Gobierno y Junta también darán ayudas de hasta 100.000 euros a los regantes ilegales de Doñana
El plan para evitar la desaparición de Doñana tendrá como beneficiarios a algunos de los causantes de los estragos en el parque nacional. El Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Andalucía anunciaron este lunes que darán ayudas de 100.000 euros por hectárea para todos los profesionales del campo que renuncien a su cultivo y lo reconviertan en zona forestal durante 30 años. Esta subvención también se otorgará a las fincas que hayan sido denunciadas por extracción ilegal de agua o incluso que tengan pozos cerrados por orden de un juez, una posición que choca con el compromiso de la vicepresidenta Teresa Ribera, quien aseguró que no compraría ni una hectárea de regadío ilegal cuando hace dos meses comenzó a negociar un acuerdo con Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta.
Los ecologistas denuncian que el pacto entre administraciones garantiza unos importantes ingresos a los causantes del vaciado de los acuíferos del parque nacional. "Al final se hace lo que repetían que no se iba a hacer. No aceptamos el acuerdo porque se está premiando con fondos públicos una actividad ilegal, y encima con mucho más dinero de lo que vale la tierra", opina Felipe Fuentelsaz, coordinador de WWF en este parque nacional. "Doñana nunca nos deja saborear una victoria, siempre hay una letra pequeña", añade este ingeniero agrícola, que lleva 18 años trabajando en el parque nacional, patrimonio mundial de la UNESCO.
Fuentes de la Junta y de Transición Ecológica confirman que, salvo cambios, no hay veto a ningún agricultor para acogerse a la ayuda anunciada este lunes. Pueden ser tanto fincas que se dediquen al cultivo de regadío, como de secano, y no excluye haber sido condenado por tener un cultivo ilegal o un pozo irregular. Según datos el ministerio de Teresa Ribera, ya se han cerrado 239 pozos ilegales y otros 321 están en trámite de cierre. También hay en este momento 795 hectáreas de cultivos ilegales de regadío que se han detectado por satélite y que están pendientes de clausura.
La ministra Ribera ha insistido durante los últimos dos meses en que el Gobierno no iba a comprar "ni un metro cuadrado" de regadío a agricultores con pozos ilegales debido a que supondría un problema tanto jurídico como moral, aunque finalmente sí les ofrecerá las mismas ayudas que al resto de profesionales. "Lo importante es construir futuro y mi compromiso es reducir las presiones sobre Doñana y defender la protección y restauración de ecosistemas", se justificó este lunes la vicepresidenta tercera durante una rueda de prensa en Almonte (Huelva). A cambio de esta cesión a los agricultores andaluces, Ribera consiguió que no se amplíe el número de tierras con derechos de regadío, que era el plan original del PP andaluz.
Juan Manuel Moreno afirmó en la comparecencia que su objetivo prioritario era proteger a los agricultores que trabajan alrededor de Doñana son los principales beneficiarios de este acuerdo histórico. "Desde el principio mi gobierno dejó claro que cualquier acuerdo tenía que dar solución al problema de esas cientos de familias de la Corona Norte", dijo en referencia a los agricultores que en 2014 se quedaron fuera del llamado Plan de la Fresa y que no tienen permiso para regar. Aun así, Moreno escenificó que no se cumplirán todas las demandas de este colectivo, ya que no recibirán permisos de agua. "Todo el mundo ha tenido que ceder, también ellos", apuntó.
En total, el Gobierno central ha puesto sobre la mesa 350 millones de euros, que se suman al Marco de Actuaciones para Doñana que presentó el Ministerio de Transición Ecológica en noviembre del año pasado, con un presupuesto de 353,6 millones de euros y destinado a proteger el ecosistema del parque. La Junta de Andalucía ha anunciado además este lunes un paquete de 729 millones para impulsar la zona, por lo que en total los 14 pueblos afectados recibirán más de 1.4000 millones en inversiones.
De esa cantidad, 367 millones irán destinados a la agricultura y ganadería -principalmente a la reducción del regadío- pero el resto irá a parar a infraestructuras hidráulicas, vivienda, impulso industrial y cultural, y a la creación de la marca llamada Reserva de la Biosfera de Doñana, un icono para proteger la agricultura y la artesanía de la zona.
Respecto a la ayuda de 100.000 euros por hectárea reconvertida a espacio forestal, 70.000 euros serán aportados por el Gobierno central, 20.000 por la Junta de Andalucía y 10.000 por la Diputación de Huelva, y se ingresarán a razón de 20.000 euros anuales durante cinco años. A cambio de acceder a esta subvención, tendrán que mantener el suelo reforestado durante al menos 30 años. Otra salida para quienes tengan tierras de regadío será sustituir el cultivo (generalmente de fresas), por un sistema de agricultura ecológica o por un cultivo de secano, de forma que el consumo de agua caiga de manera drástica. Quien opte por estas dos opciones recibirá una cuantía mucho menor: 12.500 euros para transformación a secano y 5.000 para reconversión a un modelo ecológico.
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Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana del CSIC, opina que el acuerdo es un paso muy importante para el parque natural, ya que la conversión de tierras de regadío en terreno forestal supondrá una reducción de las extracciones de agua de los acuíferos que alimentan Doñana, lo mismo que su cambio a secano. Por otra parte, su transformación a un cultivo ecológico reducirá la filtración de nitratos y biocidas a las aguas subterráneas de Doñana. "Es una noticia muy positiva porque la situación del parque es mala, sin paliativos. Solo hay agua en tres lagunas (de unas 2.000) y una gran superficie se está secando y muriendo", advierte el investigador.
Los agricultores andaluces que se quedaron fuera del Plan de la Fresa también celebraron este lunes la noticia. "Es una forma de reconocer que cometieron un error y lo van a reparar", señala Julio Díaz, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, en referencia a que cientos de hectáreas se quedaron fuera del Plan de la Fresa de 2014, que acotó qué tierras podían regar y cuáles no. "La prueba de que hemos ganado es que los agricultores de Almonte están hoy llamando a la puerta de nuestra asociación, cuando antes no nos apoyaban", reconoce por teléfono.
El marco de actuaciones publicado este lunes por Transición Ecológica recoge explícitamente que podrán acceder a las ayudas los "propietarios, arrendatarios o concesionarios" de las tierras, un guiño a quienes cultivan al margen de la legalidad, ya que la gran mayoría de los regadíos irregulares se ubican en montes de titularidad pública, con concesiones que tienen de los ayuntamientos. Desde WWF critican que además se está ofreciendo un precio muy superior al precio medio por hectárea convertida en forestal, ya que una tierra de secano en Huelva apenas vale unos 10.000 euros por hectárea, diez veces menos de lo que ofrece el Gobierno y la Junta, y en este caso ni siquiera se gana la titularidad del suelo. Los cultivos que sí encajan con esa cuantía es la hectárea de fresón (140.000 euros de media) y de frutos rojos (112.000 euros de media), según la encuesta de precios de la tierra en Andalucía de 2022.
