Una derrota para el derecho a la información: Estrasburgo avala que Francia censurase 70 artículos de Mediapart sobre el 'caso Bettancourt'

Una década de batallas legales, lideradas por Mediapart (socio editorial de infoLibre) y sus abogados, paralela al caso Bettencourt, terminaba este jueves 14 de enero en una gran derrota para la libertad de informar frente a la principal instancia jurídica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En un fallo dado a conocer a través de su página web a las 10 de la mañana, el Tribunal de Estrasburgo estimaba que Francia no había violado el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que consagra la libertad de expresión, al censurar, en 2013, 70 artículos de Mediapart, en el origen de las revelaciones iniciales del caso Bettencourt.

Los hechos presentados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras serlo ante diversos tribunales franceses, están relacionados con la publicación de grabaciones clandestinas realizadas entre mayo de 2009 y mayo de 2010 por el mayordomo de Liliane Bettencourt (1922-2017), entonces heredera del imperio L'Oréal y la mujer más rica de Europa, durante sus conversaciones de negocios con el encargado de gestionar su fortuna, Patrice de Maistre.

El mayordomo, Pascal Bonnefoy, realizó estas grabaciones para confiárselas a la Policía y así probar que su jefa, con problemas psíquicos y psicológicos desde hacía años, era la presa financiera de muchas personas de su entorno directo, empezando por su asesor financiero personal. La Policía estuvo investigando desde finales de 2007, a petición de la propia hija de Bettencourt, un posible abuso de debilidad abuso de debilidad del que la multimillonaria podría haber sido víctima.

Como receptor de las cintas de audio –unas 22 horas de conversaciones dispares–, Mediapart llevó a cabo una estricta selección de las grabaciones para revelar, tras la comprobación y exclusión de todos los elementos pertenecientes a la vida privada, sólo el contenido relativo a temas de interés público: el fraude fiscal masivo de la familia Bettencourt, los conflictos de intereses de un importante ministro del gobierno de la época (Éric Woerth), la injerencia del Elíseo en determinados procedimientos judiciales, la financiación de la vida política o el futuro de los accionistas de L'Oréal, líder mundial de la cosmética.

Mediapart publicó en un primer momento, en el verano de 2010, transcripciones seleccionadas de las grabaciones y, posteriormente, ante la acumulación de desmentidos, decidió hacer públicos ciertos extractos sonoros.

Las investigaciones de Mediapart permitieron demostrar que Liliane Bettencourt, titular de 12 cuentas ocultas en el extranjero (en Suiza y Singapur), había contratado a su servicio, a petición de Patrice de Maistre, a la esposa del ministro de Presupuesto, Eric Woerth, cuyos servicios nunca habían auditado a la empresa Bettencourt a efectos fiscales. Además, en su calidad de tesorero del partido con mayoría (la UMP) y de la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007, Eric Woerth concedió la Legión de Honor a Patrice de Maistre, que contribuyó, al igual que Liliane Bettencourt, a la financiación de la campaña de 2007.

Las revelaciones de Mediapart provocaron la dimisión de Florence Woerth, que declarará a Le Monde: “Subestimé este conflicto de intereses”. Por su parte, Eric Woerth renunciaría a su cargo como tesorero de la UMP.

Por otro lado, el exministro fue absuelto del delito de “tráfico de influencias” del que fue acusado y posteriormente juzgado por un tribunal de Burdeos. Nicolas Sarkozy, procesado durante un tiempo por haberse aprovechado de la presunta generosidad de Bettencourt, finalmente vio sobreseerse los cargos en su contra al término de la instrucción.

El estallido del escándalo Bettencourt suscitó innumerables reacciones políticas en el gobierno de la época. El responsable entonces de la UMP (hoy, Los Republicanos), Xavier Bertrand, por ejemplo, llegó a estigmatizar los “métodos fascistas” de Mediapart.

Patrice de Maistre y los entonces representantes de Liliane Bettencourt (en aquella época próxima al clan de Maistre) iniciaron un procedimiento de medidas de urgencia para reclamar la retirada de las grabaciones del mayordomo y de sus transcripciones, al considerar ser víctima de un atentado a la intimidad de la vida privada.

En una sentencia dictada el 1 de julio de 2010, el tribunal de París desestimó la demanda y subrayó que la labor de Mediapart entraba en el ámbito de la “legítima información pública” sobre “temas de interés general”. “Ordenar la retirada de documentos que forman parte de la publicación de informaciones legítimas de interés general equivaldría a ejercer una censura contraria al interés público, a menos que se impugne la gravedad de la reproducción de las grabaciones, que no es el caso”, señaló el tribunal, cuya decisión sería confirmada en apelación días después, el 30 de julio.

Pero el 6 de octubre de 2011 el Tribunal de Casación anuló esta interpretación legal y devolvió el caso al Tribunal de Apelación de Versalles. A diferencia de los jueces que habían analizado el caso anteriormente, el Tribunal de Casación dictaminó que no importaba que Mediapart hubiera seleccionado las grabaciones en función del interés público. El Alto Tribunal estimaba que, mientras las grabaciones fueran clandestinas, constituían una invasión de la intimidad y su distribución equivalía a un delito de encubrimiento.

Siguiendo la interpretación de la Sala de lo Civil del Tribunal de Casación, el Tribunal de Apelación de Versalles condenó a Mediapart en 2013 a una censura sin precedentes: la retirada no sólo de cualquier extracto sonoro de las grabaciones de Bettencourt, sino también de la más mínima retranscripción escrita, bajo pena de una multa de 10.000 euros por día y por extracto.

Como resultado de ello, Mediapart tuvo que despublicar 70 artículos. Lo nunca visto.

La ONG Reporteros sin Fronteras, el principal diario belga Le Soir y el sitio web francés Rue89 tomaron la iniciativa de publicar, en señal de apoyo, las cintas censuradas.

En su sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima que la censura de los artículos de Mediapart constituía una “injerencia” en la libertad de informar “necesaria en una sociedad democrática” para preservar la intimidad de la señora Bettencourt, pero también de Patrice de Maistre.

Desde el punto de vista jurídico, en el caso se sucedieron las incongruencias. La primera: Mediapart y los periodistas de Le Point (que también tenían conocimiento de las grabaciones) fueron procesados, esta vez penalmente, sobre la base del mismo presunto delito (derivado de los artículos 226-1 y 226-2 del Código Penal) y finalmente puestos en libertad, en primera instancia y en apelación, en nombre del interés general de la información descubierta.

El mayordomo de Bettencourt, que hizo las grabaciones encausadas, también fue procesado y absuelto en nombre del “estado de necesidad”. “La acción de Pascal Bonnefoy reúne las condiciones de un estado de necesidad al salvaguardar intereses cuyo valor es mayor que el de los intereses sacrificados; su acto es por lo tanto socialmente útil y la sociedad no tiene interés en castigarlo, la sanción pierde toda utilidad social y personal”, escribió el tribunal en su sentencia.

Segunda incongruencia: la sala del Tribunal de Casación (compuesta por magistrados diferentes a los de la sala civil) validará las grabaciones de Bettencourt como prueba válida para la Justicia. Además, constituirán una prueba importante que permitirá condenar a Patrice de Maistre, en 2015, a 30 meses de prisión, de los cuales 18 serán firmes, 250.000 euros de multa y 12 millones de euros de daños y perjuicios a Liliane Bettencourt .

En una comunicación presentada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en julio de 2017, el Gobierno francés reconoció que los artículos de Mediapart habían “contribuido a un debate de interés público” y que la censura impuesta por los tribunales a Mediapart constituía “una injerencia del Estado en el ejercicio de la libertad de expresión”, pero que ello se justificaba por la invasión de la intimidad de la que, en su opinión, habían sido víctimas Liliane Bettencourt y Patrice de Maistre.

El Gobierno francés consideró que Patrice de Maistre había sido la “víctima colateral del interés mostrado por la prensa en el patrimonio de Liliane Bettencourt”, mientras que los tribunales franceses reconocieron, gracias a las grabaciones del mayordomo, que dicho Patrice de Maistre había desposeído a Liliane Bettencourt de parte de su patrimonio.

En un escrito de respuesta, los abogados de Mediapart, encabezados por el letrado Jean-Pierre Mignard, respondieron que Patrice de Maistre, por el contrario, “no dudó en refugiarse en el principio de la protección de la vida privada, aquí equivocada, habiendo constituido para él la pantalla de los delitos que estaba cometiendo contra la anciana”.

Los nuevos representantes de Liliane Bettencourt afirmaron en 2015 ante los tribunales que la labor de Mediapart había permitido revelar la verdad. “Hicieron su trabajo. Permitieron que cesara un abuso de la debilidad”, dijo el tutor de la multimillonaria, Olivier Pelat, ante el tribunal.

Paradójicamente, todos los artículos que sacaron a la luz el caso siguen siendo inaccesibles a los ciudadanos.

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Traducción: Mariola Moreno

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