El texto solo es una resolución política, por lo que no es jurídicamente vinculante. Pero su aprobación el pasado 16 de enero en el pleno de Estrasburgo por una amplísima mayoría –la votación se realizó a mano alzada– marca un endurecimiento de la posición del Parlamento Europeo frente a las llamadas puertas giratorias, entre los sectores público y privado, que socavan la credibilidad de las instituciones de la UE.
El origen del enfado de los eurodiputados se remonta al pasado mes de septiembre: la Autoridad Bancaria Europea (ABE), encargada de supervisar todo el sistema bancario europeo, anunció la salida de su número dos, el húngaro Adam Farkas. El 1 de febrero, Farkas pasará a ser el director general de la Asociación de Mercados Financieros en Europa (AFME), que no es otra cosa que uno de los grupos de presión financieros más poderosos de Bruselas.
La noticia llega después del asunto de José Manuel Barroso, el expresidente de la Comisión Europea que se marchó a Goldman Sachs en 2016, salida que había reavivado las especulaciones sobre la captura de la toma de decisiones en el seno de la UE por parte de las potencias financieras. En su resolución, los eurodiputados denunciaron el “conflicto de intereses” creado por el nombramiento de Adam Farkas. Afirman que la falta de un período de reflexión impuesto para ejercer su nueva profesión “supone un riesgo para la reputación y la independencia” no sólo de la ABE, sino de la UE en su conjunto.
También creen que la ABE debería haber “pensado en prohibir” la contratación de su número dos por parte de un lobby bancario y se comprometen a negarse a reunirse con Adam Farkas durante un período de dos años. También proponen no expedirle una tarjeta de acceso a la institución durante esta fase de transición. La Agencia Bancaria Europea es una agencia de la UE, formalmente vinculada a la Comisión.
El pasado mes de septiembre, la Junta Directiva de la EBA aprobó la salida del húngaro, pero con algunas condiciones exiguas: se le prohíbe hacer lobby con sus antiguos colegas de la ABElobby durante dos años, o trabajar directamente en los archivos que él mismo siguió durante el período de la EBA, durante los próximos dieciocho meses. “Pero ¿quién supervisará la aplicación real de estas instrucciones?”, preguntó la eurodiputada italiana Irene Tinagli (Partido Demócrata de centro-izquierda), que presentó la resolución. “La junta directiva de la ABE debe reconsiderar su decisión”.
“La ABE no se ha tomado todo esto en serio. Parece que no prestaron suficiente atención a la protesta que provocó a principios de 2019 su nombramiento como presidente de un antiguo lobby del Santanderlobby”, recuerda el activista Kenneth Haar, que trabaja en Bruselas para la ONG Corporate Europe Observatory y que se muestra satisfecho con la votación del jueves. “Algo anda mal en el gobierno de esta institución clave”.
Extraordinariamente se había aprobado la resolución del Parlamento unas semanas antes, en la Comisión de Asuntos Económicos, mediante el voto unánime de los presentes, sin abstenciones ni votos en contra. “En el momento en que votamos [en 2017] el informe sobre la transparencia y la integridad en las instituciones de la UE, hubo muy poco apoyo a mis propuestas sobre las puertas giratorias”, recordó el eurodiputado alemán de Los Verdes Sven Giegold en el debate del jueves. “Estoy muy feliz de que ahora avancemos”.
Es imposible conocer los detalles de la votación, eurodiputado por eurodiputado, en este tipo de resolución (hay que conformarse con la votación a mano alzada, relámpago, minuto 20'44'' de este vídeo). Sin embargo, a tenor de las intervenciones de los eurodiputados, todos los grupos, incluyendo la derecha del PPE y la extrema derecha de Identidad y Democracia, defendieron el texto.
El ecologista Damien Carême, único eurodiputado francés que intervino antes de la votación, abogó por “reglas más estrictas y un período de transición más largo, con la prohibición de las tarjetas de acceso”. Carême también dio su apoyo al proyecto –todavía muy vago– de la nueva Comisión presidida por Ursula von der Leyen de crear una “autoridad ética independiente”.
Según la carta de misión enviada por la presidenta von der Leyen a su comisaria checa encargada de la transparencia, Vera Jourova, esta “autoridad” intervendría de manera transversal, dentro de las tres principales instituciones de la UE (Comisión, Consejo y Parlamento). Para evitar futuros casos de errores como el de Adam Farkas, las reprimendas del Parlamento tienen un impacto limitado. Por lo tanto, la pelota está en el tejado de la nueva Comisión, aunque probablemente sea el Consejo –la institución que lleva la voz de los Estados a Bruselas– el que corre el riesgo de dar largas al asunto una vez más.
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Traducción: Mariola Moreno
Leer el texto en francés:
El texto solo es una resolución política, por lo que no es jurídicamente vinculante. Pero su aprobación el pasado 16 de enero en el pleno de Estrasburgo por una amplísima mayoría –la votación se realizó a mano alzada– marca un endurecimiento de la posición del Parlamento Europeo frente a las llamadas puertas giratorias, entre los sectores público y privado, que socavan la credibilidad de las instituciones de la UE.