Dos ONG denuncian a España por no investigar a barcos sospechosos de pesca ilegal en África

ClientEarth y Oceana han presentado una demanda ante la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Dirección General del Pesca del Ministerio de Agricultura por no investigar ni sancionar ni supervisar "eficazmente" a barcos de pesca que desactivan su Sistema de Identificación Automática (AIS) en Guinea Bissau y Senegal. Ambas organizaciones ecologistas ponen el foco tanto en embarcaciones españolas como en empresarios españoles beneficiarios de barcos con banderas de terceros países que apagan el radar durante periodos prolongados ante el grave riesgo de pesca ilegal en África Occidental.

"Lo que nos desconcierta es por qué estos barcos apagan sus señales públicas de identificación, quedándose a oscuras durante periodos tan largos. Esta falta de transparencia podría estar relacionada con el fraude", explica el abogado Nils Courcy de ClientEarth que apunta que han pedido a las autoridades españolas que investiguen más a fondo estos barcos aunque "se han negado a hacerlo": "Ahora vamos a acudir a los tribunales para exigir que cumplan sus obligaciones legales".

Las autoridades españolas, según detallan desde ambas ONG, se aferran a un "supuesto varío legal" para eludir sus obligaciones ya que alegan que carecen de jurisdicción para investigar y sancionar a sus ciudadanos y empresas potencialmente involucrados en pesca ilegal fuera de las aguas de la UE, a menos que figuren en listados oficiales de buques implicados en actividades de pesca ilegal.

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Un análisis de Global Fishing Watch muestra que varias embarcaciones con bandera española que operan en Senegal y Guinea Bissau parecen desactivar su AIS durante periodos de tiempo significativos, lo que supondría una clara infracción de la normativa pesquera de la Unión Europea (UE). Las mismas prácticas también se han detectado en barcos galos pero, por ahora, no se plantean acciones legales contra Francia.

Los buques de propiedad extranjera, incluidos los españoles, representan el 73% de la flota industrial de África Occidental y preocupa que la falta de control en el mar y en los puertos pueda estar permitiendo la pesca ilegal. Según detallan ClientEarth y Oceana, las comunidades locales de la región se enfrentan a consecuencias desastrosas derivadas de la reducción de los stocks pesqueros, como riesgos para la seguridad alimentaria, pérdida de empleo y migración forzosa.

En mayo de 2024, la Comisión Europea ya amonestó a Senegal con una "tarjeta amarilla" como muestra de su preocupación por la falta de capacidad del país para prevenir la pesca ilegal. Pero no es solo responsabilidad de Senegal evitar esta práctica: los países europeos también tienen la obligación legal de supervisar sus flotas y operadores que faenan en aguas de terceros países, detallan ambas ONG.