Las aguas costeras españolas contarán a partir de ahora con una delimitación concreta para establecer dónde se puede explotar económicamente sus recursos, una medida que supone el pistoletazo de salida para la construcción de instalaciones eólicas marinas. Esta tecnología llevaba años estancada a la espera de la nueva normativa, que sitúa frente a la costa gallega una enorme zona donde se podrán levantar centenares de molinos, aunque también permite su construcción frente a las playas de otras seis comunidades. El Gobierno ha justificado el retraso del decreto en la búsqueda de consenso entre todos los actores implicados y fruto de esa negociación se ha reducido un 38% el espacio destinado a los molinos de viento. Aun así, este martes los pescadores, los promotores de la eólica y los ecologistas se mostraban descontentos con la norma, que tachan de poco ambiciosa, cada uno desde su perspectiva.
Los pescadores han mostrado la oposición más rotunda al Real Decreto y aseguran que se ha elaborado de manera aleatoria sin tener en cuenta la evidencia científica. "Los pescadores que han visto el mapa [donde podrán levantarse los molinos] no dan crédito. Es un despropósito planificar el mar sin tener en cuenta la circulación de los peces y el paso de los barcos", opina Torcuato Teixeira, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos.
El representante de los pescadores afirma que la decisión pone en peligro su industria porque los barcos que ahora faenan en los 19 territorios fijados para la eólica tendrán que moverse a otros caladeros. Además, asegura que los molinos afectan a especies pelágicas como la anchoa, la sardina o la caballa de la costa cantábrica, que están en constante movimiento y que podrían alterar sus rutas por las nuevas instalaciones.
"Os aseguro que vamos a parar el Real Decreto. Que no nos cuenten que es para proteger el cambio climático, es para poner el mar en bandeja a la industria energética", confirma a InfoLibre, y añade que este miércoles se reunirá su plataforma para estudiar un recurso.
La reacción de la industria pesquera contrasta con la visión del Ministerio de Transición Ecológica, donde aseguran que han trabajado cuidadosamente para escuchar la visión de todos los actores implicados. "Es muy importante contar con la información y la aportación de todos los actores, públicos y privados", apuntó la ministra Teresa Ribera tras la reunión del Consejo de Ministros este martes. "Hemos trabajado desde hace cuatro años con el mejor conocimiento científico, pero también con las comunidades locales”, añadió.
De hecho, según fuentes de este ministerio, el sector pesquero es el grupo que más ha influido en la negociación para delimitar los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM). Durante el periodo de consulta pública, así como en las negociaciones a puerta cerrada, la patronal pesquera logró recortar buena parte del mapa original que propuso el Gobierno en 2021 para proteger numerosos caladeros, especialmente en la costa gallega, donde la pesca supone alrededor del 2% del PIB regional. Originalmente, la zona acotada a la eólica en la costa española era de 7.950 kilómetros cuadrados, pero será finalmente será de casi 5.000, un 38% menos, y abarcará el 0,46% del total de aguas marítimas.
Esa reducción drástica sobre plano, que para los pescadores se queda muy corta, es el motivo de enfado de la patronal eólica, por el motivo contrario. "No es lo que nos habría gustado porque ha habido recortes en varias zonas, especialmente en Galicia y Andalucía. Pero teniendo en cuenta el habitual rechazo social a la eólica marina, es una buena noticia que podamos ponernos en marcha", señala Tomás Rogamosa, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. El responsable también acusa al Ministerio de Agricultura y Pesca, liderado por Luis Planas, de haber intercedido para proteger a los pescadores y presionar en las negociaciones para perjudicar a la industria renovable.
Los ecologistas, el otro sector sensible en este proyecto por su impacto ambiental, son moderadamente optimistas porque es la primera vez que se pone límites a la construcción de molinos, pero creen que ha habido poco espacio para las organizaciones sociales en la negociación. "Creo que ha faltado participación ciudadana y aunque la idea era ambiciosa, da la sensación de que es una oportunidad perdida", afirma Óscar Esparza, Coordinador de Áreas Marinas Protegidas en WWF España, una ONG que participó parcialmente en la negociación.
Desde Greenpeace, la otra gran organización ecologista, también resaltan que este plan de ordenación era necesario para sentar las bases de las renovables marinas en el futuro, aunque critican que solo se ha escuchado a los sectores económicos. "Se ha reducido mucho la superficie para eólicas, pero por desgracia ha sido para contentar a la pesca de arrastre, un modelo mucho más agresivo con el mar que los molinos", añade Sara Pizzinato, experta en renovables de Greenpeace.
El cuello de botella administrativo deja a España sin decenas de instalaciones renovables
Más allá de la riña, el Plan de Ordenación de Espacios Marítimos abre la puerta a un sector que ya ha despegado en países como Portugal, Francia o Reino Unido. Con su espacio definido, se espera que el Gobierno presente este año la primera subasta de energía eólica marina, un concurso público donde las compañías presentan su propuesta para construir molinos y vender la electricidad producida al sistema energético nacional a un precio fijo en contratos a largo plazo, incluso a más de diez años. De esta manera, los promotores consiguen ingresos fijos y pueden asegurar que la inversión que supone investigar la tecnología y construirla es rentable.
Aunque porcentualmente el espacio fijado en el mar para este sector es pequeño, tanto el Gobierno como la patronal eólica calculan que será más que suficiente para poder instalar los entre 1 y 3 gigavatios de potencia que dicta el PNIEC, el plan a 2030 con los objetivos de renovables. La AEE recalca que cuando se revise el POEM en 2027 habrá que ampliar el tamaño de la cuadrícula destinada a la eólica marina para que se puedan construir más molinos en el futuro.
Desde la consultora especializada en energía eólica Boslan, afincada en País Vasco, opinan que el reto de cumplir con el objetivo de 2030 va más allá de dar un espacio en el mar para levantar las aspas. "No se trata solo de la superficie, hay que cumplir con los plazos y el tiempo que se tarde en dar los permisos será clave", comenta Isaac Gómez, director de operaciones de la compañía.
Las aguas costeras españolas contarán a partir de ahora con una delimitación concreta para establecer dónde se puede explotar económicamente sus recursos, una medida que supone el pistoletazo de salida para la construcción de instalaciones eólicas marinas. Esta tecnología llevaba años estancada a la espera de la nueva normativa, que sitúa frente a la costa gallega una enorme zona donde se podrán levantar centenares de molinos, aunque también permite su construcción frente a las playas de otras seis comunidades. El Gobierno ha justificado el retraso del decreto en la búsqueda de consenso entre todos los actores implicados y fruto de esa negociación se ha reducido un 38% el espacio destinado a los molinos de viento. Aun así, este martes los pescadores, los promotores de la eólica y los ecologistas se mostraban descontentos con la norma, que tachan de poco ambiciosa, cada uno desde su perspectiva.