La solidez del sistema bancario europeo, en jaque por la deuda privada derivada del covid-19

Se trata de uno de los ángulos muertos más llamativos en el debate actual sobre la deuda. Mientras políticos y economistas abordan alegremente la suerte de la deuda pública tras la crisis del covid-19, nadie se detiene en la otra cara de la cuestión: la deuda privada, la contraída por empresas y hogares.

La crisis financiera de 2008, sin embargo, ilustró la carga explosiva que podía contener la deuda privada; la crisis de las subprimes –esas hipotecas concedidas a los hogares pobres que en un principio se suponían indoloras y que luego exigían intereses exponenciales a partir de los dos años– condujo por efecto dominó al casi hundimiento del sistema financiero internacional, salvado in extremis por la intervención de los bancos centrales y los Estados.

En estos momentos vuelve a haber un elefante en la cacharrería; nunca antes las deudas privadas habían alcanzado semejante magnitud en Europa. La cuestión de su sostenibilidad se plantea con mayor incidencia que la de la deuda pública.

Para evitar que sus economías se hundan, los Gobiernos han concedido ayudas, préstamos, garantías y aplazamientos sin miramientos. En nombre del “cueste lo que cueste”, ya se han puesto sobre la mesa cientos de miles de millones de euros. Los déficits públicos de la eurozona alcanzarán una media del 8,8% del PIB en 2020, frente al 6,4% del PIB en 2009, el récord anterior.

Ante la amenaza de la tercera ola de la pandemia, muchos Estados han decidido mantener las ayudas o posponer los vencimientos previstos para la primavera de 2020. En respuesta a las peticiones del Gobierno, los bancos franceses están ofreciendo a las empresas y a los minoristas que consiguieron préstamos garantizados por el Estado en la primavera de 2020 (se concedieron 130.000 millones de euros en préstamos en este marco, el 80% de los cuales están garantizados por el Estado) aplazar el reembolso de dichos préstamos, originalmente previstos a partir de 2021, durante un año o más.

Al mismo tiempo, se han aplicado todas las disposiciones para detener el tiempo y organizar la moratoria. En Alemania y Francia, en particular, se suspendieron los procedimientos de liquidación durante varios meses para evitar una cascada de quiebras. Ello explica que el número de quiebras en Francia sea en estos momentos menor que en 2019.

Esta situación de congelación hace imposible comprender la magnitud del impacto infligido por la crisis sanitaria y los repetidos confinamientos. La multiplicación de los planes sociales, del cierre de empresas, los escaparates de los centros urbanos en los que comienzan a acumularse los anuncios de “traspaso”, “liquidación de existencias” y “se alquilan oficinas” hacen temer lo peor en el momento de una recuperación económica más “normal”.

El 25% de las empresas de la zona del euro pueden sufrir problemas de liquidez

Cuanto más dure el confinamiento, peor será la situación. Muchos no reabrirán. Sin ingresos durante varios meses, algunos ya dicen que no pueden hacer frente a la montaña de impagos (alquiler, suministros, cargas) y créditos que han acumulado durante este periodo de inactividad. Pero, a estas alturas, es imposible cuantificar los daños económicos.

Según un estudio de la aseguradora de crédito Euler Hermes, una cuarta parte de las empresas de la zona euro podría tener problemas de liquidez y se enfrentan a una posible quiebra este año, si los Gobiernos no toman medidas.

La situación en los hogares no es mucho mejor. Aunque las tasas de ahorro han aumentado en la zona del euro debido a la caída del consumo impuesta por los confinamientos, estos nuevos recursos están beneficiando principalmente a los hogares más ricos. Los demás tienen cada vez más dificultades económicas, a pesar de las medidas aprobadas como los ERTE, entre otras.

Las cargas de la deuda relacionadas con los créditos al consumo y los préstamos hipotecarios aumentaron considerablemente durante el periodo. Corren el riesgo de que se hagan insostenibles a medida que se retiren las medidas de apoyo, cuando los ERTE se conviertan en desempleo, salarios más bajos, reducción de las prestaciones sociales y aumento de la precariedad laboral.

“Todo el mundo dice que hay que intentar aguantar, cueste lo que cueste. Se suspenden los préstamos bancarios, las facturas de los proveedores y los alquileres atrasados. La incertidumbre sobre el futuro, sobre cuánto durará esta crisis, complica aún más el problema. Entonces, durante un tiempo, algunos no podrán seguir haciéndole frente. Las pérdidas llegarán con retraso, dentro de un año, un año y medio quizás. Subestimamos el mecanismo de propagación de esta crisis. Es probable que los proveedores, las inmobiliarias y los bancos se vean afectados a su vez. Este efecto retardado aún no se ha medido”, recalca David Cayla, profesor de Economía de la Universidad de Angers.

Incluso antes del covid-19, la situación ya era alarmante. La carga de la deuda de las empresas no financieras y los hogares estaba alcanzando niveles estratosféricos. Según Eurostat, en 2019 representó el equivalente al 234% del PIB en los Países Bajos, el 179% en Bélgica, el 153% en Francia y el 149% en Grecia, por no hablar de Luxemburgo (318%) y Chipre (259%), que (por si fuese necesario) confirman su condición de paraísos fiscales.

El recurso al crédito bancario ha sido siempre una de las señas de identidad del capitalismo europeo. Las disposiciones aplicadas por el Banco Central Europeo tras la crisis del euro, que facilitan la refinanciación de los bancos a tipos negativos, han acelerado aún más la tendencia. Oficialmente, el objetivo es garantizar la financiación de la economía real, inyectar la liquidez necesaria al sistema financiero y económico y apoyar a las pymes.

Sobre todo, los tipos cero han acentuado la financiación de las empresas. Mientras que los rendimientos exigidos al capital (entre el 8% y el 15% y a veces por encima) están totalmente desconectados de la dinámica de la economía real, el crédito les permite compensar estas diferencias. Las empresas, presionadas por sus accionistas, han recurrido masivamente al apalancamiento que proporciona el crédito para mejorar aparentemente sus beneficios, y algunas no han dudado en endeudarse para aumentar sus dividendos o recomprar sus acciones.

En cuanto a los hogares, ante todo son víctimas de las políticas monetarias de los bancos centrales. Por un lado, han apoyado por todos los medios la lucha contra la inflación salarial, lo que ha conducido a lo que el exsecretario del Tesoro estadounidense denomina “gran estancamiento”, es decir, un empobrecimiento continuo de las clases medias. Por otro lado, el apoyo masivo de los bancos centrales al mundo financiero desde 1987 ha dado lugar a una inflación histórica de los activos, empezando por los inmobiliarios.

Para mantener sin ajustes unos mercados inmobiliarios que se habían vuelto inaccesibles ante los precios demenciales exigidos, los bancos han solventado una demanda que ya no era accesible mediante un endeudamiento cada vez más elevado y largo. Así ha sucedido en Suecia, Países Bajos, en parte en Francia y ahora en Alemania. Los préstamos a 25 años se han convertido en la norma, lo que supone una amenaza creciente de sobreendeudamiento.

Desde las primeras semanas del confinamiento, los bancos europeos concedieron aplazamientos de los pagos de intereses y del principal durante un año, o a veces más, a determinados prestatarios en dificultades, tal como recomendaban los reguladores europeos.

“En el caso de Francia, la parte de estos préstamos concertados en forma de moratoria representaba el 12,1% del total de préstamos pendientes en junio de 2020. Es menos que en Italia (13,1%) o Portugal (22,7%), pero mucho más que en Austria (9,6%), España (9,7%) y, sobre todo, Alemania (2,7%)”, sostiene Éric Dor, director de los estudios económicos del Instituto de Economía Científica y de Gestión (IESEG), que concluyó a principios de diciembre un estudio sobre los riesgos de la moratoria y los préstamos garantizados por el Estado para los bancos europeos y franceses.

“Los bancos subestiman los riesgos actuales y están mal preparados para la salida de la pandemia”

Pero más que los porcentajes, son los valores absolutos los que dan la medida de los riesgos para los bancos. Francia está a la cabeza de todas las clasificaciones. El importe de los préstamos sujetos a la moratoria ascendía a 254.000 millones de euros a finales de junio, según el estudio del IESEG, frente a los 186.000 millones de euros de España, los 155.000 millones de Italia y los 22.000 millones de Alemania.

Los bancos han aumentado sus provisiones sobre los préstamos considerados de riesgo. Pero, ¿están realmente a la altura? Para no deteriorar su rentabilidad, ya dañada en un entorno de tipos de interés bajos, los bancos europeos han optado por provisionar sus riesgos en mucha menor medida que sus competidores estadounidenses. En Francia, según un estudio del Banco de Francia, “el coste del riesgo en los nueve primeros meses de 2020 se sitúa en 11.500 millones de euros, lo que supone un aumento de 6.200 millones respecto al mismo periodo de 2019, que sin embargo se situó en un nivel históricamente bajo”.

Mientras el mundo bancario, apoyado en particular por el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, lucha por reanudar el pago de dividendos, suspendido desde marzo –objetivo logrado, en parte–, el presidente de la Autoridad Europea de Supervisión Bancaria, Andrea Enria, considera que los bancos no están siguiendo las recomendaciones dadas frente a la pandemia. “Los bancos subestiman los riesgos actuales y están mal preparados para la salida de la pandemia”, advirtió el responsable de controlar las 117 mayores entidades bancarias.

Esta advertencia se repitió en el informe de estabilidad financiera del BCE publicado en noviembre. “Las provisiones de los bancos de la zona del euro se mantienen en niveles inferiores a los de crisis anteriores y a los de otros países, en particular Estados Unidos”.

“Las provisiones bancarias también son más bajas de lo que sugieren los resultados históricos, aunque esto puede explicarse en parte por el impacto de las medidas políticas históricas para reducir el riesgo crediticio”, continuó, antes de su advertencia final de que los bancos podrían enfrentarse a una segunda oleada de préstamos malos o incobrables, especialmente si los Gobiernos retiran sus garantías crediticias y las moratorias antes de que la economía se haya recuperado completamente.

La cuestión de la solidez del sistema bancario europeo, planteada incluso antes de la pandemia, es tan destacada que el BCE está planteando la posibilidad de crear un banco malo europeo, que podría hacerse cargo de la mayor parte de los préstamos dudosos que se pudren en los balances de los bancos para sanearlos. En su opinión, esto permitiría consolidar los bancos y posibilitaría nuevas concentraciones y la creación de megabancos europeos, que completarían el gran mercado financiero europeo. Inexistente, de momento.

Es probable que la idea resurja pronto. Pero por otras razones, esta vez con carácter de urgencia. Con la tercera ola de la pandemia y la reanudación de los confinamientos en toda Europa, las esperanzas de un rápido repunte de las economías europeas quedan definitivamente enterradas. El enfoque supuestamente provisional de “cueste lo que cueste”, aplicado por los Gobiernos para apoyar a todos los agentes económicos sin distinción y sin contrapartida, puede dejar de ser sostenible a largo plazo.

Para los bancos, esta posible retirada podría plantear rápidamente la cuestión de su solidez. A menos que consigan, como han hecho tantas veces en el pasado, organizar una gran transferencia de deuda privada a las finanzas públicas.

Las defunciones aumentaron cerca de un 20% en el primer semestre de 2020

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Traducción: Mariola Moreno

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