El mal uso de los fondos autonómicos alimenta la guerra de los ganaderos contra el lobo
Esta semana el Congreso aprobó con los votos de PP, Vox, Junts y PNV la recuperación de la caza del lobo al norte del Duero, una práctica que ha estado vetada desde septiembre de 2021. Las organizaciones proteccionistas responden que la decisión no se sustenta en estudios científicos y que solo se trata una cesión a los ganaderos, que llevan años en guerra contra este animal porque en algunas zonas hostiga al ganado. Junto con la prohibición de su captura, el Gobierno aprobó hace tres años un plan de gestión de la especie que coordinan las comunidades autónomas, pero un estudio reciente de la organización WWF demuestra que las regiones más afectadas por este animal apenas han puesto en marcha planes de convivencia con el lobo, lo que ha agudizado el malestar en el sector primario.
El resultado más llamativo del informe es "la pobre valoración en prevención de daños de tres de las comunidades loberas históricas —Asturias, Cantabria y Castilla y León— por su insuficiente apoyo a estas medidas clave para la coexistencia", se lee en el estudio. Estas tres regiones albergan 259 de unas 369 que se calcula que hay en España, pero la ONG da un suspenso generalizado a las políticas que han implementado para fomentar la convivencia del lobo y el ganado. Estas tres regiones cuentan además con buena parte de los 20 millones que se reparten el Ministerio de Transición Ecológica entre las comunidades con presencia del lobo.
"Ninguna comunidad de España alcanza el aprobado de lo que deberían estar haciendo, pero es que además las regiones con más lobos no están entre las mejores. Tienen mucho que mejorar", opina Luis Suárez, coordinador del Lobo en la ONG y autor del estudio. WWF ha analizado, a través de información pública y consultas con expertos, las medidas que han implantado 12 regiones de todo el país, y el resumen es que todas se centran en compensar económicamente a los ganaderos que sufren ataques y animales, pero apenas hay programas a largo plazo para promover la convivencia.
"Compensar está bien, hay que hacerlo, pero no debe ser el pilar de la respuesta porque solo consigues desgastar emocionalmente al sector primario, que siente que trabaja en su ganado para que un lobo lo mate. Las medidas preventivas son más lentas de implantar y mediáticamente menos llamativas, pero son las que realmente dan resultados", afirma Suárez.
En su publicación, la ONG analiza cuatro áreas de la política de gestión del lobo: prevención de daños, compensación, planificación y conservación, y participación y transparencia. Por orden, Cataluña, Álava, Galicia, Vizcaya y Cantabria son las mejor valoradas, pero ninguna llega a lo que WWF llama "las acciones mínimas para garantizar la conservación de la especie y asegurar su coexistencia con las actividades humanas". De las 12 regiones estudiadas, Castilla y León se sitúa en el noveno puesto, pese a ser la que más manadas alberga.
En lo que respecta a las acciones para prevenir ataques, el punto más importante para garantizar la convivencia a largo plazo, destacan Castilla-La Mancha y Galicia. La primera ha puesto en marcha programas que cubren la adquisición de vallados fijos y eléctricos, así como la compra de mastines y los gastos de mantenimiento y veterinario. En Castilla-La Mancha, la Junta también incentiva a los ganaderos a solicitar estas ayudas porque quienes toman medidas preventivas reciben un 10% extra en indemnizaciones en caso de ataque de lobo. En Galicia las medidas son similares, pero en lugar de financiar la compra de vallados, costean la contración de pastores, según el informe.
En los pagos por compensación de daños, en general hay una ayuda adecuada en todas las comunidades, pero los conservacionistas también proponen apoyar estas transferencias con más dinero para casos de profesionales que trabajen en zonas con presencia de lobos, una manera de incentivar que estas tierras no queden abandonadas. Otra buena práctica en esta área consiste en que la compensación también abarque el lucro cesante que sufre el ganadero, o que las consejerías de Medioambiente trabajen mano a mano con el sector para evitar el fraude a la hora de comunicar los ataques, ya que se han encontrado casos puntuales de falsas denuncias.
En el apartado de conservación, preocupa mucho a la ONG la falta de vigilancia que tienen la mayoría de comunidades sobre la caza ilegal de lobos, una práctica que ha ganado peso desde que la especie pasó a estar protegida en todo el país. En regiones clave como Asturias, Cantabria o Castilla y León, WWF concluye que no ponen esfuerzo en perseguir la caza furtiva, ni en la persecución legal de este delito. En el caso de Galicia, otra de las áreas donde más ejemplares se han catalogado, sí "cuenta medios especializados, pero no se han encontrado sentencias condenatorias o resoluciones administrativas a los casos denunciados", de manera que no la persecución no es efectiva.
Castilla y León, epicentro de la guerra contra el lobo
El caso más sonado en los últimos tres años es el de Castilla y León, gobernada por el PP, y hasta el verano pasado también por Vox. La Junta lleva tres años en guerra con el Ministerio de Transición Ecológica, el impulsor de la protección de esta especie, por penalizar la caza contra este animal, y de forma recurrente señala al Gobierno central por dejar desamparado al sector primario.
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Hace solo dos semanas, la Junta publicó una nota de prensa dirigida contra la ley impulsada por la exministra socialista Teresa Ribera. "Los ataques de lobo en Castilla y León aumentan un 47% desde la inclusión de la especie en el Lespre", se lee en la web institucional. Y este jueves, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de esta Comunidad, Juan Carlos Suárez-Quiñones, celebró este jueves el fin de la protección del lobo tras lo que consideraba "unos años terribles de zozobra para nuestros ganaderos".
Sin embargo, los datos de WWF demuestran que Castilla y León no ha aprovechado la ley de Transición Ecológica para proteger de forma efectiva a sus ganaderos, pese a ser la región que más dinero recibe: 8,85 millones de euros de los 20 millones que se reparten. Según ha podido saber la ONG, entre 2022 y 2023 la Junta identificó una serie de explotaciones muy afectadas por los ataques que van a recibir ayudas directas. "Se trata de un primer paso, sin duda de gran utilidad, pero insuficiente a la hora de abordar la problemática", recoge el informe. En concreto, la Junta ha seleccionado 68 explotaciones que recibirán 3,1 millones de euros, pero hay más de 1.000 afectadas.
El Gobierno regional también entrega ayudas para la compra de vallados y mastines, "pero son escasos considerando el gran número de explotaciones ganaderas que comparten territorio actualmente con la especie", y estos fondos no cubren el mantenimiento de los perros.
