La extrema derecha chilena reivindica a Pinochet 50 años después de su golpe de Estado
Cada año, en vísperas del 11 de septiembre, parte de los chilenos recuerdan la efeméride con concentraciones, homenajes y minutos de silencio en memoria de quienes perdieron la vida o sufrieron a consecuencia del golpe de Estado de Augusto Pinochet, que impuso una dictadura militar entre 1973 y 1990.
Este año, los rituales comenzaron mucho antes debido a la importancia simbólica e histórica del cincuenta aniversario del golpe que derrocó al presidente Salvador Allende, truncó las esperanzas de la izquierda y cambió el destino del país.
En el marco de las conmemoraciones oficiales, el gobierno de Gabriel Boric convocó a los partidos políticos a firmar un compromiso con la democracia en un acto titulado "Por la democracia, hoy y siempre". Sin embargo, en la oposición, el bloque de partidos de derecha, Chile Vamos, y el ultraderechista Partido Republicano rechazaron la oferta.
Este rechazo se inscribe en una serie de discursos negacionistas, victimistas y revisionistas que han florecido en los medios de comunicación, en el Congreso Nacional y de forma general en el debate público. "Guiados por la preocupación por el futuro y el bienestar del país, haremos todo lo posible para que todos trabajemos juntos en la promoción y protección de la democracia y el respeto irrestricto de los derechos humanos", dijo Gabriel Boric.
La ex presidenta socialista Michelle Bachelet, que se reunió con Boric el lunes 4 de septiembre en el Palacio de la Moneda de Santiago, afirmó que "sería incomprensible que alguien rechazara un acuerdo que busca unirnos y no dividirnos" y expresó su preocupación por el "ambiente político tóxico" y una posible reacción violenta.
Cincuenta años después del golpe, es preocupante este negacionismo.
El pasado mes de junio, Jorge Alessandri, diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), justificó en la radio el derrocamiento de Salvador Allende: "Me hubiera gustado que hubiera sido un gobierno autoritario muy corto, que hubiera restablecido rápidamente la democracia, pero creo que íbamos por un camino muy peligroso para el país". Luego, Luis Silva, miembro del Partido Republicano en la Segunda Asamblea Constituyente, dijo que sentía "admiración" por Pinochet.
"Cincuenta años después del golpe de Estado, es preocupante ver este negacionismo y que todavía se intente justificar o validar un golpe de Estado, una dictadura que violó los derechos humanos, que masacró a gran parte de nuestro pueblo, que lo persiguió políticamente, que torturó y causó heridas que perduran hasta el día de hoy", declaró la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo.
Según un estudio de la consultora Cerc-Mori titulado "Chile a la sombra de Pinochet", el 36% de los encuestados cree que los militares hicieron bien en tomar el poder en 1973. En la calle, la extrema derecha ha convocado concentraciones para "celebrar" esa fatídica fecha, una negación del balance de la Junta establecido por las distintas "comisiones de la verdad y la reconciliación" creadas tras la dictadura, ya sea el informe Valech o el informe Rettig. Estos trabajos cifran en 40.175 el número total de víctimas, entre muertos, desaparecidos, torturados y detenidos.
La deuda del Estado
Para la socióloga Carmen Pinto Luna, de la Universidad de La Plata, Chile se encuentra en un "período caliente de su historia", ya que la revuelta social de 2019 y luego el intento de reemplazar la Constitución heredada de Pinochet han caldeado los ánimos. "Ya pasamos por la misma situación cuando Pinochet fue encarcelado en Londres [en octubre de 1998]. Hubo un resurgimiento. También hay que recordar que en aquella ocasión, por primera vez, al menos en televisión, se le llamó 'dictador', cuando antes se le llamaba presidente militar o simplemente presidente. Y hablábamos de gobierno militar, no de dictadura. Hasta 1998 no empezamos a utilizar esas palabras y definiciones. Hoy es lo mismo, porque no hay que olvidar que el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 estableció una memoria fundacional, una memoria instituida por los militares", explica.
La socióloga es miembro del directorio de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, donde se encarga, de forma voluntaria, de la difusión del centro de documentación y los archivos. Las oficinas están llenas de expedientes y cajas con revistas, documentos, relatos y pruebas de los horrores de diecisiete años de régimen militar. El problema, en su opinión, es que existe un desfase entre lo que ocurrió, la percepción actual del golpe y la forma de afrontarlo en el futuro. "No podremos construir el futuro si no encontramos una forma de resolver esto.”
Hay terreno abonado para un discurso mucho más reivindicativo a favor del golpe".
Para Jorge Lagos, miembro del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, el proceso constituyente ha reforzado la polarización de la sociedad. "Cuando hablamos de cambiar la Constitución, estamos hablando de la Constitución de Pinochet. Esto ha hecho que resurja la discusión", afirma.
Una de sus colegas, Marcia Tijero, cree que el rechazo a la nueva Constitución el 4 de septiembre de 2022 por el 62% de los votos ha dado una sensación de poder a los grupos de extrema derecha. "En definitiva, hay terreno abonado para un discurso mucho más reivindicativo a favor de un golpe de Estado, con la presencia mayoritaria de los republicanos en la actual Asamblea Constituyente", sostiene. Con 33 escaños, el Partido Republicano tiene poder de veto sobre todas las decisiones que tome la nueva Asamblea Constituyente.
Además, el proceso de justicia transicional, que comprende varias etapas (búsqueda de la verdad sobre los hechos y responsabilidades del pasado, justicia, reparación, indemnización a las víctimas, compromiso de no repetición, memoria), ha sido imperfecto. Según Marcia Tijero, ninguna de ellas se ha respetado plenamente.
El fracaso es atribuible al Estado chileno, que no ha sido capaz de llevar a cabo un proceso social de conocimiento de la verdad, lo que ha impedido que las heridas cicatricen y que los culpables rindan cuentas. "El resultado de todos estos factores es que los grupos golpistas han gozado de una sensación de impunidad durante cincuenta años. Ahora ellos mismos se atreven a reivindicarlo, y nos encontramos con un Estado que no hace nada para frenarlo y con ciudadanos que, aunque no vivieron el golpe o no tienen antecedentes familiares vinculados a él, pueden creer lo que se dice", afirma.
Décadas de impunidad
Este sentimiento de impunidad se ha visto reforzado por el destino reservado a los descendientes de Pinochet, que han podido beneficiarse de la fortuna acumulada por el dictador durante sus diecisiete años en el poder. En febrero se conoció el testamento de su viuda, Lucía Hiriart, que falleció en 2021, en el marco de un litigio iniciado por un organismo público que reclama a los herederos de Pinochet unos 17 millones de dólares.
Un tribunal ha establecido que la familia Pinochet Hiriart había malversado fondos reservados durante la dictadura. Además, el dictador abrió una serie de cuentas bancarias secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos para ingresar los frutos de su malversación, como reveló el Washington Post en 2004. Augusto Pinochet murió en 2006 sin haber sido nunca condenado por crímenes contra la humanidad o enriquecimiento ilícito.
Durante cuarenta y siete años, el abogado Nelson Caucoto ha luchado por la justicia para las víctimas de la dictadura. "El negacionismo tiene sus raíces en la desinformación. Es algo evidente y nadie me va a convencer de lo contrario. Ahora bien, deberíamos haber aplicado una de las recomendaciones del informe Rettig: incluir los derechos humanos en la educación chilena, pero todavía hay universidades y colegios que no los enseñan", subraya, señalando el rol de los medios de comunicación y sus deficiencias en esta materia.
También señala la impunidad que ha reinado durante treinta años. El cambio no empezó hasta principios de los años 2000, con la creación de una fiscalía dedicada exclusivamente a investigar los crímenes de la dictadura. Caucoto profesa cierto optimismo, a pesar de que el INDH afirma que apenas el 10% de los casos de violaciones de los derechos humanos han llegado a juicio: "Estoy impresionado por esos jueces, pero también por el poder judicial chileno, que han hecho posible este avance. Hoy tenemos cerca de 1.600 causas abiertas en los tribunales. No estoy seguro de que eso exista en otros países cincuenta años después".
Uno de los casos más emblemáticos fue el del cantante Víctor Jara, que se convirtió en un símbolo de la lucha contra el régimen de Pinochet y de la búsqueda de la verdad y la justicia. A finales de agosto, dos semanas antes de las conmemoraciones, el Tribunal Supremo confirmó la condena de siete militares por su secuestro y asesinato. El abogado está encantado con esa decisión. “Vamos por el buen camino", afirma, "porque también hay que reconocer la valentía de los jueces que han logrado hacer avanzar esta causa y de los magistrados que se han atrevido a condenar.”
Pinochet, cincuenta años después
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Incluso con retraso, la justicia está aquí. Una señal, dice, que contribuirá a reforzar la cultura de los derechos humanos y a acabar con el negacionismo.
Traducción de Miguel López
