“Que Dios se apiade de nuestra nación. Voto sí”. En menos de 10 segundos, Eduardo Cunha, todopoderoso diputado evangelista, justificó su voto favorable al impeachment de Dilma Rousseff, que había contribuido en buena medida a hacer posible. Ese 17 de abril de 2016, dicha frase banal recibe un torrente de aplausos en el hemiciclo caldeado que es la Cámara de Diputados. Un año después, el 30 de marzo, el expresidente de la Cámara baja resultaba condenado a 15 años de cárcel en el marco de la operación Lava Jato (lavado exprés). Su delito, haber cobrado, en 2011, una comisión de 1,5 millones de reales (medio millón de euros) en la operación de compra de un pozo de petrolífero en Benín, del que la empresa Petrobras nunca extrajo una sola gota de oro negro.
El diputado –considerado como uno de los más influyentes de la historia reciente, gracias al apoyo de 200 colegas, muchos procedentes del bajo clero, esos diputados menores olvidados por la Asamblea a los que les concede puestos de responsabilidad–, ha caído en las redes de sus propios negocios. Acusado de mentir en su comparecencia ante una comisión parlamentaria cuando afirmó no poseer ninguna cuenta en Suiza, pierde su mandato en septiembre. Detenido en octubre de 2016 y condenado 6 meses después, es posible que recurra la sentencia pero todavía deberá hacer frente a otros siete procesos judiciales.
Como él, muchos de los que se sirvieron del impeachment a Rousseff como trampolín político se han visto salpicados por la amplitud de la operación Lava Jato, macrocausa de múltiples ramificaciones que afecta a personalidades de los ámbitos político y económico. La gigantesca caza a los corruptos, en un primer momento limitada al Partido de los Trabajadores y utilizada políticamente por sus adversarios políticos, poco a poco va alcanzando a todas las formaciones políticas. Desde el comienzo de la operación, en 2014, se han dictado 125 sentencias condenatorias. Afectan a personalidades de primer orden como Marcelo Odebrecht, dirigente de la empresa de construcción Odebrecht, o a Sergio Cabral (PMDB, centro), exgobernador de Río de Janeiro. En el PSDB (derecha), los tres candidatos aspirantes a representar al partido en las presidenciales están investigados.
Poco después de su formación, el Gobierno de Temer tuvo que hacer frente a las dimisiones en cascada de cinco ministros implicados en la operación. No obstante, desde que comenzó a gestarse en secreto el impeachment, sus promotores tenían en mente cerrar el caso Lava Jato una vez hubiese caído Dilma Rousseff. En mayo de 2016, la divulgación de una conversación entre los senadores Romero Júca y Sergio Machado, ambos imputados en la operación, no deja lugar a dudas: “Hay que cambiar de Gobierno para detener la hemorragia”.
La muerte, en enero, en un accidente aéreo, de Teori Zavascki, miembro del Tribunal Federal Supremo (STF) encargado de autorizar las investigaciones en el marco del caso Lava Jato, abría una brecha de la que se benefició Michel Temer al nombrar a Alexandre Moraes para el cargo. Este hombre, controvertido y cercano al presidente en funciones, tiene capacidad para controlar la investigación. Contar con aliados en el STF, el único con capacidad para juzgar a ministros, gobernadores, alcaldes y parlamentarios en ejercicio, resulta fundamental para el jefe de Estado en el contexto de la operación anticorrupción. Sin embargo, para el investigador José Alvaro Moises, de la Universidad de São Paulo, la “estrategia anunciada por Romero Júca no va en consonancia con la realidad del terreno. El Ejecutivo no tiene poder para cerrar unilateralmente la operación. El Ministerio Público y la Policía Federal hacen valer su independencia”. La divulgación de la grabación además llevó a la dimisión de Romero Júca, entonces ministro de Gobernación con Temer. El todavía senador también ha sido objeto de varias investigaciones en el marco de la operación Lava Jato.
De momento, el presidente en funciones, protegido por su inmunidad, no es objeto de investigación alguna, pero la operación le pone en una tesitura delicada. El pasado 11 de abril, Edson Fachin, ponente del caso en el STF, divulgaba una lista de políticos que están siendo investigados a raíz de las denuncias presentadas por responsables de la empresa Odebrecht. En total hay 83 nombres, entre ellos los de nueve ministros del Gobierno de Michel Temer, es decir, un tercio de su equipo ministerial. La lista también incluye 29 senadores, 42 diputados y 3 gobernadores.
Esta lista supone un nuevo duro revés para Temer, que el 13 de febrero se comprometió, en señal de buena voluntad, a destituir a los ministros implicados en el caso Lava Jato. Su ministro de la Casa Civil, equivalente al primer ministro, Eliseu Padilha, maquinador sin parangón y pieza clave en el Gobierno, ya había sido imputado en una “denuncia recompensada” (delação premiada). Esta nueva acusación lo único que hace es debilitar un poco más la capacidad de negociación del Gobierno, que trata de aprobar proyectos controvertidos en el Congreso, sobre todo una reforma de las pensiones que disgusta a muchos diputados.
No obstante, a corto plazo, estas nuevas revelaciones no deberían acarrear nuevas dimisiones. Temer se ciña a sus propias normas: un ministro debe presentar su dimisión cuando es acusado formalmente. De momento, sus ministros “sólo” son objeto de investigaciones por lo que deberían permanecer en el cargo. Pero esta lista, ha sacudido nuevamente a Brasil y socavado un poco más las bases de un Gobierno, que sufre ya un déficit de legitimidad.
Apoyo de la población
La magnitud de la operación supone una importante inestabilidad política y las alianzas se han y deshacen a medida que van cayendo diferentes personalidades. El mismo día del arresto de Cunha, la Justicia encausaba a todo un partido; reclama 2.300 millones de reales (600 millones de euros) al Partido Popular en concepto de devolución de sobornos y por daños e intereses. Toda una novedad en la lucha contra la corrupción. La mayoría de este partido había votado a favor del impeachment de Rousseff.
La sombra de Eduardo Cunha también planea sobre el Gobierno en funciones. Tras ser arrestado en octubre, declaraba a la prensa sentirse traicionado por Temer para después tratar de implicarlo en el juicio. Pese a ser condenado, algunos rumores atribuyen a Eduardo Cunha una influencia todavía mayor sobre algunos diputados. El presidente del Senado, Renan Calheiros, objeto él también de una investigación judicial, se ha quejado públicamente de la influencia de su enemigo político en la Cámara de los Diputados; ha asegurado que Temer “no podía ceder a su chantaje”.
Para José Alvaro Moises, el poder de Cunha es exagerado. “Ha sido destituido por los diputados, ya no es todopoderoso. De momento, lo único que hace es amenazar pero no puede hacer nada concreto”. Pero algunos diputados, que han prosperado gracias a los métodos poco recomendables de Eduardo Cunha, pueden seguir siéndole fiel. Tras conocerse su condena, muchos de sus aliados multiplicaron las declaraciones de apoyo y algunos llegaron incluso a hablar de “injusticia”.
En el momento de su arresto, había descartado la idea de una delação premiada, afirmando que “sólo los criminales habían recurrido a ella”. Pero si Temer lo suelta por completo, Eduardo Cunha podría revisar su sentencia y poner en problemas al presidente en funciones, advierte el diputado Julio Delgado (PSB): “Estamos ante el primero de ocho juicios, por lo que sería prudente por su parte pensar en hacer una delação premiada. Sabemos todos que sabe mucho al respecto y que se ha guardo muchas cosas esperando conseguir su absolución o una condena menor”. Aunque, durante su proceso, las preguntas de Cunha sobre Temer no fueron admitidas jurídicamente, sí han servido de aviso para el mundo político: una delação premiada de Cunha sería explosiva.
Sin embargo, la importante condena de Eduardo Cunha puede hacer que los diputados se comprometan con mayor firmeza contra el caso Lava Jato. Para el diputado Alessandro Molon (Rede), no queda lugar a dudas: “Naturalmente, aquéllos que han cometido delitos, van a sentirse más preocupados y ciertamente supondrá una importante reacción contra cualquier medida que pueda llevar a nuevos arrestos de políticos”.
Ahora bien, diputados y senadores pueden ponerse ya manos a la obra con el fin de dotarse de nuevas herramientas jurídicas con el fin de limitar la magnitud de la operación. La “ley contra el abuso de poder” pretende limitar el poder judicial proponiendo sanciones penales que van hasta los dos años de cárcel para aquellos jueces que tengan actitudes consideradas “abusivas”. El proyecto data de 2009, pero las 83 demandas de investigación presentadas en el STF en marzo han hecho que la ley vuelva a debatirse en el Senado. Ante la fuerte movilización de la población y de la judicatura, los senadores están revisándola pero no parecen dispuestos a abandonarla.
Esta presión popular y mediática es una de las fortalezas del caso Lava Jato desde un primer momento. Las manifestaciones del 26 de marzo organizadas por movimientos proimpeachment para defender la operación han sido un fracaso clamoroso. Alejadas y sin objetivo preciso, sólo han conseguido reunir a varios miles de personas en todo el país. En Brasilia, los organizadores contaban con movilizar a 100.000 personas. Finalmente, apenas fueron 600 los manifestantes presentes, casi los mismos que fuerzas del orden.
Pero el apoyo popular es muy importante en los sondeos de opinión, advierte el investigador de la Universidad de São Paulo. “Sergio Moro, juez principal del caso Lava Jato, se ha inspirado en la operación italiana Manos Limpias que permitió el arresto de numerosos corruptos pero que acabó en fiasco por que los jueces no contaban con un apoyo popular activo. Él y sus colegas han jugado la carta de la transparencia para tratar de interesar al máximo a la población”. Si bien hay quien reprocha al juez Moro cierta tendencia al sensacionalismo, esta estrategia ejerce una fuerte presión entre la clase política.
En noviembre de 2016, los diputados trataron de aprobar una amnistía por las caixas 2 (cajas negras). Habida cuenta de la reacción de la sociedad civil, los diputados tuvieron que dar marcha atras y la ley se paralizó momentáneamente. “Hay numerosas tentativas para coartar el buen desarrollo de la operación. Pueden salir adelante, pero de momento no ha funcionado nada”, advierte José Alvaro Moises. Pese al sentimiento de cansancio derivado de la proliferación de casos, “los brasileños se movilizan más y se muestran más críticos que antes”, prosigue el investigador.
Para José Alvaro Moises, el presidente en funciones, sin embargo, tiene mucho más que temer del juicio del Tribunal Superior Electoral (TSE) que del caso Lava Jato. La lista Dilma Rousseff-Muchel Teemer de 2014 está acusada por el PSDB de abuso de poder durante la campaña presidencial. Según los primeros elementos de la investigación, elementos tangibles amenazan a Rousseff y a Temer. La sentencia debería conocerse en mayo y, aunque los abogados del presidente en funciones tratan de disociar su caso del de Dilma Rousseff, puede conllevar la anulación del mandato de Temer. __________
Una nueva crisis de Gobierno amenaza al presidente de Brasil
Traducción: Mariola Moreno
Leer el texto en francés:
“Que Dios se apiade de nuestra nación. Voto sí”. En menos de 10 segundos, Eduardo Cunha, todopoderoso diputado evangelista, justificó su voto favorable al impeachment de Dilma Rousseff, que había contribuido en buena medida a hacer posible. Ese 17 de abril de 2016, dicha frase banal recibe un torrente de aplausos en el hemiciclo caldeado que es la Cámara de Diputados. Un año después, el 30 de marzo, el expresidente de la Cámara baja resultaba condenado a 15 años de cárcel en el marco de la operación Lava Jato (lavado exprés). Su delito, haber cobrado, en 2011, una comisión de 1,5 millones de reales (medio millón de euros) en la operación de compra de un pozo de petrolífero en Benín, del que la empresa Petrobras nunca extrajo una sola gota de oro negro.