De rebaños de fuego a reducir la masa forestal: doce regiones afrontan el riesgo extremo de incendios
La temporada de incendios podría comenzar esta misma semana tras el impacto de la primera ola de calor del verano. Todas las comunidades autónomas de España tendrán este martes riesgo "muy alto" por incendios, y en 12 de ellas la calificación será de riesgo "extremo", según la Agencia Española de Meteorología (Aemet). Técnicos y expertos de diferentes regiones reconocen que las altas temperaturas acabarán con la poca humedad que queda en los montes y aumentarán el combustible disponible, aunque confían en que no se repita la catástrofe de 2022, cuando ardieron en España más de 250.000 hectáreas, la mayor extensión de este siglo.
Las zonas más amenazadas por las llamas durante los próximos días serán el centro peninsular y las dos mesetas, aunque solo el extremo norte se libra de la alerta meteorológica. Asturias, Santander, País Vasco, Navarra y Baleares son las únicas regiones sin nivel de riesgo extremo, pero ninguna puede bajar la guardia esta semana. "Por un lado somos optimistas porque la ola de calor durará cuatro o cinco días y no esperamos un viento fuerte, pero es cierto que llega con una vegetación muy seca que dejó la ola de calor de finales de junio", opina Marcelino Núñez, portavoz de Aemet especializado en incendios.
El mapa de riesgo de incendios se dibuja basándose en cuatro aspectos: humedad, precipitaciones, temperatura y viento. El año pasado en estas fechas las variables eran similares a las que se dan esta semana y en unos pocos días ardieron miles de hectáreas en Castilla y León y Galicia. Si bien es cierto, en julio de 2022 se dio una ola de calor de 18 días seguidos, algo que por ahora no se espera este año. Esta temporada también tiene la ventaja de las lluvias tardías de junio, que refrescaron el ambiente y permiten que todavía haya amplias zonas del país con vegetación verde.
Aun así, los expertos en incendios opinan que esas precipitaciones no son suficientes para compensar la sequía récord de los primeros meses de 2023. Jonathan Troncho es técnico de la Fundación Pau Costa, una organización que promueve la prevención de incendios, y recuerda que al final de la primavera había buena parte del país donde había llovido un 75% menos de lo normal. "El 31 de mayo ya habían ardido más de 50.000 hectáreas, tres veces más que el año pasado", opina.
Técnicos como los de esta fundación advierten desde hace años de que hay que repensar las fórmulas clásicas para enfrentarse al fuego y parece que poco a poco el discurso va calando en muchas comunidades autónomas. En Andalucía o Castilla-La Mancha, dos puntos rojos en el mapa de riesgo, los responsables se centran cada vez más en reducir la masa forestal en puntos clave para limitar la expansión de las llamas. Como el fuego es cada vez es más rápido y voraz, ya no se trata tanto de apagarlo, sino de evitar que se extienda sin control. Nicolás López, el encargado del operativo antiincendios de Castilla-La Mancha, explica que en su región han limpiado este año los alrededores de caminos, carreteras y ríos 11.000 hectáreas para que actúen como cortafuegos.
Raúl Quílez, doctor en incendios forestales por la Universidad de León, reconoce que los políticos tienen ahora una mayor voluntad por abordar la raíz del problema de los incendios —aparte del cambio climático—, que es el abandono rural por la migración del campo a la ciudad y por el aumento de la ganadería y la agricultura intensivas. En España, el 10% del territorio está en riesgo de abandono, según WWF, lo que equivale a 2,3 millones de hectáreas, o tres veces la Comunidad de Madrid. En la primera década del siglo XXI ya se abandonaron otros 2,4 millones de hectáreas por el traslado de población del campo a la ciudad. Esto provoca que la naturaleza se extienda y que restos de materia muerta se acumulen en el suelo, lo que aumenta la cantidad de combustible y facilita que las llamas ardan.
"Lo ideal sería generar oportunidades de negocio para que la población rural pueda quedarse a largo plazo y de salida a toda la materia prima del monte", opina Quílez. "Sí veo que las comunidades autónomas van aprendiendo poco a poco, pero esto no se logra de un año para otro", añade.
Juan Sánchez, director del programa de prevención de incendios de Andalucía (Infoca), hace también un llamamiento a otras consejerías, e incluso a ayuntamientos y Gobierno central, para que trabajen unidos en ese cambio de modelo rural. Por ejemplo, impulsando el consumo de productos de cercanía o creando un paisaje de mosaico en el monte, redistribuyendo los usos del terreno. "En los años 80 el objetivo era evitar la transformación de los usos para que la agricultura no se comiese el suelo de monte. Ahora ocurre lo contrario, hay que fomentar este suelo agrario para crear discontinuidades en el campo", afirma.
Jonathan Troncho, de la Fundación Pau Costa, conoce de cerca la política forestal catalana, y da otra idea en la que está trabajando él en esa Comunidad. Se trata de un proyecto llamado Rebaños de fuego donde el ganadero recibe un pago de la Generalitat a cambio de llevar su rebaño a zonas que previamente han identificado los forestales como peligrosas para que limpien la finca de rastrojos.
La Fundación Pau Costa, donde trabaja como técnico, publicó a mediados de junio quince puntos donde pedían, entre otras cosas, destinar alrededor de 1.000 millones de euros al año para gestionar el paisaje forestal a escala nacional y trabajar cada año sobre el 1% de la superficie forestal para preparar el suelo para el paso del fuego, lo que equivalen a 260.000 hectáreas. Hasta ahora, más de 600 organizaciones y expertos han firmado ese memorando.
