El Gobierno crea un sistema para recuperar hasta el 60% del coste de las obras de eficiencia energética

El Ministerio de Transición Ecológica ha puesto en marcha un nuevo sistema para incentivar a los hogares, oficinas y fábricas a realizar reformas e inversiones para mejorar la eficiencia energética de sus edificios y procesos productivos. A las ayudas existentes hasta ahora se suma un mecanismo de certificados de ahorro energético que se pueden vender a terceras empresas y conseguir un dinero extra para financiar la obra, ya sea sustituir ventanas, mejorar el aislamiento de la fachada o instalar bombas de calor o paneles solares. Ya hay una decena de proyectos que han usado este sistema, entre ellos una reforma de una urbanización de Alcorcón (Madrid), donde los vecinos han recuperado el 30% del coste de la instalación.

El mecanismo sustituirá al actual Fondo Nacional de Eficiencia Energética y consistirá en un mercado privado de compra-venta de títulos de ahorro de energía. El sistema se ha importado de otros países europeos que lo emplean desde hace más de una década, como Francia o Italia, y se ha puesto en marcha a raíz de la nueva directiva de eficiencia energética, que entró en vigor el pasado octubre. La Unión Europea ha impuesto a los gobiernos un objetivo de ahorro de energía enorme entre 2021 y 2030. En el caso de España, si la directiva anterior marcó un ahorro de 16.000 toneladas equivalentes de petróleo (ktep) entre 2014 y 2020, la nueva obliga a reducir 53.600 ktep durante esta década, un objetivo tres veces más ambicioso.

Para alcanzar esas cotas de eficiencia energética en solo nueve años, los hogares y empresas tendrán que gastar miles de millones de euros en nuevos aparatos de aire acondicionado, aislar edificios y tuberías, o en actualizar vehículos y maquinaria industrial. Es ahí donde entra en juego el mecanismo de certificados de eficiencia, que hará que la inversión sea algo más barata, sin contar con el propio ahorro sobre las facturas que tienen siempre estas actuaciones.

¿En qué consiste el sistema CAE?

Cuando un particular —una comunidad de vecinos o una compañía— invierta dinero para ahorrar luz, gas o carburante, recibirá un Certificado de Ahorro Energético (CAE) oficial del Gobierno que recogerá exactamente cuánta energía (expresada en kilovatios hora al año) ha dejado de consumir el edificio o la empresa gracias a esa actuación. Ese CAE solo tiene una finalidad, venderlo a una compañía energética por un precio que determinen las dos partes. De esta manera, cuanto mayor sea la reforma y más energía sea ahorre, más dinero recibirá el propietario por la venta de sus CAE. Desde Transición Ecológica insisten en que este mecanismo no se trata de una subvención o ayuda, sino de una transacción, por lo que el Gobierno no intervendrá en esta compra-venta de certificados.

¿Cuánto se pagará por estos certificados?

Fuentes del Gobierno insisten en que no pueden decir cuál podría ser el precio razonable por un CAE, ya que dar una cifra aproximada lanzaría una señal de precio que desestabilizaría el mercado. Desde Transición Ecológica se limitan a estimar que vendiendo estos títulos se puede recuperar "fácilmente" hasta el 60% de la inversión si se trata de una obra de recuperación de calor, que consiste en sustituir una caldera de gas por una bomba de calor y aislar las paredes. En otras actuaciones se puede recibir un 30% o un 40% del coste total, dependiendo del ahorro de energía que aporte la reforma. En todo caso, por un solo CAE siempre se pagará menos de 0,18 euros, porque a partir de ese precio será más rentable para las compañías energéticas pagar su cuota habitual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Un caso práctico. La reforma de la comunidad de vecinos de Alcorcón, que culminó en enero, supuso un ahorro anual de 8,78 millones de kWh para la comunidad, por lo que recibieron 8,78 millones de CAE. Aunque no se conoce el precio al que vendieron sus certificados, la empresa que hizo la reforma, Remica, afirma que reembolsaron al vecindario el 30% del coste total de la intervención. En este caso, la obra consistió en cambiar una caldera de gas comunitaria por una bomba de calor e instalar paneles solares para cinco bloques de 2.400 viviendas.

Aunque el sistema CAE pueda parecer complejo, ya se ha empleado en 16 actuaciones en España, principalmente industriales, y está ideado para que los propietarios que realizan la actuación solo tengan que ocuparse de contratar la remodelación y de vender los CAE al mejor precio posible.

Los certificados se pueden vender directamente a una compañía energética, que son los destinatarios finales de los CAE, pero normalmente serán empresas intermediarias avaladas por el Gobierno (llamadas compañías delegadas) las que se harán con ellos, ya que habrá cientos de millones de títulos que gestionar en el mercado, y será inabarcable para las grandes energéticas. Estas firmas delegadas se encargarán de contratar a un perito que certifique que el ahorro energético de la obra es verídico y luego gestionarán el papeleo administrativo para avalar el certificado. Una vez que el CAE tiene el visto bueno de Transición Ecológica, las compañías delegadas lo venderán a la empresa energética que quiera hacerse con él.

¿Por qué las energéticas pagan a los ciudadanos por actuaciones de ahorro?

La normativa europea establece que el ahorro de energía al que está obligado cada Estado debe ser financiado por las compañías energéticas del país. En los últimos diez años esos pagos se han hecho al Fondo de Eficiencia Energética (FNEE), donde cada comercializadora de luz, gas y carburantes aporta anualmente una gran cantidad de dinero en función de su cuota de mercado. Con ese fondo, el Gobierno financia ayudas para mejoras de eficiencia energética en todos los sectores de la economía.

Sin embargo, el nuevo objetivo de eficiencia para 2030 es demasiado grande. En 2024, las 455 empresas energéticas españolas que están obligadas a pagar al fondo nacional de eficiencia deberían ingresar 784 millones de euros al FNEE, el doble que en 2023, debido a los objetivos más ambiciosos de la nueva directiva. Este salto es el que ha motivado introducir otra fórmula más asequible para las compañías, los certificados CAE.

Desde el pasado octubre, cuando entró en vigor la nueva directiva, las empresas energéticas españolas pueden elegir entre pagar cada año su cuota al FNEE o comprar certificados CAE, ya que ambas fórmulas sirven para lo mismo: promover inversiones en eficiencia. Como las compañías pueden adherirse al sistema que quieran, los certificados CAE siempre serán más batos que 0,18 euros por kWh, que es el precio que ahora tiene el fondo de eficiencia. La introducción del sistema de certificados es paulatina, y en 2024 el FNEE todavía representará al menos el 40% de todo el ahorro energético español, según ha fijado el Gobierno. Año a año este mecanismo irá desapareciendo hasta que el CAE ocupe todo el sistema, y en 2026 el FNEE solo representará como máximo el 10% del mercado de eficiencia energética.

El Gobierno espera que la compra-venta de certificados estimule poco a poco las inversiones de eficiencia en todos los sectores, ya que es más rápido que el sistema anterior. Una actuación en un edificio tarda en total tres semanas o menos en recibir su CAE y venderlo, mientras que el sistema del fondo nacional de eficiencia supone que el Estado recaude el dinero, publique las bases de las subvenciones, haya un proceso de adjudicación y el dinero se entregue al propietario, un sistema que se alarga meses o años.

Transición Energética estima que primero serán los grandes proyectos industriales los que se sumarán al comercio de certificados, y poco a poco los hogares, las oficinas y el transporte. En total, calcula que la inversión total en intervenciones de eficiencia mediante el sistema de certificados movilizará 41.400 millones de aquí a 2030.