Cuando, el pasado mes de junio, Naftali Bennett obtuvo por 60 votos a 59 la confianza de la Knesset para convertirse en primer ministro de Israel, muchos de sus compatriotas que se manifestaban cada viernes por la noche contra Benjamín Netanyahu esperaban que por fin se cerrara un capítulo poco glorioso de su historia y se abriera una nueva página.
Ciertamente, Bennett y su predecesor contaban con el apoyo del mismo electorado, fundamentalmente de la derecha nacionalista religiosa y los colonos. Ciertamente, compartían en gran medida la misma ideología, ya que ambos eran partidarios de un “gran Israel” desde el Mediterráneo hasta el río Jordán. Ciertamente, ambos rechazaban la creación de un Estado palestino. Pero, al menos a Bennett, no le perseguía la Justicia de su país por tres motivos infames: corrupción, fraude y abuso de confianza.
Enriquecido por la venta a fondos estadounidenses de sus dos empresas de nueva creación especializadas en software de ciberprotección, el nuevo primer ministro también parecía estar libre del amor al dinero que había perseguido a su predecesor. Tampoco parecía tener la misma arrogancia, el mismo apetito enfermizo por el poder, sus beneficios y privilegios.
El Gobierno del “cambio” formado por Bennett incluyó a representantes de la izquierda sionista –Meretz y el Partido Laborista–, una voz del centrismo laico, Yair Lapid, actual ministro de Asuntos Exteriores –que se convertirá en primer ministro en agosto de 2023, según el acuerdo gubernamental de alternancia–, e incluso un ministro islamista. Esto parecía confirmar el deseo de apertura del nuevo primer ministro. Bennett, en definitiva, podría presentarse como un “Netanyahu en mejor”. Error. Estamos ante otro Netanyahu, quizás incluso una versión empeorada de Netanyahu, tal y como se ha puesto de manifiesto en cuatro meses.
Evidentemente, bajo la influencia de su asesor Micah Goodman, partidario de “reducir la intensidad del conflicto con los palestinos”, Bennett decidió expedir 15.000 permisos de trabajo en Israel a palestinos de Cisjordania y aumentar de 7.000 a 10.000 el número de comerciantes de la Franja de Gaza autorizados a entrar en Israel. Estas medidas van acompañadas de una reducción y aceleración de los controles en los puestos de control que conducen a Israel.
Oficialmente, se trata de “gestos de buena voluntad” que deberían ayudar a la economía palestina a salir del bache. Y aliviar la carga de la vida cotidiana de los habitantes de los territorios ocupados o asediados. En la práctica, se trata principalmente de explotar la actual vulnerabilidad de la Autoridad Palestina y de su presidente Mahmud Abbas comprando su pasividad, por no hablar de cooperación, y una relativa desmovilización de la población a cambio de insuflar dinero fresco en su arruinada economía.
Todo ello mientras consigue una bolsa de mano de obra barata para la industria de la construcción israelí, que podría contratar hasta 80.000 trabajadores palestinos para hacer frente al boom del mercado inmobiliario.
Pero detrás de estos “gestos de buena voluntad”, en realidad, nada cambia en la relación entre ocupantes-colonizadores y ocupados. Según un informe de la ONU del 22 de octubre, el Ejército israelí ha matado a 331 palestinos en lo que va de año, más de uno al día, y ha herido a más de 15.000. Durante el mismo periodo, se destruyeron casi 700 edificios palestinos y se registraron 389 ataques a palestinos por parte de colonos.
Desde principios de año, informa Haaretz, 8.000 árboles frutales de propiedad palestina han sido talados, cortados o quemados en Cisjordania. A menudo bajo la protección o incluso con la complicidad del Ejército, como confirma un reciente informe de la organización de soldados “Breaking the Silence” que examina, con testimonios, el papel del Ejército ante la violencia de los colonos entre 2012 y 2020. En los seis primeros meses del año, el propio Ejército ha contabilizado más de 400 “incidentes” –agresiones, vandalismo, incendios provocados, destrucción de árboles– en los que se vieron involucrados colonos. Casi todos estos ataques han quedado impunes.
Tampoco ha cambiado nada la estrategia de colonización. Arma esencial de Netanyahu para destruir cualquier posibilidad de crear un Estado palestino viable, se basaba en un principio sencillo: aumentar constantemente el número, la superficie y la población de los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este. Entre la llegada al poder de Netanyahu en 2009 y su salida del escenario el pasado mes de junio, esa población pasó de 480.000 a 700.000 habitantes. Bennett, que conoce la composición de su electorado y el importante papel que desempeñan las organizaciones de colonos en su frágil mayoría, parece decidido, también en este punto, a seguir los pasos de su predecesor.
No sólo acogiendo en su coalición a extremistas racistas que no se detendrán ante nada para expulsar a los palestinos de su tierra, sino también desafiando las reticencias –modestas– de la administración Biden, que recientemente recomendó a Israel y a la Autoridad Palestina evitar “medidas unilaterales que exacerben la tensión”.
El pasado 24 de octubre, el ministro israelí de Construcción, Zeev Elkin, anunció planes para construir 1.355 viviendas en 7 asentamientos de Cisjordania. También indicó que planeaba duplicar para 2026 la población de colonos en el Valle del Jordán, donde ya viven casi 6.500 israelíes. Una forma quizás de recordar que para Bennett hoy, como ayer para Netanyahu, la anexión del Valle del Jordán sigue siendo uno de los principales objetivos del Gobierno israelí.
Sobre estas múltiples violaciones de la legalidad internacional, de las resoluciones de la ONU y de los derechos humanos por parte de Israel, las ONG especializadas palestinas e israelíes no han dejado de llamar la atención de la opinión pública y de la comunidad internacional desde hace décadas. Denunciando los hechos, recabando testimonios, escribiendo y publicando informes documentados, desempeñando su papel de denunciantes siempre que ha sido necesario.
Netanyahu y sus asesores criticaron y denunciaron repetidamente a estas ONG y a los gobiernos extranjeros, instituciones u organizaciones internacionales que las apoyan y financian. Pero aunque las sometió a una meticulosa vigilancia, no llegó a prohibirlas. Lo que no hizo Netanyahu, aunque lo deseaba, lo acaba de hacer Bennett. Su ministro de Defensa, Benny Gantz, firmó el pasado 22 de octubre una orden por la que se declaran “organizaciones terroristas” a seis organizaciones de la sociedad civil de Cisjordania, varias de las cuales cuentan con el apoyo de países o instituciones amigas de Israel, como la Unión Europea.
Es cierto que estas ONG desempeñan un papel político crucial frente al régimen israelí en un momento en que la Autoridad Palestina, desacreditada por su impotencia y carente de legitimidad democrática, es inaudible. Se trata de Al-Haq, fundada en 1979, que se dedica a denunciar las violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados, tanto por parte de Israel como de la Autoridad Palestina; la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, que ayuda a los agricultores a conservar sus tierras; el Centro de Investigación y Desarrollo Biswas, dedicado a la protección del medio ambiente; el Centro de Investigación y Desarrollo Bisan, que promueve los valores democráticos y progresistas y aboga por la desconexión económica de los territorios palestinos en relación con Israel; Defensa de los Niños Internacional Palestina, la delegación local de una organización con sede en Suiza que defiende a los niños encarcelados y juzgados en Israel; la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, que promueve una sociedad libre de discriminación y ayuda a crear cooperativas. Y Addameer, que defiende a los presos palestinos en Israel y cuyo asesor jurídico, el abogado franco-palestino Salah Hamouri, ya encarcelado en varias ocasiones, acaba de enterarse de que se le ha revocado el derecho de residencia en Jerusalén.
Según Benny Gantz –que aún no ha aportado pruebas– estas organizaciones están vinculadas al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Acusaciones cuya credibilidad parece cuando menos discutible. La Unión Europea, que, al igual que Estados Unidos, considera al FPLP una organización terrorista, financia varias de las ONG designadas por Gantz.
En cuanto a Amnistía Internacional y Human Rights Watch, conocidas por su rigor, inmediatamente han manifestado su solidaridad con sus “socios palestinos”. “Desde hace años”, han señalado ambas organizaciones internacionales en una declaración conjunta, “las autoridades israelíes han intentado sistemáticamente amordazar a quienes vigilan los derechos humanos y castigar a quienes critican la represión de los palestinos. Esta decisión es una escalada alarmante que amenaza con cerrar el trabajo de las principales organizaciones de la sociedad civil palestina”.
“Esta vergonzosa declaración del Gobierno israelí no dice nada acerca de las ONG a las que se dirige, sino que dice mucho sobre la violencia, la brutalidad y la arrogancia que el Gobierno israelí ha mostrado hacia los palestinos durante décadas”, ha declarado por su parte Hagai el-Ad, director ejecutivo de la organización israelí de derechos humanos B'Tselem. “A lo largo de los años, Israel ha calificado de ‘terrorismo’ cualquier iniciativa palestina que no sea una aceptación del apartheid y la ocupación. ¿Recurso a la Corte Internacional de Justicia? ¡Terrorismo legal! ¿Apelación a la ONU? ¡Terrorismo diplomático! ¿Pedir un boicot a los productos israelíes? ¡Terrorismo financiero! ¿Manifestaciónes? ¡Terrorismo popular! Por nuestra parte, estamos orgullosos de nuestro trabajo conjunto con nuestros colegas palestinos y de nuestra lucha compartida contra el apartheid y la ocupación. Y nos solidarizamos totalmente con ellos”.
Esta solidaridad la comparteN una veintena de ONG de la sociedad civil israelí que acaban de publicar una pancarta publicitaria conjunta en el diario Haaretz. “Criminalizar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos es un acto de cobardía propio de los regímenes represivos y autoritarios”, dicen.
Incluso en el seno del Gobierno israelí, la contundente declaración de Benny Gantz ha causado cierto malestar, aunque no tanto como su resonancia internacional. Mientras en Estados Unidos, varios congresistas y organizaciones judías “liberales” condenaban esta iniciativa, también denunciada por la ONU, el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Yaïr Lapid, artífice junto a Bennett del “Gobierno del cambio”, se congratulaba de la decisión de su colega de Defensa.
La única voz discordante ha sido la de la ministra de Transportes, Merav Michaeli, presidenta del Partido Laborista, que lamentó el “daño que esta decisión podría provocar entre nuestros mayores amigos, en detrimento de los intereses israelíes”. La respuesta de Benny Gantz también recuerda a la arrogante brutalidad de los años de Netanyahu. El exgeneral, claramente exasperado por el comentario de su colega, le aconsejó secamente que “no se metiese en la lucha contra el terrorismo”.
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Traducción: Mariola Moreno
Leer el texto en francés:
Cuando, el pasado mes de junio, Naftali Bennett obtuvo por 60 votos a 59 la confianza de la Knesset para convertirse en primer ministro de Israel, muchos de sus compatriotas que se manifestaban cada viernes por la noche contra Benjamín Netanyahu esperaban que por fin se cerrara un capítulo poco glorioso de su historia y se abriera una nueva página.