El 87% de las subvenciones a transporte, vivienda y agricultura en España no tienen criterios ambientales
La inmensa mayoría de las ayudas públicas que se dan en España ignoran la emergencia climática. La organización ecologista Greenpeace ha analizado casi 60.000 millones de euros que el Gobierno repartió entre 2023 y 2024 a cientos de empresas del país y a millones de ciudadanos en forma de subvenciones y exenciones fiscales para transporte, agricultura y ganadería. La conclusión es que casi nueve de cada diez euros se consideran "total o parcialmente dañinos" para el medioambiente. Algunos de los grandes beneficiarios fueron Repsol, Ryanair o Fertiberia, que forman parte de las empresas más contaminantes del país.
"Muchas de estas ayudas se activaron con el covid y la crisis energética. En teoría iban a ayudar a hogares y empresas a superar el bache, pero ahora vemos que no fueron eficaces ni desde el punto de vista social ni ambiental", opina Carlos García, coordinador de Incidencia Política de Greenpeace y autor del informe. La ONG también concluye que el 92% de las subvenciones dadas fueron regresivas; es decir, no acabaron en manos de familias o empresas vulnerables.
Del volumen total de ayudas que dio el Estado en 2023 y 2024, Greenpeace ha estudiado las que se destinaron a transporte, vivienda y agricultura porque esos tres sectores generan el 50% de la contaminación del país, y si se hubieran incluido en las subvenciones criterios verdes se habría fomentado la reducción de las emisiones. Estos sectores también son especialmente relevantes porque en 2023 absorbieron el 41% de las subvenciones públicas de España: 32.075 millones de euros, o el 1,7% del PIB. En 2024 recibieron menos apoyo (27.100 millones) porque desaparecieron ayudas muy caras, como la ayuda de 20 céntimos a los carburantes.
En la partida de 2024, las subvenciones verdes solo representaron el 13,9% del total, frente al 35,7% de las marrones y el 50,4% de las naranjas. Esta clasificación por color es la manera en que Greenpeace divide lo que considera subvenciones ambientalmente sostenibles (verdes), ambiguas (naranjas) o contaminantes (marrones). El grupo naranja incluye el apoyo económico a políticas que en principio son negativas, aunque alguno de sus criterios son positivos para el planeta.
Entre las subvenciones naranjas, destaca la Política Agraria Común (PAC), que es de lejos la mayor ayuda pública que recibe la economía española (27,1% del total) y procede de las arcas de Bruselas. Carlos García explica que han incluido la PAC entre las políticas naranjas porque solo el 16% de su presupuesto está condicionado a las buenas prácticas ambientales. También han incluido en ese bloque naranja el bono social eléctrico porque su ayuda no discrimina entre energía renovable y fósil, y al IVA reducido en alimentos porque no incentiva la compra de productos ecológicos.
En el escueto apartado de subvenciones verdes destacan la gratuidad al transporte público y el plan de choque de movilidad sostenible, que ayudan a reducir los coches en las carreteras, o el plan eco vivienda. En el extremo opuesto están las ayudas marrones, como la fiscalidad reducida en la aviación (que tiene un IVA del 10%), las exenciones del combustible aéreo (el queroseno no paga impuesto de hidrocarburos) o la reducción del IRPF del 35% para el combustible agrícola.
100 compañías se llevan más de 4.000 millones
El informe también calcula quiénes fueron en 2023 las empresas españolas más beneficiadas por estas ayudas, y señalan que 100 compañías recibieron 4.321 millones de euros en subvenciones, de los que 2.995 millones provenían de los fondos europeos Next Generation. Entre los grandes beneficiarios están gigantes como Iberdrola, ArcelorMittal, Naturgy, EdP, Endesa o Repsol.
"Esas cifras evidencian que quien más se beneficia son las empresas contaminantes. Y estamos hablando de ayudas a fondo perdido, que no se devuelven", recuerda García. "El caso paradigmático es el de Repsol, la empresa con más emisiones de España, que por mucho dinero público que reciba para descarbonizarse, 7 de cada 10 euros de sus inversiones van para su negocio tradicional petrolero. ¿Están las ayudas sirviendo para cambiar la compañía? Evidentemente no", añade el portavoz ecologista.
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El Gobierno, y especialmente el Ministerio de Transición Ecológica, está en teoría comprometido con regular estas ayudas para redirigirlas hacia políticas verdes, pero por ahora quedan importantes subvenciones contaminantes activas. El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), actualizado en 2024, recoge la meta de eliminar subvenciones energéticas, como la rebaja de impuestos al carburante agrícola y al gas natural profesional, o la exención del impuesto de hidrocarburos para barcos.
Sin embargo, como destaca Greenpeace, todavía no hay un plan concreto para retirar estas subvenciones, que suponen un agujero en las arcas públicas. Solo las ayudas públicas al transporte cuestan al año a España 10.293 millones (44% en forma de subvenciones directas y el 56% en ayudas indirectas) y el 62,9% de ellas son consideradas marrones, o contaminantes.
La única ayuda que Transición Ecológica planea retirar a corto plazo es la brecha fiscal a favor del diésel (que tiene menos impuestos que la gasolina), un diferencial que cuesta unos 1.000 millones de euros al Estado cada año. La ministra de esta cartera, Sara Aagesen, ha reiterado varias veces en los últimos meses que planea retirar este beneficio lo antes posible porque además forma parte de las promesas del Gobierno a Bruselas a cambio de los Fondos Next Generation. De hecho, según EFE, antes del 11 de abril la medida debería estar implementada para evitar una posible sanción desde la Comisión Europea.
