El duelo deja paso a la rabia tras el terremoto en Turquía
"Antioquía ha desaparecido", repiten una y otra vez sus habitantes, que deambulan por las calles con la mirada perdida, exhaustos y horrorizados, como si la repetición de estas terribles palabras les ayudara a convencerse de la realidad del desastre. Antioquía es una de las ciudades más afectadas por el doble terremoto de magnitud 7,7 y 7,6 que sacudió Turquía el 6 de febrero, causando la muerte de al menos 32.000 personas, según un balance oficial aún muy provisional. Según el Ministerio del Interior, la mitad de los edificios de la ciudad se han derrumbado o han sufrido daños irreparables.
Sin embargo, a pesar de la magnitud de la destrucción en esta ciudad y con el número de víctimas más alto del país, las autoridades estatales seguían siendo prácticamente invisibles el martes 7 de febrero, al día siguiente de la catástrofe. Consternados y muertos de frío, los supervivientes intentaban sacar a sus seres queridos de entre los escombros.
“Conseguí salir de casa con mis dos hijos, pero mis suegros, que vivían en el primer piso, siguen bajo los escombros", contaba entre lágrimas Hüseyin Kosan. “Ayer podía oírlos todavía, pero desde entonces no escucho nada", afirma el joven, indignado porque nadie acude en su ayuda. "¡No hay equipos de rescate, no hay nadie! Me encontré con un grupo de gendarmes que me dijeron que tenía que buscar una retroexcavadora, limpiar los escombros y sacarlos, pero ¿dónde esperan que encuentre eso yo solo?”.
Al cabo de varios días, y con la ayuda de sus vecinos, llegó por fin hasta los cuerpos de sus suegros muertos. Tragedias como ésta se cuenta por miles en la ciudad, quizá decenas de miles. ¿Cuántas personas podrían haber sido sacadas de entre los escombros si los servicios estatales hubieran sido más reactivos?, se preguntan los rescatados.
Esa pregunta es considerada casi indecente por el gobierno y sus partidarios, mayoritarios en el panorama mediático turco, que se contentan con hablar de la "catástrofe del siglo", como si la magnitud del suceso, un doble terremoto de gran magnitud y superficie, a sólo 17,9 kilómetros de profundidad, cerca de zonas densamente pobladas, bastara para absolver los fallos de los servicios públicos.
Como ya había hecho el año pasado durante la catástrofe minera de Amasra, que se cobró la vida de cuarenta y tres mineros, el presidente turco invocó la mano del "destino", en referencia a la teología islámica, según la cual el momento y las circunstancias de la muerte de las personas están escritos desde el nacimiento. "Sin embargo, tras el terremoto de 1999 (en Izmit, no lejos de Estambul, en el que murieron 18.000 personas), Erdogan no dudó en criticar al gobierno y entonces no había destino", declaró un rescatador de la asociación Marsar en el aeropuerto de Adana.
Rescatadores inmovilizados
Existen numerosas asociaciones de salvamento en un país sometido a un riesgo sísmico constante y donde el terremoto de 1999 ha dejado huella en la memoria colectiva: Marsar, Gea, Sar, Magame, Anda, Akut... Apoyadas por montañeros, mineros y operadores de equipos de construcción, han intentado tomar el relevo de un Estado ausente. Pero la fuerza de la sociedad civil turca ha sido puesta a prueba por años de gestión autoritaria del poder por parte del partido-estado islamonacionalista AKP, que desconfía del mundo asociativo.
"Han saboteado esas organizaciones e intentado centralizarlo todo en torno a la creación de Afad, que debía gestionar y organizar la respuesta a este tipo de crisis, y este es el resultado", afirma Nasuh Makuri, fundador de una de las principales asociaciones de socorristas, Akut, muy activa durante el terremoto de 1999. Las posiciones de este nacionalista kemalista crítico con el Gobierno le llevaron a ser expulsado en 2018. "Un asesor de Erdogan, miembro de su familia, exigió mi dimisión bajo la amenaza de prohibir a mi asociación el acceso al recinto y confiscar nuestros locales", recuerda.
Afad, una organización de gestión de catástrofes naturales creada en 2009, está en el punto de mira de las críticas. La prensa turca de oposición destaca el extraño currículo de su director, Ismail Palakoglu, símbolo de un sistema que prima la proximidad ideológica y la lealtad sobre la competencia. Palakoglu se graduó en un instituto de imanes, en una facultad de teología, y ha pasado la mayor parte de su carrera en el Ministerio de Asuntos Religiosos. Un ministerio cuyo presupuesto es más de cuatro veces superior al de Afad, aumentado en un 56% en 2023, mientras que los fondos de la organización se han recortado un 33%.
"Llegamos a Turquía al día siguiente del terremoto, pero la Afad tardó más de seis horas en encontrar un vehículo para llevarnos a la zona desde el aeropuerto", explica un miembro de un equipo de ayuda internacional. "Me enteré de la situación en Antioquía y quise ir allí enseguida, pero Afad me pidió que fuera a Mersin, donde no había daños. Dejé esa tarea, cogí un coche y me vine aquí", cuenta Deniz Çağlar, socorrista voluntario formado por Afad y el municipio de Ankara.
De escombro en escombro, los equipos de rescate trataban de extraer a los supervivientes atrapados bajo los cascotes, los mejor equipados, en su mayoría extranjeros, con cámaras termográficas y perros especialmente adiestrados para captar el olor de los vivos. Un ladrido o una pata rascando el suelo y ya estaban excavando a través de metros de hormigón. Los equipos locales, en cambio, a menudo tenían que recurrir a los propios supervivientes, que intentaban señalar su presencia a gritos o golpeando las paredes. A intervalos regulares, el trabajo se interrumpía con un silencio absoluto para poder llamar a los supervivientes: "¿Alguien me oye?”
"En el barrio de Ürgen Paşa, frente al piso de un amigo que conocía de Ankara, oíamos ruidos procedentes de los escombros, pedimos a una excavadora que levantara los bloques de hormigón que bloqueaban el acceso, pero nos respondieron que no podían hacer nada sin una orden de Afad, que nunca llegó... Al tercer día, el ruido cesó", dice Deniz, sollozando, que en otra ocasión estuvo a punto de ser linchada a causa del chaleco de Afad que llevaba a la espalda.
Han basado toda su política económica en el hormigón.
La magnitud de la dejadez de los servicios estatales permite plantearse incluso las peores preguntas: "¿Es por ser alevíes por lo que se ha dejado morir a estas personas?", se pregunta Deniz, porque Antioquía, al igual que la ciudad vecina de Samandag, ha contado históricamente con un gran número de alevíes (seguidores de una creencia heterodoxa inspirada en el chiísmo, pero también en las creencias chamánicas turcas) y, sobre todo, de turcos y alauítas arabófonos.
"¿Somos ciudadanos de segunda? ¿Por qué el Estado decide abandonarnos de esta forma? ¿Porque nos oponemos a él?", se pregunta Metin Horoz, un residente superviviente. Acurrucado con su familia en torno a una hoguera, duerme en un refugio improvisado y en su coche guarda el cadáver de un vecino que los servicios públicos tardan en llevarse. También hubo escenas de violencia en la prisión de Antioquía. Un motín, cuyas circunstancias aún no se han aclarado, se saldó con la muerte de tres reclusos, abatidos por los gendarmes, mientras que un habitante, Ahmet Güreşçi, detenido por la policía bajo sospecha de "saqueo", murió al parecer torturado mientras estaba bajo custodia.
Corrupción y laissez-faire
Aunque la gestión de la operación de rescate causa indignación, es sobre todo la falta de preparación y la ausencia de una política sísmica lo que desata la cólera de la población turca. El riesgo, extremadamente elevado, es bien conocido por sismólogos, geofísicos e incluso historiadores: Antioquía, por ejemplo, fue arrasada por un terremoto en el siglo II, y otro en 1822 mató a 20.000 personas. Los científicos seguían advirtiendo de un inminente incidente sísmico en la falla meridional de Anatolia, pero sin encontrar eco en las políticas públicas.
El profesor Naci Görür, célebre sismólogo, lleva años dando la voz de alarma sobre esa falla, así como sobre el riesgo de un terremoto de magnitud superior a 7 en el mar de Mármara, que destruiría sectores enteros de Estambul. La víspera del seísmo, alertó de la falta de preparación de las autoridades y del peligro que corren las viviendas de Estambul, criticando la promesa electoral del gobierno de construir 200.000 nuevas viviendas sociales en el país, "mientras ahora mismo cientos de miles de personas corren peligro de morir en sus casas".
"Llevan más de veinte años en el poder, llegaron tras el terremoto de 1999, podrían haber aprendido de ello, pero no se ha hecho nada, al contrario, han basado toda su política económica en el ladrillo", critica Baris Atay, diputado del Partido de los Trabajadores (izquierda) por Antioquía.
La afición del AKP por los proyectos de viviendas e infraestructuras a gran escala ya ha quedado demostrada. "El Gobierno ha optado en los últimos quince años por multiplicar las grandes obras, puentes, carreteras, nuevos aeropuertos o el proyecto de un nuevo canal en Estambul, en lugar de favorecer la renovación del parque de viviendas existente", afirma Gencay Serter, presidente de la Cámara Turca de Urbanistas. La proximidad del partido gobernante a algunos de los grandes holdings de la construcción y las acusaciones de corrupción en la adjudicación de contratos públicos han despertado durante años la ira de la oposición, que amenaza cada poco a los "cinco bandidos", como llama a las principales empresas del sector, con tomar represalias en caso de que llegue al poder.
Tras el terremoto de 1999, se introdujo un impuesto especial sobre las telecomunicaciones, conocido en el país como el "impuesto del terremoto". Pero estos gravámenes, que reportaron 36.000 millones al Estado, parecen haberse gastado en otros sectores. Preguntado al respecto al ministro de Finanzas, Mehmet Şimşek, tras el terremoto de 2011 en la ciudad de Van, en el que murieron 644 personas, explicó que el dinero se había utilizado "en sanidad, construcción de aeropuertos, carreteras de doble carril". Interpelado a su vez por la oposición en 2020 tras el terremoto de Elazığ (41 víctimas), el presidente turco había sido más lacónico: "Se gasta donde se debe, no tenemos tiempo para rendir cuentas de este tipo de cosas."
Los promotores inmobiliarios, ¿chivos expiatorios del Gobierno?
En medio de las ruinas, a veces se alza un edificio intacto. En otras, en cambio, un solo edificio aparece derruido. "No son los terremotos los que matan, son los edificios", repiten los expertos. ¿Por qué los edificios se han convertido en cementerios?
Las víctimas culpan a los promotores inmobiliarios sin escrúpulos. Para ahorrar costes de construcción, algunos han utilizado hormigón no armado, es decir, hormigón no reforzado con varillas de acero, que se supone ofrecen resistencia a la tracción, o con ferralla de mala calidad. Otros han optado incluso por destruir las columnas de soporte de los edificios del centro de las ciudades para instalar tiendas o supermercados en la primera planta.
Estos fallos no permiten a los edificios resistir los seísmos y producen colapsos en "panqueque": cada planta se derrumba verticalmente sobre la de abajo, sin que las losas de hormigón apiladas dejen ninguna posibilidad de crear bolsas de supervivencia.
"Después de las operaciones de rescate y antes de que se retiren los escombros, es absolutamente necesario que la fiscalía y los expertos tomen muestras del hormigón y de las armaduras" para documentar futuras investigaciones, reclama la presidenta del colegio de arquitectos, Mucella Yapici, desde la prisión en la que lleva encerrada desde abril de 2022, condenada a dieciocho años de cárcel por su papel en la defensa del parque Gezi en 2013, uno de los pocos espacios verdes que quedan en Estambul y uno de los pocos posibles puntos de reunión de emergencia en caso de terremoto.
Nunca he visto un solo control en ninguna de las obras en las que he trabajado.
Ya se han abierto más de cien investigaciones contra promotores en la zona de la catástrofe, y la prensa turca ya desentierra el hacha de guerra: se dice que uno ha huido, otro ha sido detenido en Chipre y otro arrestado en el aeropuerto de Estambul. “Tenemos que tener cuidado con la tentación de buscar chivos expiatorios", advierte el diputado Baris Atay. “Se trata de un problema sistémico, y la responsabilidad es de todos, desde la cúpula del Estado hasta las administraciones intermedias que autorizaron estas construcciones”.
No obstante, existe un mecanismo de control del cumplimiento de las normas sísmicas en la construcción. Creado después de 1999, bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente y Urbanismo, se confió a empresas privadas, elegidas por sorteo para evitar condescendencias. Sin embargo, ese control no afecta a las estructuras de menos de 200 metros cuadrados ni a las construidas por organismos públicos de vivienda. Sobre todo, su elusión casi sistemática es de dominio público, afirma Büşra, una arquitecta de 30 años de Estambul diplomada por una universidad de renombre.
"Nunca he visto una sola inspección en las obras en las que he trabajado", afirma. El precio de la inspección, fijado por el ministerio en función de la superficie a inspeccionar, que según ella es demasiado bajo, y la impunidad casi garantizada, llevan a las empresas de inspección a no realizar su trabajo y a falsificar documentos: "Conozco a muchos arquitectos que, por una pequeña cuota mensual, facilitan su tarjeta profesional a estas empresas, que los hacen pasar por sus empleados y luego falsifican sus firmas en los documentos de inspección, es una práctica habitual", lamenta la joven.
En Antioquía, que se encuentra en estado de emergencia, las autoridades gubernativas tomaron una iniciativa sorprendente: la noche del 11 de febrero, cuando no se había iniciado ninguna obra de este tipo en ningún otro lugar, utilizaron excavadoras para arrasar la delegación local del ministerio donde se guardaban los documentos y muestras de la inspección de las obras de la ciudad, según explica la abogada Bedia Büyükgebiz.
La concesión de permisos de construcción, a veces manchada por el nepotismo, la corrupción o una actitud generalizada de laissez-faire, también están en tela de juicio. A 130 kilómetros al norte, la ciudad de Osmaniye, bastión del AKP y de su aliado de extrema derecha, el MHP, cuenta con bastantes rescatistas. En comparación con Antioquía, ha sufrido pocos daños, pero se han derrumbado varias decenas de edificios. “El barrio de Esenevler ha sufrido mucho, lo que no es de extrañar, ya que se construyó en una zona pantanosa. Me pregunto cómo pudieron dar las autorizaciones", se pregunta la abogada.
Financiados con préstamos a bajo interés y alentados por la condescendencia de las autoridades, promotores y particulares han multiplicado las construcciones y ampliaciones sin permiso, unas veces de forma totalmente ilegal, otras infringiendo ciertas normas. Podían estar seguros de que, al acercarse unas elecciones, el Gobierno anunciaría una "amnistía general" que, a cambio de una simple multa (que reportó al Estado varios miles de millones de dólares), regularizaría sus construcciones.
En 2019, durante una visita a la ciudad de Maras (situada a 50 kilómetros del epicentro y que sufrió especialmente el seísmo), el presidente Erdogan elogió la amnistía concedida el año anterior antes de las elecciones: "Con esta amnistía inmobiliaria, hemos resuelto el problema de 144.556 habitantes de Maras", dijo. Cuatro años después, ¿cuántos han esperado en vano ayuda bajo los escombros?
Caja negra:
Los fallecidos en los terremotos de Turquía y Siria rozan los 40.000
Ver más
Este reportaje se realizó del 6 al 12 de febrero en las ciudades de Adana, Antioquía, Alejandreta y Osmaniye.
Traducción de Miguel López.
