Estos son los términos del acuerdo del 'Brexit'

Cuando los británicos se despierten el próximo 30 de marzo, Reino Unido habrá dejado oficialmente la Unión Europea la noche anterior. Pero en el trabajo y en el día a día, sin duda, se sorprenderán al comprobar que, en lo fundamental, nada ha cambiado.

En este punto del proceso, todavía existe mucha incertidumbre en lo que al alcance y ratificación del acuerdo se refiere –en primer lugar por parte del Parlamento británico, antes de finales de año, y acto seguido por parte del Parlamento Europeo, a más tardar el 29 de marzo de 2019–. Eso sin tener en cuenta que el proyecto de acuerdo publicado el 14 de noviembre por la Comisión Europea es tan complejo que incluso los juristas más competentes en la materia no están seguros de haber comprendido todas las implicaciones de los cientos de cláusulas que contiene.

Sin embargo, llama la atención que el llamado período de “transición”, que dará comienzo el próximo 29 de marzo a las 23:00 hora de Londres, sea extrañamente similar a un período de statu quo. Si el proyecto de acuerdo sigue adelante, el Reino Unido ya no tendrá ningún derecho de control sobre las decisiones adoptadas por las instituciones y agencias de la Unión Europea.

Sin embargo, hasta el 31 de diciembre de 2020, o incluso durante algo más de tiempo si Londres y Bruselas convienen un período adicional ante del 1 de julio de 2020, el país tendrá que seguir aplicando las leyes y normas europeas existentes y las creadas entretanto.

Esto implica, entre otras cosas, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) seguirá velando por el cumplimiento de la legislación europea en territorio británico hasta el final de la transición. En la práctica, los jueces británicos seguirán aplicando la jurisprudencia del TJUE y podrán seguir dirigiéndose a la institución para que interprete el derecho de la Unión.

Esta situación de subordinación a Bruselas –que evitará que Londres abandone bruscamente la UE, lo que conllevaría penurias, la ralentización repentina de la actividad económica y, según algunos, incluso disturbios– indigna a los Brexiters (partidarios del divorcio de la UE) más fanáticos de las filas conservadoras.

Jacob Rees-Mogg, su líder, y Boris Johnson, exministro de Asuntos Exteriores de Theresa May, no escatiman en adjetivos a la hora de expresar su indignación por dicho acuerdo, ellos que sueñan con ver cómo el Parlamento de Westminster recupera la “soberanía” y el país “recupera el control” de su destino mediante la firma de acuerdos de librecomercio con terceros países.

Pero a los negociadores europeos no les importan las ilusiones de este pueblo nostálgico de la era imperial británica. En un texto anexo al proyecto de acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la UE, tal como estaba previsto, la Comisión Europea excluye completamente la posibilidad de que Londres firme acuerdos comerciales con terceros países desde ahora al final del período de transición.

“Durante el período de transición, Reino Unido estará obligado a aplicar las obligaciones derivadas de los tratados internacionales europeos”, dice la institución que ha de defender los tratados europeos. “En el sector comercial, esto significa que terceros países conservarán el mismo acceso al mercado británico. Durante este período, Reino Unido no podrá ser parte interesada en la firma de nuevos acuerdos relativos a ámbitos de competencia exclusiva de la UE, a menos que la UE se lo autorice”, vuelve a insistir la Comisión.

Los Brexiters más radicales están más furiosos si cabe porque, una vez más, como era de esperar, Reino Unido tendrá que pagar una factura, la famosa Brexit bill, a los 27 Estados miembros por los gastos a los que el país se había comprometido como Estado miembro de la UE.

Esto va en consonancia con el compromiso contraído por el primer ministro británico. En diciembre de 2017, Theresa May firmó un protocolo de acuerdo. Se comprometió a cumplir los compromisos financieros contraídos por el Reino Unido en el marco del presupuesto de 2014-2020.

El texto del proyecto de acuerdo publicado el 14 de noviembre no especifica el importe de la factura –entre 40.000 y 45.000 millones de euros, según datos publicados por Downing Street a finales de 2017–. Sólo detalla el método de cálculo. El proyecto de acuerdo también especifica que, si el período de transición dura más de lo previsto, Londres tendrá que efectuar pagos adicionales a Bruselas.

El otro elemento significativo de continuidad contenido en el proyecto de acuerdo del Brexit se refiere a la libre circulación de trabajadores europeos entre Reino Unido y el continente, que se mantiene hasta el final del período de transición.

En cuanto a los derechos de los alrededor de tres millones de ciudadanos europeos residentes en Reino Unido y los del millón de británicos que viven en el continente, están a salvo. Ellos y sus familiares podrán seguir “viviendo, trabajando y estudiando como ahora”, escribe la Comisión Europea.

“Los ciudadanos europeos y los nacionales británicos que lleguen a un país anfitrión durante el período de transición se beneficiarán de los mismos derechos y obligaciones que se definen en el acuerdo de retirada que los que llegaron al país anfitrión antes del 30 de marzo de 2019”, añade la Comisión. Al cabo de cinco años, los ciudadanos europeos y los nacionales británicos podrán adquirir un derecho de residencia permanente en el país de su elección, incluso si se hubiesen establecido en el país de acogida entre el 30 de marzo de 2019 y el final del período transitorio.

Por parte británica, la parte más controvertida del proyecto de acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la UE es, sin duda, el protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte.

En el centro de este protocolo se encuentra la llamada “seguridad irlandesa” o backstop, en la jerga de los negociadores. Esta “red de seguridad”, querida por la Unión Europea, tiene por objeto impedir el restablecimiento de una “frontera dura” entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, de conformidad con los Acuerdos de Paz de Viernes Santo de 1998. El backstop, tal y como está definido en el proyecto de acuerdo sobre la salida de Reino Unido de la UE, también debe evitar crear fricciones entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña.

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En caso de que encallasen las negociaciones sobre el acuerdo de cooperación Londres-Bruselas, que tendría que entrar en vigor al final del período de transición –y prolongarse hasta el 31 de diciembre de 2020– el protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte propone la creación de un “territorio aduanero único”, que incluya a la UE y a Reino Unido.

El texto también prevé que Irlanda del Norte cumpla con un número concreto de normas que rigen el mercado único europeo, de modo que el comercio de mercancías entre las dos Irlandas pueda continuar sin obstáculos.

El IVA en vigor sobre las mercancías en Irlanda del Norte tendrá que cumplir las normas para calcular el IVA intracomunitario. De la misma manera, las normas de producción de productos básicos, las normas sanitarias sobre controles veterinarios, las normas sobre producción agrícola, la promoción de los productos agrícolas y las ayudas estatales también tendrán que mantenerse en consonancia con el resto de la UE.

Esta “red de seguridad” sólo entrará en vigor si fracasan las negociaciones sobre el acuerdo de cooperación Londres-Bruselas. Es una “solución de último recurso”, se insiste desde Bruselas. Pero en Westminster desata pasiones, como si su aplicación fuera tan inminente como inevitable.

“Cada queja sobre la seguridad irlandesa expresada por los Brexiters equivale a admitir que dudan de que el Reino Unido y la UE puedan llegar a un acuerdo comercial, incluso de cara a 2022”, escribía en Twitter el abogado y columnista de The Financial Times David Allen Green.

Dominic Raab, exministro para el Brexit de Theresa May, considera que el backstop emana de “un esfuerzo político concertado de la Comisión Europea y del Gobierno irlandés para poner a Irlanda del Norte en su órbita de control y dependencia” que amenaza la integridad del Reino Unido. El ministro dimisionario dice estar más preocupado por el hecho de que Londres no podrá poner fin, por iniciativa propia, a la unión aduanera. El proyecto de acuerdo sobre el Brexit establece que sólo una comisión paritaria puede decidir dejar de aplicar el protocolo.

Theresa May no afirma que el proyecto de acuerdo sea perfecto. A la primera ministra no le gusta la seguridad irlandesa. “En las bancadas del Parlamento, la red de seguridad irlandesa suscita preocupaciones que yo comparto”, le dijo la inquilina del 10 de Downing Street a los diputados el 15 de noviembre. “La decisión no fue fácil de tomar, pero es necesario llegar a un acuerdo”, insistió en la tarde del 15 de noviembre, cuando, horas antes, el diputado conservador Jacob Rees-Mogg había pedido un voto de reprobación en su contra.

Tampoco existe unanimidad sobre el proyecto de acuerdo entre los 27 Estados miembros. A Francia le preocupa que el texto no ofrezca garantías duraderas sobre el acceso de las flotas pesqueras europeas a las aguas territoriales británicas más allá del llamado período “de transición”, a pesar de que los pescadores franceses obtienen el 30% de sus capturas en aguas británicas, tal como lo autoriza actualmente la política pesquera común.

Por su parte, España ha amenazado con bloquear el acuerdo del BrexitBrexit si no obtiene un derecho de veto sobre la suerte de Gibraltar en el contexto de la “futura relación” entre el Reino Unido y la Unión Europea mencionada en el proyecto de acuerdo. Madrid se niega a permitir que la Roca, que tiene un sistema fiscal muy ventajoso, sea incluido en el “territorio aduanero único” ideado por Bruselas. “Debe quedar claro que lo que se está negociando concierne a un marco territorial que no incluye a Gibraltar”, dijo el lunes en Bruselas el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

El pasado jueves, Theresa May se mostraba confiada ante el resultado de las negociaciones con España antes de la cumbre extraordinaria europea de mañana domingo, tras hablar por teléfono el miércoles por la noche con su homólogo español, Pedro Sánchez. [Este viernes España mantenía su intención de rechazar el acuerdo en los términos actuales]

En términos más generales, parece que ha llegado el momento del optimismo en el 10 de Downing Street, a medida que se acerca la cumbre europea del domingo. La primera ministra británica cree que en los últimos días ha obtenido importantes concesiones de la UE-27.

La declaración política de la UE relativa a su futura relación con el Reino Unido después del año 2020 publicada el jueves en los medios de comunicación se refiere a “arreglos alternativos” a la red de seguridad irlandesa. Pero la fórmula no parece satisfacer a los Brexiters del European Research Group, presidido por Jacob Rees-Mogg, según el diario The Guardian, que informa de la siguiente reacción de un miembro de este grupo de eurodiputados opuestos a la UE: “La declaración política no es un acuerdo legal. [....] Es sólo una cortina de humo destinada a ocultar el hecho de que la relación permanente [que vinculará al Reino Unido con la UE] es la unión aduanera que implica la seguridad irlandesa”.

Hasta la fecha, a pesar de la bravuconería, los aliados de Jacob Rees-Mogg en las filas conservadoras no han conseguido reunir las 48 cartas necesarias de los diputados conservadores para promover internamente un voto de censura a Theresa May. Sin embargo, según BuzzFeed, 85 diputados conservadores de los Comunes están dispuestos a votar en contra del acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la UE. Si estos diputados no cambian de opinión antes del 20 de diciembre, fecha del parón parlamentario, la ratificación del acuerdo sobre el Brexit antes de Navidad parece estar en peligro. ________

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Traducción: Mariola Moreno

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