¿El lobo otra vez en peligro? Bruselas reabre el debate sobre su caza y la disputa llega a España

El pasado lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, sorprendió a ganaderos y ecologistas con un giro de la posición de Bruselas sobre la protección del lobo. Afirmó que el crecimiento de la población de este animal "se ha convertido en un peligro real para el ganado y, potencialmente, también para los seres humanos" y animó "a las autoridades locales y nacionales a que tomen medidas cuando resulte necesario". De hecho, la Comisión ha abierto un proceso de consulta pública hasta el 22 de septiembre donde administraciones, organizaciones y ciudadanos pueden dar su opinión sobre el asunto, un paso previo para iniciar una posible reforma de la Directiva de Hábitats que protege al lobo. 

En España el mensaje se ha recibido como un apoyo a algunas comunidades autónomas como Asturias, Cantabria o Castilla y León, donde las administraciones han declarado la guerra a este animal por los ataques a explotaciones ganaderas. Gaspar Anabiarte, secretario general de la Unión De Ganaderos y Agricultores Montañeses (UGAM-COAG) afirma que las palabras de Von der Leyen dan "un apoyo moral" al sector. "La ley que protege al lobo en Europa tiene casi 50 años. Entonces estaba casi extinto y en Cantabria había dos manadas, pero ahora hay 20. Se ha hecho bien y su existencia está ya garantizada; es hora de replantearse la situación y retirar la protección", afirma este ganadero de Cantabria. 

Los grupos ecologistas y conservacionistas, por su parte, creen que las palabras de Von der Leyen son una provocación política y no tienen base científica. El lobo se ha extendido en Europa en las últimas décadas, pero todavía no se ha recuperado de su casi extinción, por lo que aún es pronto para reducir su estatus protector.

Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, afirma la propuesta es populista y busca atraer el voto rural en un tiempo convulso para el sector primario, muy afectado por la sequía y la inflación, pero que los problemas de la ganadería son otros. "Los daños del lobo pueden llegar al 1% o 2% de lo que sufre la ganadería, pero no es su problema central. Lo es la burocracia, la falta de relevo generacional y sobre todo que no se diferencia en los supermercados la carne de calidad de la de macrogranjas”, afirma. 

El lobo en España es desde septiembre de 2021 una especie protegida y está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (conocido como Lespre). No se puede cazar salvo que represente un gran peligro para la ganadería y las medidas preventivas no puedan contenerlo. Los dueños de ovejas, cabras y otros animales alertan de que esos los criterios para "extraer" lobos, como se denomina al control poblacional, son muy exigentes y la realidad es que desde hace dos años no se ha cazado a ni un solo lobo en el país pese a que ha habido miles de ataques al ganado.

Para contener las protestas de las comunidades autónomas afectadas, el Ministerio de Transición Ecológica publicó en julio de 2022 la Estrategia para la gestión y conservación del lobo, que incluía 10 millones de euros en ayudas a las regiones para invertir en protección del ganado y otros 10 millones para que estas comunidades indemnizasen a los ganaderos que sufrían ataques de los lobos. El paquete fue acordado incluso con los presidentes autonómicos más críticos, y fuentes del sector coinciden en que esas indemnizaciones son más que suficientes para compensar las pérdidas de las explotaciones. 

El problema, denuncian ahora los ganaderos, es que algunos de ellos han cerrado porque una manada se ha cebado con sus animales y han tenido que cerrar la granja. "Si cada año se llevase un potro de cada ganadero, no pasaría nada porque las compensaciones son generosas. Pero pueden matar en una finca 18 potros y al vecino de enfrente cero. Ese es el gran problema, que te pueden arruinar en un año", opina Anabiarte.  

En casos muy graves, la estrategia del lobo permite cazar a un cánido concreto si está descontrolado en una zona. Debe haber causado "perjuicios importantes", tienen que haber fracasado las "medidas de prevención" y la ejecución no puede ser perjudicar para la conservación del lobo en la región. El proceso es realmente complejo, lo que ha llevado a que incluso en casos graves no se haya cazado ningún ejemplar. Una vez que se han peritado los ataques y se ha intentado resolver la situación con medidas preventivas –verjas de protección, mastines, guardia presencial...–, la comunidad autónoma debe elevar un informe preceptivo y no vinculante a Transición Ecológica en el que el ministerio dé permiso para abatir al lobo. 

Solo hay constancia en el último año de menos de una decena de solicitudes de extracción de cánidos –en Cantabria, Asturias y La Rioja– pero según fuentes del sector, Transición Ecológica no responde a las peticiones. Aunque su respuesta no es vinculante, da una cobertura jurídica a la administración autonómica para seguir adelante. De hecho, en septiembre del año pasado Cantabria interpretó el silencio administrativo del Gobierno central como una autorización y dio luz verde a la extracción de tres lobos, pero el grupo conservacionista Ascel denunció la decisión y el TSJ de Cantabria suspendió cautelarmente la caza. 

Juan Carlos del Olmo, de WWF, una de las organizaciones que acude regularmente a los tribunales para defender al lobo, opina que cuando Transición Ecológica no da el visto bueno para una extracción, lo hace porque no está debidamente justificada. "No nos olvidemos que hablamos de matar a una especie protegida", aclara. Y dice que no hay que poner el foco sobre el Gobierno central, sino sobre las comunidades autónomas, que han recibido 10 millones para prevención de ataques y no están tomando las medidas adecuadas. "Claro que el ganadero no tiene por qué sufrir las consecuencias de la protección del lobo. Señores de los sindicatos agrarios, exijan a las comunidades autónomas que hagan su trabajo", termina. 

Tomás Yanés, de la Sociedad Euromediterránea de Vigilancia de Animales Salvajes (WAVES, por sus siglas en inglés) cree que este lío burocrático para el control de las poblaciones de lobos es insostenible. "Hay una judicialización excesiva de un problema que necesita resolverse rápidamente, y al final pasan los meses y ese lobo sigue atacando. Hay que flexibilizar los criterios, como pide la Comisión. Eso no quiere decir que haya que acabar con todos los ejemplares que ataquen, sino buscar un equilibrio". 

Yanés añade que resolver esta situación ayudará también a asegurar la economía de las zonas rurales: "Esa coexistencia es necesaria porque si no las personas no podrán mantenerse en el campo. En Zamora el ovino extensivo se ha reducido a la mitad en diez años porque los jóvenes se han ido. No podemos permitir que entre la sequía y el lobo se vayan los que quedan". 

Otro de los problemas que denuncian los ganaderos es que muchos de los ataques que sufren sus animales no son indemnizados porque no se puede demostrar que son de lobo. Raúl Hernández, abogado de UGAM-COAG, afirma que ha defendido casos de profesionales que han perdido decenas de ovejas en un ataque de un cánido en el monte, pero que unas han huido y se han perdido, de otras solo queda el esqueleto porque se la comen los buitres. Y el perito solo reconoce las que tienen heridas de lobo. "Sinceramente, creo que mueren más sin recibir indemnización que las que sí lo hacen", declara. 

Deli Saavedra, de la organización conservacionista Rewilding Europe, se posiciona en contra de esta revisión de la protección del cánido porque "sigue habiendo margen para que la población crezca y en algunos lugares todavía no se ha recuperado". Un estudio publicado en 2022 por los investigadores del CSIC Carlos Nores y José Vicente López-Bao determinó que este ejemplar llegó a estar distribuido por toda España en el siglo XIX y XX, incluso en amplias zonas de Andalucía y Castilla-La Mancha, como se ve en la imagen. 

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Saavedra también pone sobre la mesa otro argumento contrario a la caza del lobo. Afirma que acabar con ejemplares sueltos debilita a la manada y hace que no puedan atacar otros animales salvajes, por lo que optar por cazar ganado doméstico, presas mucho más fáciles, como afirma este estudio estadounidense. El investigador recuerda también que hasta hace tres años la caza del lobo estaba permitida al norte del Duero y, sin embargo, también había miles de ataques de este animal cada año. En Cantabria, por ejemplo, se podía cazar al 20% de los ejemplares cada año. En 2019 hubo 1.724 ataques de lobo frente a los 1.907 de 2021. 

Sobre el anuncio de Von der Leyen de este lunes, Juan Carlos del Olmo, de WWF, cree que esconde una dosis de populismo en busca del voto agrario. "Creo que sus palabras ni siquiera son la posición de la Comisión, son a título personal. La extrema derecha gana peso en Europa, el año que viene hay elecciones al Parlamento y quieren atraer al voto agrario", afirma. 

La prensa europea también ha aireado estos días una anécdota sobre Von der Leyen y los lobos. El año pasado, uno de estos animales acabó con Dolly, su poni favorito de 30 años, que descansaba en el rancho de la familia de la presidenta de la Comisión, en Burgdorf-Beinhorn, cerca de Hanover. "Toda la familia está terriblemente angustiada por la noticia", declaró von der Leyen en un comunicado tras el asesinato. Un mes después, el animal entró en la lista de objetivos de los cazadores locales, aunque no se llegó a confirmar su muerte.