal, Brasil es un país muy conservador. Un sondeo del instituto brasileño Ibope de septiembre de 2014 muestra que el 79% de los brasileños está en contra de la legalización del derecho al aborto, el 53% contra el matrimonio homosexual y el 46% es favorable a la pena de muerte.
Pero, si la sociedad es tan conservadora, ¿por qué las leyes sometidas a votación en las últimas semanas no se habían aprobado hasta la fecha? “Desde la restauración de la democracia, la derecha, comprometida con los generales, había quedado estigmatizada. No encontró su espacio durante el Gobierno de Lula merced a la situación económica favorable. Con la crisis y la recesión actuales, las condiciones son favorables a los adversarios al Gobierno del PT”, explica el politólogo Carlos Melo.
En el contexto de crisis, con una inflación del orden del 8% y el aumento previsible del paro, ante los numerosos casos recientes de corrupción, el discurso en contra el PT va ganando fuerza. En marzo, 2 millones de personas salieron a las calles para pedir la destitución de la presidenta de la República. A mediados de abril, se celebró otra ola de manifestaciones contra la corrupción en 400 comunas, menos numerosas, pero más virulentas. Los eslóganes de los nostálgicos del régimen militar no eran tan escasos.
El giro hacia el conservadurismo también es fruto de un cambio religioso
Para el politólogo Claudio Couto, de la Fundación Getulio Vargas, las denuncias de corrupción no son el motor de las manifestaciones. Se trata más bien del rechazo a las políticas sociales de Lula. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, las rentas del 10% de los más pobres de Brasil aumentaron un 70% entre 2003 y 2013. Entre el 10% de los más ricos, la progresión sólo ha sido del 12%. “Brasil siempre ha sido un país desigual. Y una de las marcas de esta diferenciación entre las clases es el poder de compra. Cuando los pobres acceden a los mismos productos, las élites se sienten atacadas. Lo que observamos es la reestructuración de los sectores que habían perdido su sitio en el panorama político. El argumento de la corrupción es sólo un instrumento de legitimación del discurso porque los mismos personajes que denuncian al PT hoy ya han estado en el sitio de los acusados”, analiza Couto.
El Gobierno de Lula, del Partido de los Trabajadores, puso en marcha durante ocho años una política redistributiva, pero de centroderechas. Con la ascensión social de una “nueva clase media”, el expresidente terminó su mandato con una tasa de aceptación del 80%. El PSDB, en sus orígenes un partido de centroizquierda, se cayó del tablero político. Durante los 12 años que se mantuvo en la oposición, el partido se fue reorientando hacia la derecha. Basta con analizar el comportamiento de sus candidatos durante las cuatro últimas presidenciales, en las que se impuso el PT.
En 2002, José Serra, exlíder estudiantil en los años 60, tenía una agenda de izquierdas, muy similar a la de Lula. Cuatro años más tarde, el candidato del PSDB, Geraldo Alckmin, presentaba ideas de izquierdas con un discurso duro en materia de seguridad pública y reclamaba el endurecimiento del sistema penal. En 2010, José Serra se presentó nuevamente con un discurso basado en la defensa de los valores religiosos y cuestionando a Dilma Rousseff, entonces candidata, en la defensa del derecho al aborto.
Por tanto, fue las elecciones presidenciales de 2014 fue cuando el PSDB asumió un posicionamiento más a la derecha. Al contrario que el PT, el candidato Aécio Neves, hasta la fecha hombre de centroderecha, se alió con los grupos religiosos más conservadores para formar coalición. La reducción de la edad penal fue uno de los ejes básicos de su programa de campaña.
Durante las pasadas elecciones, los discursos del PT y del PSDB se radicalizaron. Los ataques de los candidatos –tanto en los anuncios de campaña como en los debates televisados– marcaron distancias y tuvieron continuidad tras la segunda vuelta, habida cuenta de los buenos resultados obtenidos por la oposición. Dilma Rousseff venció las elecciones, pero con el margen más pequeño de la historia brasileña, el 3% de los sufragios. Reelegida, pero debilitada.
El resultado obtenido por la derecha reactivó a los diputados conservadores del Parlamento. En un claro desafío al Ejecutivo, el diputado del PMDB Eduardo Cunha optó a la Presidencia de la Cámara de los diputados. Su plataforma –para recabar votos– se sustentaba, en dos elementos principales: presupuestos más generosos para los gabinetes de los parlamentarios y la defensa de la agenda conservadora, impidiendo que temas como el aborto o los derechos de los homosexuales estuvieran en el orden del día. Elegido en la primera vuelta, Cunha tiene el control indiscutible de la Cámara.
Este resurgir de la derecha permite que se fusionen dos partidos vinculados con el régimen militar, los “demócratas” y el PTB (es decir, no sin ironía, el Partido de los Trabajadores de Brasil). De cara a 2018, las dos familias políticas prevén la candidatura, a la Presidencia de la República, del senador Ronaldo Caiado. Se trata de la personalidad más influyente del frente parlamentario “ruralista”, Caiado se dedica a la defensa de los intereses de los propietarios de tierras y combate cualquier tentativa de reforma agraria. Esta candidatura no perseguirá la victoria. Servirá sobre todo para presentar la agenda de esta élite terrateniente, ahora poderosa, pero limitada a grupos de influencia que operan de forma opaca.
La fortaleza actual del conservadurismo en Brasil no es sólo fruto de la recuperación política de las derechas, sino también consecuencia de un cambio religioso. En 1980, el 89% de la gente se declaraba católica. Ahora bien, el catolicismo brasileño siempre ha estado marcado por su carácter moderado y bastante tolerante hacia las religiones de origen brasileño. Pero desde hace 30 años, el país asiste a un crecimiento exponencial de las iglesias evangélicas neopentecostalistas. A principios de los 90, sus fieles representaban el 9% de la población brasileña. Actualmente, un brasileño de cuatro es evangélico no neopentecostalista.
Esta parte de la sociedad es más conservadora que los católicos brasileños. Y más organizada. Los evangélicos están en los medios de comunicación y numerosos pastores son dueño de radios o de cadenas de televisión. Un ejemplo, la Rede Record, segunda cadena de Brasil, pertenece a la Iglesia universal del Reino de Dios. Esta presencia mediática da a los pastores “televangelistas”, un notable poder de movilización. El mejor ejemplo es Silas Malafaia, presidente del Consejo de Pastores de Brasil. Él solo participó en la campaña de 500 candidatos a la diputación en octubre pasado.
En 2011, Malafaia organizó una manifestación en Brasilia, tras haber reunido un millón de firmas en contra de un proyecto de ley para acabar con la discriminación sexual. Tomando como argumento que la ley va en contra de la libertad religiosa, Malafai y los parlamentarios evangélicos, sobre todo Eduardo Cunha, amenazaron al Gobiero con crear una comisión de investigación contra el principal ministro que a la época se encontraba en el centro de un caso de corrupción. Finalmente, el Senado ha desestimado el proyecto y el derecho de los pastores a predicar contra la homosexualidad ha quedado en suspenso. Justo a tiempo. No en vano, un miembro de la comunidad LGTB muere cada día asesinado en Brasil.
Gustavo Ribeiro es un periodista brasileño, que ha trabajado para el principal semanario del país, Veja. VIve en París donde tiene un blog (en francés) sobre su país de origen, Parlons Brésil . Este es el primer artículo que publica en Mediapart.
Brasil multa a Zara con 246.000 euros por irregularidades laborales en sus proveedores
Traducción: Mariola Moreno
Leer el texto en francés:
En el imaginario político, los cien primeros días de un mandato presidencial constituyen el periodo de gracia que ciudadanos y adversarios políticos otorgan al mandatario en cuestión para que este ponga en marcha su agenda. En el caso de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, los cien primeros días de su segundo mandato están siendo convulsos. Los problemas se suceden: recesión económica, manifestaciones en las que se reclama su destitución, falta de diálogo con el Parlamento.