El Gobierno quiere cerrar todos los pozos que hay alrededor de Doñana antes de 2025, los legales e ilegales, pero la tarea no promete ser fácil ni rápida, especialmente con las extracciones irregulares. Desde 2019 ya se han cerrado alrededor del parque natural 259 pozos ilegales por la actuación de la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, pero aún quedan 278 en tramitación de cierre. Están identificados y denunciados por los agentes de medioambiente, pero el tortuoso proceso administrativo para cerrarlos puede alargar hasta diez años su clausura.
La palabra más repetida entre los expertos en la materia es que se trata de un sistema "muy garantista" para el agricultor; para algunos demasiado. Tanto, que las grandes empresas agrícolas asentadas en zonas sin permisos de riego se ayudan de importantes despachos de abogados para recurrir los procesos al tribunales de lo contencioso administrativo para dilatar al máximo el proceso de clausura de pozos, de manera que puedan seguir regando durante años.
"Abrir un pozo te lleva una noche, pero cerrarlo te puede llevar fácilmente una década. Es una pregunta que nos hemos hecho mil veces. ¿Cómo se puede seguir permitiendo que se salgan con la suya?", lanza al aire Juan Romero, representante de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana.
La salida que han encontrado los técnicos de la CHG es apostar por el precinto de pozos de forma cautelar, un parche que permite paralizar la extracción de agua de los acuíferos de Doñana mientras dura la disputa administrativa para sellarlos definitivamente con cemento, una acción que no se puede ejecutar hasta que lo reclame un juez o la Presidencia de la Confederación una vez que la condena sea firme. El pasado julio, la CHG ordenó cerrar cautelarmente 25 captaciones en la provincia de Huelva que están denunciadas, de las que 21 ya se han precintado, y el plan de los funcionarios es cerrar provisionalmente otros 200 durante la campaña 2024-2025.
Según fuentes que trabajan sobre el terreno, la Confederación ha pasado a trabajar con la vía del precintado preventivo gracias a los dos reales decretos contra la sequía que aprobó el Gobierno central en 2022 y 2023, que dan margen jurídico a las confederaciones para sellar pozos nada más comenzar un proceso sancionador. En el pasado, también podía hacerse basándose en la Ley de Aguas y de Responsabilidad Ambiental, pero era más sencillo para el afectado recurrir el cierre cautelar si la administración se basa en estas dos normativas. Además de la Confederación, el Seprona también ha logrado suspender temporalmente en la zona de Doñana 16 pozos ilegales y otros dos se han clausurado por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
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Paralelamente al cierre de pozos ilegales, Transición Ecológica ha cerrado en el entorno del parque natural 450 pozos que sí eran legales para que en lugar de que los cultivos se abastezcan con aguas subterráneas, lo hagan con superficiales para eliminar así su impacto sobre los cinco acuíferos de Doñana. Otras 41 extracciones legales están en proceso de clausura. Todos estos casos pertenecen a la Comunidad de regantes de El Fresno-Guadalquivir, que ya reciben 4,36 hectómetros cúbicos al año desde el trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras. Se trata de la primera fase del trasvase, que tiene que ampliarse con otros 12,36 hectómetros cúbicos para cerrar muchos más pozos de esta zona de Huelva, aunque la obra no estará terminada hasta al menos 2026.
El trabajo de la Confederación del Guadalquivir da sus frutos poco a poco, según reconoce el Informe de situación del Marco de Actuaciones para Doñana de noviembre de 2023. El último análisis de teledetección por satélite ha identificado 795 hectáreas de cultivos de regadío ilegales (el 15% del total estudiado), una cifra importante pero casi la mitad que lo registrado en 2019.
Esta reducción, según Transición Ecológica, "se ha producido gracias al incremento de las labores de control de consumo de agua en los regadíos legales y al refuerzo de la guardería fluvial y las labores de inspección para los ilegales". Las campañas de teledetección se realizan en otoño (cuando se colocan los plásticos) y en primavera (cuando está terminando la campaña) e identifica que cultivos bajo plásticos se encuentran fuera de las áreas delimitadas para regadíos.
El Gobierno quiere cerrar todos los pozos que hay alrededor de Doñana antes de 2025, los legales e ilegales, pero la tarea no promete ser fácil ni rápida, especialmente con las extracciones irregulares. Desde 2019 ya se han cerrado alrededor del parque natural 259 pozos ilegales por la actuación de la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, pero aún quedan 278 en tramitación de cierre. Están identificados y denunciados por los agentes de medioambiente, pero el tortuoso proceso administrativo para cerrarlos puede alargar hasta diez años su clausura.