Una legislatura clave para la energía de Cataluña: sus tres nucleares cierran en 2030 y la fotovoltaica está desaparecida

El panorama energético de Cataluña es una verdadera anomalía en España. Es la región que más electricidad produce del país y, sin embargo, tiene un desarrollo mínimo de las energías renovables. Pese a ser una comunidad costera y soleada, la energía fotovoltaica solo produce al año el 1% de la electricidad, mientras que la sequía recurrente provoca que la hidráulica represente el 6%. El trofeo a mayor productor energético del país se debe a sus tres reactores nucleares de Tarragona, que tienen fecha de cierre entre 2029 y 2035, por lo que el Govern debe acometer una profunda trasformación en apenas un lustro.

Cataluña ha llegado a esta situación por las disputas políticas de última década. Junts per Catalunya y después Esquerra Republicana paralizaron la instalación de placas solares y eólica desde 2009 hasta 2021 por la oposición de las zonas rurales. España, en general, también sufrió un parón renovable tras la crisis de 2008, pero en 2019 comenzó a despegar de nuevo. En 2023 la eólica apenas representó el 8% de la generación en Cataluña y las renovables en su conjunto abarcaron el 15,7% del mix eléctrico, frente al 58,5% de la nuclear y el 15,2% de los ciclos combinados de gas. En comparación, las energías limpias representaron el año pasado el 50,3% de la generación eléctrica total de España. La Comunitat Valenciana es la única región con una estructura similar a Cataluña, con una gran dependencia de la nuclear.

Los expertos afirman que la situación ha cambiado radicalmente en los últimos tres años. Hasta 2019 hubo una fuerte moratoria que impedía construir parques fotovoltaicos de más de tres hectáreas, un tamaño que hacía inviable el negocio. Entre 2019 y 2021 se corrigió la ley y proliferaron cientos de proyectos, pero la mayoría fueron bloqueados por la Generalitat, que tenía la última palabra sobre cada instalación. Finalmente, en 2021 se llegó a un consenso definitivo para impulsar las renovables, pero ya era demasiado tarde porque el Gobierno había cambiado la normativa de concesión de puntos de conexión a los nudos de capacidad.

Desde entonces, los proyectos de más de 5 MW (la media en España es de 20 MW) tienen que ir a un concurso para conectarse a la red y competir con otros proyectos, y el Ministerio de Transición Ecológica todavía no ha convocado ninguno en Cataluña, según los empresarios de renovables, por lo que por ahora solo pueden construir parques pequeños. “La administración catalana tiene voluntad, pero ha llegado tarde y ahora el problema lo tenemos con Transición Ecológica, que todavía no ha convocado los concursos”, opina Salvador Salat, delegado de UNEF en Cataluña, la patronal fotovoltaica. 

El retraso acumulado en el pasado tendrá que compensarse durante la próxima legislatura porque el Govern tiene el compromiso de alcanzar el 50% de la producción eléctrica con fuentes renovables en 2030, según la Ley catalana de Cambio Climático, aprobada en 2017, y en 2050 debe alcanzar el 100%. Si eso se traduce en cifras, ahora mismo hay solo 300 MW de potencia solar en funcionamiento en proyectos de suelo Cataluña y otros 1.000 MW de autoconsumo en los tejados, y la marca es alcanzar 7.150 MW en total en 2030. Salvador Salat cree que no se logrará cumplir con el objetivo si no salen concursos de capacidad, porque llegar a esa cifra con pequeñas instalaciones de 5 MW es una odisea. Donde sí cree que cumplirán de sobra es en el objetivo de alcanzar 2.200 MW de autoconsumo solar en los tejados en 2030, ya que Cataluña es la Comunidad más desarrollada en esta tecnología. La Generalitat también tendrá que multiplicar por cuatro su potencia eólica de aquí a 2030 para cumplir con la ley de Cambio Climático.

La presión política y social sobre los promotores renovables durante la última década ha servido para acotar enormemente su construcción, mientras que en otras comunidades es ahora cuando sufren los choques con la población local. En Cataluña solo es posible instalar eólica y paneles solares en el 10% del territorio y las tierras de cultivo valiosas están protegidas para evitar compras masivas de tierras agrícolas para producir energía. Los proyectos renovables también deben permitir que los vecinos entren en el capital de los proyectos hasta un máximo del 20%, aunque la acogida es mínima, según UNEF, y apenas suponen entre el 1% y el 3% de la inversión.

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Además de la cuestión ambiental, Cataluña debe repensar su sistema energético porque en 2029, 2030 y 2035 tiene la obligación de cerrar sus tres reactores nucleares, Ascó I y II, y Vandellós II, que se construyeron en los años ochenta. Este vacío no puede cubrirlo por completo importando electricidad de otras comunidades, como hace Madrid, porque está situada en una esquina de la península y la capacidad de la red es limitada, aunque Red Eléctrica tiene planificada la ampliación de sus interconexiones. A esto se suma que Cataluña tiene de lejos la mayor demanda eléctrica de España y la mejor manera de abastecer a la industria es mediante plantas ubicadas junto a las fábricas que garanticen electricidad barata.

L'Energética, una empresa pública de energía

Una de las evidencias de que el Govern ha cambiado su visión sobre la energía es la creación a finales de 2022 de l'Energética, una empresa pública de energía financiada por la Generalitat e impulsada por Esquerra. Su principal objetivo es implementar paneles solares en todos los edificios autonómicos para que la energía de la Administración sea 100% renovable. No es la única empresa pública de energía, también hay otras como el Institut Balear de l'Energia, el Ente Vasco de la Energía o la nueva Recursos de Galicia.

Daniel Pérez, director de l'Energética, explica que la descarbonización de la administración es también importante porque “si juntamos el consumo de los edificios, los vehículos, las desaladoras o de los ferrocarriles estamos hablando de una cantidad enorme de energía”. Otra pata de la empresa pública es entrar en el capital de proyectos privados para “dar apoyo local a las empresas” y que tengan una mayor legitimidad cuando intenten instalar molinos o paneles en zonas rurales para evitar la conflictividad social del pasado.