En Francia, el problema del narcotráfico, los robos, el terrorismo, la violencia física, los agresores son los traficantes de drogas, los ladrones, los terroristas... Pero en los casos de atentados contra la integridad, el problema es la justicia. Más concretamente, quienes la hacen en nombre del pueblo francés, los magistrados. A juzgar por los numerosos comentarios políticos y mediáticos desde la condena de Marine Le Pen por malversación de fondos públicos, los jueces se habrían convertido en agentes de desestabilización democrática.
Se trata de una locura que esconde un propósito político profundamente malsano y peligroso: el deseo de recuperar los privilegios que fueron abolidos en la noche del 4 de agosto de 1789. Paradójicamente, el mejor barómetro de esta patología nacional se encuentra fuera de nuestras fronteras. Ni siquiera había terminado de pronunciarse la sentencia del tribunal de París cuando el Kremlin de Vladimir Putin, gran defensor de las libertades como todo el mundo sabe, hizo saber que le preocupaba la “violación de las normas democráticas en Francia” (prohibido reírse), mientras que el autócrata húngaro, Viktor Orbán, publicaba en la red social X un tierno Je suis Marine (prohibido reírse bis).
Habrá que acostumbrarse, porque es una fuerte tendencia. Francia vive ahora, dentro de sus fronteras, al ritmo de una internacional populista, cuya presa prioritaria es el Estado de derecho, que ya ha causado estragos en el exterior: Trump en Estados Unidos, Berlusconi en Italia, Bolsonaro en Brasil, Netanyahu en Israel.
Francia, por supuesto, no es inmune. Lo que está sucediendo con el juicio de Le Pen, así como con las peticiones de la Fiscalía Nacional Financiera (FNF) la semana pasada en el caso Sarkozy-Gadafi, es una prueba de resiliencia democrática para el país. Nada más y nada menos.
Pero el momento es orwelliano. Desde Éric Ciotti hasta Jean-Luc Mélenchon, pasando por el jefe del Gobierno, François Bayrou, se está agitando un cártel de impunidad, en público o en privado, que viene a decir que un tribunal que aplica la ley causaría una perturbación del orden democrático. Así las cosas, hay que frotarse los ojos para creerlo. ¿Quién vota la ley? No son los magistrados, sino la clase política. ¿De dónde sacan los parlamentarios su legitimidad? Del voto popular. El mismo que aluden los fiscales políticos de la justicia financiera para afirmar que solo él debe sancionar las desviaciones de los políticos.
La realidad y su doble
¿Somos conscientes de la extravagancia, y la falsedad, de tal postura y de lo que implica? En Francia, todo el mundo puede ser inhabilitado para ejercer su profesión si es declarado culpable de un delito, desde la sentencia de primera instancia (lo que en derecho se denomina “ejecución provisional”): un empresario por fraude en el IVA, un jefe por trabajo no declarado, un fisioterapeuta por agresiones sexuales, un anestesista por robo de medicamentos, un guardia de prisiones por violencia, un agente judicial por malversación de fondos, etc.
Pero, ¿deberían los cargos electos quedar excluidos por naturaleza del ámbito de aplicación de la ley, como han defendido los abogados de Marine Le Pen durante el juicio? “La propuesta de la defensa de dejar que el pueblo soberano decida una hipotética sanción en las urnas equivale a reclamar un privilegio o inmunidad que se derivaría del estatus de cargo electo o candidato, en violación del principio de igualdad ante la ley”, explicó la presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis, al dictar la sentencia que condenó a Marine Le Pen a cuatro años de prisión (dos de ellos incondicional) y a cinco años de inelegibilidad con efecto inmediato.
La magistrada hizo un trabajo pedagógico al detallar durante casi tres horas los motivos de su sentencia. En primer lugar, destacó “la gravedad de los hechos, su carácter sistemático, su duración de doce años y la calidad de los representantes políticos”. De hecho, se habla de un sistema organizado de malversación por parte del partido de Marine Le Pen de más de 4 millones de euros de dinero público, sustraídos de las arcas del Parlamento Europeo para remunerar empleos ficticios de la Agrupación Nacional. Pero es cierto que el hecho de que el debate se centre en la ejecución provisional de la pena haría que casi se olvidara el meollo del asunto.
¿De quién es la culpa: de la justicia que aplica una disposición legal o de los acusados que han cometido un delito?
La presidenta del tribunal invocó sobre todo un riesgo evidente de reincidencia en vista de la actitud de los acusados durante la investigación, pero también durante las vistas, en primer lugar Marine Le Pen, que negaron evidencias elementales y denigraron a la autoridad judicial, después de haber hecho lo mismo con la policía. Lo cual no deja de tener gracia, dicho sea de paso, viniendo de una corriente política que solo tiene en la boca la palabra orden... Es más, ¿no fue Marine Le Pen quien, en 2013, en el caso Cahuzac, exigió la inelegibilidad de por vida para los cargos electos condenados por atentar contra la probidad, en particular por malversación de fondos públicos?
Dado que el riesgo de alteración del orden público es evidente, y procede de personas que no parecen haber comprendido la gravedad de los actos cometidos, el tribunal consideró que era indispensable una ejecución provisional, sin desconocer las consecuencias de la misma en la vida pública. Pero, ¿de quién es la culpa: de la justicia que aplica una disposición legal o de los acusados que han cometido un delito?
Curiosamente, la persona que sin querer dio más la razón a la presidenta del tribunal es justamente Marine Le Pen, que se permitió abandonar el tribunal incluso antes de que terminara la lectura de la sentencia, al comprender que no evitaría una condena acompañada de inelegibilidad inmediata. ¡Qué clase!
En el fondo, que una parte de la política, más preocupada por sus privilegios que por el interés general, reaccionara así era (por desgracia) previsible. Lo que no lo es tanto, aunque algo sí, es la insolvencia mediática que rodea desde hace tanto tiempo en Francia la crónica de estos casos. Casi nunca se ven como el fruto de una delincuencia que está devastando los cimientos de una sociedad organizada, sino como un juego de tiro al plato entre Torquemadas judiciales y políticos víctimas de una supuesta “República de los jueces”.
En este sentido, las peticiones de la FNF en el caso Sarkozy-Gadafi, en las que el ministerio público solicitó siete años de prisión incondicional contra el expresidente, dieron lugar a una coreografía lamentable en los platós de televisión.
En la cadena LCI se llegó al colmo al organizar, al día siguiente de la acusación, un debate sobre el tema “¿Hacen política los jueces?”, en el que participó el hijo del principal acusado, Louis Sarkozy, que además es ahijado del propietario de la cadena, Martin Bouygues.
La realidad no tiene importancia. Solo cuenta la percepción
En el caso Sarkozy-Gadafi, como ayer con el caso Le Pen, ha sido repetido ad nauseam el argumento de un expediente “vacío” y “sin pruebas” por parte de editorialistas políticos que no han puesto un pie en el proceso, pero que no tienen ningún problema en dar lecciones de protocolo para decir lo que hay que pensar de la labor de los fiscales.
Nadie puede decir qué decidirá el tribunal (probablemente después del verano) en el caso Sarkozy-Gadafi, pero cualquiera que haya asistido al juicio sabe que el expediente está lejos de estar vacío. Para convencerse de ello basta con leer los resúmenes de la acusación formal de la FNF, realizados por periodistas que asistieron a todas las vistas.
Empecemos por un periódico que difícilmente puede tacharse de antisarkozista, Le Figaro. Consideró que “la argumentación de la fiscalía fue, en general, devastadora”, y añadió: “Impulsados por la escasa credibilidad de gran parte de las declaraciones de los acusados, los tres fiscales han construido una poderosa acusación”.
Por su parte, Le Monde calificó la “demostración” de la fiscalía de “grave, sólida y minuciosa”. Le Nouvel Obs habló de “tres días de implacables demandas”, mientras que su competidor Marianne hablaba sobre “una inculpación abrumadora”.
En la página 44 de su libro L'Aube le soir ou la nuit (El amanecer, la tarde o la noche, edit. Flammarion), una crónica de las elecciones presidenciales de 2007, la escritora Yasmina Reza contaba esta confidencia de Laurent Solly, entonces director adjunto de la campaña del futuro presidente de la República: “Unos días más tarde, el mismo Laurent me dirá que la realidad no tiene ninguna importancia. Solo cuenta la percepción”.
Le Pen abandona la sala de audiencias antes de conocer todos los detalles de su condena
Pues en esas estamos.
Traducción de Miguel López
En Francia, el problema del narcotráfico, los robos, el terrorismo, la violencia física, los agresores son los traficantes de drogas, los ladrones, los terroristas... Pero en los casos de atentados contra la integridad, el problema es la justicia. Más concretamente, quienes la hacen en nombre del pueblo francés, los magistrados. A juzgar por los numerosos comentarios políticos y mediáticos desde la condena de Marine Le Pen por malversación de fondos públicos, los jueces se habrían convertido en agentes de desestabilización democrática.