Tras ocho años de investigación dirigida sucesivamente por tres jueces de instrucción, Ikea Francia acaba de ser llevada ante el tribunal penal de Versalles en calidad de persona jurídica por una larga serie de infracciones: "receptación de información procedente del delito de recopilación de datos de carácter personal contenidos en un fichero por un medio fraudulento, desleal o ilícito y de manera habitual", "receptación de información procedente del delito de desviación de la finalidad de un tratamiento de datos de carácter personal y de manera habitual", "receptación de información procedente del delito de divulgación ilegal voluntaria de datos de carácter personal nocivos y de manera habitual", y finalmente, "receptación de información procedente del delito de violación del secreto profesional y de manera habitual".
Asimismo, quince personas físicas han sido llevadas ante el mismo tribunal, entre ellas Jean-Louis Baillot y Stefan Vanoverbeke, ex presidentes de Ikea Francia, varios dirigentes del grupo o directores de centros, así como cinco policías o expolicías.
Según el auto de remisión al tribunal, firmado el 30 de abril por la juez de instrucción Laurence Joulin, del que ha tenido conocimiento Mediapart, socio editorial de infoLibre, Ikea Francia había puesto en marcha un sistema de espionaje generalizado a sindicalistas, trabajadores y candidatos a un puesto de trabajo, pero también a simples clientes que habían osado quejarse. El sistema pudo haberse implantado a principios de los años 2000, oficialmente para luchar contra los robos y la malversaciones.
Ikea Francia pagaba a despachos de seguridad para conseguir información confidencial de personas, algo totalmente ilegal, como las menciones del famoso fichero policial Stic, que está plagado de errores. Algunos almacenes contaban incluso con su propio sistema de información local.
En la mayor parte de los casos, se trata de policías a los que se pagaba discretamente por consultar el fichero Stic y luego pasar la información a los almacenes o a la oficina de seguridad privada que hacía de intermediario. A una comisaria le ofrecieron muebles de Ikea y a algunos policías bonos de compra con el fin de mantener buenas relaciones. Se han descubierto más hechos, pero como han prescrito sólo se están juzgando los cometidos entre 2009 y 2012.
Fue Adel Amara, un sindicalista de Force Ouvrière (FO) considerado un agitador por su dirección, el que tiró de la manta a principios de 2012. En aquella época trabajaba en el almacén de Ikea de Franconville (Vall d'Oise), y había liderado una huelga nacional en la cadena de tiendas del grupo para conseguir mejoras salariales. Convertido en una oveja negra para la dirección, fue inmediatamente acusado de "acoso laboral" por sus superiores jerárquicos y luego despedido.
Pero Adel Amara recupera, gracias a otro sindicalista, un fichero informático que destapa un espionaje generalizado en los almacenes Ikea. La curiosidad del grupo es insaciable: tren de vida de algunos trabajadores, antecedentes judiciales, bajas por enfermedad... Adel Amara aparece destacado entre las víctimas: una auditoría interna de Ikea Francia de 2012 recomienda la "iniciación de una investigación discreta y completa sobre AA para definir sus medios de existencia y los tráficos o violencias a que se dedica tal vez (sic)".
Adel Amara y FO presentan la denuncia a principios de 2012 y el asunto es publicado por Le Canard enchaîné y Mediapart. Comienzan a efectuarse registros y detenciones y el jefe de seguridad de Ikea Francia, en una situación embarazosa, se niega a cargar con las culpas y apunta a la dirección del grupo. Desaparecen documentos y la filial gala junto con sus dirigentes rechazan tener la menor responsabilidad en unos hechos que, según ellos, serían aislados, pero la instrucción pone en dificultad su línea de defensa y casi toda la dirección francesa es imputada.
Era "perfectamente consciente del carácter ilicito" de la recopilación de datos personales
Según se puede leer en el auto, "muchos testimonios de trabajadores vienen a mostrar que la sociedad Ikea Francia estaba en posesión de datos personales procesados y que los ha utilizado para no iniciar una relación laboral o para hacerla cesar con un cierto número de víctimas. La sociedad no ha informado a las personas concernidas sobre el uso que se ha hecho de sus datos personales, por lo que éstas no han dado su consentimiento". "Así, la sociedad era perfectamente consciente del carácter ilícito de tal recopilación obtenida ilegalmente durante muchos años, tratándose de hechos que han cobrado en la empresa un carácter sistemático, especialmente en la apertura de nuevos almacenes, y que han perdurado en muchos centros de la marca más allá de las personas físicas que ocupaban puestos en la dirección o en gestión de riesgos".
Según la instrucción, esa vigilancia excesiva estaba institucionalizada en la empresa: "La SAS Muebles Ikea Francia se ha beneficiado de la desviación de la finalidad de los datos personales procesados y de manera habitual con el fin de implantar una política de gestión basada en un sistema de espionaje organizado sobre candidatos a un puesto de trabajo, colaboradores y clientes. La sociedad era consciente del carácter ilícito de las maniobras utilizadas para conseguir dichos datos, contando un servicio jurídico sustancial".
"El beneficio para la SAS Muebles Ikea Francia derivado de la divulgación ilícita de datos personales procesados de manera habitual se traduce en la posibilidad de poner en práctica un sistema de espionaje siendo perfectamente consciente del carácter fraudulento del procedimiento utilizado. Ello ha permitido adaptar su contratación laboral en función de criterios a los que, en principio, no podía haber accedido, a sabiendas de que la obtención de esos datos se basaba en prácticas prohibidas. Para ello había comunicado datos personales de las personas contratadas", se puede leer en el auto.
Preguntada por Mediapart, Sofiane Hakiki, abogada de Adel Amara, de FO y de la CGT, se muestra "muy entusiasmada por la idea de ver a los responsables de este sofisticado sistema de espionaje hacer frente a sus responsabilidades. Esperemos que las sanciones sean ejemplares, tanto contra Ikea como contra las personas físicas que dirigían este sistema de espionaje".
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Emmanuel Daoud, abogado de Ikea Francia, ha declarado a Mediapart que "desde que los hechos fueron conocidos, Ikea ha condenado toda recopilación ilegal de datos personales. Ikea ha colaborado activamente en el conocimiento de la verdad y lo hará en su momento ante el tribunal, con el respeto de la presunción de inocencia de todos y todas. Quiero destacar que el juez instructor ha subrayado el hecho de que Ikea puso inmediatamente en marcha un plan de acción y se demostrará ante el tribunal que no había sistema de espionaje alguno".
Traducción: Miguel López.
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Tras ocho años de investigación dirigida sucesivamente por tres jueces de instrucción, Ikea Francia acaba de ser llevada ante el tribunal penal de Versalles en calidad de persona jurídica por una larga serie de infracciones: "receptación de información procedente del delito de recopilación de datos de carácter personal contenidos en un fichero por un medio fraudulento, desleal o ilícito y de manera habitual", "receptación de información procedente del delito de desviación de la finalidad de un tratamiento de datos de carácter personal y de manera habitual", "receptación de información procedente del delito de divulgación ilegal voluntaria de datos de carácter personal nocivos y de manera habitual", y finalmente, "receptación de información procedente del delito de violación del secreto profesional y de manera habitual".