El TS alemán deja desarmado al Banco Central Europeo en un momento crítico para la UE

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Martine Orange (Mediapart)

Con unas pocas frases, el Tribunal Supremo alemán de Karlsruhe ha minado este 5 de mayo toda la política del Banco Central Europeo (BCE). Justo en el peor momento, cuando la institución monetaria aparece como el único pilar sólido de la zona euro para afrontar la crisis sanitaria y económica provocada por el covid-19, los jueces constitucionales alemanes la han desestabilizado para mucho tiempo.

El frágil y a veces acrobático edificio construido por Mario Draghi para intentar evitar el desplome de la unión monetaria europea a partir de 2012 se ha venido abajo. El BCE ya no dispone de un poder ilimitado para poner en marcha el "whatever it takes" (cueste lo que cueste)whatever it takes promulgado por Mario Draghi en julio de 2012, que permitió estabilizar toda la zona euro durante estos últimos años.

En 2015 fue recurrido el programa de compra de títulos QE (Quantitative easing) de 2,7 billones de euros lanzado con el nombre de Public Sector Purchase Programme (PSPP, programa de compra del sector público), y el Tribunal Supremo alemán resuelve ahora que, aún siendo todo legal, no está garantizado que dicho programa sea conforme a los tratados europeos. Este tribunal reprocha a las autoridades alemanas haber actuado de forma inconstitucional al no comprobar el respeto a los tratados, en especial a las reglas de proporcionalidad (para evitar la financiación abusiva de un Estado, el BCE está obligado a comprar títulos soberanos respetando la cuantía de participación de cada Estado a su capital y no poseyendo más del 33% de cada emisión).

Los jueces han resuelto que "el Bundesbank no puede, por lo tanto, ya participar en la puesta en marcha ni en la ejecución de las decisiones del BCE en causa, salvo que el Consejo de Gobernadores del BCE adopte una nueva decisión que demuestre que el PSPP no es desproporcionado respecto a los efectos de la política económica y monetaria". Aventurándose fuera de su dominio jurídico, los jueces estiman que "los efectos de la política económica del PSPP tienen un impacto económico y social potencial sobre todos los ciudadanos", sobre todo por "las pérdidas considerables sufridas por los ahorradores privados" o, de manera más general, por "los tipos de interés bajos o negativos que permiten que sobrevivan empresas inviables". Esta política, según el Tribunal Supremo, puede amenazar la estabilidad de la unión monetaria.

Lo jueces constitucionales han dado un ultimátum al BCE: le dan tres meses para comprobar si esta política es conforme a los tratados. Además, exige que el banco central alemán "se asegure de que los títulos de obligaciones ya comprados y en su posesión sean vendidos, según una estrategia -eventualmente a largo plazo- coordinada con el Eurosistema".

La decisión del Tribunal de Karlsruhe viene determinada por una demanda interpuesta por unos 1.500 economistas, hombres de negocios y ciudadanos, algunos de ellos fundadores del partido AfD (Alternativa por Alemania), que reclamaba una salida de Alemania del euro y ahora se han instalado totalmente en la extrema derecha. Estos demandantes, apoyados entre bastidores por el presidente del Bundesbank, Jens Weiderman, que siempre se ha opuesto, a veces públicamente, a la política de Mario Draghi, habían presentado recurso ante el Tribunal Constitucional alemán desde el momento en que se anunció en 2015 ese programa de compra de títulos, por considerar que violaba el principio de "no financiación de los Estados" contenido en los tratados europeos.

En 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había desestimado la demanda de los alemanes al estimar que la política del BCE era "conforme a los tratados europeos". "El programa PSPP no viola la prohibición de financiación monetaria, que prohíbe conceder todo tipo de crédito a un Estado miembro. La puesta en marcha de este programa no equivale a la adquisición de obligaciones en los mercados primarios y no tiene el efecto de apartar a los Estados miembros del estímulo de llevar a cabo una política monetaria sana", decía entonces el Tribunal de Justicia europeo.

Aunque el Tribunal de Karlsruhe ha indicado en varias ocasiones que se reservaba el derecho de dar su propia interpretación, todos los observadores esperaban que confirmara la opinión del Tribunal de Justicia de la UE sobre la política del BCE, como ya había hecho en el pasado.

La sorpresa ha sido pues total. La reacción de los mercados ha sido inmediata. El euro ha caído hasta 1,08 dólares. Las obligaciones italianas a diez años, convertidas en objetivo especulativo cada vez que hay tensiones en la zona euro, han subido su tipo hasta un 1,87%.

Estos movimientos financieros son, no obstante, comedidos en relación con los primeros análisis alarmistas de los economistas. "Por supuesto, la política del BCE roza a veces el límite de las reglas pero ha sido la única manera de eludir tratados mal hechos. Los países de la zona euro son los únicos del mundo que no tienen la garantía de su banco central, lo que quiere decir que piden préstamos en euros como si se tratara de una moneda extranjera, deuda que pueden incumplir. Incluso tras la crisis del euro, los países de la zona no han querido o podido cambiar los tratados. El Tribunal Supremo alemán evoca el Derecho, pero es una decisión catastrófica, tanto para la Unión Europea como para la política monetaria del BCE", dice Eric Dor, director de estudios económicos de la IESEG School of Management.

Los jueces de Karlsruhe, garantes del orden jurídico alemán, cargan con vehemencia contra el Tribunal de Justicia europeo en unos términos que habría gustado a los partidarios británicos del Brexit. Para ellos, estimar como ha hecho la más alta jurisdicción europea que el Quantitative Easing estaba en línea con las reglas europeas era "objetivamente arbitrario" y "metodológicamente injustificable".

Declaración de guerra contra el Tribunal de Justicia Europeo

"Se trata de una declaración de guerra contra el Tribunal de Justicia de graves consecuencias. Es una invitación a los demás países a que ignoren simplemente las decisiones que no les gusten", declara a Bloomberg Joachim Wieland, profesor de derecho de la universidad alemana de ciencias administrativas. Lo que no han dejado de señalar rápidamente algunos eurodiputados, haciendo ver que Hungría y Polonia, en disputa con la Unión Europea, iban a aprovechar rápidamente la brecha abierta por el Tribunal Supremo alemán.

"Nos reafirmamos en la supremacía de la ley europea y el hecho de que las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se imponen a todas las justicias nacionales", reaccionó el portavoz de la Comisión Europea tras la decisión alemana. Pero para muchos observadores, el mal ya está hecho: el poder jurídico, base de toda la construcción europea, es cuestionado a partir de ahora. Se instala la incertidumbre jurídica, incluso el nacionalismo jurídico, con el riesgo de acelerar la decadencia de la Unión Europea.

Más allá de este inesperado ataque al Tribunal de Justicia europeo, lo que también ha sorprendido son los argumentos y los medios empleados. Porque, al reprochar al gobierno y al parlamento alemanes no haber comprobado las políticas del BCE, el Tribunal de Karlsruhe arremete nada menos que contra la independencia del Banco Central, un principio sacrosanto en el derecho alemán.

"¿Quién dirá dentro de tres meses que el programa de compra del BCE se atiene a los textos? ¿El Bundesbank? ¿El Parlamento?", se pregunta Eric Dor. La cuestión tiene graves consecuencias. Si el Bundesbank ya no está autorizado a comprar títulos en el mercado, "es una bomba que cuestiona la unicidad de la política monetaria y la viabilidad de la unión monetaria", según Frederik Ducrozet, estratega de Pictet Wealth Management.

Si el Bundesbank es autorizado a continuar en su línea pero a condición de que el gobierno alemán, siguiendo la decisión del Tribunal Supremo, tenga el derecho de supervisión sobre el conjunto de la política monetaria del BCE, la situación sería igual de infernal. Esto crearía una distorsión política y económica insoportable para los demás miembros, salvo si aceptan pasar completamente bajo dominación alemana. Todo ello con el concepto más estrecho del papel de un banco central.

Porque los jueces constitucionales alemanes, con su decisión, dejan entrever el concepto más tradicional de una institución monetaria: que no está más que para garantizar la estabilidad de los precios y de la moneda. No tiene que tener ninguna influencia económica. Como si las políticas monetarias, presupuestarias y económicas tuvieran unas fronteras claras e inmutables.

Enojado por esta decisión, el ex vicepresidente portugués del BCE, Vítor Constâncio, ha señalado las incongruencias en Twitter: "Utilizar el equilibrio del BCE como herramienta de política monetaria está prohibido por el Tribunal alemán. ¿Pero en qué ley se basa? Dicho de otra manera: ¿qué leyes deben cambiarse para acabar con la insensata visión monetaria y económica de esos jueces?".

De hecho, en su lectura jurídica estricta, los jueces alemanes han hecho gala de una gran ignorancia económica sobre lo que son desde hace una década los bancos centrales. Desde la crisis de 2008 han tenido que salirse totalmente de sus líneas no sólo para garantizar la estabilidad del sistema financiero internacional, sino también para apoyar la economía mundial. Han utilizado todos los medios y todos las soluciones para hacerlo.

Desde el comienzo de la pandemia del covid-19, que ha provocado una crisis sanitaria y una caída económica y social mundiales, los bancos centrales están aún más en primera línea. Olvidando toda regla y principio, utilizan todos los recursos para tratar de contener la amenazante depresión económica inyectando miles de millones en el sistema.

La FED (Reserva Federal americana) se ha comprometido a un apoyo ilimitado a todos los actores económicos. El Banco de Inglaterra ha echado por la borda todos sus principios económicos y se ha colocado al lado del gobierno británico, anunciado que está decidido a monetizar su deuda si fuera necesario. Con cierto retraso, el BCE ha anunciado un programa de 750.000 millones de euros para apoyar las economías europeas destrozadas por la pandemia. ¿Qué va a pasar con este programa en este nuevo contexto?

En sus considerandos, los jueces de Karlsruhe indican que su "decisión no concierne a ninguna de las medidas de asistencia financiera tomadas por la Unión Europea o el BCE en el contexto de la crisis actual del coronavirus". Pero muchos se temen que los demandantes alemanes, crecidos por su victoria, emprendan nuevos procedimientos judiciales contra los nuevos programas monetarios del BCE. Aunque no lo hagan, los gobernadores del BCE se van a encontrar con una incertidumbre jurídica completa. ¿Qué va a pasar en efecto con los compromisos anunciados por Christine Lagarde, presidenta del BCE, de garantizar la financiación ilimitada para los países que lo necesiten, comenzando por Italia, olvidando todas las reglas de proporcionalidad si fuera necesario, cuando, al mismo tiempo, el Tribunal Supremo alemán insiste en que la proporcionalidad es la matriz de la política monetaria? Sobre todo porque, en caso de desacuerdo, los países del norte (Alemania, Países Bajos y Finlandia) no perderán la ocasión de recordar a todos esta sentencia.

El BCE puede, por lo tanto, encontrarse desarmado en el peor momento. En cuanto a las posibilidades de ayudar a los países de la zona euro por medios aún menos convencionales, olvidémoslo. Deuda perpetua, cancelación de deuda, dinero de helicóptero (QE)...todas las ideas avanzadas por unos y otros para hacer frente a la crisis del coronavirus parecen condenadas. El Tribunal Supremo alemán ha atado de pies y manos al Banco Central prohibiéndole casi cualquier medida de solidaridad.

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"No entiendo la estrategia de los alemanes. No hemos querido refundar los tratados. Para mantener la zona euro hay que autorizar al Banco Central Europeo a apoyar a los Estados, es decir, aceptar transferencias presupuestarias dentro de la zona. Pero Alemania cierra las puertas a los dos. Es como si dijera que apuesta por la explosión de la zona euro", constata Eric Dor. En todo caso, Alemania ha abierto ya la puerta a la especulación. Y esta vez, el BCE ha perdido una parte de su potencia de fuego para oponerse.

Traducción: Miguel López.

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Con unas pocas frases, el Tribunal Supremo alemán de Karlsruhe ha minado este 5 de mayo toda la política del Banco Central Europeo (BCE). Justo en el peor momento, cuando la institución monetaria aparece como el único pilar sólido de la zona euro para afrontar la crisis sanitaria y económica provocada por el covid-19, los jueces constitucionales alemanes la han desestabilizado para mucho tiempo.

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