Facebook, Google, Uber. A estas empresas se las había situado en un pedestal. Pero la constatación de McNamee, uno de los primeros inversores en Facebook, es amarga. “Fue un error”, explica el autor del libro Facebook, la catastrophe annoncée, que acaba de publicarse en francés. “Hemos dejado que el sector nos imponga sus propias reglas. También fue un error. Confiábamos en él porque pensábamos que ni los usuarios ni la democracia sufrirían. Fue un error monumental, que aún no hemos corregido”.
El libro, publicado a principios de 2019 en Estados Unidos, supone un nuevo escollo en un sector que, hasta la fecha, parecía funcionar solo. Ahora, en cambio, los nuevos vientos, parecen haber acabado con la luna de miel de los responsables políticos (tanto republicanos como demócratas) y judiciales y sus campeones tecnológicos.
Lunes 9 de septiembre. 50 de los 52 fiscales generales de Estados Unidos (48 Estados más Washington y Puerto Rico, salvo California y Alabama) anunciaban oficialmente la apertura de una investigación sobre las prácticas de Google. Y para dejar constancia, una docena de ellos celebraron una rueda de prensa frente a los escalones del alto tribunal del país, el Tribunal Supremo, de Washington. Sus investigaciones tienen como objetivo determinar si el gigante de la web está socavando la competencia, enriqueciéndose a expensas de los consumidores y amenazando el propio crecimiento de Internet.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, que dirige la investigación, acusó a Google de “dominar todos los aspectos de la publicidad y las búsquedas en Internet”. “¿Una alternativa a Google? Su búsqueda no ofrece ningún resultado”, puntualizaba en una columna de opinión publicada bajo este título en The Wall Street Journal. “¿Crees que Google es un buscador? Olvida esa idea y considérala una empresa publicitaria”. Google obtiene más del 90% de sus ingresos de la publicidad, recuerda el fiscal.
La empresa cuenta con dos de las páginas web más visitadas del mundo: el buscador Google y la plataforma de vídeo YouTube, que son esenciales para todo aquel que quiera anunciarse online. Pero también es propietaria de la agencia de publicidad que vende los espacios en estos sitessites y en otros lugares de la web. Cuando una empresa se encuentra en tal posición dominante, “es responsabilidad de las autoridades de competencia garantizar la protección de los intereses de los consumidores”, estima el fiscal.
¿Actuó Google de tal manera que acabó con la competencia y abusó de su posición dominante? Eso es lo que la investigación intentará mostrar. Y es una nueva manifestación del pensamiento que ahora prevalece en el debate público: la competencia no sólo consiste en bajar los precios a los consumidores, y esto es así todavía más en los casos en que se utilizan servicios aparentemente gratuitos. La competencia estimula la innovación y, por tanto, la economía en su conjunto: la nueva doxa descubre que ni Google, ni Facebook, ni Amazon tienen competidores.
Para Jeff Landry, fiscal republicano de Luisiana, Google representa “una amenaza absolutamente existencial para nuestro mercado virtual”. Ashley Moody, su homóloga republicana de Florida, insiste en que recopila datos personales: “Google controla nuestro comportamiento en línea y obtiene datos sobre cada uno de nosotros mientras navegamos por Internet”, afirma. “Esta investigación se centrará en primer lugar en la obtención de esta información y en si Google se ha establecido en todos los niveles del mercado [publicitario] para monopolizar la industria”.
La fiscal de Arkansas, Leslie Rutledge, trató de llamar la atención con un ejemplo. Señaló que quería encontrar “los mejores consejos de los mejores médicos” en línea, no los de alguien “que pueda gastar más en publicidad”.
Incluso antes de que se anunciara la apertura de la investigación, Google aseguró ponerse a disposición: “Hemos respondido muchas preguntas sobre estos temas durante muchos años, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, sobre muchos aspectos de nuestro negocio, así que esto no es nuevo para nosotros”, escribió Kent Walker, vicepresidente de asuntos internacionales de Google, en un comunicado difundido el 6 de septiembre. “El Departamento de Justicia nos ha pedido que proporcionemos información... y esperamos que los fiscales generales del Estado hagan preguntas similares. Siempre hemos trabajado de forma constructiva con los reguladores y seguiremos haciéndolo”.
Según The New York Times, Google, que acaba de ser multado con 170 millones de dólares en Estados Unidos por no cumplir (en YouTube) las normas sobre el contenido para niños, es objeto de otras tres investigaciones que se centran en sus prácticas potencialmente anticompetitivas, además de las de los 50 fiscales.
La Justicia federal se puso en marcha a mediados del verano, con una investigación del Departamento de Justicia. Pero los fiscales sólo tienen una confianza moderada en él. Para Keith Ellison, fiscal demócrata de Minnesota, “corresponde a los fiscales estatales” regular, especialmente cuando “el Gobierno federal no es necesariamente un socio de confianza”. “Los fiscales generales del Estado son personas independientes y pueden ser muy tenaces”, dice Karl Racine, fiscal general demócrata de Washington: “Por lo tanto, confío mucho en que este grupo bipartidista se guie por los hechos y no se vea influido por ninguna conclusión, que puede que no esté a la altura de las circunstancias”, apuntando también a la investigación federal.
Google obtuvo el jueves un acuerdo de los tribunales franceses que le costará casi 1.000 millones de euros: 500 millones de euros de multa, en el marco de una “declaración de culpabilidad” al estilo francés que permite al grupo evitar una posible demanda por fraude fiscal agravado, además de los 465 millones de euros negociados con el Ministerio para cerrar la causa fiscal.
Un acuerdo acogido con satisfacción por Gérald Darmanin, ministro de Cuentas Públicas: “Este acuerdo resuelve todos los conflictos con Google, es una suma muy cercana a lo que pedimos en un principio”. No es exacto: las autoridades fiscales reclamaron inicialmente 1.600 millones de euros, según una fuente próxima al Ministerio citada por Reuters. En el ámbito europeo, Google ya ha sido sancionado tres veces por incumplimiento de las normas de competencia, la última vez a principios de 2019. En total, las tres multas superan los 8.000 millones de euros.
Facebook, que fue multado con 5.000 millones de dólares en julio tras el caso Cambridge Analytica, tampoco ha terminado con los tribunales estadounidenses: hay ocho investigaciones en curso. La más reciente, con relación a sus prácticas (anti)competitivas, la ha iniciado un grupo de fiscales generales, liderados por Letitia James, abogada demócrata de Nueva York. “Utilizaremos todas las herramientas de investigación a nuestra disposición para determinar si las acciones de Facebook pueden haber puesto en peligro los datos de los consumidores, reducido la calidad de las opciones de los consumidores o aumentado el precio de la publicidad”, dijo el fiscal.
Libra, el método de pago que Facebook quiere lanzar en 2020, no es probable que restablezca la confianza con los Gobiernos y los bancos centrales. “Quiero decirlo muy claramente: en estas condiciones, no podemos permitir el desarrollo de Libra”, señalaba esta semana el ministro francés de Economía en una conferencia de la OCDE sobre criptomonedas. “La soberanía monetaria de los Estados está en juego. [...] Cualquier fallo en el funcionamiento de esta moneda, en la gestión de sus reservas, podría crear desórdenes financieros considerables”, continuó. Por el contrario, “son sus políticas monetarias [de los bancos centrales] las que influirán en Libra [...] y no al revés”, afirma Bertrand Pérez, director general de la asociación Libra, entrevistado entrevistado por Les Échos.
También en California, son las plataformas de conductores y de entrega, el modelo Uber, los que acaban de sufrir un serio revés. Los legisladores acaban de aprobar una nueva ley, de aplicación a partir del 1 de enero de 2019, para proteger a los llamados trabajadores autónomos. Sometidos a la buena voluntad de las plataformas pero a la merced de algoritmos opacos, los trabajadores californianos se habían declarado en huelga varias veces como los europeos.
La nueva ley define, mediante tres criterios de la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de California, lo que es un trabajador autónomo: El trabajador, ¿es libre de manejar su actividad o la tiene bajo control? ¿Es esta actividad la actividad principal de su principal o secundaria? Del mismo modo, ¿es esta actividad accesoria o esencial para el trabajador? En otras palabras, si el trabajador no es autónomo, si su actividad es central para la empresa, y para él, tendrá que ser un empleado.
La aprobación del texto es un gran fracaso para Uber y empresas similares, cuyas promesas de aumentos salariales no han tenido el éxito esperado. Sin embargo, la ley por sí sola no transformará las condiciones de trabajo: debe seguir aplicándose, cosa que Uber no tiene intención de hacer. La empresa se ha atrevido a afirmar que la relación existente entre conductores y clientes no es el núcleo de su negocio. Tal como están las cosas, los conductores tendrán que acudir a los tribunales para defender su causa.
El candidato demócrata, Bernie Sanders, elogió a California por manifestarse en contra de un mundo en el que “un pequeño puñado de estadounidenses se están volviendo extraordinariamente ricos pagando a sus trabajadores salarios miserables”, según su portavoz Mike Casca. El texto también recibió el apoyo de Kamala Harris, senadora de California, y de Elizabeth Warren, que hace de la regulación de la “tecnología” una parte esencial de su programa. La ley podría ser utilizada como modelo en otros estados, incluyendo Nueva York.
Por último, también en California, la entrada en vigor de una ley de protección de datos personales el 1 de enero también es motivo de preocupación en el mundo de la tecnología. En particular, las empresas temen tener que tratar con dos o más leyes en el país si otros Estados también quieren regular la recopilación de datos personales. Por eso piden al legislador que actúe urgentemente para elaborar un texto que se aplique en todas partes y que convierta la legislación de California en obsoleta.
Los propietarios de 51 empresas, entre ellas Amazon, han escrito al Senado para reclamar una ley federal sobre la protección de datos personales. Es poco probable, por razones políticas, que los republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo sobre dicha regulación antes de fin de año. Pero el episodio presenta a los dos extremos hasta ahora opuestos. Afirman que los consumidores no entenderían que las normas cambiaran dependiendo del “Estado en el que residen, [el] Estado en el que acceden a Internet y [el] Estado en el que la empresa proporciona estos recursos o servicios”. Y lo que es peor, según ellos: un “paisaje normativo […] cada vez más fragmentado y complejo” pondría en peligro su competitividad.
Todo lo contrario de lo que ahora pretenden demostrar las distintas investigaciones judiciales, para lo que es necesario poner obstáculos a las empresas que finalmente se ven como lo que son: monopolios.
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Traducción: Mariola Moreno
Leer el texto en francés:
Facebook, Google, Uber. A estas empresas se las había situado en un pedestal. Pero la constatación de McNamee, uno de los primeros inversores en Facebook, es amarga. “Fue un error”, explica el autor del libro Facebook, la catastrophe annoncée, que acaba de publicarse en francés. “Hemos dejado que el sector nos imponga sus propias reglas. También fue un error. Confiábamos en él porque pensábamos que ni los usuarios ni la democracia sufrirían. Fue un error monumental, que aún no hemos corregido”.