En el cargo desde 2015 y reelegido triunfalmente el año pasado, el primer ministro portugués, António Costa, uno de los principales socialdemócratas de Europa, dimitió el martes 7 de noviembre. El político socialista está involucrado en un escándalo de corrupción a gran escala relacionado con la adjudicación de contratos energéticos.
"Las funciones de primer ministro no son compatibles con ninguna sospecha sobre mi integridad. En estas circunstancias, he presentado mi dimisión al presidente de la República", declaró el martes al término de una jornada electrizante en Lisboa, marcada por no menos de 43 redadas policiales contra edificios gubernamentales y domicilios de personas próximas al ya expresidente.
António Costa, de 62 años, cuyo padre es originario de Goa (India), lo que le convierte en uno de los pocos dirigentes mestizos de Europa, mantuvo también su inocencia: "Estoy en paz con mi conciencia, no sólo en lo que se refiere a los actos ilegales, sino también a los reprobables".
Como era de esperar, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, antiguo miembro del derechista Partido Socialdemócrata (PSD), aceptó el martes la dimisión. El miércoles 8 de noviembre, se entrevistará durante todo el día con los líderes de todos los partidos representados en la Asamblea, antes de celebrar el jueves un Consejo de Estado, que reunirá a los principales dirigentes del país para ayudarle a tomar su decisión.
Si nos atenemos a la Constitución, el jefe del Estado tiene dos opciones: nombrar a un nuevo primer ministro del Partido Socialista (PS), apoyado por una mayoría absoluta socialista en la Asamblea –se baraja el nombre del exalcalde de Lisboa y ministro de Hacienda saliente, Fernando Medina–, o convocar nuevas elecciones, probablemente ya el próximo mes de enero. La primera opción parece muy improbable, dada la intensidad del actual escándalo y el grado de personalización de la política gubernamental en torno a Costa desde hace años.
De aquí a las probables próximas elecciones, Costa seguirá siendo primer ministro en funciones. Por tanto, aún podría supervisar la difícil aprobación del presupuesto para 2024, que –todo un símbolo para esta socialdemocracia que también ha alienado a sus antiguos socios de izquierdas– debía situar la deuda de Portugal por debajo del 100% del producto interior bruto (PIB) por primera vez en mucho tiempo. "No voy a volver a presentarme para primer ministro, esa etapa de mi vida ha terminado", dijo el líder socialista el martes por la noche.
A esas horas, las declaraciones de varios partidos ante este terremoto político en Portugal parecían el inicio de una campaña electoral. El conservador Luís Montenegro, líder del PSD, declaró: "La corrupción administrativa y política no es inevitable, como tampoco lo son los niveles asfixiantes de fiscalidad", mientras que André Ventura, líder del partido de extrema derecha Chega, se declaró "dispuesto a ser la alternativa". En cuanto al PS, en "estado de shock" según el diario Público, podría organizar primarias para designar el sucesor de Costa.
Minas de litio
La investigación que condujo a la dimisión del jefe del Gobierno incluye sospechas de "malversación, corrupción activa y pasiva de cargos políticos y tráfico de influencias" en la adjudicación de concesiones para la prospección de litio y la producción de hidrógeno.
La Fiscalía investigó un proyecto de producción de energía verde a partir de hidrógeno y otro de centro de datos (liderado por la empresa Start Campus), ambos situados en Sines, al sur de Lisboa, así como dos licencias para explorar minas de litio en el norte del país.
Apodado "oro blanco", el litio es un mineral esencial para la fabricación de baterías, sobre todo para coches eléctricos, y desde 2020 figura en la lista de materias primas en riesgo de escasez de la Unión Europea. El norte de Portugal alberga las mayores reservas de litio de Europa, y las solicitudes de permisos de prospección se han disparado en los últimos años.
En el caso de la mina de Romano, cerca de Montalegre, la concesión para explotar el litio se ha otorgado a la empresa portuguesa Lusorecursos por un periodo de cincuenta años y un contrato por un valor estimado de 380 millones de euros. Sin embargo, Lusorecursos no es la misma empresa que obtuvo originalmente el contrato de exploración. Esta extraña contradicción ha suscitado sospechas de favoritismo hacia Lusorecursos.
João Pedro Matos Fernandes, ex ministro de Medio Ambiente y Acción por el Clima, y João Galamba, entonces Secretario de Estado de Medio Ambiente y actual Ministro de Infraestructuras, dieron luz verde al proyecto Lusorecursos, argumentando que era esencial para la transición energética. En cuanto a Jorge Costa Oliveira, antiguo secretario de Estado de Internacionalización y estrecho colaborador de António Costa, fue contratado por la empresa como asesor financiero.
También está en el centro de este escándalo la concesión de exploración de la mina de litio de Barroso, en el municipio rural de Boticas. La licencia se ha concedido a Savannah Resources, una empresa británica que quiere desarrollar la mayor mina de litio a cielo abierto de Europa en una superficie de unas 600 hectáreas.
Desde hace cinco años, este megaproyecto es objeto de una fuerte resistencia local, que se ha extendido al movimiento ecologista portugués. Los opositores denuncian, entre otras cosas, la contaminación de las capas freáticas y la destrucción de tierras que provoca la extracción de litio en nombre del crecimiento ecológico.
La zona de Barroso fue clasificada en 2018 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como "Sistema Ingenioso del Patrimonio Agrícola Mundial". Los habitantes de esta región montañosa viven principalmente de la ganadería y la agricultura de subsistencia, apoyándose en el cultivo sostenible de tierras comunales (baldios) y la gestión colectiva de los recursos hídricos.
Otros escándalos de corrupción
La investigación en curso ha conducido hasta ahora a la inculpación del jefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, que es también uno de sus amigos más íntimos, y del ministro Galamba. En el curso de esta investigación, "el nombre y la autoridad del primer ministro también fueron mencionados por los sospechosos", anunciaron las autoridades el martes 7 de noviembre, provocando la dimisión del jefe del Gobierno. Se sospecha que Costa intervino "para desbloquear los procedimientos".
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Sin remontarnos a los escándalos de corrupción de la época de José Sócrates, el último gobierno de Costa se vio debilitado por otros casos de presunta corrupción y amiguismo. En particular, el escándalo relacionado con la compañía aérea TAP, cuando una de sus directoras, Alexandra Reis, recibió una indemnización de 500.000 euros en un momento en que la empresa estaba llevando a cabo una amplia reestructuración e imponiendo un recorte salarial a sus empleados. Unos meses más tarde, fue nombrada secretaria de Estado del Ministerio de Hacienda. Más de una docena de ministros y secretarios de Estado habían abandonado ya sus puestos, pero Costa, aunque debilitado, no se había rendido.
El sociólogo portugués André Freire analizaba el miércoles en El País la marcha de Costa: "Es un acto de gran dignidad política. El primer ministro no había mostrado el mismo nivel de exigencia en el pasado. Cuando en 2022 salieron a la luz casos de presunta corrupción y tráfico de influencias [...], las dimisiones fueron forzadas por las circunstancias, no provocadas por el primer ministro. Esta vez, al verse afectada la cúspide de la pirámide, la decisión era inevitable".
La sorprendente dimisión de Costa supone también un terremoto para la izquierda socialdemócrata del continente, a pocos meses de las elecciones europeas de junio de 2024. Costa, mencionado en su día como posible sucesor del belga Charles Michel al frente del Consejo Europeo de Bruselas, era uno de los dos únicos líderes socialdemócratas del continente que podía contar con mayoría absoluta en la Eurocámara, junto al laborista maltés Robert Abela.
En el cargo desde 2015 y reelegido triunfalmente el año pasado, el primer ministro portugués, António Costa, uno de los principales socialdemócratas de Europa, dimitió el martes 7 de noviembre. El político socialista está involucrado en un escándalo de corrupción a gran escala relacionado con la adjudicación de contratos energéticos.