El PP ha iniciado una ofensiva total contra la ministra Teresa Ribera, que comparecerá el próximo miércoles en el Congreso para explicar su gestión de la dana de València en la que fallecieron 216 personas y otras 16 continúan desaparecidas. La oposición quiere desviar la atención sobre el president Carlos Mazón, el gran responsable de la gestión de la catástrofe, y centrarla sobre la vicepresidenta tercera, responsable de la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Aemet. El equipo de Ribera prepara su defensa en las Cortes con argumentos como los más de 198 correos que envió la CHJ advirtiendo de la situación a la Generalitat, o las llamadas personales que hizo Miguel Polo, presidente de la confederación, a los alcaldes de la zona.
Las responsabilidades en caso de inundación que corresponden a la cartera de Ribera se dividen en las previas y las posteriores a la riada. El día anterior a la catástrofe, el 28 de octubre, la Aemet (dependiente del Miteco), ya había fijado en la zona un aviso naranja por lluvias, que a las 07.35 horas del martes 29 de octubre se elevó a rojo, el nivel de alerta meteorológico más alto. Mientras que la Confederación Hidrográfica del Júcar, que también depende de Ribera, alertó en decenas de ocasiones a la Generalitat y otras instituciones del desbordamiento de la cuenca del Poyo y la situación del río Magro.
Una vez pasó la tormenta, Transición Ecológica comenzó con sus labores post catástrofe. En intervenciones hídricas, destaca el plan que se está llevando a cabo para recuperar el canal Júcar-Turia, que ahora funciona mediante bombeo mecánico y que se va a remodelar para que funcione por gravedad. También se han recuperado casi al 100% los pluviómetros dañados por el torrente y están trabajando en recuperar las estaciones de aforo para medir el caudal de los ríos. En el ámbito de la energía, continúan desplegados 48 grupos de generación temporal de electricidad, aunque la alta tensión ya se ha recuperado. Menos de un centenar de personas continúan con cortes intermitentes por las labores de reparación de la red. Este ministerio también mantiene en la zona a 196 bomberos forestales de las BRIF, el cuerpo que está a su cargo.
Los populares comenzaron a poner el foco en gestión de la vicepresidenta tercera cuando se conoció que el popular Carlos Mazón llegó cinco horas tarde a la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) el día de la dana. Primero, en un intento de desviar la atención, su partido centró las culpas en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero en la última semana ha sido Ribera quien ha capitalizado los ataques de los conservadores. Hasta tal punto, que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha puesto en riesgo la formación de la nueva Comisión Europea, donde la ministra de Transición Ecológica ha sido propuesta como vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia y Competencia, la figura con más poder tras la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
El PP español ha conseguido convencer al Partido Popular Europeo (PPE) de condicionar el nombramiento de Ribera como comisaria a que dimita si en los próximos meses es imputada por la gestión de la dana. Hasta el momento no hay una sola denuncia contra la ministra ni indicios de que se vayan a querellar contra ella, pero simplemente ponerlo sobre la mesa ha provocado un enfado insólito en el grupo socialista europeo, que amenaza con tumbar toda la nueva Comisión si el PPE sigue adelante con su estrategia de enfangar a la ministra española.
Con este punto de partida, el Ministerio de Transición Ecológica quiere poner el próximo miércoles negro sobre blanco la respuesta de Ribera durante el pasado 29 de octubre, y en los días siguientes. La propia vicepresidenta tuvo que desmentir en Cadena SER las acusaciones del PP de estar "desaparecida" ese día en Bruselas, cuando fue ella la que trató de llamar a Mazón hasta cuatro veces ese día para alertarle de la tormenta, y cuando finalmente cogió el teléfono pasadas las 20.00 horas, colgó a la ministra porque estaba ocupado.
Las obras de inundaciones que no llegaron
Otro de los ataques que ha recibido estos días Ribera, y que probablemente se escuche en el Congreso la semana que viene, es la gestión del riesgo de inundaciones en la cuenca del Júcar, que depende del gobierno central. El plan para reducir el impacto de las crecidas en la Rambla del Poyo y los alrededores, que es la zona que ha quedado completamente arrasada, lleva más de una década en el cajón, bajo gobiernos socialistas y populares.
En abril de 2006, la CH del Júcar presentó el plan de "Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera” y en 2011 la propia Teresa Ribera, como secretaría de Estado de Cambio Climático, emitió un dictamen ambiental favorable para el proyecto. Sin embargo, desde Transición Ecológica argumentan ahora que el Gobierno de Mariano Rajoy dejó caducar el proyecto en 2018 porque "los recortes del PP dejaron entre un 25% y un 30% la disponibilidad presupuestaria precrisis para políticas de agua", de manera que el proyecto quedó en un cajón.
Con la entrada del Gobierno socialista, el proyecto se recuperó en 2018 y en 2020 pasó el análisis coste-beneficio, pero todavía tiene que superar varios exámenes. "Ahora está en tramitación la redacción de un estudio de Integración Paisajística, que está en manos de la Generalitat Valenciana. Una vez pase ese punto, tendrá que superar el examen de Impacto Ambiental, aprobarse el proyecto y licitar las obras", argumentan desde el departamento de Teresa Ribera.
El debate sobre el estado del Barranco del Poyo, que tiene un desnivel de 1.000 metros, lleva décadas sobre la mesa. Nace en el interior de la provincia y atraviesa el centro de Chiva, para terminar en la llanura de l'Horta Sur, donde están municipios como Alaquàs, Torrent o Paiporta. A finales del siglo pasado se ideó construir una presa en Chiva, pero se terminó descartando por miedo a un posible derrumbe, por el recuerdo reciente de la pantanada de Tous en 1982. Después llegó el plan para reencauzar la Rambla del Poyo y los arroyos de los alrededores, pero todavía hoy hay dudas de que estos planes tan antiguos sigan siendo válidos. De hecho, los expertos afirman que ya se han quedado obsoletas por el cambio climático.
Paco Vallés, responsable del Laboratorio de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politècnica de València, afirma que los caudales registrados esa jornada en el cauce del Poyo, que normalmente va seco, "son para asustarse". "Se estima que se superaron los 2.800 metros cúbicos por segundo, cuando la actuación prevista sobre ese cauce contemplaba un máximo de caudal de 1.500 metros cúbicos. Estamos hablando de entre 1,5 y 2 veces el máximo previsto, y se supone que la probabilidad de alcanzar ese tope era una entre 500 años, o un 0,02%", explica. "Desde luego aquí estamos hablando de una unión de cambio climático, calentamiento del Mediterráneo, la orografía y un crecimiento desproporcionado de la población en la zona", añade el experto.
Rabia, resignación y cansancio: una semana en el epicentro de la catástrofe
En todo caso, explica que si se hubieran llevado a cabo las obras que se planificaron hace una década, se hubieran reducido drásticamente los daños. "Los caudales se habrían quedado pequeños para la cantidad de agua que se movió, pero sí que habría ayudado. Con esas actuaciones y un aviso a tiempo a la población, la película hubiera sido otra", termina.
Bulos sobre las presas
Los bulos sobre la destrucción de presas, alimentados por influencers de extrema derecha y Vox, también hicieron mucho daño estos días. La europarlamentaria Mireia Borrás, de Vox, incluso lo llevó al Parlamento Europeo, donde dijo que "en España se han destruido más de quinientas infraestructuras hídricas en nombre de la tiranía ecologista". Además de que la cifra es falsa, lo que se ha hecho en la Generalitat en los últimos años es derruir azudes pequeños que solo complican el flujo del agua en los ríos, y estas obras se han llevado a cabo incluso bajo el Gobierno del PP. El Plan General de Riesgo de Inundaciones de 2016 —con Rajoy como presidente— incluía la ruptura de tres presas y seis azudes (incluidos molinos abandonados), y finalmente se destruyeron dos bajo su cargo: el Azud de Lucio I, en Río Villanca, y la Presa de los Pontones, en el Júcar.
Uno de los mayores expertos en presas de España, Iñaki Escuder, ex presidente del Comité nacional de Grandes Presas y profesor en la Politècnica de València, desmintió este fin de semana en televisión que la solución a esta catástrofe sea construir más embalses en la zona. "Las grandes presas en las llanuras de inundación como esta tienen un papel marginal. Lo que necesitamos es mejorar la limpieza de los cauces, invertir en las presas que tenemos y tener unos buenos protocolos de emergencia, y todo eso cuesta dinero", apuntó en una entrevista en La 8 Mediterráneo.
El PP ha iniciado una ofensiva total contra la ministra Teresa Ribera, que comparecerá el próximo miércoles en el Congreso para explicar su gestión de la dana de València en la que fallecieron 216 personas y otras 16 continúan desaparecidas. La oposición quiere desviar la atención sobre el president Carlos Mazón, el gran responsable de la gestión de la catástrofe, y centrarla sobre la vicepresidenta tercera, responsable de la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Aemet. El equipo de Ribera prepara su defensa en las Cortes con argumentos como los más de 198 correos que envió la CHJ advirtiendo de la situación a la Generalitat, o las llamadas personales que hizo Miguel Polo, presidente de la confederación, a los alcaldes de la zona.