Ecologistas denuncian que el 60% de las ayudas europeas de la PAC van a parar a los grandes agricultores
Buena parte de las ayudas que da cada año la Unión Europea al campo promueven la agricultura y la ganadería intensivas y la concentración de tierras, según denuncian desde WWF, una de las principales organizaciones ecologistas del continente. En un informe publicado este martes, un equipo de expertos ha analizado las nuevas ayudas de la Política Agraria Común (PAC) del periodo 2023-2027, y concluyen que más de la mitad de los fondos, unos 32.000 millones de euros al año, se entregan siguiendo exclusivamente criterios de tamaño de la explotación. Esa cuantía supone hasta el 60% de la PAC, y los ecologistas entienden que este mecanismo incentiva la expansión de las fincas y un uso intensivo de recursos, en lugar de apoyar a los pequeños y medianos agricultores.
En concreto, WWF calcula que cada año se entregan entre 31.350 y 32.670 millones de euros en ayudas a tanto alzado basadas únicamente en las hectáreas de la explotación, principalmente ayudas del fondo FEAGA. "El apoyo directo basado en el área de la granja incentiva el incremento de las cabezas de ganado y la expansión de los cultivos bajo la agricultura tradicional, dañando la biodiversidad y el medioambiente", se lee en el informe.
La organización ecologista defiende que si la gran mayoría de las ayudas públicas se entregan de esta manera, los grandes terratenientes reciben incentivos para seguir expandiéndose sin apenas invertir en hacer más sostenibles sus cultivos, mientras que los pequeños agricultores y ganaderos venderán poco a poco sus tierras a los grandes por no poder competir. En realidad, la PAC obliga a que todos los beneficiarios cumplan con unas medidas ambientales obligatorias (las llamadas BCAM), pero en los últimos tres meses la Unión Europea ha desactivado algunas de ellas debido a las protestas que ocurrieron en marzo en las grandes ciudades del continente.
"El momento para publicar este informe es muy pertinente porque la Comisión está tratando de reducir los requisitos verdes de la PAC a falta de un mes para las elecciones europeas. Ante esta situación, lo que corresponde es contestar y reivindicar las medias contra el cambio climático", apunta Alberto Fernández, del programa de Agua de WWF España.
Albert Massot, funcionario de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ya retirado, opina que el sistema actual de reparto por tamaño está anticuado y genera desiguales. "Es verdad que un modelo de hectáreas no premia los esfuerzos de sostenibilidad ni ayuda al pequeño agricultor, sino la economía de escala. Solo un 3,6% de los empresarios agrícolas tienen el 52% de las tierras en Europa, por lo que su responsabilidad sobre el medioambiente siempre será mayor que el de los pequeños", explica. Massot matiza que no todos los grandes propietarios hacen las cosas mal, pero que sí tendría que haber más control y deberían asumir una responsabilidad mayor que la agricultura familiar, ya que tienen una economía de escala que les permite tener más beneficios.
La nueva PAC que entró en vigor el año pasado (dos años más tarde de lo que correspondía) trató de corregir parte de estas desigualdades que se arrastran desde el pasado, pero por ahora los cambios son muy insuficientes, según los activistas. En este nuevo periodo que comenzó en 2023 se ha introducido un mecanismo de redistribución donde se dan más ayudas por las primeras hectáreas cultivadas para apoyar al pequeño profesional, aunque por ahora representan en España el 10,6% de las ayudas totales (el porcentaje varía según el país). En España, también se ha fijado un máximo de ayudas y ninguna empresa puede recibir más de 200.000 euros al año para evitar grandes desequilibrios. Estos cambios ya ha mejorado en parte el incluso mayor desequilibrio que había en el pasado porque en la PAC anterior de 2014-2020, el 20% de los agricultores y ganaderos de la UE acapararon el 80% de las ayudas. Para incentivar la protección del medio ambiente, en la nueva PAC también se ha creado un pago extraordinario para quienes realizan unas prácticas ecológicas más allá de las obligatorias, los llamados ecorregímenes, que suponen el 25% del presupuesto.
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La PAC es la principal partida de financiación de la Unión Europea y supone cada año el gasto del 31% del presupuesto del bloque. En 2024, sumará una inyección de 53.800 millones en el campo, lo que demuestra la importancia que tiene en el continente la política agraria, pese a que apenas representa el 1,4% del PIB europeo, aunque las granjas representan el 38% del territorio. España es el segundo mayor receptor de dinero de la PAC, después de Francia, por lo que el informe afecta de lleno a la agroindustria española, donde los fondos de inversión acaparan el mercado.
Desde la organización agraria UPA, que representa a los pequeños agricultores españoles, aportan una visión más optimista y creen que se ha avanzado mucho respecto a la PAC anterior. "Podemos discutir que la ayuda redistributiva sea solo del 10%, pero lo importante es que se ha introducido. Las ayudas basadas en la superficie tienen décadas de antigüedad y no podemos esperar que la PAC cambie radicalmente de un periodo a otro", opina Javier Alejandre, técnico de la PAC en UPA. También destaca que en el proceso de elaborar la política actual, la Comisión Europea aportó evidencias sólidas de que a partir de un determinado tamaño las granjas aumentan rápidamente sus beneficios, y ahora nadie duda de que la redistribución es necesaria.
Una de las grandes limitaciones de la política agraria europea actual es que se comenzó a diseñar en 2018, años antes de la gran apuesta de la Unión para frenar el cambio climático, y eso provocó que las leyes ambientales posteriores estén descoordinadas con la PAC. En 2020 la Comisión publicó el famoso Pacto Verde con la Estrategia de Biodiversidad y la Estrategia del Campo a la Mesa, dos planes a gran escala para proteger la naturaleza que han terminado chocando con los agricultores. De hecho, provocaron un retraso considerable en la PAC actual, que debía haber entrado en vigor en 2021 y se retrasó dos años.
