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El terreno de contenedores blancos ocupa 63.000 metros cuadrados en una colina deshabitada. Desde las embarcaciones de recreo que entran en la bahía de Lakki, en el sur de Leros, es lo único que se ve. Conforman el flamante campo de refugiados de 1.860 plazas, cerrado al público, cuya apertura se prevé en otoño en esta isla griega de 8.000 habitantes, donde actualmente hay 75 solicitantes de asilo.
“Estará equipado con minisupermercados, restaurantes, lavanderías, escuelas, cajeros automáticos y canchas de baloncesto”, explica Filio Kyprizoglou, su futura directora. O lo que es lo mismo, un “pueblo con ¡todos los servicios para los solicitantes de asilo!”, se entusiasma.
Pero el “pueblo” estará rodeado por imponentes muros y, estos, a su vez, de una carretera de circunvalación, destinada a las patrullas policiales, también rodeada de un muro rematado con alambre de espino. Desde su taberna del puerto de Lakki, Theodoros Kosmopoulou observa con amargura esta “nueva cárcel”, cuya construcción comenzó en febrero, en terrenos pertenecientes al Estado griego.
El nuevo centro fortificado es uno de los cinco campos de refugiados griegos que se están construyendo en las islas cercanas a Turquía a las que han llegado refugiados en los últimos años. Estas estructuras están financiadas con 276 millones de euros por la Unión Europea. Mientras que el de Leros es claramente visible en la bahía de Lakki, los centros que se construirán en Kos, Samos, Quíos y Lesbos estarán aislados de las ciudades.
Estos llamados campamentos temporales tendrán capacidad para 15.000 demandantes de asilo o para quienes se ha denegado el derecho al asilo. La Comisión Europea espera que todos ellos estén operativos a finales de año. El de Samos, con 3.600 plazas, abrirá este verano; le seguirá el de Kos, con 2.000 plazas, y el de Leros. La licitación para la construcción de los campos de Quíos (de 1.800 a 3.000 plazas) y Lesbos (5.000 plazas) se publicó en mayo.
Mientras que Europa los denomina “centros de primera acogida multifuncionales”, el Ministerio de Inmigración griego los llama “estructuras cerradas controladas”. Están destinados a sustituir a los antiguos centros de primera acogida, ya existentes en estas islas, que ahora albergan a 9.000 migrantes. Suelen estar saturados, desde su creación en 2016, y se ha denunciado las indignas condiciones de vida. En ellos, las solicitudes de asilo pueden tardar meses en tramitarse.
¿Empresas privadas para su gestión?
En estos nuevos campos, los refugiados recibirán una respuesta a su solicitud en un plazo de cinco días, asegura el Ministerio de Inmigración griego. Las personas a quienes se les deniegue la petición permanecerán retenidos en secciones cerradas –destinadas a hombres que se encuentren solos– hasta su devolución.
Un miembro de una organización internacional de ayuda, que pide permanecer en el anonimato, teme que los procedimientos de demanda de asilo se “aceleren y haya más rechazos”. “El Gobierno de derechas es cada vez más duro con los refugiados”, afirma. Atenas, que cuenta ahora con unos 100.000 solicitantes de asilo (cifras de mayo de 2021, facilitadas por Acnur), efectivamente ha endurecido su política migratoria durante la pandemia.
Grecia también acaba de ampliar la lista de nacionalidades que puede recibir el país vecino. De este modo, ahora Turquía se considera un “país seguro” para sirios, bangladesíes, afganos, somalíes y pakistaníes.
Para poner en marcha el proceso de asilo, el Gobierno confía en la organización y sobre todo en la vigilancia de estos campamentos, según los planes detallados que Manos Logothetis, secretario general del Ministerio de Inmigración, despliega con orgullo en su despacho de Atenas. Cada centro, rodeado de muros, estará dividido en zonas compartimentadas para los menores no acompañados, las familias, etc. Los demandantes de asilo sólo podrán circular entre estas zonas separadas con una tarjeta magnética “de identidad”.
Dicha tarjeta también les permitirá salir del campamento, sólo durante el día, advierte Manos Logothetis: “Si regresan después del anochecer, los refugiados se quedarán fuera hasta el día siguiente, en un lugar habilitado para ello. Tendrán que justificar el retraso ante las autoridades del centro”. Las “autoridades” presentes en la inauguración serán Acnur, los servicios sanitarios y de asilo griegos, Europol, la Organización Internacional de las Migraciones, Frontex y algunas ONG “bienvenidas”, dice el secretario general, algo que las ONG, que se encuentran presionadas, rechazan.
Sin embargo, el Gobierno quiere un cambio en la gestión de los campos. “En otros Estados, esta función la llevan a cabo empresas privadas [...]. Nosotros también lo estamos estudiando. En algunos campamentos griegos, todo ha estado bajo el control de la OIM y de Acnur [...]”, critica Manos Logothetis. “Creemos que es hora de que den un paso atrás. Deberíamos gestionar estos campamentos a través de una empresa privada, dependiente del Gobierno”.
“¿Quién va a venir a estos centros?”
En Leros, a cientos de kilómetros al noroeste de Atenas, estas palabras preocupan. “Dudo de que a una organización que trabaja en defensa de los derechos humanos o de la sociedad civil se le permita dar su testimonio de lo que ocurre en este nuevo campamento”, afirma Catharina Kahane, cofundadora de la ONG austriaca Echo100Plus. “Nunca nos han invitado a visitarlo. Todas las ONG registradas con el gobierno anterior [con Syriza, de izquierdas, hasta 2019] tuvieron que volver a registrarse con la nueva administración [hace dos años]. Muy pocas organizaciones lo consiguieron y muchas fueron rechazadas”.
El municipio de Leros, por su parte, cuestiona la finalidad del campamento. Michael Kolias, alcalde independiente de la isla, no cree en el carácter “efímero” que se le ha vendido a los isleños. “¡Las autoridades están destruyendo la naturaleza para construirlo!”, argumenta. El municipio ha presentado un recurso ante el Consejo de Estado para impedir su apertura.
Este campamento, que se parece más a un centro de detención, también trae dolorosos recuerdos a los residentes locales. Leros es conocida como la isla de los condenados. La profunda bahía de Lakki ha ocultado durante mucho tiempo a quienes Grecia no quería ver. Con la Junta (1967-1974) en el poder, sus edificios de estilo italiano se convirtieron en cárceles para miles de comunistas. Otros edificios neoclásicos también se transformaron en un hospital psiquiátrico, criticado por sus malos tratamientos hasta la década de 1980.
De hecho, fue en el propio recinto del hospital psiquiátrico, que aún tiene algunos pacientes, donde se construyó en 2016 el primer centro de primera acogida de refugiados, con 860 plazas. En la actualidad, permanecen aparcados en él 75 solicitantes de asilo sirios e iraquíes. No acostumbran a hablar mucho y están vigilados permanentemente por la Policía.
Hace dos años que casi no llegan migrantes desde Turquía. “Pero, ¿quién va a ocupar las 1.800 plazas del nuevo campamento? ¿Los demandantes de asilo a quienes se les ha rechazado la demanda en virtud del Tratado de Dublín?”. El Ministerio de Inmigración asegura que el nuevo campamento sólo albergará a los recién llegados, procedentes de las costas turcas. No habrá traslados desde ninguna otra región o país a estos centros insulares, asegura.
Turquía, vecino “enemigo”
El Gobierno sostiene que la gran capacidad de estos nuevos campos se justifica por la “amenaza permanente” de la llegada masiva de inmigrantes procedentes de Turquía, un vecino “enemigo”, como señala el secretario general Manos Logothetis. “En Grecia, sufrimos, ¡nos atacó en marzo de 2020!", espeta el responsable, en referencia al anuncio de la apertura de la frontera greco-turca por parte del presidente turco Erdogan, que luego provocó la llegada de miles de solicitantes de asilo a las puertas de Grecia.
En virtud del controvertido acuerdo UE-Turquía de 2016, Ankara debe, a cambio de 6.000 millones de euros, volver a acoger a los demandantes de asilo que han visto rechazada su solicitud –siempre que Turquía sea un “país seguro” para ellos– e impedir la salida de migrantes de sus costas. “No está cooperando [...]. ¡Debemos utilizar todos los medios posibles y legales para proteger el territorio nacional!”, argumenta Manos Logothetis.
Para el Gobierno, esto pasa, aparentemente, por fortificar su frontera para disuadir la llegada de migrantes, particularmente en el noreste del país. Se acaban de instalar dos cañones de sonido en un nuevo muro de acero a lo largo de la frontera terrestre grecoturca.
Al otro lado de la valla, Turquía, que cuenta con casi cuatro millones de refugiados, no ha aceptado más devoluciones de migrantes procedentes de Grecia desde el inicio de la pandemia. Tendrá “la obligación de admitirlos” repite con firmeza Manos Logothetis. En cuyo caso, muchos refugiados rechazados podrían permanecer atrapados, durante mucho tiempo, en los nuevos “pueblos” de la UE.
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Traducción: Mariola Moreno
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