Estados Unidos limita el espionaje, mientras Francia autoriza la vigilancia masiva

Edward Snowden ha terminado ganando. En parte. Dos años después de que el joven empleado de la National Security Agency (NSA) diera a conocer el alcance de los programas de vigilancia de Estados Unidos, el Congreso norteamericano votó, el pasado martes 2 de junio, una ley que restringe, en cierta medida, el alcance de las competencias de las agencias de espionaje. Precisamente, cuando Francia ha emprendido el camino contrario, para reforzar todos los métodos de vigilancia.

Los representantes norteamericanos votaron la Patriot Act en 2001, a raíz de los atentados del 11 de septiembre, ante el miedo de no ser capaces de detectar la planificación de un atentado terrorista. La redacción de la ley –en lo que se refiere a la recopilación de datos– era lo suficientemente vaga como para permitir a las agencias de espionaje, y en particular a la NSA, recabar documentos procedentes de todo tipo de fuentes (correo, comunicaciones electrónicas, archivos de biblioteca, búsquedas en internet, teléfono...). Pero lo que los norteamericanos no sospechaban, y que el Gobierno no había admitido nunca antes de verse obligado tras las revelaciones de Snowden, es que la NSA recopilaba los metadatos de la práctica totalidad de las comunicaciones telefónicas registradas en territorio estadounidense (los números de los emisores y de los receptores, el horario y la duración, aunque no el contenido). Acto seguido, la agencia podía analizar, con total discrecionalidad, los miles de archivos en su poder, sin que mediara ni un mínimo control judicial serio.

La ley, votada por el Congreso norteamericano, y promulgada por la Casa Blanca, a la que se dio un nombre tan orwelliano como el de su predecedora, USA Freedom Act (Ley de Libertad de EEUU), tiene como objetivo regular las actividades de las agencias de espionaje en territorio nacional. Más exactamente, esta ley prohíbe a la NSA almacenar los metadatos de las comunicaciones telefónicas. A partir de ahora, serán los operadores telefónicos los que se ocupen de ello, sin que los espías pueden tener acceso sin orden judicial. Además, la Foreign Intelligence Surveillance (FISA), el Tribunal de Justicia que supervisa la recopilación de información de agentes extranjeros, tendrá que desclasificar algunas de estas decisiones y podrán comparecer juristas externos, de modo que se pone fin a al secretismo más absoluto que rodeaba hasta la fecha a su funcionamiento.

El giro de 180 grados de los congresistas, tanto demócratas como republicanos, 14 años después de haber votado la Patriot Act, se debe a que la NSA ha superado claramente las intenciones del legislador, al actuar con una gran opacidad y en contradicción con algunos principios fundamentales de las libertades norteamericanas. Además, ninguna agencia de espionaje ha podido demostrar que esta recopilación masiva de datos haya permitido evitar el menor atentado terrorista.

Aunque sus promotores acogieron esta ley como “la reforma más importante de las actividades de vigilancia en una década” y pese a que, en opinión de Snowden, suponía “un paso importante en la buena dirección”, las competencias en manos de las agencias de inteligencia norteamericanas siguen siendo amplias, sobre todo en lo que se refiere a la vigilancia de internet y fuera de las fronteras de EEUU. Por esa razón, algunos congresistas, tanto de izquierdas como de derechas, advirtieron de que la aprobación de la Freedom Act sólo era el principioFreedom Act . Ahora esperan denegar la autorización para leer e-mails que tienen más de seis meses de antigüedad  y permitir someter a un mayor control al Foreign Intelligence Surveillance Court.

Así, mientras que Estados Unidos parece dejar atrás la seguridad que se impuso tras el 11-S (de 2001), Francia avanza en sentido contrario. Cuando el Senado norteamericano votaba la Freedom Act, sus homólogos franceses examinaban el proyecto de ley de inteligencia, adoptado por la Asamblea Nacional.

En este texto se pretende recoger las actividades de los servicios de inteligencia para otorgarles más poder y delimitarlos mejor. Sin embargo, para “legalizar” estas prácticas, el proyecto de ley amplía considerablemente los poderes de los servicios de inteligencia sin que los controles se vean reforzados tanto como se debería.

En primer lugar, se amplía la finalidad de los servicios de inteligencia, es decir, aquellos casos en que es posible echar mano de “técnicas especiales”. Estas incluyen la interceptación de las comunicaciones, la captación “en tiempo real” de datos en internet, la instalación de sistemas de geolocalización o incluso de escuchas en vehículos o domicilios. Uno de los aspectos más criticados prevé el control mediante algoritmos, calificados de “cajas negras”, en las redes de proveedores de acceso o de servicios de internet para detectar comportamientos sospechosos e interceptar a los aprendices de terroristas antes de que pasen a la acción. Como contrapartida, el texto crea un nuevo organismo de control de las actividades de los servicios de inteligencia, la Comisión Nacional para el Control de Técnicas de Inteligencia (CNCTR, por sus siglas en francés), que sustituye a la actual Comisión Nacional de Control de las Interceptaciones de Seguridad (CNCIS).

Este nuevo texto, que llega después de que se votara la ley de programación militar en diciembre de 2013 y la ley antiterrorista, en noviembre pasado, ha despertado las iras de la sociedad civil. Asociaciones de defensa de los derechos humanos, sindicatos profesionales y hasta las principales autoridades administrativas independientes concernidas han expresado su temor sobre al menos uno de los aspectos del proyecto de ley. El 5 de mayo, la Asamblea ratificó el texto, después de que se endurecieran algunos aspectos, por 438 votos a favor y 86 en contra.

Pero desde que el proyecto de ley pasó al Senado, parecen haber dado sus frutos algunos críticas contra el articulado. Si bien es verdad que el texto que salió de la comisión legislativa no modifica las principales líneas directrices de la reforma gubernamental, sí se han incluido numerosas enmiendas, respaldadas por la mayoría, lo que puede contribuir a suavizar ligeramente el articulado final.

Las finalidades

En lo que respecta a la finalidad de los servicios de inteligencia, los diputados incluyeron la defensa de “los intereses generales de la política extranjera”. No obstante, la comisión legislativa del Senado ha sustituido la palabra “general” por “fundamental”, más restrictiva.

Además, el texto introduce como nueva finalidad la prevención de la violencia colectiva. Los diputados estimaban que esta debía “atentar contra la seguridad nacional”. Los senadores sustituyeron en última instancia el último término por el de “paz pública”. Una enmienda propone suprimir otra finalidad, la prevención de “daños a la forma republicana de las instituciones”.

Recopilación de datos

En lo que respecta a las nuevas competencias en manos de los servicios de inteligencia, tampoco aquí se cuestiona ninguna de las grandes líneas del texto. Hay un importante avance en lo que respecta a la posibilidad de que los servicios de inteligencia recaben “en tiempo real en las redes de los operadores” de internet datos de conexión. En el texto aprobado por los diputados, estas demandas podían tener como objeto “personas que podían suponer una amenaza”, pero la comisión legislativa del Senado enmendó este artículo para precisar que esta recopilación debía ser “autorizada de forma individual”. Esto supone que los servicios de inteligencia ya no podrán presentar una demanda para varias personas y tendrán que multiplicar los procedimientos.

El texto también preveía la posibilidad de recopilar datos de personas del entorno de un sospechoso que tienen un papel de “intermediario, voluntario o no”. Esta formulación se ha eliminado. Los servicios de inteligencia podrán vigilar a una persona cercana a un sospechoso, pero siempre que se justifique que este es “susceptible de proporcionar determinadas informaciones”.

Las famosas “cajas negras” siguen incluidas tal cual en el proyecto legislativo. La duración de su utilización, renovable, sí se ha visto reducida de cuatro a dos meses.

Tiempo de conservación

La comisión legislativa también ha reducido algunos de los tiempos máximos de conservación de los datos recopilados. Para las escuchas telefónicas y en lo que respecta a la colocación de micrófonos, este plazo es de seis meses a 30 días a contar desde la fecha en que se obtuvieron. En lo que respecta a los datos de conexión, los metadatos, el plazo de cinco años votado por los diputados ha pasado a ser de tres años, después de que los senadores emitieran su voto. El primer ministro, el socialista Manuel Valls, ya ha anunciado que el Gobierno presentará una enmienda para que pase a ser de cuatro años.

La composición y los poderes de la CNCTR

Los controles

Al igual que sucede en la Asamblea, en el Senado la composición del organismo de control es objeto de arduos debates. El texto inicial preveía que incluyera nueve miembros (dos diputados, dos senadores, dos miembros del Consejo de Estado, dos magistrados de la Corte de Casación y una persona cualificada nombrada a propuesta del presidente del Arcep, la autoridad que regula las comunicaciones).

Los diputados aumentaron el número de componentes a 13, después de incluir a un diputado, un senador, un consejero de Estado y un magistrado de la Coste de Casación. La comisión legislativa del Senado ha vuelto a la composición inicial pero los socialistas han presentado una enmienda para que cuente con 13 miembros.

Las comunicaciones internacionales

Los senadores también han debatido sobre un aspecto poco conocido, pero capital del proyecto de ley:  las comunicaciones internacionales. El texto prevé para las comunicaciones “con origen o destino en el extranjero” un control muy limitado.

El problema planteado por varios senadores reside en el carácter extremadamente amplio del concepto de comunicaciones internacionales. La expresión “con origen o destino en el extranjero” incluía, en un principio, las comunicaciones entre un extranjero y un residente francés que podría ser vigilado sin gozar de garantías legales. También corre el riesgo de cubrir un gran número de comunicaciones electrónicas entre personas afincadas en Francia pero que utilizan servicios electrónicos situados en el extranjero.

Los mensajes entre dos franceses que empleen Facebook, Twitter o Gmail, ¿tendrán la consideración de comunicaciones internacionales? Para disipar estar dudas, senadores del PS han presentado una enmienda que prevé una pequeña modificación, aunque capital; las comunicaciones internacionales dejarán de ser las comunicaciones “con origen o destino el extranjero”o, para pasar a ser las que tienen “origen y destino en el extranjero”. Esta reformulación, que se recoge en la exposición de motivos, “permite a la CNCTR asegurar su poder de control de derecho común cuando la comunicación se dirige hacia el territorio nacional o proviene del territorio nacional”.

Cárceles

Los senadores también dieron marcha a atrás en otra disposición que causó un vivo debate en la Asamblea Nacional. En contra de la opinión del Gobierno y de la ministra de Justicia Christiane Taubira, el ponente del proyecto de ley Jean-Jacques Urvoas logró imponer una enmienda que incluía a los servicios penitenciarios entre los servicios de inteligencia, lo que les permitía “recurrir a las técnicas de recopilación útiles”. La ministra se opuso a esta transformación del personal penitenciario en agentes de los servicios de inteligencia pero se impuso una coalición de diputados de izquierdas y de derechas. La comisión legislativa ha tratado de hallar el término medio sacando a los servicios penitenciarios de la lista de servicios de inteligencia. La administración penitenciaria mantiene sin embargo la posibilidad de recurrir a las técnicas especiales previstas en el texto, siempre y cuando solicite la ayuda de un servicio habilitado.

Ahora los senadores tienen hasta el próximo 9 de junio, en que se somete a votación la ley, para tomar una decisión sobre estos aspectos. Puesto que el Gobierno tramitó el proyecto de ley por la vía de urgencia, el texto legislativo pasará a la comisión paritaria mixta, integrada por senadores y diputados, encargada de alcanzar un consenso entre las dos versiones del proyecto legislativo. En caso de desacuerdo, el articulado volverá a la Asamblea Nacional, que tendrá la última palabra.

Mientras, las críticas se multiplican no sólo desde los colectivos defensores de las libertades digitales. Ante la virulencia de las reacciones, el presidente, François Hollande, aseguró que consultaría al Consejo Constitucional para comprobar la legalidad del texto. Por su parte, el primer ministro, Manuel Valls, no descarta suavizar el texto. “No es habitual que el presidente de la República anuncie una consulta al Constitucional”, reconoció. “Esta ley concierne al derecho a la vida privada. Es normal que suscite interrogantes y despierte preocupaciones”.

El jefe del Gobierno ha excluido que se vaya a dar marcha atrás. “Anticipar, detectar, analizar y comprender las amenazas que pesan sobre Francia es garantizar la seguridad del país”, afirmó antes de enarbolar la amenaza terrorista. “El número de individuos que se debe seguir y a vigilar se ha multiplicado”. "Antes de fin de año puede haber casi 10.000 europeos en Siria y en Irak", ha justificado el primer ministro. Frente a esta amenaza, “el seguimiento de los terroristas en tiempo real, en sus redes, es indispensable”.

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_____________Traducción: Mariola Moreno

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